Mujeres Sin Tierra
La acción tiene como objetivo denunciar las nocivas políticas económicas, fundiarias y agrarias del gobierno de Jair Bolsonaro.
Las mujeres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ocuparon el Ministerio de Agricultura en Brasilia, capital de Brasil, este lunes (09) por la mañana. Participaron de la protesta 3500 trabajadoras de 24 estados del país. La movilización forma parte de la Jornada Nacional de Lucha de las Mujeres Sin Tierra.
Durante la acción, las trabajadoras denunciaron la distribución de títulos individuales de tierra para integrantes de los asentamientos de la reforma agraria, la llamada titularización de tierras, que tiene como objetivo privatizar áreas de la agricultura, los recortes en las inversión públicas y la liberación desenfrenada de agrotóxicos por parte del gobierno de Jair Bolsonaro.
Sobre la distribución de títulos individuales de lotes de tierra para integrantes de los asentamientos, la acción efectivamente regulariza la venta de lotes de la Reforma Agraria y asigna al Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra) la responsabilidad en relación a áreas colectivas de asentamientos donde se ubican las escuelas y centros de formación organizados por el MST. “Siempre hemos defendido el Contrato de Concesión de Uso (CCU) porque limita la mercantilización de las tierras conquistada y para nosotros la tierra es un bien común de la naturaleza y no una mercancía”, explica Maria da Silva Trindade, militante del MST.
Pese a los esfuerzos del actual gobierno para ocultar su fracaso en la economía, los brasileños sufren en carne propia la caída en las inversiones públicas que supera la cifra de R$ 66 mil millones entre 2012 y 2014 y ahora en 2020 estará por debajo de R$ 20 mil millones, según pronósticos. En este contexto, se incrementa el desempleo, se multiplica el número de personas en la pobreza, sin techo y sin alimentos, tanto que Brasil volvió a estar en el Mapa del Hambre, un análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).
“Este escenario salió mal en otros país pero encuentra aquí las mismas justificaciones fantasiosas. Se trata de una mentira esta idea de que si el gobierno tiene menos gastos, el mercado tendrá más confianza y todo se mejorará”, critica la militante del MST. Según ella, la derecha bolsonarista y paramilitar es la expresión del proyecto ultraliberal que tiene como objetivo destruir los derechos de la clase obrera.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, fueron concedidas 474 nuevas licencias para el registro de agrotóxicos, la más grande concesión de licencia de los últimos 15 años. Además de eso, las políticas de la reforma agraria fueron desmanteladas a través de decretos que reducen la estructura del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). El decreto n° 10.252 extinguió el Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (Pronera), el programa Tierra y Sol y otros programas de incentivo hacia las comunidades de asentamientos, quilombolas y comunidades tradicionales.
Lo mismo pasó con el Programa de Adquisición de Alimentos que el año pasado contó con R$ 188 millones y ahora pasará se reducirá a R$ 101 millones.
Además, el gobierno de Jair Bolsonaro está decidido a privatizar las tierras y fomentar la deforestación ambiental. Un ejemplo es la MP 901/19 que en la práctica quitará 4.745 hectáreas de flora nativa de los estados de Amapá y Roraima de la protección ambiental y liberará estas áreas para la minería.
La acción tiene como objetivo denunciar las nocivas políticas económicas, fundiarias y agrarias del gobierno de Jair Bolsonaro.
Durante la acción, las trabajadoras denunciaron la distribución de títulos individuales de tierra para integrantes de los asentamientos de la reforma agraria, la llamada titularización de tierras, que tiene como objetivo privatizar áreas de la agricultura, los recortes en las inversión públicas y la liberación desenfrenada de agrotóxicos por parte del gobierno de Jair Bolsonaro.
Sobre la distribución de títulos individuales de lotes de tierra para integrantes de los asentamientos, la acción efectivamente regulariza la venta de lotes de la Reforma Agraria y asigna al Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra) la responsabilidad en relación a áreas colectivas de asentamientos donde se ubican las escuelas y centros de formación organizados por el MST. “Siempre hemos defendido el Contrato de Concesión de Uso (CCU) porque limita la mercantilización de las tierras conquistada y para nosotros la tierra es un bien común de la naturaleza y no una mercancía”, explica Maria da Silva Trindade, militante del MST.
“Este escenario salió mal en otros país pero encuentra aquí las mismas justificaciones fantasiosas. Se trata de una mentira esta idea de que si el gobierno tiene menos gastos, el mercado tendrá más confianza y todo se mejorará”, critica la militante del MST. Según ella, la derecha bolsonarista y paramilitar es la expresión del proyecto ultraliberal que tiene como objetivo destruir los derechos de la clase obrera.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, fueron concedidas 474 nuevas licencias para el registro de agrotóxicos, la más grande concesión de licencia de los últimos 15 años. Además de eso, las políticas de la reforma agraria fueron desmanteladas a través de decretos que reducen la estructura del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). El decreto n° 10.252 extinguió el Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (Pronera), el programa Tierra y Sol y otros programas de incentivo hacia las comunidades de asentamientos, quilombolas y comunidades tradicionales.
Además, el gobierno de Jair Bolsonaro está decidido a privatizar las tierras y fomentar la deforestación ambiental. Un ejemplo es la MP 901/19 que en la práctica quitará 4.745 hectáreas de flora nativa de los estados de Amapá y Roraima de la protección ambiental y liberará estas áreas para la minería.
