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La pobreza vuelve a Brasil

En Brasil, después de más de una década de progresos significativos en la lucha contra la pobreza a través de inversiones públicas en salud, educación y protección social, la enmienda constitucional 95/2016 (CA 95), conocida como la "Regla de gasto", entró en vigor en 2017, congelándose gasto público por 20 años. "Al constitucionalizar la austeridad de esta manera", comenta el informe del INESC, "a los futuros gobiernos elegidos se les impedirá determinar democráticamente el tamaño de los derechos humanos y las necesidades básicas de inversión".





La norma CA 95 ya ha comenzado a "afectar desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos" ya que "se desvían recursos significativos de los programas sociales hacia los pagos del servicio de la deuda". Estas decisiones fiscales "ponen en riesgo los derechos sociales y económicos básicos de millones de brasileños, incluidos los derechos a la alimentación, la salud y la educación, la implementación de los ODS, al tiempo que agravan las desigualdades de género, raciales y económicas". También podrían constituir una violación masiva de los derechos sociales y económicos, ya que "el gobierno brasileño no ha demostrado que la CE 95 sea necesaria, proporcionada y una medida de último recurso, ni que se hayan explorado y analizado medidas alternativas menos restrictivas". De hecho, NESC, CESR y Oxfam argumentan que las alternativas, como los impuestos más progresivos y la lucha contra los abusos fiscales, están fácilmente disponibles.

Fuente: Informe nacional de Brasil (en inglés), Social Watch Report 2018.

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