Jorge Zavaleta.- La corrupción en el Perú es mucho más grande de lo que actualmente se conoce a través de la prensa. Existen indicios que el caso Odebrechet trasciende sus fronteras y corroe otras latitudes.
El economista Manuel Romero Caro, fundador, en el año 2000, de Gestión, el primer diario de economía y negocios que apareció en las calles de Lima, en el territorio nacional y luego con corresponsales en las primeras capitales del mundo, nos revela que el caso Odebrecht y Lava Jato, aún no se conoce en profundidad los alcances y daños que ha provocado a la economía del país, ni los montos asignados a los negociadores de los múltiples proyectos. A continuación, publicamos íntegramente el contenido de dos crónicas sucesivas publicadas en su columna semanal Atalaya Económica, en lo que del presente mes de Febrero 2018.
Manuel Romero Caro, en las siguientes páginas explica, paso a paso, la tragedia del país, cuya actual administración nacional, continúa en la misma senda de los gobiernos de hace más de veinte años:
Hay una serie de acontecimientos que se están produciendo en los últimos días que apuntarían a impedir que Jorge Barata concrete su esperada declaración ante las autoridades judiciales. El principal problema a resolver por Odebrecht (Odb), y eso lo sabe el gobierno, es acordar el monto de las reparaciones. Es por ello que llamó la atención que sorpresivamente el procurador Jorge Ramírez anunciara públicamente (1) que Odb tenía que pagar de 3,468 millones de soles como reparación por 3 proyectos.El presidente del Perú, PPK habría violado la Ley 27444: Debió abstenerse de participar en asuntos relativos a Hunt.
Para mi es evidente que el procurador Ramírez no se disparó anunciando una cifra como la mencionada sin la autorización del Ministro de Justicia, y consecuentemente de PPK; ya que posteriormente siguió insistiendo en dicha cifra. Sobre todo teniendo en cuenta los problemas que PPK experimentó con la ex procuradora Katherine Ampuero por su exposición mediática.
Asimismo el procurador Ramírez explicó que los S/ 3,468 millones tenían dos componentes : uno referido “al daño patrimonial –basado en informes previos de la contraloría– y uno extra patrimonial –sobre la afectación a la imagen del Estado y la desconfianza en la población–. Con esto último evaluamos cuánto nos costaría hacer una reforma institucional” (2).
Como debe de resultar obvio, esta “metodología” no resistiría ningún análisis en un proceso ante el Ciadi o la Cámara Internacional de París, que es donde muy probablemente terminen estos procesos al no ponerse de acuerdo las partes. Por lo que es indispensable contratar a prestigiadas consultoras internacionales (seleccionadas por el MEF) que tengan experiencia en el tema y que no tengan vinculación directa o indirecta con los acusados.
Para mi es imposible que tanto PPK como la PCM y el MEF no se hayan percatado de las evidentes limitaciones de los procuradores en la determinación de las reparaciones. Por lo que lo que debe de estar sucediendo es que el MEF no quiera asumir la responsabilidad del encargo y PPK lo permite.
Pero resulta indispensable que el MEF la asuma si es que realmente se desea destrabar los proyectos paralizados y avanzar en los procesos judiciales del Lava Jato Peruano (LJP). Ya que si no sería más de lo que hemos experimentado en el primer año, aún con las nuevas reglas que se establezcan. Continuaría la parálisis actual en las conversaciones con Odebrecht y este se negaría a seguir colaborando con la fiscalía, lo que favorecería ciertos intereses. Es que es evidente que al día de hoy hay una distancia demasiado grande entre lo que la procuraduría pretende obtener por la reparación (30 veces el monto admitido como soborno) sin ninguna metodología reconocida y lo que Odebrecht desea (que sea dos veces).
De otro lado se conoció que en un escrito presentado por el abogado brasileño Carlos Kauffmann a la oficina de cooperación judicial internacional de Brasil, Barata ratifica su voluntad de declarar todo lo que sabe, pero con una condición: que también participe el procurador ad hoc para el caso Odebrecht en el Perú, Jorge Miguel Ramírez, y que este firme un compromiso expreso de no utilizar sus declaraciones para denunciarlo, embargar sus cuentas o perseguir a la constructora brasileña (3). Aunque la Fiscalía insiste en que habrá declaración, existen justificadas dudas.
Esta crónica, es la segunda parte de un artículo, de la edición de Gestión del 08.02.17, en la cual Manuel Romero sigue presentando otros factores que apuntarían a impedir que Jorge Barata entregue la información necesaria para que los corruptos que todavía permanecen en las sombras rindan cuentas ante la justicia.
Aun cuando la Fiscalía asegura que Jorge Barata rendirá su esperada manifestación a fin de mes, habrá que ver qué es lo que dirá y qué es lo que le preguntaran. Es que seguimos bailando la música que nos pone Odebrecht (Odb).
Es así, luego de las declaraciones iniciales sobre sobornos en algunos proyectos, desde hace meses no sueltan información alguna sobre sobornos en los otros proyectos. Llegándose al extremo, que en el mayor proyecto de Odb, el Gasoducto Sur Peruano, no solo no se ha mencionado soborno alguno, sino que se ha negado tal posibilidad. A pesar de las evidencias y declaraciones presentadas por los aspirantes a colaboradores eficaces al Ministerio Público.
Lo que sucede es que mientras más sobornos se conozcan, mayores serán las reparaciones a pagar. Mientras tanto nos están entreteniendo con los aportes a los partidos políticos, que son montos muy menores (no superan los $10 millones) y no afectarán mayormente el monto global de reparación, pero ni una palabra de los otros proyectos, que es donde está la carne.
Y no vamos a ser tan ingenuos de creer que Odebrecht entregaba sobornos solo para algunos proyectos, y para otros no. Hay que recordar que las autoridades judiciales de Brasil han manifestado que los sobornos eran un “costo comercial”; que se incluía en los presupuestos de obra, junto con los gastos administrativos.
Si bien el poder de Odb está disminuido y ya no pone y saca presidentes, todavía conserva una elevada cuota de poder, por el tipo de información y pruebas no reveladas que posee. Las obras administradas en los momentos adecuados sí pueden causar mucho daño, como hace poco lo hemos comprobado.
Estamos muy preocupados por el sencillo (los aportes a los partidos), pero nadie exige información sobre los miles de millones, como es el caso del Gasoducto y otros proyectos. Y parece que esta estrategia le conviene tanto a Odebrecht como a las autoridades judiciales y a los potenciales acusados. ¿Es que no vamos a reaccionar y permitir que nos sigan meciendo?
PPK y la Ley 27444
En lo que a las diversas consultorías que PPK ha brindado, hay un importante aspecto a considerar. El artículo 88 de la Ley 27444, del 10.04.2001 establece claramente que los funcionarios públicos deben de abstenerse de participar y tomar decisiones en los casos de empresas con las que hayan prestado servicios en los dos últimos años.
Cuando PPK dejó el MEF el 11.07.2002 y retorna al sector privado, como el mismo ha manifestado realizó diversas consultorías, entre ellas a Hunt. Dicha asesoría no solo fue en aspectos económicos sino en gestiones de lobby. Es así que en un reportaje de Bob Davis del Wall Street Journal, publicado el 20.12.2007, manifestó lo siguiente: “(Ray) Hunt (dueño de Hunt Oil) iba con regularidad a Lima para presionar por cambios a la ley de energía. Uno de sus asesores influyentes fue PPK.
En el 2003, Kuczynski organizó una cena en su casa a la que asistieron Hunt, el presidente Alejandro Toledo y el ministro de Energía y Minas Jaime Quijandría. Luego el gobierno comenzó a presionar al Congreso para realizar una serie de ajustes a las leyes y regulaciones. Después de dos años, esos cambios habían variado la legislación energética del país en favor de la promoción de las exportaciones”, señala Davis.
Sobre este tema, Jaime Quijandría asegura que no asistió a dicha reunión. Quien sí asistió fue la entonces premier Beatriz Merino. En esa reunión se conversó de temas generales”, afirmó el ex ministro, según la revista Poder.
Y como sabemos, Hunt posee intereses importantes en Camisea, Lote 56 y Perú LNG, entre otros. Una vez que PPK retorna al gobierno de Toledo, de nuevo como MEF, se aprueba el DS N° 031-2003-EM, del 28-09-2003, referido al abastecimiento de gas; por el que se elimina la frase “un horizonte permanente de 20 años”, clave para efectos del abastecimiento de la demanda interna. Lo que permitió que el gas del Lote 56 se pudiera exportar. Posteriormente, el 30.11.2005, se aprueba el DS Nº 050–2005–EM que autorizó a PeruPetro a renegociar el contrato original, suscrito durante el gobierno de Valentín Paniagua, priorizándose la exportación del gas.
Ambos dispositivos, y otros que por espacio no podemos incluir, como los referidos al Lote 88, claramente favorecieron los intereses de Hunt; empresa que PPK había asesorado. Si bien PPK no firmó los decretos anteriormente referidos, estos fueron discutidos en el Ejecutivo y tratados en el Consejo de ministros. Y al aprobarse el DS N° 031 PPK era ministro de economía, y cuando se aprueba el DS 050 PPK era Primer Ministro.
Asimismo, como diversos medios de comunicación de la época lo atestiguan, PPK fue el principal defensor de la exportación del gas de Camisea. Y habiendo sido asesor de Hunt, cuando retornó al MEF por segunda vez (16.02.2004), o cuando asumió la Presidencia del Consejo de Ministros (16.08.2005), debió de abstenerse de participar en asuntos vinculados a Hunt, y, como sabemos, ese no fue el caso. Por lo que habría violado el artículo 88, inciso 5 de la Ley 27444, vigente al momento de esos hechos.
Por lo que cualquier empresa a la que PPK hubiera prestado servicios entre el 12.07.2002 y el 15.02.2004, el debería de haberse abstenido de participar cuando retornó al gobierno. Para cuando se deja el sector público existe una restricción similar, acerca de prestar servicios a empresas sobre las que se tuvo que decidir cuando era funcionario público.
Romero Caro finaliza este análisis manifestando que cada día aparecen nuevas pruebas sobre relaciones impropias de PPK y cae su credibilidad, tornando su posición en insostenible. Por lo que el Primer Mandatario debería de reflexionar que por el bien del país convendría que presente su renuncia a la Presidencia.
