AI: Catastrófico fracaso mientras las infracciones cometidas en las guerras causan estragos en la población civil
"Para conmemorar, este año, el 70º aniversario de los Convenios de Ginebra, el Consejo de Seguridad de la ONU debe remediar su catastrófico fracaso a la hora de proteger a millones de civiles de todo el mundo cuya vida y medios de sustento sufren de manera habitual los estragos que causan las infracciones de las leyes de la guerra", ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Este jueves 23 de mayo, el Consejo de Seguridad entablará un debate abierto sobre la protección de la población civil en los conflictos armados, 20 años después de que añadiera por primera vez esta meta a su agenda.
“Transcurridos 20 años desde que el Consejo de seguridad de la ONU prometiera hacer todo lo posible para proteger a la población civil en los conflictos armados y 70 desde que se adoptaran los Convenios de Ginebra para intentar proteger a la población civil y a otros grupos de atrocidades como las cometidas durante la II Guerra Mundial, el panorama es increíblemente sombrío”, ha señalado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
Las grandes potencias militares se jactan cínicamente de hacer guerras de “precisión” y ataques “quirúrgicos” que distinguen entre combatientes y civiles. Pero la realidad presente sobre el terreno muestra que es habitual atacar a civiles allí donde viven, trabajan, estudian, rezan y buscan atención médica. Las partes en los conflictos armados matan ilícitamente, mutilan y obligan a desplazarse a millones de civiles mientras los líderes mundiales eluden su responsabilidad y cierran los ojos ante los crímenes de guerra y el enorme sufrimiento causado.
“Rusia, China y Estados Unidos continúan haciendo uso indebido de su derecho de veto para bloquear proyectos de resolución que tienen por objeto prevenir o poner fin a atrocidades. Cada vez que lo hacen ponen en grave situación de riesgo a personas inocentes que viven en esas zonas peligrosas.”
Sólo en los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado un desprecio flagrante por la protección de la población civil y el derecho internacional humanitario en los conflictos armados en los que son parte cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El quinto, China, ha protegido activamente a su vecino Myanmar mientras éste cometía crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, posiblemente, genocidio.
El desastroso fracaso a la hora de proteger a la población civil ha quedado patente en los bombardeos efectuados por la coalición dirigida por Estados Unidos en Raqqa, Siria, que se cobraron la vida de más de 1.600 civiles; en la destrucción gratuita de infraestructura y vidas civiles causada por las fuerzas rusas y sirias en Alepo, Idlib y otras partes, que ha provocado el desplazamiento masivo de millones de personas y constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y en la guerra de Yemen, donde, con la ayuda de armas occidentales, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ha matado y herido a miles de civiles en ataques ilegítimos y fomentado una de peores crisis humanitarias del mundo.
Somalia sigue siendo otra de las peores crisis humanitarias y de derechos humanos del mundo. Todas las partes en el conflicto, incluido Estados Unidos, han violado el derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. A pesar de haber redoblado en los últimos dos años los ataques aéreos en la guerra que mantiene sigilosamente en Somalia, Estados Unidos no ha admitido ni una sola víctima civil hasta que una investigación de Amnistía Internacional le ha obligado a hacerlo.
Israel ha atacado reiteradamente a civiles y bienes civiles durante operaciones militares efectuadas en Gaza desde 2008, causando gran destrucción y pérdida de vidas humanas. Entre marzo de 2018 y marzo de 2019, Israel utilizó fuerza letal contra manifestaciones palestinas, matando al menos a 195 personas, entre las que había profesionales de la salud, periodistas y niños y niñas. Los grupos armados palestinos han disparado cohetes de efecto indiscriminado contra zonas civiles de Israel, causando varias víctimas mortales.
En Sudán del Sur y en otras partes, la violencia sexual y la violencia por motivos de género relacionadas con conflictos alcanzan niveles impresionantes. Testigos y víctimas de la brutal ofensiva dirigida por el gobierno que se llevó a cabo en abril y julio de 2018 en el norte del país describieron cómo se había matado deliberadamente a personas civiles, incluidas mujeres, niños y niñas y personas ancianas y con discapacidad, por medios como disparar contra ellas, quemarlas vivas dentro de sus hogares, colgarlas de árboles y vigas y atropellarlas con vehículos acorazados. Se perseguía a la población civil cuando huía hacia humedales o ríos de las proximidades, y los soldados disparaban indiscriminadamente contra zonas donde había gente oculta y atacaban las islas donde había buscado refugio.
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) informó de un aumento sin precedentes del número de víctimas civiles en 2018, ascendiendo a 10.993 el número de personas muertas o heridas.
La semana pasada misma, en Libia, Amnistía Internacional documentó cómo una nueva ofensiva sobre Trípoli estaba caracterizada por ataques y agresiones indiscriminados que ponían en peligro la vida de civiles, en especial de personas refugiadas y migrantes detenidas que se hallaban en situación de riesgo.
Ni siquiera las propias Naciones Unidas tienen un historial intachable. En Sudán de Sur, la República Centroafricana y otras partes, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU se han abstenido en múltiples ocasiones de proteger a civiles que eran víctimas de violencia mortal. Un problema especialmente censurable es el de la explotación y los abusos sexuales, que adoptan la forma de violaciones y agresiones perpetradas contra mujeres civiles y niñas por los mismos miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz que se supone que deben protegerlas.
Las personas especialmente vulnerables, como los niños y las niñas y las personas ancianas o con discapacidad, también sufren de manera específica los conflictos, por ejemplo cuando militares y grupos armados reclutan a niños y niñas soldados o agreden brutalmente a las personas menos capaces de huir durante los ataques contra poblaciones civiles.
A pesar de los tratados internacionales que prohíben su uso, algunos Estados y grupos armados continúan empleando armas de efecto intrínsecamente indiscriminado, como municiones de racimo y minas terrestres, que están prohibidas por el derecho internacional debido a sus efectos sobre la población civil. Otros Estados, como Siria y Sudán han utilizado también armas químicas, que no tienen cabida en la guerra.
El año pasado, la Agencia de la ONU para los Refugiados denunció la cifra sin precedentes de 68,5 millones de personas desplazadas en el mundo por conflictos armados y otras formas de violencia.
“Setenta años después de la adopción de los Convenios de Ginebra, la existencia de casi 70 millones de personas desplazadas por guerras y otras formas de violencia refleja el fracaso catastrófico de los líderes mundiales a la hora de protegerlas”, ha afirmado Tirana Hassan.
Los líderes mundiales han dejado a las personas civiles abandonadas frente a los estragos de la guerra. El debate abierto de esta semana del Consejo de Seguridad debe conducir a algo más que meros gestos y promesas vacías. Es necesario tomar medidas concretas para invertir la tendencia, proteger de manera efectiva a la población civil, poner fin a los crímenes de guerra y acabar con la impunidad.
"Para conmemorar, este año, el 70º aniversario de los Convenios de Ginebra, el Consejo de Seguridad de la ONU debe remediar su catastrófico fracaso a la hora de proteger a millones de civiles de todo el mundo cuya vida y medios de sustento sufren de manera habitual los estragos que causan las infracciones de las leyes de la guerra", ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Este jueves 23 de mayo, el Consejo de Seguridad entablará un debate abierto sobre la protección de la población civil en los conflictos armados, 20 años después de que añadiera por primera vez esta meta a su agenda.
“Transcurridos 20 años desde que el Consejo de seguridad de la ONU prometiera hacer todo lo posible para proteger a la población civil en los conflictos armados y 70 desde que se adoptaran los Convenios de Ginebra para intentar proteger a la población civil y a otros grupos de atrocidades como las cometidas durante la II Guerra Mundial, el panorama es increíblemente sombrío”, ha señalado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
Las grandes potencias militares se jactan cínicamente de hacer guerras de “precisión” y ataques “quirúrgicos” que distinguen entre combatientes y civiles. Pero la realidad presente sobre el terreno muestra que es habitual atacar a civiles allí donde viven, trabajan, estudian, rezan y buscan atención médica. Las partes en los conflictos armados matan ilícitamente, mutilan y obligan a desplazarse a millones de civiles mientras los líderes mundiales eluden su responsabilidad y cierran los ojos ante los crímenes de guerra y el enorme sufrimiento causado.
“Rusia, China y Estados Unidos continúan haciendo uso indebido de su derecho de veto para bloquear proyectos de resolución que tienen por objeto prevenir o poner fin a atrocidades. Cada vez que lo hacen ponen en grave situación de riesgo a personas inocentes que viven en esas zonas peligrosas.”
Sólo en los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado un desprecio flagrante por la protección de la población civil y el derecho internacional humanitario en los conflictos armados en los que son parte cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El quinto, China, ha protegido activamente a su vecino Myanmar mientras éste cometía crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, posiblemente, genocidio.
El desastroso fracaso a la hora de proteger a la población civil ha quedado patente en los bombardeos efectuados por la coalición dirigida por Estados Unidos en Raqqa, Siria, que se cobraron la vida de más de 1.600 civiles; en la destrucción gratuita de infraestructura y vidas civiles causada por las fuerzas rusas y sirias en Alepo, Idlib y otras partes, que ha provocado el desplazamiento masivo de millones de personas y constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y en la guerra de Yemen, donde, con la ayuda de armas occidentales, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ha matado y herido a miles de civiles en ataques ilegítimos y fomentado una de peores crisis humanitarias del mundo.
Somalia sigue siendo otra de las peores crisis humanitarias y de derechos humanos del mundo. Todas las partes en el conflicto, incluido Estados Unidos, han violado el derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. A pesar de haber redoblado en los últimos dos años los ataques aéreos en la guerra que mantiene sigilosamente en Somalia, Estados Unidos no ha admitido ni una sola víctima civil hasta que una investigación de Amnistía Internacional le ha obligado a hacerlo.
Israel ha atacado reiteradamente a civiles y bienes civiles durante operaciones militares efectuadas en Gaza desde 2008, causando gran destrucción y pérdida de vidas humanas. Entre marzo de 2018 y marzo de 2019, Israel utilizó fuerza letal contra manifestaciones palestinas, matando al menos a 195 personas, entre las que había profesionales de la salud, periodistas y niños y niñas. Los grupos armados palestinos han disparado cohetes de efecto indiscriminado contra zonas civiles de Israel, causando varias víctimas mortales.
En Sudán del Sur y en otras partes, la violencia sexual y la violencia por motivos de género relacionadas con conflictos alcanzan niveles impresionantes. Testigos y víctimas de la brutal ofensiva dirigida por el gobierno que se llevó a cabo en abril y julio de 2018 en el norte del país describieron cómo se había matado deliberadamente a personas civiles, incluidas mujeres, niños y niñas y personas ancianas y con discapacidad, por medios como disparar contra ellas, quemarlas vivas dentro de sus hogares, colgarlas de árboles y vigas y atropellarlas con vehículos acorazados. Se perseguía a la población civil cuando huía hacia humedales o ríos de las proximidades, y los soldados disparaban indiscriminadamente contra zonas donde había gente oculta y atacaban las islas donde había buscado refugio.
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) informó de un aumento sin precedentes del número de víctimas civiles en 2018, ascendiendo a 10.993 el número de personas muertas o heridas.
La semana pasada misma, en Libia, Amnistía Internacional documentó cómo una nueva ofensiva sobre Trípoli estaba caracterizada por ataques y agresiones indiscriminados que ponían en peligro la vida de civiles, en especial de personas refugiadas y migrantes detenidas que se hallaban en situación de riesgo.
Ni siquiera las propias Naciones Unidas tienen un historial intachable. En Sudán de Sur, la República Centroafricana y otras partes, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU se han abstenido en múltiples ocasiones de proteger a civiles que eran víctimas de violencia mortal. Un problema especialmente censurable es el de la explotación y los abusos sexuales, que adoptan la forma de violaciones y agresiones perpetradas contra mujeres civiles y niñas por los mismos miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz que se supone que deben protegerlas.
Las personas especialmente vulnerables, como los niños y las niñas y las personas ancianas o con discapacidad, también sufren de manera específica los conflictos, por ejemplo cuando militares y grupos armados reclutan a niños y niñas soldados o agreden brutalmente a las personas menos capaces de huir durante los ataques contra poblaciones civiles.
A pesar de los tratados internacionales que prohíben su uso, algunos Estados y grupos armados continúan empleando armas de efecto intrínsecamente indiscriminado, como municiones de racimo y minas terrestres, que están prohibidas por el derecho internacional debido a sus efectos sobre la población civil. Otros Estados, como Siria y Sudán han utilizado también armas químicas, que no tienen cabida en la guerra.
El año pasado, la Agencia de la ONU para los Refugiados denunció la cifra sin precedentes de 68,5 millones de personas desplazadas en el mundo por conflictos armados y otras formas de violencia.
“Setenta años después de la adopción de los Convenios de Ginebra, la existencia de casi 70 millones de personas desplazadas por guerras y otras formas de violencia refleja el fracaso catastrófico de los líderes mundiales a la hora de protegerlas”, ha afirmado Tirana Hassan.
Los líderes mundiales han dejado a las personas civiles abandonadas frente a los estragos de la guerra. El debate abierto de esta semana del Consejo de Seguridad debe conducir a algo más que meros gestos y promesas vacías. Es necesario tomar medidas concretas para invertir la tendencia, proteger de manera efectiva a la población civil, poner fin a los crímenes de guerra y acabar con la impunidad.
