Fotografía de Txefe Betancort.
Carmen López.- ¿QUÉ HARÍA YO si me violasen? Una pregunta y un millón de dudas. Un mantra que me he repetido hasta la saciedad desde que en Amnistía Internacional empezamos a preparar la investigación que nos permitiría hacer el recorrido al que se enfrentan las mujeres que han sufrido una agresión sexual. Una pregunta que le he hecho a muchas periodistas a lo largo de estos casi dos años de trabajo y que ha servido para corroborar una de las evidencias: no tenemos ni idea. Y no es culpa nuestra, de las mujeres, es que no hay información clara sobre cuál es el procedimiento a seguir: ¿voy primero a comisaría? ¿al hospital? ¿es obligatorio denunciar para que te atiendan como víctima de violencia sexual? Ni instrucciones claras para que no te hagan dar vueltas después de haber sido violada, abusada, coaccionada o intimidada, ni atención homogénea en todos los rincones de este país, porque no es lo mismo si te agreden en Andalucía, en Madrid, en Cataluña o en Galicia, y tampoco es lo mismo si lo hacen en una ciudad grande o en una pequeña. Esta falta de todo me dejó sin palabras, a mí y a las mujeres a las que le he ido contando a qué nos enfrentamos.
Recuerdo perfectamente las “sentencias de la minifalda" a finales de los 80 y de los 90, dejaban claro que en todos los casos se produjeron agresiones sexuales, pero el tamaño de las faldas se utilizó para reducir las condenas a los agresores. También en aquella época el impacto mediático fue muy alto y extrañamente me quedé con la idea de se había avanzado en cuanto a la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia sexual. Sin embargo, en estos 30 años no se ha impulsado ni una sola política pública para luchar contra esta forma de violencia de género, y apenas se han lanzado campañas informativas de protección o atención. De lo que no se habla, no existe, y así se contribuye a minimizar un problema que afecta mayoritariamente a mujeres porque existen hombres que creen que pueden utilizar sus cuerpos cuando les venga en gana. Unas mujeres que no saben qué hacer tras ser agredidas.
Amnistía Internacional con su informe Ya es hora de que me creas ha sacado a la luz cómo millones de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual están invisibilizadas, son cuestionadas, están desprotegidas y terminan siendo ellas las juzgadas. Este informe demuestra cómo los derechos de estas mujeres no están protegidos. Estrela Gómez Viñas, coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (AGAMME), reflejaba esta situación: "Las mujeres cuando acuden a los servicios creen que son protectores, pero la sorpresa te la llevas cuando ves que no hay nada, o lo que hay te maltrata aún más".
¿Qué sabemos de la violencia sexual?
BIEN POCO, porque es oficialmente invisible. No existen datos reales que permitan dimensionar el problema, sólo encuestas. La violencia sexual cometida por parejas, ex parejas o terceros podría afectar desde los 15 años a 1 de cada 2 mujeres o a más de 3 millones (13,7%), según las fuentes (Agencia Fundamental de Derechos Humanos o Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres, respectivamente. Ambos informes son de 2015). Pero hay algún dato más, por ejemplo que el 97,5% de los agresores son hombres, y que cuando las agresiones se producen fuera del ámbito de la pareja o ex pareja, en el 66,43% de los casos estos hombres son conocidos, amigos o familiares distintos al padre. Sólo en el 18,57% de los casos los hombres eran totalmente desconocidos.
Invisibilizar el problema no sólo justifica que no se pongan en marcha políticas públicas destinadas a luchar contra la violencia sexual, sino que dificulta que las mujeres y niñas que pasan por esta experiencia traumática sepan qué hacer en momentos especialmente difíciles, y las enfrenta a descubrir por sus propios medios recorridos diferentes según la comunidad autónoma en la que vivan, en la que hayan sido agredidas o en la que ponen la denuncia.
Aunque en los últimos años se han producido importantes avances en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la pareja y ex pareja, porque la ley integral contra la violencia de género de 2004, sí contempla la protección de las mujeres que sufren violencia sexual en este ámbito; las mujeres que sufren una violación u otro tipo de violencia sexual por terceros conocidos o desconocidos, no se consideran víctimas de violencia de género y son las grandes olvidadas de las políticas públicas. Ni siquiera el Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado en septiembre de 2017, incluye medidas contra la violencia sexual en el ámbito de la prevención y sensibilización, sólo recoge una medida dedicada a la asistencia de las víctimas, y ninguna para la asistencia y protección de menores víctimas de este tipo de violencia.
¿Qué se encuentran las mujeres?
POCOS RECURSOS y actuaciones diversas. Al no existir un protocolo de actuación o coordinación ante este tipo de violencia, la atención, la asistencia y la protección de las mujeres y niñas que han sufrido algún tipo de agresión será una lotería que dependerá del sitio en el que vives, del tamaño de la localidad en el que se haya producido la agresión, o se decida pedir ayuda. A esto hay que añadir que todas las comunidades autónomas cuentan con importantes carencias en cuanto a recursos de atención a las mujeres.
Como los protocolos de actuación son diferentes según cada comunidad autónoma, sólo se garantiza la atención médica, incluida la exploración ginecológica, pero los procedimientos en cada lugar son diferentes. En Andalucía se puede acudir al centro médico antes o después de la denuncia, mientras que en Madrid capital hay que denunciar antes de acudir al único hospital de referencia, la Paz, para garantizar la presencia del personal forense. Hospitales como el Clinic de Barcelona, único hospital de referencia en esta ciudad ponen en marcha su propio protocolo de actuación ante una agresión sexual con independencia de que se haya puesto la denuncia o no y por tanto asista personal forense o no.
Ni una sola comunidad autónoma, cuenta con "centros de crisis" (Rape Crisis Center), que como establece el Consejo de Europa deberían facilitar una atención integral a la mujer y a la niña las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Este órgano señala que debería existir un centro de estas características cada 200.000 mujeres o uno por provincia. Sólo en la ciudad de Londres existe uno por barrio, mientras que en toda España no hay ninguno. A esta cifra sumamos que 9 comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Euskadi, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra), junto a Ceuta y Melilla no tienen ni siquiera un centro especializado para asesorar a las víctimas de violencia sexual en horario limitado.
Blanca, y una denuncia que duró 18 horas
BLANCA (nombre ficticio) fue violada el 8 de mayo de 2016 a cuatro portales de su casa, tenía 19 años. Tras contárselo a su madre fueron a denunciarlo a comisaría. Blanca tenía marcas en el cuello y su ropa estaba rota tras la agresión. En la comisaría de su barrio les indicaron que no podían tomar su denuncia y que debían ir a la Unidad de Atención y Familia y a la Mujer de la Policía Nacional (UFAM), la única comisaría especializada en este tipo de delitos en Madrid. En esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró 5 horas: "Las preguntas eran muy repetitivas, y el policía hacía como caras, me hacía sentir incómoda, porque yo veía en su cara que no me creía". En todo este tiempo nadie informó a la madre de lo que estaba pasando dentro.
Tampoco le explicaron que tenía derecho a asesoría legal antes de realizar la denuncia, ni de cuál era el centro hospitalario al que tenía que acudir para poner en marcha el protocolo de intervención en casos de violación. En autobús, con la misma ropa y las mismas marcas recorrió dos hospitales hasta llegar a La Paz, el único centro hospitalario que puede hacer este tipo de intervenciones. El trato del personal médico fue correcto, pero pese a la denuncia, el forense de guardia se negaba a acercarse a supervisar la intervención médica. Su trato fue malo con Blanca, no guardó su intimidad porque a voz en grito discutió con el médico hasta que terminó atendiéndola. Los pacientes de urgencias fueron testigos de la bronca. El forense, al final de la intervención, se negó a llevarse las pruebas recopiladas por el ginecólogo. Tras estas horas de horror, volvieron al lugar de la agresión, donde otros miembros de la policía tomaron muestras. Habían pasado 18 horas cuando ya en su casa Blanca pudo ducharse, cambiarse de ropa y comer.
"Aparte de ser violada, tener ese trato por parte de las autoridades que se supone que tienen que ayudarnos. Es muy fuerte, para mí fue lo peor. No digo que peor que la violación, porque fue horrible, pero uno espera otro trato por personas que esperas que te den ayuda. Y no lo recibí". A día de hoy, más de dos años después, nadie desde la administración de justicia, ni desde la policía le han contactado para informarle sobre cómo va la investigación.
Poco enfoque de género y muchos prejuicios
LA ROPA de la víctima, la hora en la que se produjo la violación, si había bebido o no, su nacionalidad, no pueden ser utilizados para mermar la credibilidad de las mujeres cuando llegan a comisaría a poner una denuncia, cuando son atendidas en un hospital o cuando interviene personal forense. La calidad de la atención en la mayoría de los casos dependen de la sensibilidad de la persona con la que se encuentre la víctima. La falta de formación con perspectiva de género de policía, personal médico, forense o judicial da cancha libre a estereotipos que hacen dudar de la víctima, minimizan las violaciones que sufren e incluso las responsabiliza de las mismas. Todo menos ponerse en la piel de lo que siente una mujer cuando ha sido agredida sexualmente. Unos estereotipos que se irán repitiendo en los informes que estos profesionales tienen que desarrollar y que tendrán un peso relevante en el momento del juicio, si llega a celebrarse. Unos estereotipos que nos hacen recordar el juicio de "la manada" y el trato que la víctima recibió primero por los medios de comunicación, después por la defensa de los violadores, y por último por parte de algunos miembros del tribunal.
Reconocemos, sin dudarlo, el derecho a la presunción de inocencia. Pero éste no puede basarse en el cuestionamiento del testimonio de una mujer que ha sido agredida y pide ayuda. Estamos fallando, y mucho, como sociedad cuando entre todos a la que sentamos en el banquillo de los acusados es a la víctima.
La falta de sensibilidad con este tipo de delitos no son hechos aislados, son una forma de intervenir. “Uno de los policías se reía y yo le dije: ʿSi esto le pasa a tu hermana, a tu mujer, a tu hija, seguro que buscas hasta debajo de la tierra para dar con los agresores'. Si no me creen, perdónenme, yo no quiero hablar con ustedes". Es el relato que Olga, mujer de origen ruso, cuenta a las investigadoras de Amnistía Internacional. Logró sobrevivir a la violación múltiple de un grupo de desconocidos que le provocaron numerosas heridas internas. Tras acudir a la Guardia Civil de una localidad gallega para denunciar lo que le había sucedido, encontró que ni la creían, ni le mostraban humanidad, ella estaba en situación administrativa irregular y ellos creyeron que se lo inventó todo para quedarse en España. Un mes después la detuvieron por un supuesto delito de simulación de delito. Fue trasladada a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) donde no recibió atención médica ni psicológica adecuada, y se decretó su orden de expulsión. Una decisión que logró paralizarse in extremis gracias a la mediación de varias ONG y a la intervención de la Defensora del Pueblo.
Atención versus denuncia
LA LEY de violencia de género establece que las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular víctimas de violencia de género o de violencia sexual por parte de sus parejas o ex parejas no pueden ser expulsadas del país en caso de que decidan presentar una denuncia. Las mujeres extranjeras "sin papeles" que son agredidas por terceros no correrían la misma suerte si decidieran denunciar y se expondrían a que se las expulse del país.
A Amnistía Internacional le preocupa que sea necesario que la víctima presente una denuncia para que se garantice la intervención de personal forense. Limitar una atención adecuada, el acompañamiento o la protección a la víctima a la presentación de una denuncia, deja sin atención a muchas mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Es el caso de las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular que, como Olga, se podrían enfrentar a una orden de expulsión, a las trabajadoras domésticas que pueden perder sus trabajos, a las mujeres con discapacidad que en muchos casos son violadas o abusadas por su familiares o cuidadores, las mismas personas con las que tendrían que acudir a un centro médico en el caso que decidieran pedir ayuda.
Pero también quedarían fuera de la atención y la protección todas aquellas mujeres que no denuncian porque creen que no las van a creer, porque tienen miedo a la estigmatización, porque han sido violadas o abusadas por sus jefes y pueden perder su trabajo, o porque han sido violadas por familiares y temen ser rechazadas por su entorno más cercano, porque desconfían de las autoridades. España sigue estando muy por debajo de la media europea en cuanto al número de denuncias presentadas por violencia sexual, según Eurostat en 2015 se denunciaron 2,65 violaciones por cada 100.000 habitantes, ocupando el puesto 25 de los 32 países analizados. En palabras de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer: "La tasa de denuncias revela si la mujeres creen en la eficacia de los Estados para combatir la violencia". En 2018, según datos del Ministerio del Interior, casi 5 hombres son denunciados diariamente por las mujeres a las que han violado. En 2018, se denunciaron un total de 1.702 violaciones.
"No volvería a denunciar" no puede ser el final
UNA DE LAS abogadas de la ONG ADAVAS nos aseguraba durante la investigación que: "El 100 por cien de las mujeres con las que había trabajado no volvería a denunciar, incluso con condena. ¿Por qué van a querer pasar por ese infierno?".
En 2013, Raquel llevaba dos meses siendo acosada por un chico mayor de edad, aunque su madre Mónica Méndez no lo sabía. El tipo de pedía fotos y la amenazaba con sacar a la luz fotos hackeadas por él. El 19 de abril la niña se lo cuenta a su madre que decide denunciarlo. En comisaría le dicen: "Esto hay que investigarlo, ahora no podemos hacer nada". Al día siguiente, la niña se suicida, la policía se asusta y: "Querían venir el mismo día que pasó para descargar los mensajes del ordenador. Les estuve diciendo que tenían que proteger a la menor, no lo hicieron. Yo ya no tenía prisa".
Tras el suicidio decide denunciar al acosador. Y la causa por "amenazas" se fija cuatro años después. Mónica ni siquiera pasó a sala, su abogada le explica en el pasillo que la defensa de él ha investigado a la niña y su intención es desacreditarla, tenían incluso pensado citar al padre contra quién había habido denuncias por abuso hacia la menor. Mónica está en shock, le recomiendan negociar, y al final, llegan a un acuerdo económico, 5 euros de multa durante 18 meses y antecedentes penales: "Mi hija valía 2000 euros".
"No volvería a denunciar" no puede ser la idea con la que se queden las mujeres víctimas de violencia sexual después de haber pedido protección a las instituciones y haber vivido el proceso judicial como una experiencia traumática. No pueden ser ellas, las mujeres y las niñas, las que sean juzgadas durante todo el proceso.
¿Y qué haría yo si me violaran?
DENUNCIARÍA para poner nombre y datos a un problema que afecta a demasiadas mujeres en este país. Denunciaría para visibilizar los obstáculos y las piedras a las que tenemos que enfrentarnos. Denunciaría para que las administraciones no puedan seguir mirando hacia otro lado. Junto a las mujeres que han salido a la calle seguiría denunciando con campañas como la de Amnistía Internacional, cuyo manifiesto Basta de obstáculos para las víctimas de violencia sexual, ya suscriben 85.000 personas y más de 300 organizaciones.
Estamos en un momento histórico, millones de mujeres ya han salido a la calle para decir que no están dispuestas a consentir que las víctimas sean las únicas cuestionadas, que se tengan que enfrentar a un camino lleno de piedras, que tengan que escuchar preguntas como '¿Qué ropa llevabas?', que sean tratadas como agresoras y no como agredidas por el sistema judicial, que sean señaladas de antemano.
Más allá de la situación política del país, es necesario que los diferentes partidos lleguen a unos compromisos mínimos y urgentes para garantizar los derechos de las mujeres que sufran violencia sexual: recopilar datos que ayuden a impulsar políticas públicas coordinadas entre diferentes administraciones; crear servicios de emergencia 24 horas al día, los 365 días del año; garantizar la aplicación de un Protocolo Común para la Actuación Sanitaria también para la violencia sexual; reformar el Código Penal en lo referente a todos los delitos sexuales garantizando que se protege la autonomía sexual y el consentimiento libremente dado de acuerdo con los estándares internacionales; facilitar asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas; e impulsar su reparación mediante la rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Vivimos un momento en el que la mayoría de la sociedad no está dispuesta a consentir que mujeres y niñas se encuentren solas en un recorrido lleno de obstáculos que también viola sus derechos. Millones de mujeres han tomado las calles y no las abandonarán hasta que esos derechos estén completamente garantizados. ¡Nos vemos en la calle!
Carmen López es periodista y del equipo de Amnistía Internacional España (@amnistiaespana).
Revista Trabajadora, n. 66 (marzo de 2019).
En noviembre de 2018, Amnistía Internacional España presentaba ante los medios de comunicación su trabajo Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas, en el mismo se define qué es la violencia sexual, analiza casos concretos y se adentra en la ausencia de políticas públicas para prevenir y abordar la violencia sexual de manera especializada. Por último, aborda cuáles son los derechos que no se están garantizando a las víctimas y algunas recomendaciones a los poderes públicos en materia de políticas públicas, asistencia, ámbito legislativo y jurídico, ámbito sanitario. El informe finaliza con una recomendación a la importancia de la reparación.
