Ante los reiterados casos de envenenamiento de fauna silvestre en Extremadura SEO/BirdLife y WWF España acuden a los tribunales como acusación popular ejerciendo así el derecho que tienen las ONG para la defensa del patrimonio natural y el bien común.
En concreto, las organizaciones serán parte en el proceso penal que juzga el hallazgo de un adulto de águila imperial ibérica y dos pollos de la misma especie envenenados en 2016 en una finca de la Sierra de San Pedro (Cáceres) así como los restos de una paloma torcaz que sirvió como cebo envenenado.
El águila imperial ibérica está catalogada En peligro de Extinción, y en Extremadura alberga únicamente unas 50 parejas reproductoras. No obstante, el caso tiene también otros componentes que pueden agravar la pena si hubiera condena. Además de afectar a especies en peligro, el envenenamiento se ha producido en un espacio protegido de la Red Natura 2000, concretamente en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Interés Regional (ZIR) Sierra de San Pedro, en el término municipal de Cáceres.
Por otro lado, la indemnización por responsabilidad civil podría superar los 100.000 euros al valorarse en esta cantidad la conservación de los tres ejemplares de águila imperial, y aún más si el juez considerase la inversión realizada en esta especie en los últimos años en Extremadura.
SEO/BirdLife y WWF España recuerdan que solo entre mayo de 2015 y mayo de 2016 se localizaron seis águilas imperiales ibéricas envenenadas en Extremadura. Esta especie es, desde hace años, objeto de programas de seguimiento y recuperación por parte de las administraciones públicas y ONG.
"Se invierten grandes esfuerzos económicos y de personal para recuperar sus poblaciones, incluidos proyectos regionales y europeos como el Programa Life+, que han supuesto una inversión de unos 11 millones de euros en los últimos años en la Comunidad Autónoma. Por ello, un caso como este supone un grave impacto para la especie y un duro varapalo en su recuperación, comprometiendo, además, la inversión realizada durante años", declara David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.
Por su parte, Carlos Cano, coordinador del proyecto de lucha contra el veneno de WWF España, destaca que: "Este caso es un buen ejemplo de cómo se puede investigar y obtener pruebas para presentar acusaciones sólidas. La mejor forma de luchar contra la impunidad en estos delitos es que se dicten sentencias contra quienes cometen estos crímenes".
En el caso denunciado, las ONG recuerdan que se realizó un operativo por Agentes del Medio Natural de Extremadura, Seprona y la Unidad canina especializada en detección de venenos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con el apoyo de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, este caso es un ejemplo de colaboración entre distintos cuerpos e instituciones En la finca se encontraron en perfecto estado y funcionamiento cepos, trampas para la captura de aves, conocidas como perchas o ballestas, y sedales con anzuelos para la captura de aves insectívoras. También se localizaron otros cebos envenenados y un tarro de cristal con un pesticida prohibido desde el año 2003 que resultó ser el mismo veneno que el encontrado en los animales muertos y en los cebos.
Como resultado de las investigaciones, se detuvo a tres personas relacionadas con la gestión y titularidad de la finca donde se produjeron los hechos, que habían sido investigadas dentro del proceso penal abierto en el Juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Cáceres, en el que se han personado WWF y SEO/BirdLife.
La presencia en los tribunales de las ONG en este caso pretende aportar durante el juicio su experiencia legal y técnica de más de veinte años de trabajo especializado en la materia y aumentar así el conocimiento real durante el proceso del impacto que supone sobre la biodiversidad el uso de veneno.
En las dos últimas décadas se han registrado oficialmente en España más de 8.000 episodios de envenenamiento que han afectado a casi 19.000 animales y se han dictado unas 80 sentencias condenatorias.
Además, fuera del ámbito sancionador penal, entre el año 2003 y 2016 se han conocido 91 resoluciones administrativas de las Comunidades autónomas, tanto resoluciones cautelares como sancionadoras ante casos de envenenamiento. Extremadura es una de las Comunidades que ha tenido una menor actividad en este aspecto, por lo que tanto WWF como SEO/BirdLife vienen pidiendo a la Consejería que no haga dejación de funciones y aplique con mucha mayor eficacia este importantísimo apartado sancionador.
Por ejemplo, existen otros dos casos de envenenamiento de águilas imperiales en Extremadura en los que todavía no se ha abierto el procedimiento sancionador por parte de la Consejería.
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| Águila imperial © naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF |
En concreto, las organizaciones serán parte en el proceso penal que juzga el hallazgo de un adulto de águila imperial ibérica y dos pollos de la misma especie envenenados en 2016 en una finca de la Sierra de San Pedro (Cáceres) así como los restos de una paloma torcaz que sirvió como cebo envenenado.
El águila imperial ibérica está catalogada En peligro de Extinción, y en Extremadura alberga únicamente unas 50 parejas reproductoras. No obstante, el caso tiene también otros componentes que pueden agravar la pena si hubiera condena. Además de afectar a especies en peligro, el envenenamiento se ha producido en un espacio protegido de la Red Natura 2000, concretamente en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Interés Regional (ZIR) Sierra de San Pedro, en el término municipal de Cáceres.
Por otro lado, la indemnización por responsabilidad civil podría superar los 100.000 euros al valorarse en esta cantidad la conservación de los tres ejemplares de águila imperial, y aún más si el juez considerase la inversión realizada en esta especie en los últimos años en Extremadura.
SEO/BirdLife y WWF España recuerdan que solo entre mayo de 2015 y mayo de 2016 se localizaron seis águilas imperiales ibéricas envenenadas en Extremadura. Esta especie es, desde hace años, objeto de programas de seguimiento y recuperación por parte de las administraciones públicas y ONG.
"Se invierten grandes esfuerzos económicos y de personal para recuperar sus poblaciones, incluidos proyectos regionales y europeos como el Programa Life+, que han supuesto una inversión de unos 11 millones de euros en los últimos años en la Comunidad Autónoma. Por ello, un caso como este supone un grave impacto para la especie y un duro varapalo en su recuperación, comprometiendo, además, la inversión realizada durante años", declara David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.
Por su parte, Carlos Cano, coordinador del proyecto de lucha contra el veneno de WWF España, destaca que: "Este caso es un buen ejemplo de cómo se puede investigar y obtener pruebas para presentar acusaciones sólidas. La mejor forma de luchar contra la impunidad en estos delitos es que se dicten sentencias contra quienes cometen estos crímenes".
En el caso denunciado, las ONG recuerdan que se realizó un operativo por Agentes del Medio Natural de Extremadura, Seprona y la Unidad canina especializada en detección de venenos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con el apoyo de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, este caso es un ejemplo de colaboración entre distintos cuerpos e instituciones En la finca se encontraron en perfecto estado y funcionamiento cepos, trampas para la captura de aves, conocidas como perchas o ballestas, y sedales con anzuelos para la captura de aves insectívoras. También se localizaron otros cebos envenenados y un tarro de cristal con un pesticida prohibido desde el año 2003 que resultó ser el mismo veneno que el encontrado en los animales muertos y en los cebos.
Como resultado de las investigaciones, se detuvo a tres personas relacionadas con la gestión y titularidad de la finca donde se produjeron los hechos, que habían sido investigadas dentro del proceso penal abierto en el Juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Cáceres, en el que se han personado WWF y SEO/BirdLife.
La presencia en los tribunales de las ONG en este caso pretende aportar durante el juicio su experiencia legal y técnica de más de veinte años de trabajo especializado en la materia y aumentar así el conocimiento real durante el proceso del impacto que supone sobre la biodiversidad el uso de veneno.
En las dos últimas décadas se han registrado oficialmente en España más de 8.000 episodios de envenenamiento que han afectado a casi 19.000 animales y se han dictado unas 80 sentencias condenatorias.
Además, fuera del ámbito sancionador penal, entre el año 2003 y 2016 se han conocido 91 resoluciones administrativas de las Comunidades autónomas, tanto resoluciones cautelares como sancionadoras ante casos de envenenamiento. Extremadura es una de las Comunidades que ha tenido una menor actividad en este aspecto, por lo que tanto WWF como SEO/BirdLife vienen pidiendo a la Consejería que no haga dejación de funciones y aplique con mucha mayor eficacia este importantísimo apartado sancionador.
Por ejemplo, existen otros dos casos de envenenamiento de águilas imperiales en Extremadura en los que todavía no se ha abierto el procedimiento sancionador por parte de la Consejería.
