OPINIÓN de Sergio Ortiz
La situación sanitaria sigue empeorando, con contagios y muertes en todo el país. Según el presidente, puede haber “botón rojo”. ¿Realmente tiene a mano ese botón de emergencia total? Y sobre todo, ¿se animará a usarlo?
Las estadísticas repetidas todas las mañanas por la viceministra de Salud, Carla Vizzotti y ventiladas por los medios de información, con sus matices políticos sesgados, dan cuenta de que el problema ya es un problemón.
No sólo por los contagiados y muertos, que diariamente son 10.000 y cerca de 200, respectivamente, sino por otros datos sobre el drama provocado por el COVID-19.
Antes el 90 por ciento de los casos estaba localizado en el AMBA. Ahora esa proporción bajó al 65, porque se infectó más el resto del país, donde el impacto era menor. Las llamas de ese incendio también carcomen a Santa Fe, Jujuy, Córdoba, Río Negro, Salta, etc.
Antes se temía que no alcanzaran las camas UTI disponibles. Ahora ese riesgo ya es real en Jujuy, pero en el resto -sin llegar a ser la gran carencia – se nota la falta de personal médico, terapistas, enfermeras y demás personal de salud que se contagió, está bajo estrés o murió. Un duro comunicado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) puso de relieve esa durísima realidad; las autoridades nacionales y provinciales admitieron que era la cruda verdad.
Aludiendo al futuro más o menos cercano, el ministro Ginés González García dijo que si nos nos cuidamos “esto va a ir muy mal”. En realidad lo suyo, bien intencionado, fue eufemístico porque ese futuro llegó hace rato, diría el Indio Solari. Estamos muy mal, ahora, aunque haya unos cuantos argentinos que lo nieguen y hasta se burlen mientras ellos y el país se caen al abismo, caso de los tilingos que bebían y negaban la realidad en un boliche del cerro Chapelco.
A contramano de esa evolución negativa sanitaria, la derecha política que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, siguió con la reapertura de todos los negocios, incluso bares y restaurantes con mesas y sillas a la calle. En este punto Axel Kicillof tiene un mejor punto de vista, afín a la defensa de la vida y la salud. En otros asuntos, como la “seguridad”, el gobernador bonaerense confluye con aquella derecha política pues anunció junto Alberto Fernández y Sergio Berni planes de más cárceles, policías y patrulleros, como sinónimo de seguridad ciudadana.
Más sensible a la realidad, el presidente dijo que “puede haber botón rojo”, en un reportaje con “A dos voces”, el programa de la voz única de Héctor Magnetto. A propósito, ¡cuánta pobreza mediática de la democracia, al punto que no hay en la televisión pública un solo programa político! El síndrome albertista contra lo que fue “678” dejó al Estado sin voz.
Hablando de Magnetto, los cortes de Internet del viernes, ¿serán su reproche por el congelamiento de tarifas?
El presidente dijo que la cuarentena no existe porque muy pocos la respetan y entonces uno se pregunta si existe el “botón rojo”. Y sobre todo, dudar si aquél tiene la voluntad política y decisión de usarlo, llegado el caso. El caso ya llegó. Ahora hay que apretar ese botón e imponer una cuarentena tipo Wuhan o al menos como la que imperó entre nosotros en marzo y abril. De lo contrario estaremos más al horno, quemados.
Muchas necesidades populares
Conservar la vida y no perderla a manos del coronavirus, es una prioridad. No es la única, pues conservarla tiene sentido si al mismo tiempo podemos vivirla con dignidad, con un empleo y salario que cubra el costo de la vida, un techo donde vivir, escuela para hijos y nietos, acceso a la salud pública de buen nivel, goce de los derechos humanos sin que la policía y otras fuerzas de Seguridad te golpeen, baleen o desaparezcan.
¿Y por casa cómo andamos en esos rubros esenciales? Una respuesta objetiva sería: entre regular y mal. Y esa nota no significa echarle toda la culpa a Fernández y Cristina, porque todos saben o debieran saber de dónde venimos. Pasó Mauricio Macri y Argentina quedó en crisis. Fue una especie de Atila: por donde pasaba su caballo no crecía el pasto.
Al margen de aquella comprensión del negativo pasado macrista, mucha gente está hoy sin empleo. Y quienes lo conservaron han sufrido recortes salariales, pese al decreto presidencial que los prohibía con la mano y Trabajo lo borraba con el codo.
Tantísima gente no tiene dónde vivir porque no puede pagar el alquiler, cuyas subas fueron también temporalmente prohibidas y ahora serían autorizadas. Muchos humildes han ocupado tierras, fiscales en su mayoría y privadas en algunos casos. Allí han montado sus carpas o covachas de nylon y maderas donde alojarse, para hacerse un techo más adelante.
Según Seguridad bonaerense hubo tomas en La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín y San Fernando.
También las hubo en Lago Mascardi, Río Negro; zona sur de Salta y misma zona de Córdoba capital, etc.
Es un fenómeno que viene de lejos. Juan Grabois les recordó a los punitivistas partidarios del desalojo policial que en Buenos Aires hay 4.400 barrios que se originaron en asentamientos. Polemizando con el bando pro-represión, el referente de UTEP les recordó a Eva Perón: “donde hay una necesidad hay un derecho”.
Lamentablemente, a favor de la represión hay una parte de la sociedad, que llamó a armarse y marchar contra los ocupantes en Mascardi. Esos violentos no son los grandes responsables de la falsa solución al drama. Antes bien, hay que buscarlos en las autoridades nacionales y bonaerenses que anunciaron un plan estatal con inversión de 37.000 millones de pesos para construir 12 nuevas cárceles, remodelar comisarías, sumar 10.000 policías, 2.200 flamantes patrulleros, armas y municiones. También agregarán otros 4 mil efectivos federales al distrito, etc.
El problema de la inseguridad es real, pero la solución policíaca es falsa. Al cronista le gustaría escuchar una palabra de Raúl Zaffaroni y el CELS. ¿Se bancan la doctrina Berni, justo cuando fueron identificados los restos del joven Facundo Astudillo Castro? “¿Querés ser policía?, Yo no”, cantaban Todos Tus Muertos. El cronista también canta.
Esa doctrina represiva cree ser buena carta electoral para 2021 y a eso apunta. Sin embargo, no es buena ni justa, social ni políticamente.
Se van para atrás
La semana termina mal para la exmesa judicial del macrismo, integrada por el expresidente, algunos ministros y funcionarios, agentes de inteligencia, jueces y ciertos periodistas, con perdón de la palabra.
El 30 de julio el Consejo de la Magistratura aprobó por un voto (el de Graciela Camaño, primera vez en su vida que votó bien) la revisión en el Senado de las “promociones” de la decena de especialistas en lawfare o guerra jurídica.
De esos diez magistrados, la atención se centró en tres; Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal, y Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7. Este terceto fue muy activo en amañar procesos ordenados por el gobierno anterior contra CFK y varios exfuncionarios.
El trámite correcto es que los jueces sean nombrados por el Senado, paso que el macrismo omitió, promoviendo a esos alfiles de su guerra política.
El gobierno del Frente de Todos, al iniciar la revisión, estaba dándoles la ocasión a esos magistrados de ser evaluados y eventualmente confirmados en sus altas funciones.
Lejos de aceptarlo y exponer en el Senado sus títulos y razones, presentaron amparos. No concurrieron el viernes a la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta y apostaron a fallos que les salieron mal.
La jueza María Alejandra Biotti rechazó los pedidos de Bruglia y Bertuzzi de ser ratificados. Esa resolución fue confirmada el viernes por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Castelli también fracasó en su cautelar ante la jueza Macarena Marra Giménez.
A los tres les queda sólo la Corte Suprema de Justicia, a la que pidieron intervenir vía el per saltum. El tribunal no se expidió y tiene otra cita el martes, bajo una máxima presión de los interesados y toda la corpo judicial, política y mediática. El falso argumento es que se estaría ante una “maniobra K” contra la justicia para lograr “la impunidad” de la vicepresidenta en causas de corrupción.
La Comisión de Acuerdos del Senado funcionó sin asistencia de los senadores del PRO-Juntos por el Cambio y sin los tres acusados. Se resolvió rechazar la continuidad de esos personajes en sus cargos y promoverles juicio político. Eso se pondrá en consideración del pleno de la Cámara cuando se pueda reunir.
No está claro si esa sesión se podrá hacer pronto, porque la oposición no quiere sesionar, ni virtualmente, consciente de su casi inevitable derrota.
Sería bueno que el Congreso funcione. No sólo para mandar para atrás a esos tres arribistas y cómplices del lawfare sino también para aprobar proyectos más importantes, como el impuesto a las grandes fortunas y la reforma judicial.
Son dos leyes módicas pero necesarias. Frente al COVID-19 hace falta el freno del “botón rojo” y en este caso, urgente, dos “luces verdes”.
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Sergio Ortiz
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