Peter Maurer, presidente del CICR: No debemos perder el ímpetu
Centro de rehabilitación física del CICR en Erbil, Irak. Este hombre, un fonatenero, iba al mercado cuando un artefacto explosivo improvisado estalló. Perdió ambas piernas.
Hace veinte años, las minas antipersonal eran un elemento habitual y letal de los conflictos armados en todo el mundo. Para las armas, no importaba si la víctima era combatiente o civil: atacaban indiscriminadamente.
En ese entonces, un número alarmante de 20.000 personas por año, la gran mayoría civiles, eran asesinadas o mutiladas por minas antipersonal.
En medio de un entorno de repudio en el plano mundial, uno de mis predecesores, indignado por el efecto de estas armas, las describió como "abominables (y) ... una tecnología destructiva fuera de control".
Instó a la comunidad internacional a respetar una "obligación moral, política y jurídica, y a poner fin a la destrucción masiva en cámara lenta" causada por las minas.
La crisis mundial del sufrimiento humano requería una solución mundial: la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal. Fue el resultado de una notable asociación entre los Estados, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, incluido el CICR y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Fundamentalmente, el tratado no hubiera sido posible sin la defensa decidida de los sobrevivientes de las minas terrestres.
El tratado puso de manifiesto de manera inusitada la difícil situación de las personas y las comunidades afectadas por las minas terrestres y otras municiones sin estallar. Fue extraordinario en su enfoque:
por primera vez, se prohibía un arma de uso generalizado debido a sus atroces costos humanos, económicos y sociales;
fue el primer tratado de derecho internacional humanitario en prohibir no solo el empleo de un arma, sino también su producción, almacenamiento y transferencia, además de exigir su eliminación; y
fue también el primer tratado en prohibir un arma que requería que los Estados brindaran asistencia a las víctimas de esa arma; y
no olvidemos que estos avances se lograron también gracias al apoyo de muchos miembros de las fuerzas armadas, quienes comprendieron, desde el inicio, que la utilidad militar limitada de estas armas se veía superada ampliamente por sus terribles costos humanos.
Hoy en día, el objetivo de un mundo libre de minas antipersonal puede alcanzarse. En las últimas dos décadas, la amplia adhesión al tratado ha permitido:
la disminución drástica del empleo de minas antipersonal,
la destrucción de más de 53 millones de minas antipersonal,
el desminado de miles de kilómetros cuadrados, y
la virtual desaparición del comercio legal.
Como resultado, se han salvado innumerables vidas.
Sin embargo, en este aniversario, me temo que hemos llegado a una peligrosa encrucijada.
Si bien las víctimas de minas no siempre aparecen en las portadas de los periódicos como en los ochenta y los noventa, hoy en día las víctimas de minas aumentan de manera pronunciada en algunos países. Las minas antipersonal, en particular las minas improvisadas, están causando un alto número de víctimas civiles en lugares como Afganistán, Irak, Myanmar, Nigeria, Siria, Ucrania y Yemen. Es alarmante que los niños representen el 42% del total de víctimas civiles.
En la actualidad, 35 Estados permanecen fuera de la Convención; muchos tienen enormes existencias, que suman un total de 45 millones de unidades. No quisiera pensar en las víctimas que causarían si estas armas se llegaran a usar. Aliento a todos los Estados que aún no son partes en la Convención a reevaluar continuamente la necesidad militar de minas antipersonal a la luz de sus graves costos humanos. La comunidad mundial de Estados y organizaciones que han apoyado la Convención en los últimos 20 años anhelan darles la bienvenida como Estados Partes y que esta Convención sea verdaderamente universal.
En el CICR, muy a menudo vemos en nuestros hospitales y centros de rehabilitación las lesiones causadas por las explosiones de minas. Trabajamos para que las víctimas de explosiones que perdieron algún miembro se adapten a sus prótesis, y las ayudamos a vivir una vida plena. Ayudamos donde podemos, pero, francamente, nadie debería sufrir el trauma, el dolor y la desventaja social y económica que enfrentan, de por vida, las víctimas de minas. También llevamos adelante, y seguiremos haciéndolo, educación sobre los riesgos que entrañan las minas, y apoyamos la remoción de minas para prevenir accidentes y reducir los efectos de la contaminación por armas.
En 2014, los Estados Partes expresaron su determinación de alcanzar los objetivos clave de la Convención para 2025, es decir, en apenas siete años. Debe haber más urgencia y determinación para garantizar que estos objetivos se hagan realidad. Los esfuerzos deben dirigirse a asegurar que, para 2025:
todas las existencias almacenadas por los Estados Partes se destruyan;
las zonas contaminadas se limpien dentro de los plazos del Convenio y los compromisos previstos para 2025; y
las víctimas puedan acceder a la asistencia, la rehabilitación y los servicios socioeconómicos que necesiten para participar en sus sociedades en igualdad de condiciones.
Es de importancia crucial el compromiso de fondos para lograr estas acciones. Insto a todos los Estados Partes que puedan hacerlo a que proporcionen recursos y ejerzan influencia cuando sea necesario. Para 2025, el CICR aboga por que los Estados Partes afectados estén libres de minas terrestres y no tengan nuevas víctimas en sus territorios. Ningún Estado Parte afectado debería aplazar este proceso. La comunidad internacional debe utilizar nuevamente su determinación colectiva, aprovechar esta notable asociación para superar estos desafíos. La fecha límite de 2025 se acerca, y no hay que perder ni un solo instante.
La Convención sobre la prohibición de minas antipersonal es un ejemplo brillante de cómo la comunidad internacional puede responder colectivamente al sufrimiento generalizado causado por el uso de armas indiscriminadas. Desde su aprobación, ha habido nuevos tratados para proteger a los civiles de los restos explosivos de guerra y para prohibir las municiones en racimo. A menos que se formule una nueva ley, el hecho de garantizar el respeto de las normas existentes del DIH es fundamental para proteger a los civiles de los efectos indiscriminados de las armas.
En los conflictos en todo el mundo, el CICR ve lo que sucede cuando se emplean armas sin tener en cuenta la vida de los civiles, cuando se ignoran los principios de distinción, proporcionalidad y precaución acordados internacionalmente. Como presenciamos en los conflictos armados en curso en Siria, Yemen, Irak, Libia, Somalia y Ucrania, por ejemplo, el uso de armas explosivas pesadas en zonas densamente pobladas supone consecuencias desastrosas para los civiles. Por ejemplo, cuando se bombardea una ciudad, las consecuencias no se limitan a la muerte y las lesiones físicas, sino que también conllevan daños a la infraestructura esencial, como las instalaciones de agua y electricidad, los hospitales y los servicios de asistencia de salud.
Dado el enorme costo para la población civil, el CICR insta a todas las partes a evitar el uso de armas explosivas que causen efectos en una zona amplia en áreas pobladas, debido a la gran probabilidad de efectos indiscriminados. Todos los Estados deberían estar en condiciones de aplicarlo como una buena práctica para garantizar una mejor protección de los civiles en las guerras urbanas.
Hoy exhorto a la comunidad internacional a aprovechar la buena voluntad y la acción común que conduzcan a la aprobación de la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal. Los insto a mantener la vigilancia contra todas las armas que, de manera cruel e indiferente, tengan efectos sobre los civiles, y a que la sabiduría de la humanidad y el derecho humanitario prevalezcan.
Discurso pronunciado por Peter Maurer, presidente del CICR, en la decimosexta Reunión de Estados Partes sobre la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal; 18 de diciembre de 2017, Viena.
