Greenpeace bloquea la calle Alcalá para exigir al Ayuntamiento que no elimine las multas de Madrid Central
Activistas de Greenpeace han impedido a los vehículos contaminantes la entrada en la zona de bajas emisiones para denunciar su enorme impacto.
Hoy entra en vigor la moratoria de sanciones, que suspende ‘de facto’ Madrid Central al no multar a los conductores infractores.
Cualquier retroceso en las medidas contra la contaminación pone en riesgo la salud de los ciudadanos y nos enfrenta a sanciones de la Unión Europea.
Activistas de Greenpeace han bloqueado desde primera hora de la mañana el acceso a Madrid Central, desde la calle Alcalá, para reclamar al Ayuntamiento que no rebaje una medida que ha demostrado su eficacia reduciendo la contaminación a su valor más bajo en 10 años, tal y como ha demostrado Greenpeace en un reciente informe.
Esta acción coincide con el primer día sin multas a los infractores, tras la moratoria aprobada por el nuevo ejecutivo municipal que durará al menos 3 meses. Una decisión arbitraria que deja sin efectos la zona de bajas emisiones, implantada el pasado año como parte del ‘Plan A’ de calidad del aire.
Bajo la pancarta “Madrid Central Funciona” y vestidos con camisetas con el logo oficial, los activistas de Greenpeace han impedido el acceso a los automóviles que pretendían entrar en el centro aprovechando la moratoria. La organización recuerda así que Madrid Central sigue en vigor con o sin multas, y anima a los ciudadanos a seguir utilizando el transporte público y evitar ir al centro en coche. Con esa intención se ha dejado libre el carril bus, permitiendo el paso a los autobuses y vehículos de emergencia.
“No podemos confiar en un Ayuntamiento que afirma que quiere mejorar Madrid Central y lo primero que hace es dejar de velar por su cumplimiento”, ha afirmado Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace, quien ha recordado también que “tanto el alcalde Almeida como sus socios de Vox fueron claros en campaña: si ellos gobernaban, Madrid Central sería eliminada.”
Eliminar Madrid Central sería un paso atrás
Para justificar la moratoria, el Ayuntamiento de Madrid argumenta que ha habido errores en la gestión de las multas. Greenpeace recuerda que todas las incidencias fueron solventadas desde el 17 de abril, y no se han producido nuevos errores desde entonces, según los propios informes técnicos del Ayuntamiento.
La moratoria de tres meses sin sanciones no solo genera un efecto llamada para ir en coche al centro, sino que ha sido tomada sin consultar a la Comisión de Seguimiento de Madrid Central. Por este motivo, en la acción de hoy, Greenpeace ha exigido una reunión inmediata del Alcalde con la Plataforma en Defensa de Madrid Central, de la que Greenpeace forma parte junto a decenas de organizaciones sociales, escolares y ecologistas.
Greenpeace también denuncia el uso partidista de las instituciones tras la rápida aprobación por parte del Consorcio de Transportes de un refuerzo extraordinario de metro y autobús a partir de hoy lunes. La organización ecologista recuerda que la Comunidad de Madrid disminuyó la oferta en el metro durante la implantación de Madrid Central el pasado año, con el único objetivo de entorpecer la aplicación de la medida.
La acción realizada hoy por Greenpeace se suma a las movilizaciones puestas en marcha por la Plataforma en Defensa de Madrid Central, como la multitudinaria manifestación de este pasado sábado exigiendo que se mantenga el proyecto, y continuará su actividad mientras el Ayuntamiento no aclare sus planes respecto a Madrid Central.
La restricción de los vehículos contaminantes es la medida más efectiva para frenar los niveles de contaminación en las ciudades, la cual provoca 38 600 muertes prematuras en España por la exposición continua a las sustancias emitidas por el vehículo privado. Con estos datos, Greenpeace considera prioritaria la protección de la salud pública por encima de cualquier otro interés. Además, la Comisión Europea mantiene un expediente sancionador sobre España por incumplir los niveles de NO2 y cualquier modificación sobre Madrid Central expone a nuestro país a sanciones que podrían alcanzar los 500 millones de euros.
