OPINIÓN de Teodoro Rentería Arróyave
Aún no lo podemos afirmar, sin embargo, tal parece que hay un vuelco a favor de los periodistas agredidos, por ahora en cuanto a la protección de los compañeros agredidos y en el reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente por parte del gobierno de mexicano por crímenes cometidos en regímenes anteriores.
Reproduzco el comunicado de los colegas de Tula, Hidalgo, que se explica por sí solo: “Santiago Nieto Castillo, Jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, PGJEH, se reunió este domingo con periodistas con quienes sostuvo una mesa de trabajo para tratar el tema de las agresiones durante el ejercicio de la profesión.
Santiago Nieto estuvo acompañado de Jaime Hidalgo González, Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos; Julia Granados Hernández, Subprocuradora de la Región Poniente, y Linda Dalia Zamudio García, titular de la Fiscalía de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Los periodistas que asistieron a la reunión fueron nuestros colegas, José Alejandro Torres Castañeda, director del Noticiero “Retrovisor” y presidente de Asociación Regional de Profesionales de la Comunicación de Tula-Tepeji, AREPROC, y Rosalía Maldonado Franco, corresponsal de El Sol de Hidalgo en la región Tula, quienes fueron agredidos el pasado 9 de noviembre, mientras reportaban el bloqueo a la carretera Arco Norte por el exdiputado federal, Julio César Ángeles Mendoza y sus esbirros.
Este es el comunicado: “El titular de la PGJEH reiteró el compromiso de la institución para integrar las carpetas de investigación iniciadas de acontecimientos recientes como de aquellas que aún no se determinan, con la finalidad de que se judicialicen y se lleve a los responsables ante la autoridad judicial.
Además, se acordó construir acciones específicas para hacer más eficientes las investigaciones por agresión a periodistas.
En el otro asunto del pasado inmediato de una crueldad inconcebible, se nos hace saber que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aprobó publicar el acuerdo de solución amistosa del caso relacionado con el periodista José Alfredo Jiménez Mota y familia, de México, ocurrido en el gobierno del panista, Vicente Fox Quesada, exacto, cuando se iniciaron las desapariciones forzadas de periodistas,
“El caso se relaciona con la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de investigación y sanción de los responsables de la desaparición forzada del periodista José Alfredo Jiménez Mota en el año 2005, en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, presuntamente por parte de agentes estatales.
El 8 de diciembre de 2021, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa, ASA, mediante la cual el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (derechos a las garantías judiciales), 13 (derecho a la libertad de pensamiento y expresión) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1. del mismo instrumento, y los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, en perjuicio de los familiares de José Alfredo Jiménez Mota, por la falta de diligencia en la investigación sobre su desaparición forzada.
El Estado se comprometió a implementar medidas de satisfacción, rehabilitación, no repetición y de indemnización consistentes en:
Organizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y su difusión, Brindar atención médica y psicológica adecuada y gratuita a la familia de Jiménez Mota; La reinserción laboral de Leticia Jiménez Mota; Pavimentar y renombrar una calle del municipio donde habita la familia Jiménez Mota en memoria del periodista.
Organizar cursos de capacitación a servidores públicos que por sus funciones puedan tener directa interacción con casos relacionados con la prevención, investigación y sanción de delitos contra periodistas y/o libertad de expresión; Otorgar una compensación económica y; elaborar e implementar un Plan de Búsqueda para dar con el paradero de Alfredo Jiménez Mota.
En el Informe de Solución Amistosa 171/22, la CIDH valora el cumplimiento total de la medida relacionada con la compensación económica y considera pendientes los demás compromisos incluidos en el acuerdo, por lo tanto, continuará con el seguimiento hasta verificar su total implementación.
Sorprendentes decisiones en ambos casos de las luchas, en las que ha sido líder y precursor primigenio el gremio organizado que encabezan la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.
