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| ACNUR, Tito Herrera. Vista de Tegucigalpa, la capital hondureña |
Las fuerzas de seguridad de Honduras utilizaron “una fuerza excesiva, incluso letal” para controlar las protestas tras las elecciones, incluso “más allá del propósito disuasorio o de defensa propia”, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Siete personas murieron por disparos en la cabeza en lo que “podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”.
En el informe se detallan las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del presidente, el 27 de enero, y señala que al menos veintidós civiles y un agente de policía murieron durante las protestas. Dieciséis de estas víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, resultaron muertas por disparos de las fuerzas de seguridad.
El informe documenta también las muertes de otras quince personas antes de las elecciones, entre los que figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas
Aunque algunos de los manifestantes realizaron actos violentos, “el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas, indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo”.
Posibles ejecuciones extrajudiciales
Siete personas murieron como consecuencia de disparos en la cabeza.
“Estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe.
Hasta el 27 de enero, no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
“La situación de derechos humanos en Honduras, que ya es frágil y padece de altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Arrestos masivos
Además, unas 1351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el 1 de diciembre.
Según el informe, los criterios imprecisos y amplios del estado de excepciónfueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación, “resultando en arrestos masivos e indiscriminados, y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación”.
En el documento también se destacan los “alegaciones creíbles y coherentes de malos tratos contra personas en el momento de su arresto o detención””, allanamientos ilegales de viviendas y un aumento de las “amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como contra activistas sociales y políticos”.
Las violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron “en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009, y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social.”
El documento pide a las autoridades que restrinjan el uso de la policía military las fuerzas armadas y que regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad, de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones.
Diálogo político
El informe insta al Gobierno de Honduras a que entable un diálogo nacional participativo, sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación.
Este lunes se ha instalado una mesa técnica de diálogo para buscar soluciones a la crisis que vive el país, después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 en las que Juan Orlando Hernández fue reelegido. La Alianza de Oposición contra la Dictadura que lidera Salvador Nasralla no acepta los resultados.
En febrero, a petición del Gobierno, la ONU envió a Tegucigalpa una misión exploratoria que señaló que era necesario iniciar un diálogo. Desde entonces, las Naciones Unidas en Honduras han sostenido reuniones bilaterales con los distintos partidos políticos que hoy se sientan juntos por primera vez.
La ONU considera que esta reunión sentará las bases de un diálogo constructivo para encontrar puntos de convergencia.
Lee el informe completo aquí
El informe documenta también las muertes de otras quince personas antes de las elecciones, entre los que figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas
Aunque algunos de los manifestantes realizaron actos violentos, “el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas, indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo”.
Posibles ejecuciones extrajudiciales
Siete personas murieron como consecuencia de disparos en la cabeza.
“Estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe.
Hasta el 27 de enero, no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
“La situación de derechos humanos en Honduras, que ya es frágil y padece de altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Arrestos masivos
Además, unas 1351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el 1 de diciembre.
Según el informe, los criterios imprecisos y amplios del estado de excepciónfueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación, “resultando en arrestos masivos e indiscriminados, y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación”.
En el documento también se destacan los “alegaciones creíbles y coherentes de malos tratos contra personas en el momento de su arresto o detención””, allanamientos ilegales de viviendas y un aumento de las “amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como contra activistas sociales y políticos”.
Las violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron “en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009, y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social.”
El documento pide a las autoridades que restrinjan el uso de la policía military las fuerzas armadas y que regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad, de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones.
Diálogo político
El informe insta al Gobierno de Honduras a que entable un diálogo nacional participativo, sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación.
Este lunes se ha instalado una mesa técnica de diálogo para buscar soluciones a la crisis que vive el país, después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 en las que Juan Orlando Hernández fue reelegido. La Alianza de Oposición contra la Dictadura que lidera Salvador Nasralla no acepta los resultados.
En febrero, a petición del Gobierno, la ONU envió a Tegucigalpa una misión exploratoria que señaló que era necesario iniciar un diálogo. Desde entonces, las Naciones Unidas en Honduras han sostenido reuniones bilaterales con los distintos partidos políticos que hoy se sientan juntos por primera vez.
La ONU considera que esta reunión sentará las bases de un diálogo constructivo para encontrar puntos de convergencia.
Lee el informe completo aquí
