Birmania - Apropiación militar de tierras a medida que las fuerzas de seguridad construyen bases en pueblos rohinyás incendiados
"El estado de Rajine de Myanmar está siendo militarizado a un ritmo alarmante, a medida que las autoridades construyen bases para las fuerzas de seguridad y proceden a demoler pueblos rohingyas que fueron incendiados por completo hace sólo unos meses", ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
Por medio de testimonios de testigos presenciales y análisis periciales de imágenes tomadas por satélite, el informe Remaking Rakhine State revela cómo se han intensificado desde enero la demolición de pueblos rohingyas y la construcción de nuevas estructuras en zonas de las que el año pasado huyeron centenares de miles de personas como consecuencia de la campaña militar de limpieza étnica. Se están construyendo nuevas carreteras y estructuras sobre tierras y pueblos rohingyas quemados, con lo que se reducen las probabilidades de que las personas refugiadas regresen a sus hogares.
“Lo que estamos viendo en el estado de Rajine es una actividad de apropiación militar de tierras a una escala enorme. Se están construyendo nuevas bases para alojar a las mismas fuerzas de seguridad que han cometido crímenes de lesa humanidad contra rohingyas”, ha afirmado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
“Debido a ello, las perspectivas de regreso voluntario y en condiciones de seguridad y dignidad de las personas refugiadas rohingyas son aún más lejanas. No sólo han desaparecido sus hogares, sino que las nuevas construcciones afianzan la ya deshumanizadora discriminación que sufrían en Myanmar.”
Demolición y destrucción
Las autoridades de Myanmar emprendieron una terrible campaña de limpieza étnica hace poco más de seis meses, el 25 de agosto de 2017, como respuesta a los ataques del grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán.
El ejército ha matado a mujeres, hombres, niños y niñas; perpetrado violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, y quemado sistemáticamente centenares de pueblos, cometiendo claramente crímenes de lesa humanidad. Más de 670.000 personas han huido a Bangladesh.
Aunque la violencia ha remitido en el estado de Rajine, la compaña emprendida para expulsar a la población rohingya de sus hogares y conseguir que no regrese continúa, si bien ha adoptado nuevas formas.
Las últimas investigaciones de Amnistía Internacional revelan cómo se han venido demoliendo desde enero pueblos rohingyas enteros, cuyas casas habían sido quemadas. Incluso se han arrancado los árboles y otros tipos de vegetación de alrededor, por lo que gran parte del paisaje es irreconocible. Estas actividades hacen temer que las autoridades estén destruyendo pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población rohingya, lo que podría obstaculizar futuras investigaciones.
“La demolición de pueblos enteros en sumamente preocupante. Las autoridades de Myanmar están borrando pruebas de crímenes de lesa humanidad, por lo que todo futuro intento de hacer rendir cuentas a los responsables resultará extremadamente difícil”, ha añadido Tirana Hassan.
Amnistía Internacional ha documentado también casos recientes de saqueo, incendio deliberado y demolición de viviendas y mezquitas rohingyas abandonadas en todo el norte del estado de Rajine.
Nueva infraestructura para las fuerzas de seguridad
Más preocupante aún que la destrucción de pueblos es lo que se está construyendo en su lugar. Las autoridades han lanzado una operación destinada a ampliar rápidamente la infraestructura de seguridad en todo el estado de Rajine, que incluye la construcción de bases para el ejército y la policía de fronteras, así como de helipuertos.
El ritmo de construcción es alarmante. Las imágenes de satélite revelan cómo, en sólo unos meses, se han levantado nuevas bases en tierras rohingyas quemadas, de las que se han eliminado pueblos enteros e incluso zonas de vegetación próximas a ellos.
El análisis de las imágenes de satélite realizado por Amnistía Internacional confirma que, en el norte del estado de Rajine, se han construido al menos tres nuevas bases: dos en el municipio de Maungdaw y otra en el de Buthidaung. La actividad de construcción parece haber comenzado en enero.
La mayor de las nuevas bases está en el pueblo de Ah Lel Chaung, municipio de Buthidaung, donde testigos presenciales han dicho que el ejército expulsó a la población rohingya de ciertas zonas para construir en ellas. Muchas de las personas que vivían en el pueblo no tuvieron más remedio que huir a Bangladesh.
“La gente está aterrorizada. Nadie quiere quedarse, porque teme sufrir más violencia”, contó un hombre de 31 años que había huido a Bangladesh en enero, cuando el ejército levantó una valla y un puesto de seguridad cerca de su pueblo.
En el pueblo de Inn Din, que tenía habitantes de etnias distintas y donde Amnistía Internacional ha documentado cómo las fuerzas de seguridad y sus aliadosmataron a los habitantes rohingyas y quemaron sus hogares a finales de agosto y principios de septiembre de 2017, las imágenes de satélite revelan que, en la parte del pueblo donde estaba la población rohingya, se están construyendo estructuras que parecen una nueva base de las fuerzas de seguridad.
Vivienda y centros de recepción de personas refugiadas
Las imágenes de satélite muestran también que los nuevos centros de recepción de personas refugiadas –que tienen por objeto “acoger” a la población rohingya que regrese de Bangladesh– están rodeados de vallas y junto a zonas con una fuerte presencia militar y de guardia de fronteras. En el municipio de Maungdaw se está construyendo sobre un pueblo rohingya quemado un enorme centro de tránsito nuevo para alojar temporalmente a rohingyas que regresen, y también muestra señales de intensificación de la seguridad.
Se teme que las autoridades de Myanmar tengan previsto alojar a las personas rohingyas en los centros por un largo periodo y restrinjan su libertad de circulación. Decenas de miles de rohingyas a quienes se expulsó de sus hogares durante las oleadas de violencia de 2012 llevan años confinados en prisiones al aire libre en precarios campos de desplazamiento. La mayoría dependen de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas.
Testigos presenciales contaron también a Amnistía Internacional que había personas no rohingyas viviendo en nuevos pueblos construidos en los últimos meses sobre viviendas y tierras de cultivo rohingyas quemadas. Esta información es preocupante, pues las autoridades han reasentado anteriormente a miembros de otros grupos étnicos en el estado de Rajine en el contexto de iniciativas de desarrollo de la región.
“El estado de Rajine es una de las partes más pobres de Myanmar y hace mucha falta invertir en desarrollo. Pero estas iniciativas deben beneficiar a todas las personas del estado, con independencia de su etnia, no afianzar el sistema existente de apartheid de la población rohingya”, ha manifestado Tirana Hassan.
“La transformación del estado de Rajine se está llevando a cabo en completo secreto. No se puede permitir que las autoridades continúen con su campaña de limpieza étnica en nombre del ‘desarrollo’.”
“La comunidad internacional, en particular los Estados donantes, tiene el deber de garantizar que en ningún caso la inversión o asistencia que haga o preste contribuye a la comisión de violaciones de derechos humanos. Contribuir a afianzar un sistema que discrimina sistemáticamente a la población rohingya y reduce aún más las probabilidades de regreso de las personas refugiadas podría equivaler a prestar asistencia en crímenes de lesa humanidad.”
Por medio de testimonios de testigos presenciales y análisis periciales de imágenes tomadas por satélite, el informe Remaking Rakhine State revela cómo se han intensificado desde enero la demolición de pueblos rohingyas y la construcción de nuevas estructuras en zonas de las que el año pasado huyeron centenares de miles de personas como consecuencia de la campaña militar de limpieza étnica. Se están construyendo nuevas carreteras y estructuras sobre tierras y pueblos rohingyas quemados, con lo que se reducen las probabilidades de que las personas refugiadas regresen a sus hogares.
“Lo que estamos viendo en el estado de Rajine es una actividad de apropiación militar de tierras a una escala enorme. Se están construyendo nuevas bases para alojar a las mismas fuerzas de seguridad que han cometido crímenes de lesa humanidad contra rohingyas”, ha afirmado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
“Debido a ello, las perspectivas de regreso voluntario y en condiciones de seguridad y dignidad de las personas refugiadas rohingyas son aún más lejanas. No sólo han desaparecido sus hogares, sino que las nuevas construcciones afianzan la ya deshumanizadora discriminación que sufrían en Myanmar.”
Demolición y destrucción
Las autoridades de Myanmar emprendieron una terrible campaña de limpieza étnica hace poco más de seis meses, el 25 de agosto de 2017, como respuesta a los ataques del grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán.
El ejército ha matado a mujeres, hombres, niños y niñas; perpetrado violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, y quemado sistemáticamente centenares de pueblos, cometiendo claramente crímenes de lesa humanidad. Más de 670.000 personas han huido a Bangladesh.
Aunque la violencia ha remitido en el estado de Rajine, la compaña emprendida para expulsar a la población rohingya de sus hogares y conseguir que no regrese continúa, si bien ha adoptado nuevas formas.
Las últimas investigaciones de Amnistía Internacional revelan cómo se han venido demoliendo desde enero pueblos rohingyas enteros, cuyas casas habían sido quemadas. Incluso se han arrancado los árboles y otros tipos de vegetación de alrededor, por lo que gran parte del paisaje es irreconocible. Estas actividades hacen temer que las autoridades estén destruyendo pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población rohingya, lo que podría obstaculizar futuras investigaciones.
“La demolición de pueblos enteros en sumamente preocupante. Las autoridades de Myanmar están borrando pruebas de crímenes de lesa humanidad, por lo que todo futuro intento de hacer rendir cuentas a los responsables resultará extremadamente difícil”, ha añadido Tirana Hassan.
Amnistía Internacional ha documentado también casos recientes de saqueo, incendio deliberado y demolición de viviendas y mezquitas rohingyas abandonadas en todo el norte del estado de Rajine.
Nueva infraestructura para las fuerzas de seguridad
Más preocupante aún que la destrucción de pueblos es lo que se está construyendo en su lugar. Las autoridades han lanzado una operación destinada a ampliar rápidamente la infraestructura de seguridad en todo el estado de Rajine, que incluye la construcción de bases para el ejército y la policía de fronteras, así como de helipuertos.
El ritmo de construcción es alarmante. Las imágenes de satélite revelan cómo, en sólo unos meses, se han levantado nuevas bases en tierras rohingyas quemadas, de las que se han eliminado pueblos enteros e incluso zonas de vegetación próximas a ellos.
El análisis de las imágenes de satélite realizado por Amnistía Internacional confirma que, en el norte del estado de Rajine, se han construido al menos tres nuevas bases: dos en el municipio de Maungdaw y otra en el de Buthidaung. La actividad de construcción parece haber comenzado en enero.
La mayor de las nuevas bases está en el pueblo de Ah Lel Chaung, municipio de Buthidaung, donde testigos presenciales han dicho que el ejército expulsó a la población rohingya de ciertas zonas para construir en ellas. Muchas de las personas que vivían en el pueblo no tuvieron más remedio que huir a Bangladesh.
“La gente está aterrorizada. Nadie quiere quedarse, porque teme sufrir más violencia”, contó un hombre de 31 años que había huido a Bangladesh en enero, cuando el ejército levantó una valla y un puesto de seguridad cerca de su pueblo.
En el pueblo de Inn Din, que tenía habitantes de etnias distintas y donde Amnistía Internacional ha documentado cómo las fuerzas de seguridad y sus aliadosmataron a los habitantes rohingyas y quemaron sus hogares a finales de agosto y principios de septiembre de 2017, las imágenes de satélite revelan que, en la parte del pueblo donde estaba la población rohingya, se están construyendo estructuras que parecen una nueva base de las fuerzas de seguridad.
Vivienda y centros de recepción de personas refugiadas
Las imágenes de satélite muestran también que los nuevos centros de recepción de personas refugiadas –que tienen por objeto “acoger” a la población rohingya que regrese de Bangladesh– están rodeados de vallas y junto a zonas con una fuerte presencia militar y de guardia de fronteras. En el municipio de Maungdaw se está construyendo sobre un pueblo rohingya quemado un enorme centro de tránsito nuevo para alojar temporalmente a rohingyas que regresen, y también muestra señales de intensificación de la seguridad.
Se teme que las autoridades de Myanmar tengan previsto alojar a las personas rohingyas en los centros por un largo periodo y restrinjan su libertad de circulación. Decenas de miles de rohingyas a quienes se expulsó de sus hogares durante las oleadas de violencia de 2012 llevan años confinados en prisiones al aire libre en precarios campos de desplazamiento. La mayoría dependen de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas.
Testigos presenciales contaron también a Amnistía Internacional que había personas no rohingyas viviendo en nuevos pueblos construidos en los últimos meses sobre viviendas y tierras de cultivo rohingyas quemadas. Esta información es preocupante, pues las autoridades han reasentado anteriormente a miembros de otros grupos étnicos en el estado de Rajine en el contexto de iniciativas de desarrollo de la región.
“El estado de Rajine es una de las partes más pobres de Myanmar y hace mucha falta invertir en desarrollo. Pero estas iniciativas deben beneficiar a todas las personas del estado, con independencia de su etnia, no afianzar el sistema existente de apartheid de la población rohingya”, ha manifestado Tirana Hassan.
“La transformación del estado de Rajine se está llevando a cabo en completo secreto. No se puede permitir que las autoridades continúen con su campaña de limpieza étnica en nombre del ‘desarrollo’.”
“La comunidad internacional, en particular los Estados donantes, tiene el deber de garantizar que en ningún caso la inversión o asistencia que haga o preste contribuye a la comisión de violaciones de derechos humanos. Contribuir a afianzar un sistema que discrimina sistemáticamente a la población rohingya y reduce aún más las probabilidades de regreso de las personas refugiadas podría equivaler a prestar asistencia en crímenes de lesa humanidad.”
