El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado en rueda de prensa que este lunes se han presentado sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y otros anexos contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de personas que integraban su equipo de gobierno.
"El Ministerio Fiscal, en cumplimiento de sus funciones constitucionales (…) interpuso sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña", dijo Maza en una declaración institucional televisada.
Según Maza, las decisiones adoptadas por el Gobierno catalán en los dos últimos años produjeron "una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a la Constitución el pasado 27 de octubre".
Ese mismo día, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó el cese del presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Gobierno catalán en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La querella contra los miembros del Gobierno catalán se interpuso ante la Audiencia Nacional, que según Maza es la competente para conocer los delitos imputados ya que los querellados no cuentan con protección como aforados al haber sido cesados de sus cargos.
Por otro lado, la querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento fue presentada ante el Tribunal Supremo, ya que estos mantienen en su mayoría la condición de aforados dada su presencia en la diputación permanente de la cámara.
Mariano Rajoy ordenó la disolución del Parlamento de Cataluña, pero el reglamento de la cámara dicta que la diputación permanente debe seguir activa hasta el próximo 21 de diciembre, fecha en la que se celebrarán elecciones autonómicas.
Maza explicó que los miembros de la Mesa pudieron incurrir en los citados delitos ya que "con sus acuerdos "posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y culminación del proceso independentista".
El Código Penal español contempla penas de hasta 30 años de prisión para aquellas personas que sean declaradas culpables de delitos de rebelión.
De acuerdo con el artículo 472 del Código Penal, son reos del delito de rebelión aquellas personas que "se alzaren violenta y públicamente" en escenarios que supongan —entre otras cuestiones— la suspensión de la Constitución, despojar de sus facultades al Rey, o declarar la independencia unilateral de una parte del territorio.
Por otro lado, el artículo 544 del Código Penal califica como reos de sedición —con posibles penas de hasta 15 años de cárcel— a aquellas personas que, sin estar comprendidos en un delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes.
El anuncio de estas nuevas querellas se suma a las causas ya abiertas contra el antiguo mayor de los Mossos d"Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que también están imputados en la Audiencia Nacional por delitos de sedición.
