OPINIÓN de Emilio Marín.- El presidente peruano tenía los días contados, acusado de recibir coimas de Odebrecht. Y todo indica que negoció con una rama de la familia Fujimori para zafar de la destitución. Pagó el precio de un indulto al genocida Fujimori.
El exbanquero Pedro Pablo Kuczynski es el presidente peruano desde el 28 de julio 2016. Ganó el balotaje de junio de ese año contra Fuerza Popular, el partido de derecha de Keiko Fujimori, quien había liderado la primera vuelta de abril. Quizás por la difícil ortografía de su nombre, el candidato unificó su nominación como PPK, y la misma sigla le puso a su fuerza: Peruanos Por el Kambio (la K, nada que ver con su significado argentino).
El suyo nació como un gobierno débil, por falta de apoyatura en el movimiento popular -segmento donde creció una alternativa de centroizquierda con su joven candidata presidencial Verónika Mendoza, congresista- y en minoría dentro del Parlamento unicameral de 130 miembros.
La mera enunciación de los últimos presidentes indica que la política anduvo a los tumbos, sin consolidar una fuerza ni dirección: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y PPK.
Sí han tenido continuidad esencial en su relación promiscua con la corrupción empresarial y en particular las coimas de la brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado con 3.000 millones de dólares a presidentes y ministros en América Latina y África. Unos 29 millones de ese dinero sucio fue pagado en Perú. Los últimos cuatro mandatarios, incluso el que está en funciones, fueron partícipes de ese esquema de corrupción.
Las denuncias contra PPK comenzaron hace tiempo, motorizadas por la oposición en general y el fujimorismo en particular. La justicia reunió pruebas, por medio de los fiscales. Estos pusieron el foco en tres grandes obras públicas donde intervino Odebrecht y el actual jefe de Estado pudo haber tenido que ver, cosa que negó hasta noviembre pasado.
El 18 de diciembre debió admitir que fue asesor de la constructora brasileña. “He sido uno de los fundadores de lo que llaman financiamiento de proyectos. Entonces, a veces me han contratado para H2Olmos, que es un proyecto de riego de gran anhelo para la región (norteña) de Lambayeque. Me han contratado para la empresa de Kallpa; yo no era ministro, sino un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional” dijo en una entrevista.
Contra las cuerdas
Con esa demorada admisión empezó a desmoronarse su esquema defensivo. Es que él fue presidente del consejo de ministros y ministro de Economía durante el gobierno de Toledo (2001-2006). Con datos de la prensa, seguramente filtrados por los fiscales, se supo que PPK fue contratado por First Capital en el 2012 para estructurar los proyectos de H2Olmos, Kallpa y Enersur. Odebrecht estuvo ligada a First Capital en tres obras peruanas en los años que Kuczynski trabajaba en el sector privado, como la carretera Interoceánica sur, una licitación que Marcelo Odebrecht ganó tras abonar coimas por 20 millones a Toledo y su entorno.
Odebrecht admitió que abonó 5 millones de dólares por asesoramiento a empresas vinculadas al mandatario entre 2004 y 2013. De ese total, 782.000 dólares fueron abonados a Westfield Capital, la firma de Kuczynski, cuando era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros de Toledo. Otros 4,05 millones fueron para First Capital, empresa de un ex socio para la que trabajó PPK.
Todas estas novedades cercaron a Kuczynski en el Parlamento, donde iban a destituirlo por el cargo de “inhabilidad moral”. Su bloque apenas tiene 18 bancas, mientras que el fujimorismo de FP 73. El resto son fuerzas menores, en ascenso como el Frente Amplio con 20 o declinantes como el APRA con 5.
El jueves 21 había sido fijada la sesión especial para tratar tan decisivo asunto, que podía deponer al exbanquero y consultor que trabajó muchos años en Wall Street, como él mismo detalló como prueba de su idoneidad.
Y contra todos los pronósticos, en esa votación no se pudo destituirlo porque faltaron 8 votos. No casualmente 10 miembros de un sector de la bancada fujimorista, encabezado por un hijo del genocida, Kenji Fujimori, se abstuvieron de votar.
El negocio
Los hermanos Fujimori pueden tener diferencias entre sí o bien se dividieron el trabajo. Keiko, la hija mayor del condenado por crímenes de lesa humanidad atizó los fuegos para la destitución del presidente, en tanto Kenji, su hermano menor, se abstuvo de votar y salvó al presidente en llamas.
Algunos analistas plantearon la duda cruel si en 2021, cuando termine el mandato actual, los peruanos no tendrían que optar entre las candidaturas de Keiko o Kenji Fujimori. Parece un juego macabro que difícilmente se concrete: se supone que el Frente Amplio de Mendoza puede desbaratar esa seudo opción dentro de la familia del dictador.
Tres días luego de la votación en el Poder Legislativo, en la tarde del domingo 24 de Nochebuena, se conoció el indulto presidencial para Fujimori padre, preso desde 2007 y condenado en 2009 a 25 años de prisión por 25 asesinatos y dos secuestros.
Kuczynski tuvo que dar explicaciones, lamentables y mentirosas sobre lo que había firmado, argumentando “razones humanitarias”. Sin embargo, en esas mismas declaraciones públicas, el presidente tuvo elogios hacia la gestión de Fujimori, buena para el “progreso nacional”.
El indultado gravó un video desde la clínica adonde fue llevado para unos estudios y reivindicó su gobierno aunque admitió que a algunos peruanos puede haberlos decepcionado y en ese caso se disculpaba. Luego agradeció el gesto de PPK y se comprometió a trabajar por la reconciliación, léase a devolver los favores recibidos.
Desde que se conoció el indulto hubo declaraciones de repudio de casi todo el arco político peruano y manifestaciones callejeras de entidades de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la represión de tiempos fujimoristas.
Incluso hubo renuncias de congresistas del oficialismo y de algunos ministros, como el de Interior, Carlos Basombrío, y el de Cultura, Salvador del Solar, además del consejero presidencial, Máximo San Román.
PPK más débil
El indulto dejó al jefe de Estado más débil y aislado que antes, pues benefició a un personaje tan nefasto y condenado por la justicia, y porque se trató de una transa para zafar de la destitución por “incapacidad moral”.
Los abogados de derechos humanos, que representan a las víctimas de los crímenes de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) han presentado su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entienden que ese indulto es ilegal porque beneficia a un condenado por crímenes de lesa humanidad. Y creen que la CIDH puede revertir el indulto cuando entre en sesiones, entre enero y febrero próximo. También fue crítico el representante para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.
Para las nuevas generaciones de latinoamericanos el nombre Fujimori puede serles poco conocido. Conviene refrescar su prontuario. Ingeniero agrónomo de origen japonés, aunque siempre negó que tuviera ciudadanía nipona. Ganó las elecciones de 1990 al liberal Mario Vargas Llosa. En abril de 1992, dio un autogolpe de Estado que disolvió al Congreso e intervino la justicia y demás instituciones, pasando a gobernar como un tirano. Junto con su mano derecha, el capitán (r) Vladimiro Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermoza, armaron el grupo criminal Colina, para asesinar opositores políticos bajo el manto de ser “senderistas” y “terroristas”. Así masacraron a 15 personas en una comida de pollos en Barrios Altos, incluido un menor de 8 años, y a un profesor y 9 alumnos de la universidad de La Cantuta.
Para juzgarlo por esos cargos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer hubo de pasar tiempo. Fujimori dictador forzó un segundo mandato, gobernando entre 1990 y 2000, y terminó renunciando desde Japón, donde sacó a relucir su negada ciudadanía para evitar la extradición. Luego viajó a Chile en 2005 y fue requerido en extradición a Lima, concretada en 2007, cuando quedó detenido. Dos años más tarde, en abril de 2009, fue juzgado por la Sala Penal Especial del Tribunal Supremo presidida por César San Martín e integrada por los vocales Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo. Fue condenado por crímenes de Estado a 25 años de prisión, pena que según la sala penal “vencerá el diez de febrero de dos mil treinta y dos”.
Lamentablemente la política de las transas y trenzas lo dejó libre el 24 de diciembre de 2017, quince años antes.
Abimael preso
En contraste con tanto seudo humanitarismo, el exjefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, doctor en filosofía, 84 años, sigue condenado a prisión perpetua y recluido en la prisión militar de El Callao, sin visitas ni siquiera de su pareja Elena Iparraguirre, presa en ese penal, desde el 12 septiembre de 1992, hace más de 25 años. Para él no hay indulto ni piedad. Ni siquiera la prisión VIP donde vivió Fujimori cuidando plantas, leyendo de todo y recibiendo visitas tantas veces como quisiera, amén de los beneficios de disminución de la pena por “buena conducta”. Los terroristas de Estado tienen esas ventajas, los ex jefes guerrilleros no. Para Perú no hubo dos demonios, sólo uno.
El suyo nació como un gobierno débil, por falta de apoyatura en el movimiento popular -segmento donde creció una alternativa de centroizquierda con su joven candidata presidencial Verónika Mendoza, congresista- y en minoría dentro del Parlamento unicameral de 130 miembros.
La mera enunciación de los últimos presidentes indica que la política anduvo a los tumbos, sin consolidar una fuerza ni dirección: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y PPK.
Sí han tenido continuidad esencial en su relación promiscua con la corrupción empresarial y en particular las coimas de la brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado con 3.000 millones de dólares a presidentes y ministros en América Latina y África. Unos 29 millones de ese dinero sucio fue pagado en Perú. Los últimos cuatro mandatarios, incluso el que está en funciones, fueron partícipes de ese esquema de corrupción.
Las denuncias contra PPK comenzaron hace tiempo, motorizadas por la oposición en general y el fujimorismo en particular. La justicia reunió pruebas, por medio de los fiscales. Estos pusieron el foco en tres grandes obras públicas donde intervino Odebrecht y el actual jefe de Estado pudo haber tenido que ver, cosa que negó hasta noviembre pasado.
El 18 de diciembre debió admitir que fue asesor de la constructora brasileña. “He sido uno de los fundadores de lo que llaman financiamiento de proyectos. Entonces, a veces me han contratado para H2Olmos, que es un proyecto de riego de gran anhelo para la región (norteña) de Lambayeque. Me han contratado para la empresa de Kallpa; yo no era ministro, sino un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional” dijo en una entrevista.
Contra las cuerdas
Con esa demorada admisión empezó a desmoronarse su esquema defensivo. Es que él fue presidente del consejo de ministros y ministro de Economía durante el gobierno de Toledo (2001-2006). Con datos de la prensa, seguramente filtrados por los fiscales, se supo que PPK fue contratado por First Capital en el 2012 para estructurar los proyectos de H2Olmos, Kallpa y Enersur. Odebrecht estuvo ligada a First Capital en tres obras peruanas en los años que Kuczynski trabajaba en el sector privado, como la carretera Interoceánica sur, una licitación que Marcelo Odebrecht ganó tras abonar coimas por 20 millones a Toledo y su entorno.
Odebrecht admitió que abonó 5 millones de dólares por asesoramiento a empresas vinculadas al mandatario entre 2004 y 2013. De ese total, 782.000 dólares fueron abonados a Westfield Capital, la firma de Kuczynski, cuando era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros de Toledo. Otros 4,05 millones fueron para First Capital, empresa de un ex socio para la que trabajó PPK.
Todas estas novedades cercaron a Kuczynski en el Parlamento, donde iban a destituirlo por el cargo de “inhabilidad moral”. Su bloque apenas tiene 18 bancas, mientras que el fujimorismo de FP 73. El resto son fuerzas menores, en ascenso como el Frente Amplio con 20 o declinantes como el APRA con 5.
El jueves 21 había sido fijada la sesión especial para tratar tan decisivo asunto, que podía deponer al exbanquero y consultor que trabajó muchos años en Wall Street, como él mismo detalló como prueba de su idoneidad.
Y contra todos los pronósticos, en esa votación no se pudo destituirlo porque faltaron 8 votos. No casualmente 10 miembros de un sector de la bancada fujimorista, encabezado por un hijo del genocida, Kenji Fujimori, se abstuvieron de votar.
El negocio
Los hermanos Fujimori pueden tener diferencias entre sí o bien se dividieron el trabajo. Keiko, la hija mayor del condenado por crímenes de lesa humanidad atizó los fuegos para la destitución del presidente, en tanto Kenji, su hermano menor, se abstuvo de votar y salvó al presidente en llamas.
Algunos analistas plantearon la duda cruel si en 2021, cuando termine el mandato actual, los peruanos no tendrían que optar entre las candidaturas de Keiko o Kenji Fujimori. Parece un juego macabro que difícilmente se concrete: se supone que el Frente Amplio de Mendoza puede desbaratar esa seudo opción dentro de la familia del dictador.
Tres días luego de la votación en el Poder Legislativo, en la tarde del domingo 24 de Nochebuena, se conoció el indulto presidencial para Fujimori padre, preso desde 2007 y condenado en 2009 a 25 años de prisión por 25 asesinatos y dos secuestros.
Kuczynski tuvo que dar explicaciones, lamentables y mentirosas sobre lo que había firmado, argumentando “razones humanitarias”. Sin embargo, en esas mismas declaraciones públicas, el presidente tuvo elogios hacia la gestión de Fujimori, buena para el “progreso nacional”.
El indultado gravó un video desde la clínica adonde fue llevado para unos estudios y reivindicó su gobierno aunque admitió que a algunos peruanos puede haberlos decepcionado y en ese caso se disculpaba. Luego agradeció el gesto de PPK y se comprometió a trabajar por la reconciliación, léase a devolver los favores recibidos.
Desde que se conoció el indulto hubo declaraciones de repudio de casi todo el arco político peruano y manifestaciones callejeras de entidades de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la represión de tiempos fujimoristas.
Incluso hubo renuncias de congresistas del oficialismo y de algunos ministros, como el de Interior, Carlos Basombrío, y el de Cultura, Salvador del Solar, además del consejero presidencial, Máximo San Román.
PPK más débil
El indulto dejó al jefe de Estado más débil y aislado que antes, pues benefició a un personaje tan nefasto y condenado por la justicia, y porque se trató de una transa para zafar de la destitución por “incapacidad moral”.
Los abogados de derechos humanos, que representan a las víctimas de los crímenes de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) han presentado su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entienden que ese indulto es ilegal porque beneficia a un condenado por crímenes de lesa humanidad. Y creen que la CIDH puede revertir el indulto cuando entre en sesiones, entre enero y febrero próximo. También fue crítico el representante para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.
Para las nuevas generaciones de latinoamericanos el nombre Fujimori puede serles poco conocido. Conviene refrescar su prontuario. Ingeniero agrónomo de origen japonés, aunque siempre negó que tuviera ciudadanía nipona. Ganó las elecciones de 1990 al liberal Mario Vargas Llosa. En abril de 1992, dio un autogolpe de Estado que disolvió al Congreso e intervino la justicia y demás instituciones, pasando a gobernar como un tirano. Junto con su mano derecha, el capitán (r) Vladimiro Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermoza, armaron el grupo criminal Colina, para asesinar opositores políticos bajo el manto de ser “senderistas” y “terroristas”. Así masacraron a 15 personas en una comida de pollos en Barrios Altos, incluido un menor de 8 años, y a un profesor y 9 alumnos de la universidad de La Cantuta.
Para juzgarlo por esos cargos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer hubo de pasar tiempo. Fujimori dictador forzó un segundo mandato, gobernando entre 1990 y 2000, y terminó renunciando desde Japón, donde sacó a relucir su negada ciudadanía para evitar la extradición. Luego viajó a Chile en 2005 y fue requerido en extradición a Lima, concretada en 2007, cuando quedó detenido. Dos años más tarde, en abril de 2009, fue juzgado por la Sala Penal Especial del Tribunal Supremo presidida por César San Martín e integrada por los vocales Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo. Fue condenado por crímenes de Estado a 25 años de prisión, pena que según la sala penal “vencerá el diez de febrero de dos mil treinta y dos”.
Lamentablemente la política de las transas y trenzas lo dejó libre el 24 de diciembre de 2017, quince años antes.
Abimael preso
En contraste con tanto seudo humanitarismo, el exjefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, doctor en filosofía, 84 años, sigue condenado a prisión perpetua y recluido en la prisión militar de El Callao, sin visitas ni siquiera de su pareja Elena Iparraguirre, presa en ese penal, desde el 12 septiembre de 1992, hace más de 25 años. Para él no hay indulto ni piedad. Ni siquiera la prisión VIP donde vivió Fujimori cuidando plantas, leyendo de todo y recibiendo visitas tantas veces como quisiera, amén de los beneficios de disminución de la pena por “buena conducta”. Los terroristas de Estado tienen esas ventajas, los ex jefes guerrilleros no. Para Perú no hubo dos demonios, sólo uno.
