Tensión a las puertas de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala. Allí se congregaron el lunes cientos de personas convocadas por colectivos indígenas y organizaciones de la sociedad civil para exigir la celebración de una consulta popular sobre la continuidad de la polémica mina de níquel que explota una compañía ruso-suiza en el Estor, en el noreste del país. Los indígenas, muchos de los cuales viven de la pesca, afirman que contamina y envenena las aguas del lago de Izabal.
El presidente guatemalteco decretó el estado de sitio en el municipio del Estor el pasado domingo tras días de enfrentamientos con las fuerzas del orden que dejaron varios heridos. Casi un millar de soldados y policías patrullan por sus calles desde entonces, una presencia que entorpece el diálogo:
- "Desde cualquier punto de vista, un diálogo libre nunca podría ser posible si hay un alto número de elementos de la Policía Nacional detrás. Y encima, desde el día 23, acompañados por el Ejército de Guatemala", explica Astrid Franco, delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala.
La mina de níquel del Estor ha seguido funcionando a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ordenó suspender sus actividades en junio del año pasado mientras se realizaba una consulta comunitaria. El Gobierno de Guatemala replica que la resolución no es aplicable a la planta procesadora y otros derechos mineros, y añade que puso en marcha una mesa de diálogo con los vecinos de la zona, muchos de los cuales son favorables a la explotación de la mina:
- "La compañía no nos afecta. La minera ayuda a la gente del pueblo porque, por ejemplo, algunos trabajan allí y otros no, pero también se benefician porque el dinero que circula aquí se queda en el pueblo", afirma un pescador llamado Emilio Jalal Tzoc.
Sin embargo, los indígenas quedaron excluidos de la mesa de negociación, lo que disparó su indignación frente a una explotación minera que sienten como una amenaza para su salud y su medio tradicional de vida.
Euronews
