OPINIÓN de Eduardo Madroñal Pedraza.- ¿Y si Pujol, Mas, Puigdemont, Torra y compañía son meros ‘patriotas gibraltareños’?
La élite independentista del procés, actualmente enjuiciada con retrasmisión en directo, se llenaba la boca con la defensa de una Cataluña independiente. Para ello tenía un plan A en el que la Generalitat hablaba de una “ruptura pactada”. Pero también tenía un plan B, en el que se contemplaba la “desconexión forzosa”, y se tomaban medidas, como la creación de un “plan de contingencia” o “sistema de cortafuegos” para que la seguridad social de la Cataluña independiente asumiera todo el poder en un escenario de enfrentamiento abierto con el Estado. Para ello planificaba el control directo de las cotizaciones de los trabajadores de las 233 entidades dependientes de la Generalitat, y sumar las cotizaciones de las 100 empresas privadas más importantes de Cataluña, entre ellas destacados oligopolios extranjeros.
Según los documentos incautados por la policía en los despachos de altos cargos del Departamento (Consejería) de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat no se trataba ni mucho menos de un asunto menor. El Govern de Puigdemont llevaba trabajando desde octubre de 2016, un año antes del 1-O y la DUI, en la creación de un organismo que asumiera todas las competencias de la Seguridad Social en Cataluña ante una ruptura unilateral. Lo que suponía la apropiación de todas las cotizaciones de los trabajadores catalanes, y el control directo de las pensiones.
Según el informe de la Guardia Civil presentado en el juicio, quien había recibido el encargo de ser “responsable de su desarrollo para gestionar la afiliación, la cotización y el pago de las prestaciones sociales en una futura Cataluña independiente era IBM, uno de los gigantes informáticos mundiales y un oligopolio muy importante integrado en la clase dominante norteamericana.
Pero no era la única gran empresa estadounidense que trabajaba para el procés. Según informes incautados a altos cargos de la Generalitat demuestran, se pagaron 200.000 euros a Deloitte para que “realizará el seguimiento del despliegue” de la Agencia Catalana de Protección Social, dentro de un diseño donde la Generalitat asumiría todas las competencias -desde pensiones a los subsidios de desempleo, que hoy son competencia exclusiva del Estado-.
Y Deloitte no es cualquier empresa. Es una de las llamadas “Big Four” (las cuatro grandes), un auténtico oligopolio que monopoliza el sensible sector de las auditorías en el mundo. De hecho, controla la mayoría de las cuentas de los bancos y grandes empresas del Ibex-35 en España. Su poder es tan grande que, por ejemplo, fue Deloitte quien precipitó el desplome de Bankia al negarse a dar el visto bueno a sus cuentas.
También podemos encontrarnos a otro “servidor” norteamericano, Hewlett Packard (HP) -este oligopolio estadounidense es uno de los gigantes de las tecnologías de la información-. HP llegó a un acuerdo con la Generalitat, por el que cobraría 4 millones de euros, para impulsar un centro de procesamiento de datos que almacenara toda la información de la Agencia Catalana de Protección Social. Así mismo, HP creó el censo de voluntarios para el 1-O, y proporcionó la tecnología para poder descargarse los datos de los ciudadanos catalanes y con ellos confeccionar el censo que se utilizó en el referéndum independentista.
A lo que hay que añadir que oligopolios alemanes, participados por el Estado, como T-Systems trabajaron igualmente en el procés, cuya intervención se suma a la que acabamos de detallar de los gigantes monopolistas norteamericanos. Esto significa la implicación, no solo económica sino política, de dos grandes potencias, EEUU y Alemania, en uno de los mayores ataques contra la unidad e integridad territorial de España. Y es una muy inquietante noticia para los españoles, noticia que, sorprendente y preocupantemente, no está generando el escándalo social y político que se merece. Porque ¿y si el procés es yanqui-germano? ¿y si Pujol, Mas, Puigdemont, Torra y compañía son meros ‘patriotas gibraltareños’?
Eduardo Madroñal Pedraza
La élite independentista del procés, actualmente enjuiciada con retrasmisión en directo, se llenaba la boca con la defensa de una Cataluña independiente. Para ello tenía un plan A en el que la Generalitat hablaba de una “ruptura pactada”. Pero también tenía un plan B, en el que se contemplaba la “desconexión forzosa”, y se tomaban medidas, como la creación de un “plan de contingencia” o “sistema de cortafuegos” para que la seguridad social de la Cataluña independiente asumiera todo el poder en un escenario de enfrentamiento abierto con el Estado. Para ello planificaba el control directo de las cotizaciones de los trabajadores de las 233 entidades dependientes de la Generalitat, y sumar las cotizaciones de las 100 empresas privadas más importantes de Cataluña, entre ellas destacados oligopolios extranjeros.
Según los documentos incautados por la policía en los despachos de altos cargos del Departamento (Consejería) de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat no se trataba ni mucho menos de un asunto menor. El Govern de Puigdemont llevaba trabajando desde octubre de 2016, un año antes del 1-O y la DUI, en la creación de un organismo que asumiera todas las competencias de la Seguridad Social en Cataluña ante una ruptura unilateral. Lo que suponía la apropiación de todas las cotizaciones de los trabajadores catalanes, y el control directo de las pensiones.
Según el informe de la Guardia Civil presentado en el juicio, quien había recibido el encargo de ser “responsable de su desarrollo para gestionar la afiliación, la cotización y el pago de las prestaciones sociales en una futura Cataluña independiente era IBM, uno de los gigantes informáticos mundiales y un oligopolio muy importante integrado en la clase dominante norteamericana.
Pero no era la única gran empresa estadounidense que trabajaba para el procés. Según informes incautados a altos cargos de la Generalitat demuestran, se pagaron 200.000 euros a Deloitte para que “realizará el seguimiento del despliegue” de la Agencia Catalana de Protección Social, dentro de un diseño donde la Generalitat asumiría todas las competencias -desde pensiones a los subsidios de desempleo, que hoy son competencia exclusiva del Estado-.
Y Deloitte no es cualquier empresa. Es una de las llamadas “Big Four” (las cuatro grandes), un auténtico oligopolio que monopoliza el sensible sector de las auditorías en el mundo. De hecho, controla la mayoría de las cuentas de los bancos y grandes empresas del Ibex-35 en España. Su poder es tan grande que, por ejemplo, fue Deloitte quien precipitó el desplome de Bankia al negarse a dar el visto bueno a sus cuentas.
También podemos encontrarnos a otro “servidor” norteamericano, Hewlett Packard (HP) -este oligopolio estadounidense es uno de los gigantes de las tecnologías de la información-. HP llegó a un acuerdo con la Generalitat, por el que cobraría 4 millones de euros, para impulsar un centro de procesamiento de datos que almacenara toda la información de la Agencia Catalana de Protección Social. Así mismo, HP creó el censo de voluntarios para el 1-O, y proporcionó la tecnología para poder descargarse los datos de los ciudadanos catalanes y con ellos confeccionar el censo que se utilizó en el referéndum independentista.
A lo que hay que añadir que oligopolios alemanes, participados por el Estado, como T-Systems trabajaron igualmente en el procés, cuya intervención se suma a la que acabamos de detallar de los gigantes monopolistas norteamericanos. Esto significa la implicación, no solo económica sino política, de dos grandes potencias, EEUU y Alemania, en uno de los mayores ataques contra la unidad e integridad territorial de España. Y es una muy inquietante noticia para los españoles, noticia que, sorprendente y preocupantemente, no está generando el escándalo social y político que se merece. Porque ¿y si el procés es yanqui-germano? ¿y si Pujol, Mas, Puigdemont, Torra y compañía son meros ‘patriotas gibraltareños’?
Eduardo Madroñal Pedraza
