OPINIÓN de Sergio Ortiz
No hay seguridad, pero sí una gran posibilidad de que exista relación política entre hechos que lucen desconexos. La realidad lo irá develando en las próximas semanas, pero el cronista cree que no fueron casuales la vuelta a clases en la provincia de Buenos Aires, el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos a aceitar sus ya lubricados vínculos con funcionarios de allá y el furcio de Alberto Fernández que menospreció a los pueblos originarios.
A esa lista podrían agregarse las conversaciones de Felipe Solá con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, para urdir una maniobra en el seno de la OEA y condenar al gobierno de Ortega-Murillo. Para Washington, en su considerado “patio trasero”, hoy los enemigos principales -además de los que juzga “invasores chinos” – son Cuba, Venezuela y el país sandinista. Para sus dolores de cabeza, necesitará más calmantes teniendo en cuenta la nueva Bolivia y lo que amanece en Perú.
LAS CLASES
El gobernador de Buenos Aires anunció el regreso a las clases presenciales luego de un paréntesis. Lo fundamentó en que las últimas mediciones de contagios eran de 401 sobre 100.000 habitantes, un rango aceptable. Otras fuentes no pusieron en duda ese registro, pero sí la forma de hacerlo (fecha del síntoma en vez de la carga del contagio), pues de ese otro modo la proporción daba más de 700 y las clases hubieran debido esperar. Así lo deseaban los trabajadores de la educación y lo aconsejaban muchos epidemiólogos.
Según Axel Kicillof será una “presencialidad cuidada”, con medidores de dióxido de carbono en miles de escuelas. Ese recurso suena algo estrambótico cuando en las aulas faltan cosas elementales, como buenas condiciones de trabajo y sueldos dignos para los educadores. A su favor cuenta que el Suteba de Roberto Baradel no es el de antes, el que defendía a muerte a los maestros, incluso contra gobernadores del mismo palo, como el actual embajador en Brasil.
Puede ser de mal pensado, pero además de apresurada esa vuelta a las aulas parece ser política, de no regalarle a Horacio Rodríguez Larreta la bandera de las clases presenciales, tan cara a la clase media. El alcalde del PRO parece el ganador de esta pulseada. Lo llamativo es que ahora vuelven a abrirse las escuelas no porque hubiera un fallo favorable de la Corte Suprema como el del 4 de mayo, sino porque la espada kirchnerista bonaerense se torció.
¿Qué dirán el ministro de Educación, los dirigentes del Frente de Todos y C5N que pegaban duro al Guasón por insistir en las clases? ¿Acaso se terminó la segunda ola? No. Simplemente bajaron los casos en el AMBA, un factor favorable, pero la ola sigue a una altura muy preocupante allí y en el país: el último registro marcó 18.057 contagios y 447 muertes. Lo más sensato y justo habría sido seguir sin clases diez días más y mejorar el salario de los docentes, cuando la inflación de los primeros cinco meses del año llegó al 21 por ciento.
MUCHAS NECESIDADES
La política bonaerense de vuelta a clases presenciales pretende dar una señal política de “normalidad” no tanto hacia los familiares de los escolares sino sobre todo al poder económico. El gobierno bonaerense y el nacional quieren no sólo las escuelas abiertas sino también la economía funcionando “normalmente”, como se lo demandan las cámaras empresarias.
Cada entidad patronal pone sus exigencias. Para el flamante presidente de la Unión Industrial “Argentina” dominada por Techint, Daniel Funes de Rioja, la normalidad es que el Estado deje caer los Precios Máximos y permita nuevas subas en casi todos los productos, aún con una lista formal de 120 que se negocia y será saltada como un alambre caído.
Para la Cámara de Comercio Americana (Amcham), normalizar quiere decir que el gobierno argentino no joda con controles cambiarios y que las multinacionales estadounidenses puedan repatriar sus dividendos rumbo a USA. También que haya arreglo con el FMI.
Las demandas de la Mesa de Enlace Rural son archiconocidas: que bajen las retenciones y no e interrumpan las exportaciones de todo tipo, hoy de la carne. Es el producto que desde 2001 multiplicó por 180 veces su precio, el doble del dólar.
Hay que ver cómo se orienta el gobierno de los Fernández en esta opción: si pone énfasis en atender las demandas del gran empresariado o bien escucha los reclamos que vienen de abajo. Hasta ahora la tendencia no es alentadora, porque los maestros deben organizan paros y bicicleteadas, los choferes cortar avenidas, los comedores populares reclamar víveres, planes y vacunas; los precarizados ser encuadrados como trabajadores de Luz y Fuerza en Edesur, como los que cortaron en Puente Pueyrredón el 10 de junio. Pedían pan y la Policía les dio golpes y gas pimienta.
Esas y muchas otras demandas sociales justas son atendidas en mínima proporción por el gobierno, que teme gastar por sobre lo que el FMI podría permitirle y lo que aquellas cámaras patronales aprobarían.
Por eso no hay IFE de 20.000 pesos para 10 millones de personas que han visto mermar mucho sus deteriorados ingresos. Como decía en un audio el médico Abel Bohoslavsky, “el gobierno tiene que cerrar todo por dos periodos de 14 días cada uno, y poner plata para la gente que no tiene trabajo o no puede trabajar”. Dos días después este doctor, exmilitante del PRT, falleció de COVID-19 luego de haber pedido plasma al hospital Muñiz y serle denegado. Una grandísima pena. Las autoridades políticas le hacen caso a Caín y no a Abel.
EL PELIGROSO MASSA
En la oposición derechista las novedades de la semana fueron adversas al sector más beligerante, de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El gerente de Pfizer en Argentina, Nicolás Vázquez, en la reunión virtual de directivos de fabricantes de vacunas con diputados negó que su empresa hubiera recibido del gobierno pedidos de coimas o de ubicación de intermediarios para solicitar retornos. Tamañas calumnias habían sido aseguradas por Bullrich ante su amigo Luis Majul en “La Nación+”.
Esa acusación puede provocarle a la exministra de Seguridad algunas pérdidas de dinero, porque fue demandada por el presidente AF y el exministro de Salud, Ginés González García, acusados por ella de coimeros. Y también puede llevar a que el ala durísima del PRO pierda algunos votos en la interna, frente al sector igualmente derechista pero más político de Rodríguez Larreta y María E. Vidal.
La reunión de Diputados dejó sin embargo un aspecto político negativo, pues adecentó la imagen de Pfizer, siendo que su gerente admitió que había reclamado en el contrato cláusulas de indemnidad y garantías fuera de lo normal. Quería cubrirse de posibles casos de negligencia empresaria y también tener contragarantías en caso de juicios (el nefasto juez neoyorquino Thomas Griesa, que falló para los “fondos buitres”, ya murió sino lo hubieran preferido).
Sergio Massa condujo la reunión hacia un punto amistoso de retomar las conversaciones del gobierno y Pfizer, bienvenidas entre las bancadas del oficialismo y Juntos por el Cambio. Dijo que si el Ejecutivo quiere enmendar la ley aprobada en octubre del año pasado, recogiendo los pedidos del laboratorio, el Congreso lo hará, encantado.
No es sólo el de Tigre. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, componedora, declaró que “ni nosotros pedimos coimas ni Pfizer pidió los glaciares”. El viejo Ginés debe haberse rascado la cabeza, disgustado.
Aquella cita en la Cámara Baja fue funcional al proyecto presidenciable de Massa, porque se sumó a la aprobación de una medida favorable a los monotributistas. Éstos no deberán pagar retroactivamente el aumento de sus cuotas demorado por el Estado casi seis meses.
Así se pavimenta el camino hacia 2023 para el jefe del Frente Renovador, que ya había ganado mucho aire con su proyecto personal de elevar el piso del mínimo no imponible al impuesto de las ganancias, para la cuarta categoría. Desde abril se salvan los que perciben sueldos brutos de hasta 150.000 pesos: algo más de un millón de personas verán con más agrado al concurrente más asiduo a la embajada norteamericana en Palermo, según los archivos de WikiLeaks.
Así, orondo, armó sus valijas Massa para partir a Washington y Nueva York. Platicará con Juan González, asesor del presidente Joe Biden; Julie Chung del Departamento de Estado, popes del Congreso Judío Mundial y la banquera Susan Segal del Council of America, etc.
Si hay que despotricar contra Nicaragua, en la misma onda de Solá, el titular de Diputados está listo y dirá que fue el jefe político del canciller en sus tiempos antikirchneristas. Si hay que denigrar a Venezuela, míster Blinken ya sabe que cuenta con él, pues considera que Nicolás Maduro es un dictador.
En su afán por buscar el beneplácito de España para solucionar los entuertos con el FMI y el Club de París, y no caer en default, AF dijo que los argentinos descendemos de los barcos. Fue un erróneo, horrible y discriminatorio comentario europeísta. Puede creer que es su caso. Massa, en cambio, es un avión. Desciende en línea política paterna del Departamento de Estado y en la materna de la embassy, sin pizca de sangre sioux ni apache. No le sale bien ni cuando decía “Taj ahí”.
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