Los amigos de la embajada son binacionales.
OPINIÓN de Sergio Ortiz
La embajada de Estados Unidos. en el barrio de Palermo y muy próxima a la Suciedad Rural Argentina, siempre festejó a lo grande los 4 de julio, conmemorativo de cuando las colonias británicas se separaron de Londres y fundaron una pujante nación. Lo que podía tener de progresiva esa fecha lo fue perdiendo fronteras afuera y adentro, a medida que los Remington acababan con sus pueblos originarios, robaban territorio a México, los afroamericanos eran maltratados casi como en la época de la esclavitud y los marines invadían países que querían ser independientes.
Por aquella Embassy pasaron cada año funcionarios de diversos gobiernos, empresarios, jueces y operadores de toda clase de negocios con USA. A veces trajes carísimos se cambiaron por ropa de cowboy para las fotos; una de las más contentas en esas sesiones era la pistolera Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno macrista. Pero no era sólo ella sino un montón de bipartidistas. Un sonriente Sergio Massa empujaba para salir en la foto desde antes que fuera jefe de Gabinete del gobierno kirchnerista. Los archivos de WikiLeaks y ArgenLeaks lo ubican peleando el puesto de visitante ilustre de la embajada con el fiscal Alberto Nisman. Ambos iban a rendir cuentas y pedir instrucciones al embajador de turno.
Este 4 de julio las cosas fueron diferentes, sin grandes fiestas. Una razón fue la pandemia y riesgos de contagio, aunque ese público estaba vacunado con las dos dosis de Pfizer sobre la que ironizaba lindo el riverplatense Ignacio Copani.
El otro motivo que aguó la fiesta fue que en enero partió de regreso el embajador Edward Prado, en sintonía con el cambio de gobierno en Washington. Los de afuera y los amigos locales están esperando que el Senado confirme al nuevo ocupante de ese puesto político y diplomático. Es muy posible que en la reciente gira de Massa por Washington y Nueva York el tema haya sido conversado con Juan González, quien a despecho de ese nombre tan rioplatense es el consejero del presidente Biden para los asuntos del Hemisferio.
Los que pidieron la Pfizer están clamando que venga pronto el nuevo embajador. Sin él les falta una referencia importante para la política y los negocios en Argentina. Están un poco huérfanos. Sienten cierta depresión por el encierro. Ellos son devotos del 4 de julio, no del 9.
EL LOBBY
Esta semana ese lobby pro-estadounidense levantó el ánimo. La Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, con el control del presidente Alberto Fernández, redactó y luego se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 431 para llevar a buen puerto la dificultosa negociación con Pfizer y otros dos laboratorios norteamericanos, Moderna y Johnson & Johnson.
Hasta diarios oficialistas como Página/12 admiten que el motivo de la negociación era sanitaria pero también política: búsqueda de acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. “Pesa mucho la relación con Washington”, escribió allí Raúl Kollmann.
El argumento sanitario es que, con un acuerdo con esas farmacéuticas, nuestro país puede recibir 2 millones de vacunas de esa procedencia, como cuota parte de lo que Biden donará tardíamente al mundo por medio del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los defensores del pacto enfatizan que las dosis de Pfizer son necesarias para vacunar a menores de edad con morbilidades; ese argumento es relativo pues una de las vacunas chinas, la de CanSino, también tiene esa virtud.
De todos modos, el objetivo de traer más vacunas, en este caso estadounidenses, no debería ser cuestionado en tiempo de pandemia.
Lo que sí es opinable y cuestionable de ese decreto es una claudicación gubernamental frente a Pfizer pues eliminó de la ley de vacunas sancionada en noviembre de 2020 la figura de la “negligencia” empresaria. Ahora los laboratorios no deberán responder ante juicios si por su negligencia se rompió la cadena de frío, por ejemplo.
El decreto del presidente dio todas las garantías y coseguros que reclamaban las farmacéuticas con su “renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana”, aunque dejó a salvo el Banco Central, las embajadas y otros bienes argentinos. Obvio que quedaron otros recursos, que no serán los Glaciares, para que Pfizer, Moderna y J&J se cobren eventuales juicios.
Además, el gobierno del FdT creó un Fondo de Garantías para que el Estado pague los juicios por ciudadanos fallecidos o enfermos por el uso de las vacunas con una indemnización de hasta 240 jubilaciones mínimas.
El Estado responderá con ese Fondo frente a juicios. No está tan claro, en cambio, cómo hará para que las multinacionales respondan en caso de responsabilidad suya y/o negligencia.
El motivo político que orientó a Fernández e Ibarra, más Santiago Cafiero y Carla Vizzotti -con Sergio Massa como gran tititero detrás – fue mejorar las relaciones con el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Con un extra: creen sacarse un peso de encima pues los macristas y su aparato mediático clarinetista deberían dejar de molestarlos con el coro de “Queremos la Pfizer”.
Esto último es relativo. En Clarín su columnista Pablo Sigal ya arriesgó la cifra de muertos de más que hubo por no haber contado con Pfizer entre enero y fines de junio: más de 11.000 fallecidos.
Quienes festejan el 4 de julio están felices. Se salieron con la suya los tres laboratorios, integrantes de la Cámara de Comercio Argentino-Americana (AmCham). La entidad presume de “más de 90 años trabajando activamente en pos de la promoción del comercio bilateral y la inversión entre los EE. UU. y la Argentina. Actualmente, nuclea a más de 750 empresas estadounidenses, argentinas y de otros países, que emplean directamente a 320.000 personas en más de 200 plantas en todo el país”. Pfizer la integra junto a Dupont, Wal Mart, Coca Cola y otras multinacionales. Algunas tienen un prontuario tenebroso por fraudes, fuga de capitales, contaminación, corrupción, incendios y delitos de lesa humanidad como Monsanto, IBM, Citibank, Iron Mountain y Ford. Todos brindaron con Pfizer.
RECUPERAR EL RÍO PARANÁ
Aquel lobby en cambio tuvo que digerir un pequeño mal trago. El gobierno, bajo la presión y crítica popular, tuvo que dar marcha atrás en su licitación internacional para concesionar el peaje, dragado y balizamiento del río Paraná. Vencida la concesión el 30 de abril del año pasado, la presidencia y el ministerio de Transporte habían llamado a nueva licitación con el decreto 949/2020 para renovar una concesión privatista como la que en 1995 benefició a la belga Jan de Nul y la local Emepa.
Hete aquí que los argentinos a veces parecen dormidos, pero con un ojo abierto. Hubo una ola de críticas a esa jugada de Fernández y el ministro Meoni, luego fallecido. “Fuego amigo” del Grupo 25 de Mayo y otras voces más críticas como el Foro por la Soberanía, el Manifiesto Argentino, Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda Externa, etc, con el acompañamiento de Mempo Giardinelli, Norita Cortiñas, Raúl Zaffaroni, Carlos del Frade, ambas CTA, el gremio de Camioneros, partidos como el PC, PCR y PL, etc, exigieron que el Estado recuperara el control de las vías navegables del Paraná.
El resultado fue un mix con cosas positivas y negativas, pero un poco mejor que antes de esa resistencia nacional y popular. Un nuevo decreto 427/2021 puso en la Administración General de Puertos Sociedad del Estado el cobro de peajes durante un año y los contratos de dragados y balizamientos. El Estado buscará concretar una licitación internacional con el propósito nunca abandonado de privatizar aquellas tareas a consorcios como Jan de Nul u otro holandés o chino.
Una nueva privatización sería lamentable estando en juego tantos valores económicos, comerciales y políticos.
Por el Paraná circula el 80 por ciento de nuestro comercio de exportación e importación, hoy monopolizado por Cargill y ADM, yanquis; Cofco, china; Bunge, multinacional; Oleaginosa Moreno-Glencore (suiza), Louis Dreyfus Company (LDC) francesa, Aceitera General Deheza y la delincuencial Vicentín.
Allí está de por medio el peaje anual de 300 millones de dólares, que ahora administraría el Estado, pero también el control sobre los miles de millones de dólares del comercio que circula en las dos direcciones del río. Los controles de Aduana y AFIP son leves y aquellas multis facturan de menos sus ventas e inflan sus compras, para atesorar divisas y fugarlas. Son entre 8.000 y 11.000 millones de dólares de perjuicios para el fisco, además de dar lugar al contrabando de drogas y armas.
Por eso ese variado arco político-social demanda que la AGP y la dirección de Vías Navegables se hagan cargo del peaje, dragado y balizamiento con personal y equipos propios. Esto demanda más inversión estatal y reactivación de esas dependencias, Astilleros Río Santiago y una Flota Fluvial y Naval.
Es una vergüenza que haya 38 puertos privados sobre esa vía fluvial. Es necesario nacionalizar el comercio exterior, con una Junta Nacional de Granos y de Carnes o una versión moderna del histórico Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, del primer peronismo.
Se dirá que son demasiadas reclamaciones soberanas. ¿Muchas banderas de argentinización, opuestas al coloniaje? Sí. Es verdad. Es que hay que ser leales en serio al 9 de julio, no al 4.
https://plsergio.wixsite.com/lasemanapolitica/post/el-d%C3%ADa-de-la-independencia-no-es-el-4-sino-el-9-de-julio
