Alba Trejo, Guatemala (SEMlac).- Exigir 50 dólares al excónyuge para darle de comer a sus hijos puede costarle la vida a las guatemaltecas. Los exconvivientes demandados amenazan de muerte a las mujeres que buscan, tras la separación, una cantidad de dinero para sostener a la prole, y algunas de ellas perdieron la vida de forma violenta cuando ya habían iniciado una demanda por alimentos contra quien fuera su compañero de hogar.
Investigaciones del Ministerio Público (MP) señalan que hay exparejas o parejas que pagan incluso sicarios para terminar con la vida de las mujeres que se vuelven "un obstáculo" para sus fines económicos, asegura la fiscal de delitos contra la Vida, Celeste Díaz.
De acuerdo con el Código Penal guatemalteco, la negación de asistencia económica es un delito que se sanciona con prisión de dos a cuatro años. En este país, las mujeres conforman el 51 por ciento de la población de 14 millones y son las menos afortunadas en el tema económico.
Cuando inician la vida conyugal, muchas veces a partir de los 16 años de edad, dependen económicamente de la persona con la que se unen, mientras las que trabajan difícilmente ganan un salario similar al del hombre, de acuerdo con Lilian Solís, del Programa de Género del Ministerio de Trabajo.
El ingreso medio mensual por trabajo formal recibido por ellos es de 270 dólares mientras que para ellas se sitúa en 170 dólares.
Según el informe "Las mujeres en el mercado laboral guatemalteco" de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), las mujeres inician labores del hogar y del campo muchas veces a partir de los ocho años de edad y a los 16 años se incorporan a la fuerza laboral informal.
Maritza Velásquez Estrada, presidenta de ATRAHDOM, destaca que la mayoría de la población femenina no tiene acceso a puestos de trabajo profesionales, ya que solo 10 por ciento de ellas logra seguir estudiando en las Universidades del país, lo que las hace vulnerables a cualquier situación de violencia, principalmente la intrafamiliar.
Regularmente, el sector laboral para mujeres no cuenta con prestaciones, ni seguro social o seguros médicos, no se jubilan ni tienen pensiones por accidente, vejez o sobrevivencia, sobre todo en la industria, indica la representante de ATRAHDOM.
Por ello la mujer, al separarse, el delito que más denuncia es el de Negación de Asistencia Económica, después la violencia física y, por último, violencia sexual, de acuerdo con Amelia Yoc, del Centro de Estadísticas del Organismo Judicial.
Agregados a la violencia económica, como una causa de feminicidio en Guatemala, figuran también los asesinatos por el crimen organizado, extorsiones, pandillas (existen alrededor de 18.000 pandilleros) y violencia intrafamiliar.
Carmen Cáceres, de Convergencia de Mujeres (CONVEMUJERES), destaca que esas situaciones por las que son asesinadas las mujeres, incluso, impiden que ellas no lleguen siquiera a la mayoría de edad, la cual se obtiene a los 18 años. En 2011 al menos 17 adolescentes de barrios marginales fueron asesinadas por su pareja o expareja, agrega la activista.
Sin embargo, para prevenir que más mujeres mueran de forma violenta, el Gobierno implementó mecanismos de seguridad con los cuales se ha logrado que los feminicidios disminuyeran en 45 por ciento en los dos últimos meses, destaca el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.
Una fuerza de tarea contra el feminicidio (que apoya al Ministerio Público en las capturas e investigación), la instalación de la Comisión Presidencial de Abordaje al Femicidio (COPAF), la reactivación de los Programas de Prevención de Violencia Intrafamiliar, la presencia policial en áreas rojas y la creación de un equipo de capturas contra agresores de mujeres forman parte de esa política de seguridad dirigida a proteger la vida de las guatemaltecas.
El recuento de los feminicidios, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, es que en 2011 murieron a causa de arma de fuego, arma blanca y asfixia por estrangulamiento 705 mujeres. Es decir, un promedio de 40 a 60 asesinadas mensualmente en ese año.
De estas, la mayoría conocía a su victimario o tenía una relación cercana a él, destaca una investigación realizada por la COPAF, entidad que reconoce que en 2012 los feminicidios han disminuido.
En los primeros 20 días de marzo se contabilizaron 26 asesinatos de mujeres, en comparación con igual etapa de 2011, cuya cifra fue de 50 muertes.
Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, señala que crear un equipo de capturas es una forma de prevenir los feminicidios porque los hombres encarcelados, en algún momento del círculo de violencia, podrían quitarle la vida a la esposa o exesposa, la novia o exnovia. De acuerdo con Cruz, el esposo es el primer agresor denunciado, el exesposo el segundo, el novio o exnovio el tercero y, de último, un amigo.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Gerson Oliva, destaca que el equipo de capturas ha logrado que los hombres también se inhiban de golpearlas.
En dos meses han logrado encarcelar a 170 agresores, la gran mayoría por el delito de negación de asistencia económica, en segundo lugar por violación sexual agravada y en tercero por violencia contra la mujer, una cifra superior comparada con 2011, cuando solo hubo ocho capturas por violencia contra la mujer.
En Guatemala la violencia intrafamiliar siempre ha sido considerada natural. En los pueblos conformados por población maya (un 60 por ciento de los 14 millones de habitantes) la separación de un hombre y una mujer implica enfrentar el castigo comunitario.
A la mujer que se atreve a hacerlo se le señala como prostituta, mala mujer e, incluso, se le castiga por adúltera, cortándole el pelo, un escarmiento para otras mujeres de lo que les puede ocurrir si ellas hicieran lo mismo.
La Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer penaliza ese tipo de violencia y la sicológica con penas de cinco a 12 años, mientras que el feminicidio es castigado con 50 años de prisión.
Actualmente, la Coordinadora para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVI) ha lanzado una campaña en la que busca que la población no naturalice la violencia.
Investigaciones del Ministerio Público (MP) señalan que hay exparejas o parejas que pagan incluso sicarios para terminar con la vida de las mujeres que se vuelven "un obstáculo" para sus fines económicos, asegura la fiscal de delitos contra la Vida, Celeste Díaz.
De acuerdo con el Código Penal guatemalteco, la negación de asistencia económica es un delito que se sanciona con prisión de dos a cuatro años. En este país, las mujeres conforman el 51 por ciento de la población de 14 millones y son las menos afortunadas en el tema económico.
Cuando inician la vida conyugal, muchas veces a partir de los 16 años de edad, dependen económicamente de la persona con la que se unen, mientras las que trabajan difícilmente ganan un salario similar al del hombre, de acuerdo con Lilian Solís, del Programa de Género del Ministerio de Trabajo.
El ingreso medio mensual por trabajo formal recibido por ellos es de 270 dólares mientras que para ellas se sitúa en 170 dólares.
Según el informe "Las mujeres en el mercado laboral guatemalteco" de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), las mujeres inician labores del hogar y del campo muchas veces a partir de los ocho años de edad y a los 16 años se incorporan a la fuerza laboral informal.
Maritza Velásquez Estrada, presidenta de ATRAHDOM, destaca que la mayoría de la población femenina no tiene acceso a puestos de trabajo profesionales, ya que solo 10 por ciento de ellas logra seguir estudiando en las Universidades del país, lo que las hace vulnerables a cualquier situación de violencia, principalmente la intrafamiliar.
Regularmente, el sector laboral para mujeres no cuenta con prestaciones, ni seguro social o seguros médicos, no se jubilan ni tienen pensiones por accidente, vejez o sobrevivencia, sobre todo en la industria, indica la representante de ATRAHDOM.
Por ello la mujer, al separarse, el delito que más denuncia es el de Negación de Asistencia Económica, después la violencia física y, por último, violencia sexual, de acuerdo con Amelia Yoc, del Centro de Estadísticas del Organismo Judicial.
Agregados a la violencia económica, como una causa de feminicidio en Guatemala, figuran también los asesinatos por el crimen organizado, extorsiones, pandillas (existen alrededor de 18.000 pandilleros) y violencia intrafamiliar.
Carmen Cáceres, de Convergencia de Mujeres (CONVEMUJERES), destaca que esas situaciones por las que son asesinadas las mujeres, incluso, impiden que ellas no lleguen siquiera a la mayoría de edad, la cual se obtiene a los 18 años. En 2011 al menos 17 adolescentes de barrios marginales fueron asesinadas por su pareja o expareja, agrega la activista.
Sin embargo, para prevenir que más mujeres mueran de forma violenta, el Gobierno implementó mecanismos de seguridad con los cuales se ha logrado que los feminicidios disminuyeran en 45 por ciento en los dos últimos meses, destaca el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.
Una fuerza de tarea contra el feminicidio (que apoya al Ministerio Público en las capturas e investigación), la instalación de la Comisión Presidencial de Abordaje al Femicidio (COPAF), la reactivación de los Programas de Prevención de Violencia Intrafamiliar, la presencia policial en áreas rojas y la creación de un equipo de capturas contra agresores de mujeres forman parte de esa política de seguridad dirigida a proteger la vida de las guatemaltecas.
El recuento de los feminicidios, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, es que en 2011 murieron a causa de arma de fuego, arma blanca y asfixia por estrangulamiento 705 mujeres. Es decir, un promedio de 40 a 60 asesinadas mensualmente en ese año.
De estas, la mayoría conocía a su victimario o tenía una relación cercana a él, destaca una investigación realizada por la COPAF, entidad que reconoce que en 2012 los feminicidios han disminuido.
En los primeros 20 días de marzo se contabilizaron 26 asesinatos de mujeres, en comparación con igual etapa de 2011, cuya cifra fue de 50 muertes.
Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, señala que crear un equipo de capturas es una forma de prevenir los feminicidios porque los hombres encarcelados, en algún momento del círculo de violencia, podrían quitarle la vida a la esposa o exesposa, la novia o exnovia. De acuerdo con Cruz, el esposo es el primer agresor denunciado, el exesposo el segundo, el novio o exnovio el tercero y, de último, un amigo.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Gerson Oliva, destaca que el equipo de capturas ha logrado que los hombres también se inhiban de golpearlas.
En dos meses han logrado encarcelar a 170 agresores, la gran mayoría por el delito de negación de asistencia económica, en segundo lugar por violación sexual agravada y en tercero por violencia contra la mujer, una cifra superior comparada con 2011, cuando solo hubo ocho capturas por violencia contra la mujer.
En Guatemala la violencia intrafamiliar siempre ha sido considerada natural. En los pueblos conformados por población maya (un 60 por ciento de los 14 millones de habitantes) la separación de un hombre y una mujer implica enfrentar el castigo comunitario.
A la mujer que se atreve a hacerlo se le señala como prostituta, mala mujer e, incluso, se le castiga por adúltera, cortándole el pelo, un escarmiento para otras mujeres de lo que les puede ocurrir si ellas hicieran lo mismo.
La Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer penaliza ese tipo de violencia y la sicológica con penas de cinco a 12 años, mientras que el feminicidio es castigado con 50 años de prisión.
Actualmente, la Coordinadora para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVI) ha lanzado una campaña en la que busca que la población no naturalice la violencia.
