OPINIÓN de Jorge Zavaleta Alegre
La economía informal ha invadido el mundo. Desde los niños que trabajan en lavaderos de oro, los vendedores ambulantes en las grandes avenidas, hasta los que juegan en las bolsas de valores, conviven dentro de la legalidad. Gobiernos, congresos e instituciones oficiales de larga data que emitieron millones de normas, hoy son desconocidas inclusive por quienes las elaboraron. La institucionalidad va perdiendo su razón de ser. Y los encargados de promover el orden legal también son parte activa, responsable de esta crisis, de esta informalidad sin retorno.
Solo la siguiente referencia nos puede llevar la complejidad de la crisis que atraviesa la estructura económica y social del planeta: CooperAcción, a solicitud de CARITAS-Madre de Dios, con el financiamiento de Conservación Internacional elaboro un diagnóstico integral de la minería artesanal en la región sur amazónica. En las publicaciones de puede conocer los problemas ambientales, sociales, económicos, legales, laborales, incluyendo propuestas de estrategias que permitan sustentar la toma de decisiones políticas y la formulación de programas y proyectos orientados a la transformación de la minería artesanal en una actividad responsable en la región.
La minería de oro aluvial requiere el lavado de los sedimentos superficiales con agua utilizando bombas potentes y extrayendo escamas de oro de los sedimentos más finos mediante la amalgamación con mercurio. La actividad causa daños irreversibles a los ecosistemas al promover la deforestación, la erosión y la contaminación del aire y el agua con mercurio y otras toxinas como los hidrocarburos. Los grandes campamentos mineros también causan un aumento local de la caza y la desaparición de especies de animales en los bosques circundantes.
El mercurio liberado en las zonas mineras es un veneno peligroso que se acumula en la cadena alimenticia, particularmente en los peces consumidos por la población local. La mayoría de las especies de peces en Madre de Dios tienen niveles de mercurio en sus tejidos que están por encima de las recomendaciones de la OMS y la EPA.
La minería de oro artesanal legal e ilegal se realiza a menudo en condiciones de salud y seguridad extremadamente deficientes y está vinculada al crimen organizado.
El conjunto de actividades que integran la economía informal es enorme y constituye un ejemplo único de la forma en que las fuerzas sociales afectan la organización de las transacciones económicas. El fenómeno de la economía informal es a la vez engañosamente sencillo y extraordinariamente complejo, trivial en sus manifestaciones cotidianas y capaces de subvertir el orden económico y político de las naciones.
Muchos querrían desechar estas relaciones aparentemente triviales, por considerar que no merecen ser objeto de estudio, hasta que se dan cuenta de que, en su conjunto, representan miles de millones de dólares de ingresos no declarados y que el humilde vendedor o la sencilla empleada doméstica son el último eslabón de complejas cadenas de subcontratación y de contratación y transporte de mano de obra.
Por lo general, las personas no se dan cuenta de que la vestimenta que utilizan, las comidas en un restaurante, e incluso la computadora portátil que emplean, pueden tener alguna relación con la economía informal.
Después del África Subsahariana, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, y la desigualdad del ingreso está empeorando como resultado de la pandemia de la COVID-19. Debido a los efectos a largo plazo que se prevé tendrá esta pandemia, es probable que la desigualdad siga empeorando durante muchos años si no se adoptan las políticas adecuadas.
Esto sería una tragedia para una región donde, entre 2000 y 2018, como resultado del auge en los precios de las materias primas, la pobreza disminuyó sustancialmente y la clase media creció del 23% al 38% de la población. Marcaría un fuerte retroceso en países donde muchos creían que sus vidas estaban mejorando pero donde nueve de cada diez personas todavía opinan que la distribución del ingreso es injusta.
La pandemia de la COVID-19 se ha cobrado más de 260.000 vidas y ha sumido a la región en una profunda recesión. Actualmente, el agravamiento de la desigualdad como resultado de la pandemia representa una amenaza para la estructura de las sociedades de la región, para las perspectivas de los pobres y la clase media y para las posibilidades educativas y profesionales de decenas de millones de jóvenes.
El informe del BID “La crisis de la desigualdad” analiza la desigualdad de la región desde diferentes ángulos y las reformas necesarias para que disminuya, según explica un extenso estudio de Matías Busso y Julián Messina, economistas con gran experiencia en la investigación y la docencia en universidades de gran prestigio.
Ambos ponen el acento en la necesidad de que los gobiernos gasten mejor, mejorando la focalización de los programas sociales para ayudar a los que más lo necesitan. Deben embarcarse en reformas del mercado laboral para ampliar las redes de seguridad a todos los trabajadores. Y tienen que proteger a los jóvenes, implementando políticas que impidan la deserción escolar durante e inmediatamente después de que la pandemia se atenúe. Las medidas a medias no servirán. La región necesita un contrato social nuevo y más incluyente.
Actualmente en América Latina y el Caribe, el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre y el 1% más rico posee más del 20% del ingreso nacional, es decir, el doble del promedio en el mundo industrializado. Las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres y los afrodescendientes y población de origen indígena ganan mucho menos que el resto de la población.
Además, los impactos de la desigualdad comienzan temprano en el ciclo de vida de los latinoamericanos y caribeños. La educación privada y otras oportunidades de las que disfrutan los ricos generan una gran brecha de habilidades, de modo que los niños de la quinta parte más rica de la población a los 15 años tienen el equivalente en habilidades de dos años más de educación que la quinta parte más pobre.
Esto les brinda posibilidades mucho mayores de tener un empleo de calidad en el mercado laboral formal, y perpetúa la desigualdad y la pobreza a lo largo de las generaciones.
Una encuesta reciente del BID y la Cornell University muestra que una persona en un hogar pobre tiene tres veces más probabilidades de haber perdido su empleo como resultado de la pandemia que una persona en un hogar de ingresos altos. Puesto que la mayoría trabaja en el sector informal, los trabajadores de baja cualificación también suelen carecer de un seguro de salud y desempleo que mitigaría el golpe de una pérdida del empleo.
Los niños de antecedentes socioeconómicos más bajos sufren las pérdidas de aprendizaje más grandes. Durante las últimas dos décadas la cobertura de salud y educación entre los pobres se amplió mediante transferencias monetarias condicionadas. Y la pobreza entre las personas de edad avanzada se redujo mediante la ampliación de las pensiones no contributivas.
Sin embargo, el tejido social de la región sigue fracturado. Dado que las clases medias y altas renuncian a los servicios públicos, se observa una fuerte segmentación de clase. La OCDE, para citar un ejemplo, un alumno del 20% superior de la distribución del ingreso tiene 2,8 veces más probabilidades de interactuar en la escuela con un alumno del mismo nivel de ingreso que un alumno del 20% inferior de interactuar con alumnos del nivel superior.
América Latina y el Caribe tienen un registro notablemente malo cuando se trata de corregir la desigualdad mediante los impuestos y el gasto público. El sistema tributario está sesgado a favor de los impuestos indirectos, como los impuestos al valor agregado, y es regresivo debido a la evasión tributaria.
El sistema de pensiones cubre a numerosas personas que contribuyen a sistemas de reparto pero que entran y salen del empleo formal durante sus vidas y no son elegibles cuando llegan a la edad de jubilación para una pensión. Y la región gasta la mitad en políticas sociales en relación con su PIB con respecto a los países de la OCDE. Por consiguiente, estos países son casi ocho veces más eficientes que los países de la región en lo que se refiere a la reducción de la desigualdad a través de la política fiscal.
Es necesario abordar estos problemas, como es necesario abordar la situación de casi uno de cada dos trabajadores que trabajan en el sector informal y que en su gran mayoría carecen de seguro de salud y desempleo. Es necesario crear redes de seguridad que protejan a todos los trabajadores, independientemente del tipo de empleo que tengan.
Nada de esto será fácil superar. El espacio fiscal es extremadamente reducido. Los gobiernos tendrán que priorizar programas y reformase requerirán reformas en profundidad en el mercado de productos y el mercado laboral para generar un contexto de negocios más dinámico.
Pero es urgente pasar a la acción. Las pandemias son pruebas de estrés que revelan debilidades de las sociedades y sus economías. La pandemia ha puesto de relieve la tremenda desigualdad de la región y ha contribuido a un empeoramiento del problema.
Las reformas deben abordar estos aspectos. La región debe trabajar para forjar sociedades cohesionadas donde las oportunidades para progresar y para una vida mejor estén al alcance de todos los ciudadanos y para que todos se sientan parte de un proyecto común digno de su esfuerzo. Sin duda si estos sólidos argumentos siguen siendo postergados, la informalidad seguirá destruyendo la creciente debilidad de las estructuras sociales y económicas.
