Personas cabeza de hogar, de bajos recursos, sin estudios superiores, y víctimas de algún tipo de violencia: es el perfil de las mujeres privadas de libertad en las cárceles colombianas.
La mayor parte no han cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez, según los reportes judiciales existentes.
El número de mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) pasó de 1.500 en 1991 a 7.944 en junio de 2018. Este acelerado incremento del 429%, contrasta con el aumento del 300% en el número de hombres en el mismo período.
De hecho, el 53.4% de ellas narra haber cometido el delito por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica. El 45,2% fue detenida por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente, los eslabones débiles y fácilmente sustituibles de la cadena delictiva.
Por ello su detención en centros de reclusión no afecta significativamente a las organizaciones y redes criminales, y en cambio sí tiene impacto en su núcleo familiar: al momento de su encarcelamiento el 85% eran madres, y el 54% de ellas vivían con sus hijos menores de 18 años, de los cuales eran las principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos para su manutención.
Con su detención, se rompe el núcleo familiar. Esto deja a los hijos expuestos al trauma de la separación, el estigma, y las presiones sociales y económicas que, a su vez, pueden llevarlos a vincularse con grupos delincuenciales, reproduciendo un ciclo de violencia permanente.
Preocupado por esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha realizado una investigación junto a la Pontificia Universidad Javeriana, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE) . El resultado es el informe Mujeres y prisión en Colombia: necesidades y efectos diferenciados por razón del género, realizado a partir de más de 1.100 encuestas a hombres y mujeres privados de libertad en siete centros penitenciarios del país.
La investigación cuestiona si la prisión debe ser la principal respuesta frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, que son infractoras por primera vez y que son responsables del cuidado de sus familias. Las medidas alternativas son más efectivas y tienen un menor costo para reducir la reincidencia, mejorar las posibilidades de reinserción y mitigar las vulnerabilidades a las que se ven expuestas las mujeres cuando entran en el sistema penal.
Este estudio confirma la necesidad urgente de implementar un enfoque diferenciado de género en el diseño, ejecución y evaluación de la política criminal y penitenciaria, así como de ampliar el uso de medidas alternativas para mujeres con responsabilidades de cuidado que hayan cometido delitos no violentos.
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| Se realizaron más de 1.100 encuestas en varias cárceles del país. Foto: Isabel Ortigosa / CICR / CC BY-NC-ND |
La mayor parte no han cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez, según los reportes judiciales existentes.
El número de mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) pasó de 1.500 en 1991 a 7.944 en junio de 2018. Este acelerado incremento del 429%, contrasta con el aumento del 300% en el número de hombres en el mismo período.
De hecho, el 53.4% de ellas narra haber cometido el delito por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica. El 45,2% fue detenida por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente, los eslabones débiles y fácilmente sustituibles de la cadena delictiva.
Por ello su detención en centros de reclusión no afecta significativamente a las organizaciones y redes criminales, y en cambio sí tiene impacto en su núcleo familiar: al momento de su encarcelamiento el 85% eran madres, y el 54% de ellas vivían con sus hijos menores de 18 años, de los cuales eran las principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos para su manutención.
Con su detención, se rompe el núcleo familiar. Esto deja a los hijos expuestos al trauma de la separación, el estigma, y las presiones sociales y económicas que, a su vez, pueden llevarlos a vincularse con grupos delincuenciales, reproduciendo un ciclo de violencia permanente.
Preocupado por esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha realizado una investigación junto a la Pontificia Universidad Javeriana, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE) . El resultado es el informe Mujeres y prisión en Colombia: necesidades y efectos diferenciados por razón del género, realizado a partir de más de 1.100 encuestas a hombres y mujeres privados de libertad en siete centros penitenciarios del país.
La investigación cuestiona si la prisión debe ser la principal respuesta frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, que son infractoras por primera vez y que son responsables del cuidado de sus familias. Las medidas alternativas son más efectivas y tienen un menor costo para reducir la reincidencia, mejorar las posibilidades de reinserción y mitigar las vulnerabilidades a las que se ven expuestas las mujeres cuando entran en el sistema penal.
Este estudio confirma la necesidad urgente de implementar un enfoque diferenciado de género en el diseño, ejecución y evaluación de la política criminal y penitenciaria, así como de ampliar el uso de medidas alternativas para mujeres con responsabilidades de cuidado que hayan cometido delitos no violentos.
