Desde el conflicto armado de 2014 que dividió Libia política e ideológicamente y desembocó en la aparición de gobiernos rivales, decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y disidentes se han marchado a países vecinos o han pedido asilo en otros países tras sufrir amenazas de muerte, agresiones físicas, tortura, detención arbitraria o secuestro.
REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
“Las activistas, blogueras y periodistas libias son silenciadas de forma creciente mediante la violencia de género que adopta la forma de agresiones físicas, secuestros y violencia sexual, así como campañas de desprestigio, insultos asociados al género e intentos de intimidación”, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Pese a reiterar en varias ocasiones su compromiso con el respeto de los derechos humanos, las autoridades libias no protegen a las mujeres de la violencia de género a manos de milicias y grupos armados ni garantizan que pueden expresarse libremente.
La investigación de Amnistía Internacional revela que las mujeres que se atreven a denunciar la corrupción o las conductas predatorias de las milicias o del Ejército Nacional Libio corren riesgos específicos debido a su género, como la violencia por motivos de género. Esa violencia comprende, entre otros aspectos, insultos asociados al género por miembros de milicias y ciudadanos particulares, que incluyen acusaciones de dedicarse al trabajo sexual y de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio (“adulterio”). Las defensoras libias de los derechos humanos también están expuestas a campañas de desprestigio en Facebook y Twitter.
Los nocivos estereotipos de género y el estigma social asociados a su activismo normalizan estas formas de abuso contra las mujeres discrepantes y tratan de obligarlas a retirarse del ámbito público para silenciarlas.
El desgobierno predominante y los riesgos para la seguridad no pueden seguir sirviendo de excusa para la impunidad y la violencia de género generalizada que sufren las mujeres cada día. Para prevenir la violencia de género y acabar con ella, las autoridades libias deben refrenar a las milicias y grupos armados, y combatir contra los nocivos estereotipos de género que alimentan esta violencia.
Los asesinatos de la parlamentaria Fariha al Barkawi y de la destacada defensora de los derechos humanos Salwa Bugaighis en junio de 2014 tuvieron un efecto paralizador en otras mujeres. Muchas defensoras de los derechos humanos se vieron obligadas a retirarse de la vida pública, salir de Libia o trasladarse a otras zonas del país. El hecho de que no se haya abierto una investigación efectiva sobre estos asesinatos ni se hayan pedido cuentas a nadie ha contribuido al ciclo de violencia reinante, como demostró el asesinato de la activista local Entisar el Hassari en febrero de 2015. Aunque las autoridades libias se han comprometido públicamente a investigar los asesinatos, todavía no se han exigido responsabilidades a nadie.
Amnistía Internacional ha documentado varios casos de defensoras de los derechos humanos que han sido objeto de diversas formas de violencia de género, como secuestros, intentos de asesinato, tortura y otros malos tratos, así como una constante de amenazas de muerte, hostigamiento y campañas de desprestigio en las redes sociales. Las mujeres que no siguen las normas sociales o que cuestionan los estereotipos de género son blanco especial de abusos, interrogatorios, hostigamiento y detención. En la actualidad, sólo un puñado de mujeres siguen expresando su opinión. Han sufrido violencia e intimidación a manos de las milicias, las autoridades libias y ciudadanos particulares.
Las autoridades libias deben tomar medidas rigurosas para poner fin al reinado de la violencia que se ha apoderado del país. Para ello, deben establecer salvaguardias específicas para proteger a las mujeres de la violencia y de los abusos por motivos de género, y garantizar que todas las leyes, autoridades gubernamentales y grupos armados afiliados protegen plenamente los derechos humanos de las mujeres.
A las autoridades libias:
Reconozcan públicamente el papel concreto y significativo que desempeñan las defensoras de los derechos humanos y quienes se dedican a cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres o el género, y garantizar que pueden trabajar en un entorno libre de cualquier tipo de violencia y discriminación.
Condenen públicamente los ataques y las amenazas contra las defensoras de los derechos humanos.
Investiguen de forma exhaustiva y creíble las denuncias penales de violencia de género, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, y garanticen que los perpetradores responden de sus actos. Tales investigaciones deben ser imparciales e independientes y deben ser realizadas por personas con conocimientos de la investigación de casos de este tipo. Estas obligaciones existen tanto si el acto de violencia o el abuso contra las mujeres se comete en Internet como por otros medios.
Absténganse de utilizar lenguaje que estigmatice, insulte, menosprecie o discrimine a las defensoras de los derechos humanos, representándolas —por ejemplo— como delincuentes, “agentes extranjeros”, terroristas, indeseables o moralmente corruptas, o amenazas para la seguridad, el desarrollo o los valores tradicionales.
Garanticen que las defensoras de los derechos humanos reciben la protección específica que necesiten contra las amenazas y la violencia por motivos de género que sufran a causa de su trabajo, reconociendo los desafíos y riesgos concretos a los que hacen frente.
Adopten y apliquen leyes que reconozcan y protejan específicamente a las defensoras de los derechos humanos.
Revoquen o modifiquen las leyes que pongan obstáculos en el camino de las legítimas actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, incluso respecto a los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Hagan investigaciones independientes y efectivas sobre todas las denuncias fiables de delitos cometidos por milicias y grupos armados.
Cumplan las promesas de investigar de forma exhaustiva e independiente la muerte de Salwa Bugaighis y las de otras defensoras de los derechos humanos, y de pedir cuentas a todos los responsables.
Pidan asistencia a tribunales internacionalizados o internacionales o a otros mecanismos establecidos para tratar delitos por motivos de género.
Las autoridades libias, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones internacionales deben garantizar apoyo y formación adecuados a las mujeres y a las organizaciones de mujeres libias a fin de permitirles participar de forma significativa en la negociación de acuerdos de paz y en otras iniciativas de consolidación de la paz, como el diseño de facilidades y la igualdad en el acceso a recursos, servicios, educación y formación.
Para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, las autoridades libias deben garantizar la existencia de leyes, políticas, prácticas y formación adecuadas para prevenir la violencia y los abusos contra las mujeres y acabar con ellos.
Esto incluye:
Leyes adecuadas, lo que incluye, en su caso, sanciones penales (con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos);
el desarrollo de la capacidad y la formación de las autoridades judiciales en las leyes pertinentes, la igualdad de género, los perjuicios de la violencia y los abusos, y las mejores prácticas para apoyar a las supervivientes de la violencia y de abusos;
campañas para sensibilizar sobre la violencia y los abusos, tanto en Internet como en otros medios;
campañas públicas para promover la igualdad de género y combatir los estereotipos de género;
inversiones en salvaguardias y servicios públicos para supervivientes de la violencia y los abusos contra las mujeres en Internet.
Al Consejo de Derechos Humanos:
Establezcan un mecanismo internacional independiente con el mandato de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario cometidas en Libia desde 2011 con vistas a contribuir a acabar con la impunidad e identificar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos y de los abusos contra ellos.
Al Consejo de seguridad de la ONU y a los Estados miembros de la ONU:
El secretario general de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU y todas las partes del conflicto armado de Libia deben garantizar que Libia aplica en su totalidad y con celeridad la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, garantizando en concreto la adopción de una perspectiva de género para respaldar las iniciativas de paz de las mujeres libias y procesos indígenas para la resolución de conflictos, asegurando la participación de mujeres en todos los mecanismos de aplicación de acuerdos de paz al mismo tiempo que se garantiza la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas, sobre todo en lo relativo a la Constitución, el sistema electoral, la policía y el poder judicial.
A las empresas de redes sociales:
Empleen administradores y administradoras culturalmente sensibles y conscientes que puedan responder a las denuncias de abusos y de violencia en Internet.
