LIMA (Sputnik) — La ciudadanía de Perú está convocada el 9 de diciembre a un referéndum sobre cuatro reformas constitucionales concebidas para atacar algunos resortes que hacen posible una extendida corrupción en la política, la justicia y los negocios.
Cada uno de los cuatro puntos del referéndum constitucional, propuesto por el presidente Martín Vizcarra y aprobado por el Congreso, debe ser refrendado en las urnas por unos 24 millones de personas habilitadas para votar.
Cuatro expresidentes están bajo investigación y sospecha de haber recibido aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht en sus campañas: Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La principal dirigente opositora, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, también está imputada y en prisión preventiva.
La tercera modificación prohíbe la reelección inmediata de los legisladores.
Puesto que sobre muchos diputados pesan sospechas o denuncias de corrupción, se busca evitar que se perpetúen en sus cargos, lo que les permite ampararse en sus fueros para no ser investigados.
Por último convertir al Congreso en bicameral persigue el fin de crear mecanismos para un debate más profundo de las leyes que se aprueban.
En el actual Congreso, dicen los críticos, es común que se voten proyectos que persiguen intereses particulares de los partidos políticos que detentan la mayoría, como es el caso de Fuerza Popular.
La reforma busca un mayor contrapeso en el debate legislativo.
Vizcarra decidió impulsar estas modificaciones en medio de una ola de protestas populares por las escandalosas revelaciones de corrupción.
En marzo, el entonces presidente Kuczynski renunció a su cargo cuando el Congreso se aprestaba a celebrarle un juicio político por acusaciones de que había recibido sobornos mientras fue ministro de Economía del Gobierno de Toledo.
El objetivo de esos supuestos sobornos era favorecer a la constructora de Brasil en la concesión de obras públicas.
08 December 2018
mundo.sputniknews.com
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| © REUTERS / Darren Ornitz |
Se trata de la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, la prohibición de la reelección inmediata de los congresistas y la creación de un Poder Legislativo con dos cámaras (de senadores y diputados), abandonando el Congreso unicameral actual.
Los miembros del CNM, organismo que nombra a jueces y fiscales, son elegidos a su vez por jueces, fiscales, rectores universitarios y abogados en votaciones que se desarrollan en secreto.
El CNM está muy desprestigiado, sobre todo desde que en junio se difundieron conversaciones grabadas en las que varios de sus miembros aparecían involucrados en una red de corrupción, tráfico de influencias y sobornos.
La reforma busca transparencia y garantías para elegir a quienes van a tener la tarea de seleccionar a los funcionarios que imparten justicia.
En cuanto a la financiación de los partidos, la reforma propone la identificación plena de las personas y empresas que hagan contribuciones a las fuerzas políticas y que todas ellas se realicen a través del sistema bancario.
Cuatro expresidentes están bajo investigación y sospecha de haber recibido aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht en sus campañas: Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La principal dirigente opositora, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, también está imputada y en prisión preventiva.
La tercera modificación prohíbe la reelección inmediata de los legisladores.
Puesto que sobre muchos diputados pesan sospechas o denuncias de corrupción, se busca evitar que se perpetúen en sus cargos, lo que les permite ampararse en sus fueros para no ser investigados.
Por último convertir al Congreso en bicameral persigue el fin de crear mecanismos para un debate más profundo de las leyes que se aprueban.
En el actual Congreso, dicen los críticos, es común que se voten proyectos que persiguen intereses particulares de los partidos políticos que detentan la mayoría, como es el caso de Fuerza Popular.
La reforma busca un mayor contrapeso en el debate legislativo.
Vizcarra decidió impulsar estas modificaciones en medio de una ola de protestas populares por las escandalosas revelaciones de corrupción.
En marzo, el entonces presidente Kuczynski renunció a su cargo cuando el Congreso se aprestaba a celebrarle un juicio político por acusaciones de que había recibido sobornos mientras fue ministro de Economía del Gobierno de Toledo.
El objetivo de esos supuestos sobornos era favorecer a la constructora de Brasil en la concesión de obras públicas.
Luego de la renuncia de Kuczynski, asumió su cargo el vicepresidente Martín Vizcarra.
Se divulgaron entonces investigaciones periodísticas basadas en una serie de interceptaciones telefónicas a jueces, fiscales, políticos y empresarios.
Esos audios revelaban la existencia de una compleja red delictiva enquistada en el sistema judicial, y que estaba dedicada al tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos, entre otros delitos.l
La red resultó tan amplia que hasta el momento es difícil calcular su verdadero alcance.
