EFEverde
La degradación del Mar Menor no es un fenómeno novedoso sino que "se viene contando desde hace 30 años" en los medios de comunicación ante la indiferencia de las administraciones, según el periodista ambiental Miguel Ángel Ruiz, hasta que esta "especie de riñón natural de repente dijo 'basta'".
Así lo explicaba este informador de ‘La Verdad de Murcia” durante un reciente seminario de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), a raíz del episodio de mortandad de miles de peces tras las lluvias torrenciales que afectaron la región el otoño pasado.
Los grupos ecologistas denunciaron, sin embargo, que las autoridades locales no se habían preocupado por su progresivo deterioro, permitiendo el “incumplimiento de las directivas europeas”, la perforación de pozos y desalobradoras ilegales y la desnaturalización del entorno,.
El Gobierno central se alineó con los ecologistas y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, acusó al ejecutivo murciano de ser “responsable del estado insostenible” del Mar Menor, mientras que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, insistía en que lo sucedido ponía de manifiesto “el colapso de un modelo no sostenible” y anunciaba medidas “inmediatas” como el refuerzo de la vigilancia y control sobre el agua y los vertidos a través de la Confederación Hidrográfica del Segura .
A finales de octubre del año pasado, unas 55 000 personas -según cálculos de la Policía Nacional y Local- se manifestaban en Cartagena para exigir la recuperación ambiental de la región bajo el lema “SOS Mar Menor”, mientras los impulsores de varias campañas de protección de la zona remitían 350 000 firmas al Ministerio para la Transición Ecológica pidiendo acciones “efectivas”.
Hace apenas unos días, Ribera declaraba que el Gobierno central y el regional tenían la “obligación de trabajar conjuntamente” aplicando “soluciones integrales, estructurales y de fondo” respecto a “los vertidos, el tipo de agricultura y la implicación del gobierno autonómico”. EFEverde
Así lo explicaba este informador de ‘La Verdad de Murcia” durante un reciente seminario de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), a raíz del episodio de mortandad de miles de peces tras las lluvias torrenciales que afectaron la región el otoño pasado.
La minería, la agricultura y la ganadería masivas, la apertura del Canal del Estacio, el urbanismo y los vertidos incontrolados y ahora también el cambio climático son en opinión de Ruiz los principales culpables del deterioro de la laguna salada más grande de España, cuyo nivel de protección ambiental es “muy mejorable”.
La catástrofe ambiental fue achacada por el gobierno regional de Murcia a la gota fría que inundó la zona y arrastró grandes masas de agua dulce con sedimentos y restos orgánicos hasta el Mar Menor, lo que colapsó la vida marina al dejarla sin oxígeno.Los grupos ecologistas denunciaron, sin embargo, que las autoridades locales no se habían preocupado por su progresivo deterioro, permitiendo el “incumplimiento de las directivas europeas”, la perforación de pozos y desalobradoras ilegales y la desnaturalización del entorno,.
El Gobierno central se alineó con los ecologistas y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, acusó al ejecutivo murciano de ser “responsable del estado insostenible” del Mar Menor, mientras que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, insistía en que lo sucedido ponía de manifiesto “el colapso de un modelo no sostenible” y anunciaba medidas “inmediatas” como el refuerzo de la vigilancia y control sobre el agua y los vertidos a través de la Confederación Hidrográfica del Segura .
A finales de octubre del año pasado, unas 55 000 personas -según cálculos de la Policía Nacional y Local- se manifestaban en Cartagena para exigir la recuperación ambiental de la región bajo el lema “SOS Mar Menor”, mientras los impulsores de varias campañas de protección de la zona remitían 350 000 firmas al Ministerio para la Transición Ecológica pidiendo acciones “efectivas”.
Hace apenas unos días, Ribera declaraba que el Gobierno central y el regional tenían la “obligación de trabajar conjuntamente” aplicando “soluciones integrales, estructurales y de fondo” respecto a “los vertidos, el tipo de agricultura y la implicación del gobierno autonómico”. EFEverde
