OPINIÓN de Ileana Alamilla, Guatemala.- De manera muy discreta y temerosa, los diputados aprobaron en primera lectura, por iniciativa del partido UNE, la Ley de Desarrollo Rural Integral de Guatemala que, nada más mencionarla, levanta anticuerpos, suelta demonios y fantasmas y recibe el rechazo unánime de quienes consideran que el área rural no necesita de leyes ni de ese desarrollo contenido en la ley, sino que debe esperar que el crecimiento económico lo provoque. Campesinos en Guatemala. Foto de archivo Algunos de los argumentos para descalificarla es que trae aparejada la temida reforma agraria, acusación desmentida por quienes exigen su aprobación, pues en la normativa solo se contempla la democratización de la tierra en el marco constitucional vigente. Sin embargo, tal como está, tiene algunas inconstitucionalidades, tales como sustituir competencias que corresponden al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), o la atribución del órgano mandatado para formul