En España se riega con agua extraída ilegalmente de zonas de las Tablas de Daimiel, Los Arenales, el Mar Menor y Doñana unas 88.000 hectáreas aproximadamente, o el equivalente a la superficie similar a 1,5 veces la ciudad de Madrid, ha denunciado WWF en un estudio.
Los datos que ha obtenido WWF, ha señalado esta organización este martes en un comunicado de prensa, “son alarmantes, especialmente en el acuífero que alimenta a Las Tablas de Daimiel, que es el caso más dramático” donde, han señalado se riega con agua extraída ilegalmente, “el equivalente a más de 62.300 campos de fútbol”.
WWF ha recordado que para extraer agua subterránea es necesario solicitar una concesión administrativa que da derecho a sacar una cantidad de agua para un determinado fin. Pero lo que sucede realmente en este acuífero es que, sistemáticamente y con total impunidad, se están regando parcelas sin contar con autorización para extraer agua.
Los datos que ha obtenido WWF para el acuífero que alimenta a Las Tablas de Daimiel hacen “saltar todas las alarmas ante una imagen cada vez más frecuente y desoladora del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, seco y mantenido en la UVI con aguas bombeadas artificialmente para minimizar los impactos y aparentar normalidad”.
Todo ello, han señalado, “mientras, el nivel del agua subterránea bajo ellas se sitúa casi por debajo de los 20 metros de profundidad”.
La clave para entender lo que califican como “el robo del agua”, está en que las administraciones responsables desconocen cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, ya que no tienen capacidad de medir todas las extracciones, ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos.
En algunos casos tampoco está claro cuánto se ha extraído por encima de los recursos disponibles.
Expansión de la agricultura de regadío
La continua expansión de la agricultura industrial y de los cultivos en regadío, promovida con ayudas públicas, alimentan esta situación ya que, en sus trámites y autorizaciones para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), la administración agraria responsable no ha exigido a los agricultores solicitantes presentar el derecho de uso de agua concedida.
Además, han señalado que la propia Administración del agua ha alimentado tradicionalmente esta sobreexplotación concediendo derechos de uso de agua muy por encima de las capacidades según los Planes Hidrológicos, a causa del descontrol en el uso del agua subterránea y la debilidad de la Ley.
Las Tablas de Daimiel
Esto es lo que ha sucedido en Las Tablas de Daimiel, donde la administración pública se ha saltado su propio límite -establecido en el Régimen Anual de Extracciones- que tiene precisamente como objetivo reducir la extracción de agua para revertir el deterioro del acuífero, lo que llevó a que en 2019 se extrajera, en total, un 72% más de agua del volumen permitido.
Además, el descenso del agua en el Acuífero 23 supone un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud, ya que conlleva que la concentración de nitratos y arsénico sea mayor en el agua, como sucedió en 2006, hasta el punto de que en algunos casos no era apta para el consumo humano.
La extracción ilegal del agua además genera una grave situación de competencia desleal entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y están comprometidos con la gestión sostenible de este recurso, frente los que lo hacen sin autorización y sin reparo alguno a cómo afectan al resto de productores.
Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF, ha señalado que junto a las Tablas de Daimiel existen otros casos muy significativos y similares como son los de Doñana, Mar Menor y acuíferos de Los Arenales.
Doñana
Espacio Natural de Doñana. EFE/EDUARDO ABAD/ARCHIVO
En relación a Doñana, el humedal más grande de Europa y Patrimonio de la Humanidad, los datos concluyen que la superficie regada con agua extraída ilegalmente, en el corazón de este espacio clave para la biodiversidad y alrededores (Aljarafe), es de más de 4.700 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol.
WWF recuerda que en junio de 2021, el Tribunal de Justicia Europea advirtió a España por el mal estado en el que se encuentra este Espacio Natural, afectado por la agricultura intensiva de fresas y rojos que han secado los acuíferos que aportan a la marisma,, y la de cultivos de tomates, frutales, leñosos o algodón usando el agua del río Guadiamar que es extraída antes de la llegada al Parque Natural.
Mar Menor
En cuanto al Mar Menor, la ong advierte de que es otro de los puntos negros del robo de agua en España y que vive “momentos críticos” tras el último episodio de eutrofización que por segunda vez en los últimos años ha convertido a la mayor laguna salada de Europa en una “auténtica sopa verde”.
Señala la organización ecologista que existen casi 8.500 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, el equivalente a más de 10.200 campos de fútbol.
Acuífero de los Arenales
Sobre el acuífero de los Arenales (Castilla y León), en 2019 se regaron con 101.877 hectáreas de agua de la que extraída ilegalmente fueron 23.975 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 29.000 campos de fútbol.
WWF señala que la zona ha pasado de cultivos de cereales y viñedos de secano al predominio de cultivos de patatas, maíz, hortícolas o remolacha, entre otros, muy demandantes en agua.
La organización advierte que en los últimos 15 años se ha registrado un “alarmante” descenso del acuífero de los Arenales, siguiendo el “peligroso” camino de Las Tablas de Daimiel que ha sido declarado sobreexplotado, y hoy, “está seco y depende de las ‘transfusiones’ de agua de emergencia.
Impunidad e inacción de las administraciones
“Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado que supone el uso ilegal del agua subterránea en España. El robo del agua es un escándalo para la sociedad y un delito que sucede por la impunidad y la inacción de las administraciones”, ha afirmado.
Ante ello, WWF pide a las autoridades una acción contundente para mejorar el control de las aguas subterráneas, modificando la Ley de Aguas, ampliando las plantillas y también los recursos de las autoridades del agua.
Igualmente demanda finalizar el procedimiento del cierre de todas las extracciones ilegales de los acuíferos y sancionar a aquellos que se saltan la ley cometiendo este delito ecológico contra la naturaleza y la seguridad hídrica de toda la sociedad, y reducir la superficie de regadío.
Por ello, ante la elaboración de los nuevos planes hidrológicos, WWF demanda que se incluyan todas las acciones necesarias para abordar este grave problema de manera urgente.
Además, la organización reclama que el futuro Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) aborde el problema de la extracción ilegal del agua para el regadío. EFEverde
