 |
| Mural de Berta Cáceres —lideresa indígena asesinada en marzo del 2016— hecho por el artista urbano Code en La Esperanza, departamento de Intibucá. /Martín Cálix – Contra Corriente |
La impunidad acecha ante la lentitud de las investigaciones judiciales sobre asesinatos de activistas que involucran a agentes estatales.
“No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”, señala una investigación de Global Witness en la que denuncia que 123 activistas defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras entre el 2010 y el 2016, y que muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.
En marzo del 2016 fue asesinada Berta Cáceres, reconocida ambientalista y defensora del pueblo indígena Lenca, coordinadora general del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien el año anterior había recibido el prestigioso premio ambiental Goldman “por su valiente trabajo en defensa del río Gualcarque, su medio ambiente y su población, de la represa Agua Zarca”.
El día que Cáceres fue asesinada, integrantes de base del COPINH estuvieron con ella en un taller sobre energía renovable que facilitaba el líder social mexicano Gustavo Castro, amigo de la organización por muchos años y que estuvo a punto de morir en el ataque. De inmediato, las líneas de investigación del Ministerio Público apuntaron a un crimen pasional o a un plan que viniera desde el mismo COPINH. La familia y la organización, acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes para realizar una investigación verídica que diera con los verdaderos criminales. Es así como en noviembre del 2016 surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.
En octubre de 2017, el GAIPE presentó el informe “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres” que muestra la red de mando que desarrolló el operativo que terminó con la vida de la lideresa. La cadena comienza con la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, hasta llegar a estructuras estatales. La información publicada por el GAIPE está en manos del Ministerio Público desde mayo de 2016 pero aún no se tienen resultados en contra de la empresa o los funcionarios públicos implicados.
Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación judicial del asesinato de Cáceres, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA, personal de seguridad privada contratado por la empresa, agentes estatales y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al crimen. Esos hechos aún permanecen impunes, según el informe.
El GAIPE tuvo acceso parcial a algunas pruebas en poder del Ministerio Público (MP) basadas en registros telefónicos de los procesados por el asesinato de Cáceres. Sin embargo omiten todos los nombres de las personas al mando de la operación. Los expertos aseguran que no pueden violar el principio de inocencia de las personas involucradas ya que el MP, el ente encargado de hacerlo, no los ha requerido a pesar de tener las evidencias.
La información a la que accedió el GAIPE muestra que funcionarios de la empresa se vinculaban con instituciones del Estado. El informe cita una conversación sostenida en el 2013 por un empleado de DESA con un directivo de la empresa en la que el primero le pregunta sobre el resultado de una reunión que el directivo debía sostener con un alto funcionario del Estado.
“[…] Fíjese que nos acaban de informar que los Copines [integrantes del COPINH] van a presidencial… Yo acabo de presentar la denuncia ante la Fiscalía… Sabe si su tío pudo hablar con el ministro de Seguridad?”, dice la cita.
Como señala Global Witness en su informe “Honduras, el lugar más peligroso para defender el planeta”, el asesinato de Cáceres fue solo uno de toda una serie de asesinatos y ataques a líderes y lideresas que se oponen a la presa de Agua Zarca y que se remontan a varios años atrás. En julio del 2013, Tomás García, miembro del COPINH, murió tras recibir disparos efectuados a corta distancia por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica en el lugar donde se encuentra la presa en Río Blanco. En el 2014 fue asesinado William Jacobo Rodríguez, también miembro del COPINH y activista en contra de la presa.
Posteriormente, ese mismo año, desapareció el hermano de Rodríguez, un joven de 15 años que se dedicaba a cultivar maíz en la tierra ancestral lenca que quería la empresa del proyecto; su cuerpo apareció más tarde en un río con indicios de tortura. El 5 de junio del 2014, ocho personas tendieron una emboscada a María Santos Domínguez, integrantes del COPINH, y la amenazaron con asesinarla por su oposición a la presa, además de cortarle un dedo con un machete. Días después del asesinato de Cáceres, unos atacantes no identificados dispararon en plena cara a uno de sus compañeros, Nelson García, y lo mataron cuando volvía a casa tras el desalojo de una comunidad lenca por parte de las fuerzas de seguridad. Unos meses más tarde, en julio de 2016, se encontró en una escombrera el cuerpo de otra activista más del COPINH, Lesbia Janeth Urquía; tenía heridas de machete en la cabeza.
“Las cosas en la comunidad están más difíciles, a nosotros nos pueden matar y ni cuenta se van a dar”, dijo Rosalina, una de las numerosas mujeres indígenas que siguen el legado de Cáceres, al medio digital Contra Corriente.
Planificación del crimen
“Es claro el involucramiento entre DESA y las fuerzas de seguridad del Estado. Hubo operativos conjuntos de inteligencia, seguimiento a Berta Cáceres y otros líderes de COPINH casi a diario, sabían incluso cuándo llevaba Berta a su madre al doctor, cuándo llegaba a las comunidades. Había inteligencia compartida entre DESA y la policía nacional que en la región es cooptada con la bendición del Ministerio de Seguridad. Es la empresa y los ejecutivos quienes determinan a dónde van los agentes, cuándo se deben movilizar, cuáles deberían ser sus acciones en cuanto al conflicto con COPINH”, puntualizó Altholz al presentar el informe en Honduras.
Aseguró que desde noviembre de 2016 el GAIPE solicitó reuniones con el MP, pero solo hasta el 9 de enero aceptaron la solicitud.
“Desde mayo del 2016 el MP tiene la evidencia para identificar quiénes son los autores intelectuales del asesinato de Berta, además de una serie de actos delictivos incluyendo investigar a agentes del Ministerio de Seguridad que son responsables por omisión en la protección de Berta Cáceres”, expresó Altholz.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), liderada por el peruano Juan Jiménez Mayor, anunció en octubre del 2017 la apertura de una línea de investigación sobre la red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico implicado en el asesinato de Cáceres.
“La empresa tenía problemas financieros en 2012 y 2013, es en ese momento que les llega el financiamiento internacional y parece que ese dinero se utilizó para contratar empresas de relaciones públicas y empresas de seguridad que llevó a un incremento de la violencia en las comunidades. Yo creo que es importante que cualquier institución internacional, penal o de derechos humanos que tenga jurisdicción en Honduras, investigue este caso”, dijo Altholz refiriéndose a este anuncio de la MACCIH.
Por su parte, Berta Zúniga Cáceres, la hija de Berta Cáceres que heredó la coordinación del COPINH, asegura que lo que sigue es traducir este informe en acciones jurídicas que permitan la captura, el enjuiciamiento y la condena de los autores intelectuales que pertenecen a estructuras del poder económico de Honduras “casi intocables”.
El hallazgo más sorprendente para Zúniga Cáceres es la confianza y la impunidad con la que los autores intelectuales hablaban en la planificación del crimen.
“Nosotros pedimos la destitución de los fiscales que han conocido el caso porque creemos que no hay voluntad para desenmascarar el crimen en su integralidad. La captura de los autores materiales solo fue una pantalla de humo para decir que están haciendo acciones en la búsqueda de justicia pero creemos que no es así; han tenido esta información desde hace tiempo y no han querido dar seguimiento, vamos a seguir las vías legales para la cancelación del proyecto Agua Zarca como acto de justicia para nuestra compañera y el COPINH”, dijo.
Zúñiga Cáceres también se refirió a la MACCIH aduciendo que tienen confianza en que esta instancia abrirá otras líneas de investigación sobre crímenes que estuvieron alrededor del asesinato de su madre.
“El tema de corrupción que parece muy evidente en las instancias locales, alcaldías, comunidades, y hasta en un alto nivel parece ser un buen mecanismo, una línea para también capturar a estas personas”, indicó.
Rosalina cree que este grupo de expertos ha avanzado en la investigación, pero sigue exigiendo conocer los nombres de quienes estuvieron detrás de este asesinato que ha puesto a su comunidad en mayor riesgo.
“Poco a poco lo vamos a descubrir, hemos visto desde qué fecha persiguieron a Berta. Esto no va a acabar porque el fin es que caigan los [autores] intelectuales”, dijo esta líder lenca. Además denunció que en la comunidad San Ramón en San Francisco de Ojuera, departamento occidental de Santa Bárbara, asesinaron a una mujer que solamente identifican como la hermana de dos miembros de COPINH. Ella cree que estas son señales del odio y la violencia que sigue enraizada en las comunidades donde el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, sigue teniendo la concesión.
“Nosotros creemos que ese asesinato es parte de este conflicto, cuando uno se involucra, la familia está en riesgo por las enemistades, a veces se dan casos de esta forma para que no se descubra quien hace las cosas”, explicó Rosalina mientras cargaba a su bebé.
Para Rosalina, las comisiones internacionales son un apoyo, porque no confía en las autoridades locales. “Nosotros pedimos que cancelen esa concesión para que no sigan afectando nuestras comunidades ni la madre tierra”, culminó.
Altholz también reforzó la petición de que se revoque la concesión de este proyecto “ya que no existen condiciones para realizar una consulta previa, libre e informada porque esta comunidad sigue en condiciones de extrema violencia”.
Zúniga Cáceres asegura que las comunidades están en un proceso de reestructuración siempre en la convicción de seguir la lucha para respaldar los procesos de las comunidades de enfrentarse a este modelo económico.
“Hay una decisión que se reafirmó en asamblea general en continuar el trabajo de lucha que Berta nos heredó”, expresó.
Se reanuda juicio contra exministro
La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural tomó conocimiento el 9 de enero de la resolución emitida por el Juez 22 del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, mediante la cual decreta el Auto de Apertura a Juicio en el proceso penal instruido en contra del exviceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado irregularmente la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el territorio del pueblo indígena Lenca.
Para el juez, “los abogados defensores del encausado han dejado de hacer uso del derecho que le asiste a su representado de contestar cargos, tratando con ello de dilatar injustificadamente el proceso, lo que constituye un acto de deslealtad con la justicia, por lo que deviniendo en la obligación de advertir estas acciones dilatorias de las partes y no permitir el entorpecimiento del proceso, se estima procedente emitir Auto de Apertura a Juicio y que sea en esa etapa procesal que la defensa solicite la evacuación de los medios de prueba que estime conveniente y se declara sin lugar la solicitud de aplazar la continuación de la Audiencia Preliminar”.
Según las investigaciones, en el 2013 Cardona Valle aprobó una modificación al licenciamiento de Agua Zarca, autorizando el aumento en la capacidad de generación de energía de 14.4 megavatios a 21.7 megavatios y el traslado de las obras de infraestructura de Río Blanco, Intibucá, a San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, declarando que dicha represa era ambientalmente viable.
Lo anterior, el exfuncionario lo hizo sin realizar un proceso de consulta libre, previa e informando al pueblo Lenca del sector, contraviniendo lo dispuesto en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a efectuar tales procesos de consulta con las comunidades indígenas sobre aquellos proyectos que puedan afectar los recursos naturales existentes en sus territorios, tal y como ocurrió con su antecesor Marco Jonathan Laínez Ordóñez, quien en el 2011 autorizó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y por lo que enfrenta una acusación criminal similar.
La actual crisis política coloca a las comunidades que luchan contra las hidroeléctricas, 111 aprobadas desde el 2009, según el Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo (CEPRODEC), en mayor riesgo. El ambientalista y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Martín Fernández, asegura que la resistencia contra la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en los comicios realizados el 26 de noviembre, marca un mapa interesante de luchas contra el extractivismo que llevan ocho años fortaleciéndose y han demostrado su fuerza en las protestas contra el mandatario tras declararse ganador en medio de denuncias de fraude y una reelección ilegal.
Hay un guión ya en el gobierno, dice Fernández, dirigido a desactivar los focos de resistencia.
“Juan Orlando [Hernández] pretende prolongar su estadía, sabe que siempre será incierta, negociará con los sectores vulnerables en la política, pero en los territorios no habrá negociaciones así como lo están provocando, en los territorios la gente resistirá hasta el último momento, la gente entendió que la lucha contra el extractivismo es una lucha de las grandes mayorías y en contra del gobierno. La voz que seguirá saliendo es la voz sentida de los territorios”, concluyó Fernández, quien ha liderado con el MADJ varias resistencias contra hidroeléctricas en el norte del país. —Jennifer Ávila desde San Pedro Sula/Noticias Aliadas.
