OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- Los himnos y las banderas emocionan y alientan a quien las siente como representación tangible de una identificación con la tierra y con la gente de la que son y se sienten parte. Es, eso del patriotismo, un sentimiento que necesita una especie de ingenuidad juvenil para preservarlo indefinidamente.
Los himnos y las banderas, es cierto, permiten hacer explícita y compartida esa adscripción al grupo de aquellos que se sienten miembros de una comunidad. Sin embargo, cánticos y enseñas han sido empleadas tanto para movilizar las energías positivas del grupo como en beneficio de intereses bastardos. Los ejemplos que se pueden ofrecer de ambas posibilidades son infinitos, y la historia nos lo ha demostrado ampliamente.
Ahora, en nuestra actualidad más próxima, a raíz la crisis de Estado provocada por la situación en Cataluña, estamos asistiendo a un rosario de hechos y circunstancias en las que particularmente las banderas -y todo lo que pueden representar- están utilizándose para esconder las miserias de quienes más alarde hacen de patriotas. Tanto desde el amplio segmento de los votantes del PP como del de aquellos que se adscriben al independentismo está evidenciándose una extraordinaria indulgencia al valorar las actuaciones de sus representantes.
Hablando con claridad. Resulta llamativa la capacidad de los seguidores de Rajoy para aceptar la pandemia de corrupción a todos los niveles del partido que comanda, del mismo modo que sorprende de manera extraordinaria la capacidad de los votantes independentistas para aceptar la incomprensible irresponsabilidad que ha evidenciado todo lo que ha convergido en la fallida DUI del 27 de septiembre. La única explicación posible es que unos y otros han conseguido envolverse en las respectivas banderas, y sus afines les han eximido de todos los pecados que han cometido.
El PP se ha financiado de manera ilegal y corrupta, y ha concurrido a las convocatorias electorales dopado con dinero delictivo. Cuenta con una amplia nómina de altos dirigentes en prisión, en libertad condicional o pendientes de juicio. Además, acabamos de saber que tendrá que sentarse como partido en el banquillo por primera vez en la historia política española, bajo la acusación de destrucción de pruebas judiciales. Por si no fuera suficiente, su máximo dirigente, M. Rajoy ha recibido dineros ilegales e ilícitos, según concluyó la investigación de la Unidad Central Operativa [la UCO, el Servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil]. Pues bien, tanto el Partido Popular como su máximo dirigente hacen alarde continuado ante la ciudadanía de ser los mejores custodios de la Constitución y de la unidad de España.
La proliferación de banderas en los balcones de los pueblos y ciudades españolas indican, por supuesto, una identificación con esa misión defensiva ante lo que explican como un ataque de los separatistas catalanes a ambas cosas defendidas y protegidas con tanto de celo por los de Rajoy. La pregunta es, entonces, ¿cómo hacen estas personas para disociar las actividades delictivas de las acciones de gobierno del propio Rajoy? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que no piden responsabilidades o, al menos, los abandonan electoralmente en masa? ¿Cómo es que pueden continuar votándoles?
En las tierras de más allá del Ebro, a su vez, estamos asistiendo estos últimos días a un ejercicio que algunos llaman de autocrítica por parte de los dirigentes que pusieron en marcha el proceso hacia la independencia, en el que consiguieron movilizar de forma modélica a millones de personas. Modélica sí, pero dejando de lado que otros millones de catalanes, palmo arriba palmo abajo respecto de los primeros, están radicalmente en contra de la secesión.
La aventura que algunos han calificado de irresponsabilidad mayúscula está, hoy por hoy, en sus horas más bajas. Cataluña sufre tres crisis internas inimaginables hace no mucho tiempo. Una crisis económica determinada por una desconexión inexplicable entre los dirigentes del Proceso y las élites financieras y empresariales catalanas. Una crisis política de incierta evolución en la que la antigua Convergencia, partido de gobierno durante décadas [33 años de los últimos 40], reconvertida en PDCat huyendo de su corrupción sistémica, ahora ha decidido que no se presentará a las elecciones, sino que lo hará de forma semi clandestina apoyando "la lista del Presidente". En las manos de éste delega el hacer y el deshacer de poner y quitar nombres según le plazca, dejando de lado a los órganos internos del partido. Finalmente, una crisis social que ha cuarteado la sólida convivencia en una sociedad mestiza [como todas las europeas occidentales] en la que el pacto era aquel de que era catalán el que vivía y trabajaba en Cataluña; una situación de fractura e incomunicación de la que no se pueden evaluar los daños todavía.
Los dirigentes soberanistas y los medios que les son fieles argumentan, como hacía un editorial del diario ARA, que "la aprobación de la declaración de independencia se hizo sabiendo que sería un gesto meramente simbólico, como han admitido los miembros de la Mesa del Parlamento ante el juez, para la que no se disponía de la fuerza coercitiva para implementar la República". La explicación de por qué se dio un paso tan tremendo cuando se sabía imposible es, todavía, más sorprendente: "el país y el Gobierno no estaban preparados para hacer frente a un estado autoritario sin límites a la hora de aplicar la represión y la violencia” [sic].
Según el ARA: "Este análisis de la realidad partía de un desconocimiento básico del funcionamiento de los estados en general, y del español en particular. Y si lo sabían, prefirieron seguir adelante sin contar toda la verdad a los ciudadanos, haciendo creer que tenían previstos todos los escenarios posibles" [sic].
Hemos leído bien: los dirigentes hicieron creer a los ciudadanos, es decir a los partidarios y a los detractores, a ambos grupos, que no sabían o que sabían y no lo contaban, pero que en cualquier caso no tenían evaluadas las consecuencias de una decisión del calado y la trascendencia de declarar la independencia del territorio de forma unilateral. Es inverosímil.
Pues bien, en resumidas cuentas, en las dos realidades, española y catalana, ¿cómo lo hacen tantas y tantas personas a la hora de seguir apoyando a los corruptos y a los irresponsables? Pues por los himnos y las banderas. Muchos seguirán votando por Rajoy o por Puigdemont y por lo que representan para que les pesan más las emociones que la razón. Porque las banderas también sirven para esconder cosas malas y para absolver pecados que deberían ser imperdonables. En España oculta y absuelve -por lo menos- la corrupción sistémica de un partido y unos dirigentes; mientras que en Cataluña permite ocultar y absolver -por lo menos- unos comportamientos entre negligentes e irresponsables de unos partidos y unos dirigentes que tampoco deberían merecer ninguna justificación.
Los himnos y las banderas, es cierto, permiten hacer explícita y compartida esa adscripción al grupo de aquellos que se sienten miembros de una comunidad. Sin embargo, cánticos y enseñas han sido empleadas tanto para movilizar las energías positivas del grupo como en beneficio de intereses bastardos. Los ejemplos que se pueden ofrecer de ambas posibilidades son infinitos, y la historia nos lo ha demostrado ampliamente.
Ahora, en nuestra actualidad más próxima, a raíz la crisis de Estado provocada por la situación en Cataluña, estamos asistiendo a un rosario de hechos y circunstancias en las que particularmente las banderas -y todo lo que pueden representar- están utilizándose para esconder las miserias de quienes más alarde hacen de patriotas. Tanto desde el amplio segmento de los votantes del PP como del de aquellos que se adscriben al independentismo está evidenciándose una extraordinaria indulgencia al valorar las actuaciones de sus representantes.
Hablando con claridad. Resulta llamativa la capacidad de los seguidores de Rajoy para aceptar la pandemia de corrupción a todos los niveles del partido que comanda, del mismo modo que sorprende de manera extraordinaria la capacidad de los votantes independentistas para aceptar la incomprensible irresponsabilidad que ha evidenciado todo lo que ha convergido en la fallida DUI del 27 de septiembre. La única explicación posible es que unos y otros han conseguido envolverse en las respectivas banderas, y sus afines les han eximido de todos los pecados que han cometido.
El PP se ha financiado de manera ilegal y corrupta, y ha concurrido a las convocatorias electorales dopado con dinero delictivo. Cuenta con una amplia nómina de altos dirigentes en prisión, en libertad condicional o pendientes de juicio. Además, acabamos de saber que tendrá que sentarse como partido en el banquillo por primera vez en la historia política española, bajo la acusación de destrucción de pruebas judiciales. Por si no fuera suficiente, su máximo dirigente, M. Rajoy ha recibido dineros ilegales e ilícitos, según concluyó la investigación de la Unidad Central Operativa [la UCO, el Servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil]. Pues bien, tanto el Partido Popular como su máximo dirigente hacen alarde continuado ante la ciudadanía de ser los mejores custodios de la Constitución y de la unidad de España.
La proliferación de banderas en los balcones de los pueblos y ciudades españolas indican, por supuesto, una identificación con esa misión defensiva ante lo que explican como un ataque de los separatistas catalanes a ambas cosas defendidas y protegidas con tanto de celo por los de Rajoy. La pregunta es, entonces, ¿cómo hacen estas personas para disociar las actividades delictivas de las acciones de gobierno del propio Rajoy? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que no piden responsabilidades o, al menos, los abandonan electoralmente en masa? ¿Cómo es que pueden continuar votándoles?
En las tierras de más allá del Ebro, a su vez, estamos asistiendo estos últimos días a un ejercicio que algunos llaman de autocrítica por parte de los dirigentes que pusieron en marcha el proceso hacia la independencia, en el que consiguieron movilizar de forma modélica a millones de personas. Modélica sí, pero dejando de lado que otros millones de catalanes, palmo arriba palmo abajo respecto de los primeros, están radicalmente en contra de la secesión.
La aventura que algunos han calificado de irresponsabilidad mayúscula está, hoy por hoy, en sus horas más bajas. Cataluña sufre tres crisis internas inimaginables hace no mucho tiempo. Una crisis económica determinada por una desconexión inexplicable entre los dirigentes del Proceso y las élites financieras y empresariales catalanas. Una crisis política de incierta evolución en la que la antigua Convergencia, partido de gobierno durante décadas [33 años de los últimos 40], reconvertida en PDCat huyendo de su corrupción sistémica, ahora ha decidido que no se presentará a las elecciones, sino que lo hará de forma semi clandestina apoyando "la lista del Presidente". En las manos de éste delega el hacer y el deshacer de poner y quitar nombres según le plazca, dejando de lado a los órganos internos del partido. Finalmente, una crisis social que ha cuarteado la sólida convivencia en una sociedad mestiza [como todas las europeas occidentales] en la que el pacto era aquel de que era catalán el que vivía y trabajaba en Cataluña; una situación de fractura e incomunicación de la que no se pueden evaluar los daños todavía.
Los dirigentes soberanistas y los medios que les son fieles argumentan, como hacía un editorial del diario ARA, que "la aprobación de la declaración de independencia se hizo sabiendo que sería un gesto meramente simbólico, como han admitido los miembros de la Mesa del Parlamento ante el juez, para la que no se disponía de la fuerza coercitiva para implementar la República". La explicación de por qué se dio un paso tan tremendo cuando se sabía imposible es, todavía, más sorprendente: "el país y el Gobierno no estaban preparados para hacer frente a un estado autoritario sin límites a la hora de aplicar la represión y la violencia” [sic].
Según el ARA: "Este análisis de la realidad partía de un desconocimiento básico del funcionamiento de los estados en general, y del español en particular. Y si lo sabían, prefirieron seguir adelante sin contar toda la verdad a los ciudadanos, haciendo creer que tenían previstos todos los escenarios posibles" [sic].
Hemos leído bien: los dirigentes hicieron creer a los ciudadanos, es decir a los partidarios y a los detractores, a ambos grupos, que no sabían o que sabían y no lo contaban, pero que en cualquier caso no tenían evaluadas las consecuencias de una decisión del calado y la trascendencia de declarar la independencia del territorio de forma unilateral. Es inverosímil.
Pues bien, en resumidas cuentas, en las dos realidades, española y catalana, ¿cómo lo hacen tantas y tantas personas a la hora de seguir apoyando a los corruptos y a los irresponsables? Pues por los himnos y las banderas. Muchos seguirán votando por Rajoy o por Puigdemont y por lo que representan para que les pesan más las emociones que la razón. Porque las banderas también sirven para esconder cosas malas y para absolver pecados que deberían ser imperdonables. En España oculta y absuelve -por lo menos- la corrupción sistémica de un partido y unos dirigentes; mientras que en Cataluña permite ocultar y absolver -por lo menos- unos comportamientos entre negligentes e irresponsables de unos partidos y unos dirigentes que tampoco deberían merecer ninguna justificación.
