OPINIÓN de Samuel Schmidt
El gobernador de Nueva York prefirió renunciar para evitar ser despedido después de anunciarse que sería sometido a juicio político (impeachment) debido a quejas por abuso sexual.
Un presidente israelí fue sentenciado a siete años de prisión acusado de violación, obstrucción de la justicia y acoso sexual.
En México desaforar a un diputado acusado de violación y atrapado infraganti fue materia de negociación política entre partidos políticos, lo que facilitó su fuga.
Esta es una de las diferencias entre el estado de derecho y el imperio de la impunidad, que no se refiere solamente a depredadores sexuales, sino en general a la vigilancia para que se cumpla la ley y evitar que se cometan delitos sabiendo que no se ejercerá castigo alguno.
Una académica dice que eso de enriquecimiento inexplicado debe renombrarse a robo, porque se explica muy bien cuando los políticos se apropian indebidamente de dinero ajeno, aunque tapen bien las trazas del delito.
Dos casos recientes pusieron en vilo a los opinocratas cuya estatura moral es nula y no sabían si atacar a los rufianes, defenderlos o quedarse callados, cualquiera de las posturas los define respecto a su ataque al presidente.
El diputado Toledo fue desaforado para que pueda ser detenido y juzgado por enriquecimiento inexplicable, lo que está muy bien, aunque tuvo toda la oportunidad para fugarse del país. Se fue a Chile dónde puede reclamar la ciudadanía.
El diputado Huerta fue detenido tras la acusación de violación y soltado por gozar de fuero. Está fugado.
La sociedad mexicana ha desarrollado una gran tolerancia a la corrupción al grado que cuando descubren a algún rufián dicen que lo descubrieron por pendejo, porque el enriquecimiento de los políticos es evidente, si no que nos explique Bartlett que toda su vida ha sido burócrata como logró acumular propiedades que valen cientos de millones de pesos, lo mismo vale para el destituido presidente del Tribunal Electoral. ¿Acaso nos quieren decir que Toledo se apendejó?
La justicia mexicana está organizada para no funcionar pero cuando quieren hay eficiencia selectiva, aunque no se sabe muy bien cuál es el mecanismo que logra la eficiencia. Cuando se quiere se revisa a los políticos y se les busca lo apropiado ilegalmente hasta por debajo de las piedras, pero no se hace con todos los políticos, algunos como a Bartlett hasta se les excusa. Debemos preguntar porqué unos si y otros no y una parte de la verdad debe estar en que algunos sostienen que es la respuesta a las venganzas o las protecciones.
Esta selectividad nos ha llevado a la conclusión de que en un país de corruptos el detenido es preso político, Toledo es corrupto pero no puede aducir persecución política para cubrirse, aunque en una de esas lo hace para pedir asilo político en Chile, ya hubo un corruptazo que se protegió reclamando que era víctima de persecución política.
Del caso Toledo y Huerta debemos aprender en primer lugar que urge eliminar definitivamente el fuero. La lógica que le otorgó fuero a los políticos respondió a las condiciones en que se les perseguía por sus ideas políticas, pero ese riesgo parece haberse eliminado. Cualquiera insulta al presidente en twitter, facebook y otras plataformas sin mayores efectos represivos, y no parece que alguien fuera a perseguir a un diputado por hacer lo propio, mucho menos por opinar políticamente como parte de su tarea legislativa.
De cualquier manera, se debe reforzar al sistema judicial para asegurar que no se cometan injusticias respecto a la libertad de expresión. Proteger a un depredador sexual o a un ladrón está muy lejos de este principio libertario y no se ajusta a la necesidad política de garantizar la libertad política que deben tener los representantes del pueblo.
Permitir que continúe el abuso del puesto político afecta a la democracia, trivializa la posibilidad y libertad de expresar políticamente ideas, y desvirtúa las razones que se tuvieron para proteger a los políticos de los poderes dictatoriales.
Parte del proceso de maduración de la política mexicana consiste en revalorar las obligaciones y derechos de los representantes políticos, pero más que nada, hacer una realidad la posibilidad de la sociedad de obligarlos a rendir cuentas y castigarlos si abusan de su poder.
