Canarias: Más de mil menores no acompañados en riesgo de acabar viviendo en la calle en un limbo sin derechos

AP Photo/Bernat Armangue

• Amnistía Internacional denuncia, tras una nueva investigación sobre el terreno, que más de mil menores están pendientes de algún trámite como, por ejemplo, las pruebas que determinen su edad, después de más de un año de espera en algunos casos
• Hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros la reforma del Reglamento de Extranjería, que podría significar un paso adelante para el reconocimiento de derechos de menores no acompañados, aunque en la práctica no se resolverá esta situación hasta que no se revise profundamente el sistema de determinación de la edad

Madrid.- Los y las menores no acompañados sufren las peores consecuencias de la caótica acogida de personas migrantes y refugiadas en Canarias desde que en julio de 2020 el número de llegadas a las islas se viera incrementado. Al caos generalizado ante la falta de preparación, tanto de algunos profesionales como de las instalaciones existentes, que no se ha resuelto con el paso de los meses, se suma la ausencia de procedimientos ágiles y adecuados de coordinación entre los organismos competentes y la falta de voluntad política, que provoca que más de 1.100, de los 2.434 menores que están en Canarias, se encuentren a la espera de pruebas de determinación de la edad, o pendientes de alguna prueba o trámite. Según testimonios recogidos por AI algunos, a pesar del paso del tiempo, todavía “no existen” para el sistema, puesto que no han sido registrados de ninguna manera por la policía.

Hoy se ha aprobadoen Consejo de Ministros la reforma del Reglamento de Extranjería, que podría facilitar a los y las menores y adolescentes migrantes no acompañados su transición a la vida adulta, y evitar verse abocados a una situación de exclusión social y de discriminación. Amnistía Internacional valora positivamente esta medida, que facilitará la gestión de los permisos de residencia y asegurará que lleve aparejado permiso de trabajo a partir de los 16 años. Asimismo, también simplificará los requisitos de renovación de este permiso a partir de los 18 años para adaptarlos a la realidad de estas personas jóvenes. Sin embargo, la organización teme que la situación de estos menores no se resuelva hasta que no se revise profundamente el sistema de determinación de la edad. También es necesario que se hagan cambios ante la actual falta de corresponsabilidad territorial en la protección de menores no acompañados.

"Muchos menores, debido a la desinformación existente, tienen miedo de revelar su edad cuando llegan. La falta de mecanismos adecuados para su identificación ha hecho que muchos de ellos terminaran en centros de adultos durante meses, o simplemente expulsados de los centros de menores, dejándoles sin acceso a ningún recurso. Otros, a pesar de haber sido considerados como menores, también se han tenido que enfrentar al colapso de la administración. Los retrasos han provocado que algunos estén alcanzando la mayoría de edad sin que su situación se resuelva. Mientras tanto, están en un limbo sin derechos", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. "Las interminables esperas para la realización de todos los trámites acrecientan la ansiedad y la inestabilidad de los y las menores. Nos preocupa además que la consecuencia de estos retrasos pueda ser que los y las menores acaben en la calle", añade.

A. ha cumplido 18 años en junio de 2021. Cuando Amnistía Internacional se entrevistó con él estaba viviendo en la calle. A pesar de que cuando llegó era menor de edad pasó varios meses sin ningún tipo de protección por la falta de diligencia de las autoridades españolas. Contó que cuando llegó en una patera a Lanzarote en octubre de 2020, le dijo a la policía que tenía 17 años. Sin embargo, en su documentación pusieron que tenía 20. Estuvo 3 días detenido y luego pasó un tiempo en una nave que gestionaba Cruz Roja y que era un recurso habitacional para adultos, hasta que después quedó en situación de calle.

“Tenía mi partida de nacimiento que demostraba que era menor, pero no me la aceptaron. Incluso unas trabajadoras sociales me dijeron que era mejor que dijese que era mayor de edad. Me quedé en la calle. Tuve que ir frente a los juzgados de guardia y denunciar mi situación. Después me llevaron a un centro para menores en Lanzarote, pregunté si podía estudiar pero me dijeron que hasta que no se demostrase que era menor de edad, sólo podía dar clases de español. En julio llegaron los resultados de las pruebas y me dijeron que habían dado que era mayor… y ahora estoy nuevamente viviendo en la calle”, relata.

*Hamed, que ahora tiene 19 años y también se encuentra en situación de calle, cuenta que cuando llegó tenía 17 años, pero también fue considerado mayor de edad y estuvo en un centro de adultos. “Hasta que no entregué documentación que acreditaba que era menor de edad no me consideraron como tal, pero ahora ya no tengo nada”.

“Algunos pueden haber alcanzado la mayoría de edad sin ser debidamente registrados en el sistema. Eso resulta realmente grave, porque retrasa el acceso a sus derechos, como el derecho a la educación y a otro tipo de formación", lamenta Virginia Álvarez, investigadora y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España.

Otro joven con el que habló Amnistía Internacional, Ismael, de 16 años, lleva ya un año en España y sigue a la espera de que le hagan la prueba de determinación de la edad. Todavía no había sido escolarizado. Otro menor al que entrevistó la organización se lamentó de que durante los dos años que había estado en Canarias, había sido derivado de un centro a otro, no había podido acceder a ninguna formación y todavía no tenía ningún tipo de documentación. “Estoy a punto de cumplir 18 años y no tengo nada, no tengo más tiempo”, relataba Mohamed.

La organización visitó en septiembre de 2021 un centro de menores en Tenerife en el que vivían 25 chicos, 24 de los cuales tenían ese mismo día cita para hacerles la prueba ósea, a pesar de llevar más de un año en Canarias.

Falta de acceso a protección internacional

Amnistía Internacional también ha recogido información que indica que muchos niños y niñas se están enfrentando a obstáculos a la hora de poder acceder a protección internacional. Entre otros, la organización ha recabado testimonios que señalan cómo las autoridades exigen a los menores tener al menos 16 años para poder pedir asilo, o tener un decreto de minoría de edad, es decir, haber finalizado los trámites para confirmar que es un menor.

"Esos requisitos no tienen ningún tipo de base legal y no son más que impedimentos para que los niños y niñas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan acceder a la protección a la que tienen derecho. Es inaceptable que por la falta de diligencia de las autoridades españolas estos menores también terminen indocumentados en situación de calle", recuerda Virginia Álvarez.

Todo el peso en unas pocas comunidades

“La falta de un enfoque de infancia para atender adecuadamente a los niños y niñas que están arribando a España, con independencia del territorio concreto al que llegan está mermando gravemente el acceso a sus derechos", denuncia Esteban Beltrán. "Tampoco es aceptable que el gobierno español delegue toda la responsabilidad en una Comunidad Autónoma que, por otro lado, tiene dificultades para proporcionar atención adecuada a menores no acompañados como también sucede por ejemplo en el caso de Ceuta y Melilla”, añade.

Amnistía Internacional recuerda que varias Comunidades Autónomas se comprometieron a recibir desde Canarias a un total de 212 niños y niñas no acompañados. Sin embargo, a fecha de septiembre de 2021 solo se habían realizado 152 traslados. Prueba del fracaso del mecanismo de solidaridad entre Comunidades Autónomas es el hecho de que el 94% de los menores no acompañados llegados a Canarias permanecen todavía en las islas.

Las autoridades canarias han añadido 29 centros de emergencia al sistema de atención existente, alcanzando un total de 46. Diez de ellos son centros residenciales que atienden a un número excesivo de menores, entre 50 y 80 cada uno. Las propias autoridades son conscientes de que los “macrocentros” no son la solución idónea para el desarrollo de estos niños y niñas. Para darles una atención adecuada deberían contar con al menos 270 centros en los que pudieran distribuirse el total de los menores.

Amnistía Internacional también muestra su preocupación ante las denuncias trasladadas a la organización por algunos menores tutelados y extutelados, así como por ex trabajadores de algunas entidades, que han reportado malos tratos y abusos, o frecuentes insultos de tinte xenófobos en los centros. La organización pide que se investiguen adecuadamente estas denuncias.

Ante esta situación, la organización reclama una revisión en profundidad del sistema actual de atención a los niños y las niñas que llegan solos a España para garantizar que se cumple con el principio del interés superior del menor. Además, la organización propone las siguientes medidas urgentes:

1.- Establecer instalaciones de acogida adecuadas para los niños y niñas que lleguen por mar, con mecanismos ágiles de corresponsabilidad territorial.

2.- Acelerar los procedimientos relativos a la determinación de la edad, garantizando que los métodos cumplen con los derechos humanos y sólo se utilizan cuando existan serias dudas sobre la presunta edad de un o una menor y no se disponga de documentos u otras pruebas. En ese sentido, el Gobierno debe desarrollar, tal y como se recoge en la Ley Orgánica de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada el pasado mes de junio, un nuevo procedimiento de determinación de la edad de los menores que garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España. El propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas señala que el actual viola la Convención de derechos del Niño. Para llevar a cabo este nuevo procedimiento se ha puesto en marcha desde el Gobierno un grupo de trabajo.

3.- Facilitar procesos ágiles de documentación e itinerarios para garantizar su integración en la sociedad, evitando situaciones de exclusión social sobrevenidas o provocadas por falta de diligencia por parte de las autoridades.

4.- Asegurar que los niños y niñas no acompañados tienen acceso a servicios, educación y atención médica en las mismas condiciones que el resto de menores en el país.

5.- Asegurar que tienen acceso a información sobre sus derechos y al procedimiento de asilo, y que son reconocidos como solicitantes por derecho propio.

Las llegadas a Canarias aumentaron en 2020 de manera exponencial: un total de 23.023 personas llegaron a sus costas, lo que supuso un incremento del 756%, en comparación con 2019. Solo entre los meses de septiembre y diciembre llegaron 19.090 personas. En 2021 las llegadas han seguido creciendo, aunque en menor medida. A fecha de 15 de septiembre de 2021, un total de 13.118 personas habrían llegado a Canarias de manera irregular por vía marítima.

En cuanto a los y las menores no acompañados, a fecha de 18 de septiembre de 2021 el número de ellos ascendía en Canarias, según datos proporcionados por las autoridades, a 2.434. De ese número, las niñas no acompañadas suponen sólo el 1% del total, suelen tener corta edad y muchas se encuentran en módulos de acogida familiar. El 49% de los y las menores son marroquíes, seguidos por malienses (21%) y senegaleses (16%).

Amnistía Internacional tiene en marcha la campaña #AcogidaDigna, para exigir un trato digno y adecuado a quienes llegan a Canarias, y mostrar algunas iniciativas solidarias que han surgido para apoyar a estas personas.

AI