La explotación de carbón en una región con grave deficiencia hídrica está dejando sin agua a la población a la vez que causa enormes daños ambientales.
Susan Abad desde Bogotá / Noticias Aliadas.- La mina Cerrejón, yacimiento de carbón ubicado en el departamento de La Guajira, en el extremo nororiental del país, consume diariamente 34,903 m³ de agua en la extracción del mineral. La comunidad local afirma que en estos procesos están acabando con las escasas fuentes de agua que abastecen a sus pobladores.
La extracción de carbón —el segundo generador de divisas en Colombia detrás del petróleo— generó en el 2017 regalías por US$628.6 millones, de los cuales US$317.5 millones fueron aportadas por Cerrejón, una de las operaciones mineras a cielo abierto más grandes del mundo.
Operada desde el año 2001 por las multinacionales BHP Billiton (Australia), Angloamerican (Reino Unido) y Xstrata (Suiza), esta mina de 69,661 Ha se ubica en la cuenca del Río Ranchería, abarcando parte de los municipios de Barrancas, Hatonuevo y Albania.
Sin embargo, el éxito económico de Cerrejón riñe con las condiciones ambientales de La Guajira y de sus pobladores, en su mayoría miembros de la comunidad indígena wayuu. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) proyectó para el 2017 una población de 1’012,926 habitantes en la Guajira, de los cuales el 44.94% son wayuu y 14.82 % se reconocen como afrocolombianos.
Teniendo en cuenta que La Guajira, y por ende la cuenca media del río Ranchería, es una zona que está expuesta a la desertización y con una grave deficiencia hídrica, la carga de una mina de esas dimensiones determina que “el elemento más afectado [por la extracción de Cerrejón] es el agua, tanto en la calidad como en la cantidad”, afirma a Noticias Aliadas Erika Cuida, geóloga del grupo de investigación Terrae.
Según la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), “mientras una persona en La Guajira colombiana tiene acceso a 0.7 litros de agua al día, la mina del Cerrejón emplea en un día 17 millones de litros en la explotación de carbón”.
“Este inmenso uso de agua determina un alto impacto ambiental en términos de pérdida de biodiversidad, destrucción de ecosistemas y recursos hídricos”, dice Felipe Rodríguez director de la organización no gubernamental Dignidad, en conversación con Noticias Aliadas, agregando que “las multinacionales del Cerrejón han destruido 12,000 Ha de bosques secos y desaparecido 10 arroyos y afectado otras 16 fuentes hídricas de primera necesidad para la población”.
Cuida detalla que “la remoción indiscriminada de capas de tierra destruye no solo las fuentes hídricas superficiales, sino los acuíferos, que son reservorios de agua subterráneos. Se han perdido así caudales subterráneos que sirven de fuentes a los jagüeyes [depósitos superficiales de agua] de donde las comunidades toman el agua para consumo. En el caso del río Ranchería, desde sus orígenes ha formado hasta tres plataformas de acuíferos, que no solo han perdido miles de millones de litros cúbicos de agua que no se volverán a recuperar, sino que se perdieron definitivamente como reservorios naturales”.
Botaderos
A esta afectación hay que sumarle la contaminación del agua que emana a la superficie.
“Los materiales que ellos mal llaman ‘estériles —que son los que se remueven y extraen pero que no les son útiles— los acopian formando unos cerros que llaman botaderos. Estos botaderos están llenos de materiales que al no estar en el subsuelo y al contacto con el aire, generan sustancias tóxicas que alteran y contaminan las fuentes de agua superficiales y eventualmente las subterráneas. Añádale que las aguas que están en la superficie reciben los residuos tóxicos, que en forma de un polvillo se diseminan en el aire”, dice Cuida.
El DANE, en convenio con Cerrejón, realizó en el 2009 la Encuesta de Calidad de Vida en el área de influencia de la operación minera que arrojó que es la población wayuu la más afectada. El 37.5% de esta población indígena toma el agua de jagüeyes, 19.3% de pozos con bomba, 13.4% de ríos o quebradas y apenas 11.4% del acueducto público. “Esta situación no ha cambiado”, asegura Rodríguez.
Los pobladores vecinos a la mina han entablado diversas demandas que en su mayoría no han sido escuchadas. La última de ellas fue ante la Corte Constitucional, que en agosto del 2017 suspendió por tres meses el proyecto de las multinacionales de cambiar el recorrido del arroyo Bruno a lo largo de 3.6 km. En ese plazo se debía estudiar la tutela presentada por las comunidades de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero que advierte que, de avalar el proyecto de desvío, se afectaría no solo uno de los ecosistemas del territorio, sino que se podrían generar gravísimas consecuencias para la conservación del recurso hídrico y biótico, ocasionando la desaparición de ese cuerpo de agua, amenazando la existencia de las comunidades que dependen del arroyo.
El proyecto de desvío del arroyo Bruno cuenta con la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Este organismo, en respuesta a un cuestionario, le dijo a Noticias Aliadas que “en el proyecto Cerrejón se usa agua de alta calidad [agua dulce a partir de los pozos del acuífero cuaternario y ríos], y agua de baja calidad [agua salada y aguas de mina a partir de los pozos de despresurización del acuífero terciario], que no pueden ser consumidas para uso doméstico dada su alta concentración en azufre y sales minerales”.
“En los últimos tres años, de manera aproximada, el volumen captado de agua de alta calidad fue el 7% del volumen total, en tanto que el de baja calidad corresponde al 93% del total captado, lo cual hace parte del Plan de Ahorro y uso eficiente del agua”, agregó.
Versión oficial
Cerrejón, en comunicados facilitados a Noticias Aliadas, reafirma lo dicho por el ANLA: “Actualmente el 93% del agua que utilizamos para las operaciones mineras no es apta para consumo humano, animal ni para riego de cultivos. Dicha agua es considerada industrial o de baja calidad y proviene de los mantos de carbón y de la escorrentía de las lluvias que caen dentro del área minera. El 7% restante es agua obtenida del río Ranchería y de su acuífero aluvial”.
Asegura que desde que inició su operación en el 2008, hasta junio del 2017, la Fundación Cerrejón para el Agua en La Guajira ha invertido 19,411 millones de pesos (unos $6 millones) en acciones de preservación de agua y explica que la calidad de agua del río Ranchería se calcula bajo la metodología y estimaciones del Indicador de Calidad de Agua (ICA), establecido por la Fundación Nacional de Saneamiento de EEUU (NSF).
El ICA evalúa nueve parámetros sanitarios: oxígeno disuelto, PH, temperatura, coliformes fecales, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, turbidez, sólidos totales y fosfato. En el 2017 el río Ranchería calificó con 77 antes de ingresar a la mina y 72 a la salida, en una escala donde el 0 es pésimo y 100 es excelente.
Sin embargo, lo que viven los pobladores vecinos a la mina los lleva a persistir en sus demandas. Mientras esperan la decisión de las autoridades, varios líderes sociales llegaron hace unos meses al Palacio de Justicia de Bogotá a solicitar que además de la suspensión del desvío, la Corte ordene la recuperación del cauce natural del arroyo que ya fue desviado. Para esto —aseguraron— la empresa debe quitar el tapón y el dique de contención que existe sobre el cauce natural y adicionalmente taponar el cauce artificial. De esta manera, el agua volverá a fluir.
Informaron que con el proyecto de expansión denominado P40 planean ampliar su operación para pasar de 32 millones a 40 millones de toneladas de carbón exportado al año, lo que significa que pasará de consumir 142 a 307 litros de agua por segundo. — Susan Abad desde Bogotá / Noticias Aliadas.
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| Cambio de recorrido del arroyo Bruno por mina Cerrejón en La Guajira ocasionaría la desaparición de esa fuente de agua. / Comité Cívico por la Dignidad de la Guajira |
Susan Abad desde Bogotá / Noticias Aliadas.- La mina Cerrejón, yacimiento de carbón ubicado en el departamento de La Guajira, en el extremo nororiental del país, consume diariamente 34,903 m³ de agua en la extracción del mineral. La comunidad local afirma que en estos procesos están acabando con las escasas fuentes de agua que abastecen a sus pobladores.
La extracción de carbón —el segundo generador de divisas en Colombia detrás del petróleo— generó en el 2017 regalías por US$628.6 millones, de los cuales US$317.5 millones fueron aportadas por Cerrejón, una de las operaciones mineras a cielo abierto más grandes del mundo.
Operada desde el año 2001 por las multinacionales BHP Billiton (Australia), Angloamerican (Reino Unido) y Xstrata (Suiza), esta mina de 69,661 Ha se ubica en la cuenca del Río Ranchería, abarcando parte de los municipios de Barrancas, Hatonuevo y Albania.
Sin embargo, el éxito económico de Cerrejón riñe con las condiciones ambientales de La Guajira y de sus pobladores, en su mayoría miembros de la comunidad indígena wayuu. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) proyectó para el 2017 una población de 1’012,926 habitantes en la Guajira, de los cuales el 44.94% son wayuu y 14.82 % se reconocen como afrocolombianos.
Teniendo en cuenta que La Guajira, y por ende la cuenca media del río Ranchería, es una zona que está expuesta a la desertización y con una grave deficiencia hídrica, la carga de una mina de esas dimensiones determina que “el elemento más afectado [por la extracción de Cerrejón] es el agua, tanto en la calidad como en la cantidad”, afirma a Noticias Aliadas Erika Cuida, geóloga del grupo de investigación Terrae.
Según la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), “mientras una persona en La Guajira colombiana tiene acceso a 0.7 litros de agua al día, la mina del Cerrejón emplea en un día 17 millones de litros en la explotación de carbón”.
“Este inmenso uso de agua determina un alto impacto ambiental en términos de pérdida de biodiversidad, destrucción de ecosistemas y recursos hídricos”, dice Felipe Rodríguez director de la organización no gubernamental Dignidad, en conversación con Noticias Aliadas, agregando que “las multinacionales del Cerrejón han destruido 12,000 Ha de bosques secos y desaparecido 10 arroyos y afectado otras 16 fuentes hídricas de primera necesidad para la población”.
Cuida detalla que “la remoción indiscriminada de capas de tierra destruye no solo las fuentes hídricas superficiales, sino los acuíferos, que son reservorios de agua subterráneos. Se han perdido así caudales subterráneos que sirven de fuentes a los jagüeyes [depósitos superficiales de agua] de donde las comunidades toman el agua para consumo. En el caso del río Ranchería, desde sus orígenes ha formado hasta tres plataformas de acuíferos, que no solo han perdido miles de millones de litros cúbicos de agua que no se volverán a recuperar, sino que se perdieron definitivamente como reservorios naturales”.
Botaderos
A esta afectación hay que sumarle la contaminación del agua que emana a la superficie.
“Los materiales que ellos mal llaman ‘estériles —que son los que se remueven y extraen pero que no les son útiles— los acopian formando unos cerros que llaman botaderos. Estos botaderos están llenos de materiales que al no estar en el subsuelo y al contacto con el aire, generan sustancias tóxicas que alteran y contaminan las fuentes de agua superficiales y eventualmente las subterráneas. Añádale que las aguas que están en la superficie reciben los residuos tóxicos, que en forma de un polvillo se diseminan en el aire”, dice Cuida.
El DANE, en convenio con Cerrejón, realizó en el 2009 la Encuesta de Calidad de Vida en el área de influencia de la operación minera que arrojó que es la población wayuu la más afectada. El 37.5% de esta población indígena toma el agua de jagüeyes, 19.3% de pozos con bomba, 13.4% de ríos o quebradas y apenas 11.4% del acueducto público. “Esta situación no ha cambiado”, asegura Rodríguez.
Los pobladores vecinos a la mina han entablado diversas demandas que en su mayoría no han sido escuchadas. La última de ellas fue ante la Corte Constitucional, que en agosto del 2017 suspendió por tres meses el proyecto de las multinacionales de cambiar el recorrido del arroyo Bruno a lo largo de 3.6 km. En ese plazo se debía estudiar la tutela presentada por las comunidades de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero que advierte que, de avalar el proyecto de desvío, se afectaría no solo uno de los ecosistemas del territorio, sino que se podrían generar gravísimas consecuencias para la conservación del recurso hídrico y biótico, ocasionando la desaparición de ese cuerpo de agua, amenazando la existencia de las comunidades que dependen del arroyo.
El proyecto de desvío del arroyo Bruno cuenta con la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Este organismo, en respuesta a un cuestionario, le dijo a Noticias Aliadas que “en el proyecto Cerrejón se usa agua de alta calidad [agua dulce a partir de los pozos del acuífero cuaternario y ríos], y agua de baja calidad [agua salada y aguas de mina a partir de los pozos de despresurización del acuífero terciario], que no pueden ser consumidas para uso doméstico dada su alta concentración en azufre y sales minerales”.
“En los últimos tres años, de manera aproximada, el volumen captado de agua de alta calidad fue el 7% del volumen total, en tanto que el de baja calidad corresponde al 93% del total captado, lo cual hace parte del Plan de Ahorro y uso eficiente del agua”, agregó.
Versión oficial
Cerrejón, en comunicados facilitados a Noticias Aliadas, reafirma lo dicho por el ANLA: “Actualmente el 93% del agua que utilizamos para las operaciones mineras no es apta para consumo humano, animal ni para riego de cultivos. Dicha agua es considerada industrial o de baja calidad y proviene de los mantos de carbón y de la escorrentía de las lluvias que caen dentro del área minera. El 7% restante es agua obtenida del río Ranchería y de su acuífero aluvial”.
Asegura que desde que inició su operación en el 2008, hasta junio del 2017, la Fundación Cerrejón para el Agua en La Guajira ha invertido 19,411 millones de pesos (unos $6 millones) en acciones de preservación de agua y explica que la calidad de agua del río Ranchería se calcula bajo la metodología y estimaciones del Indicador de Calidad de Agua (ICA), establecido por la Fundación Nacional de Saneamiento de EEUU (NSF).
El ICA evalúa nueve parámetros sanitarios: oxígeno disuelto, PH, temperatura, coliformes fecales, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, turbidez, sólidos totales y fosfato. En el 2017 el río Ranchería calificó con 77 antes de ingresar a la mina y 72 a la salida, en una escala donde el 0 es pésimo y 100 es excelente.
Sin embargo, lo que viven los pobladores vecinos a la mina los lleva a persistir en sus demandas. Mientras esperan la decisión de las autoridades, varios líderes sociales llegaron hace unos meses al Palacio de Justicia de Bogotá a solicitar que además de la suspensión del desvío, la Corte ordene la recuperación del cauce natural del arroyo que ya fue desviado. Para esto —aseguraron— la empresa debe quitar el tapón y el dique de contención que existe sobre el cauce natural y adicionalmente taponar el cauce artificial. De esta manera, el agua volverá a fluir.
Informaron que con el proyecto de expansión denominado P40 planean ampliar su operación para pasar de 32 millones a 40 millones de toneladas de carbón exportado al año, lo que significa que pasará de consumir 142 a 307 litros de agua por segundo. — Susan Abad desde Bogotá / Noticias Aliadas.
