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Eso sí, siempre en la órbita de Estados Unidos y el FMI

OPINIÓN de Sergio Ortiz
 

LA SEMANA POLÍTICA

TODO PARECE GIRAR EN TORNO AL NÚMERO 6

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EL PRIMER NÚMERO 6

En la política y economía argentina ocupó un lugar destacado el número 6, en tres sentidos.

El primer 6, el que más le importa al pueblo: hay inquietud por la inflación de noviembre, que se conocerá en estos días. Según el súper ministro Sergio Massa y varios colaboradores y apologistas del gobierno, incluyendo a los que escriben o hablan en medios que supieron ser progresistas, los precios no serán superiores a 6. Quieren presentar esa levísima disminución de décimas respecto a octubre como una gran victoria de su plan Precios Justos, que anda por las góndolas incompleto y destartalado.

No es seguro que esa propaganda sea exitosa. Dos consultoras han arriesgado que la inflación de noviembre será 6,2 o 6,3. Si fueran solamente esas décimas no sería tanto el drama, pues culmina el año con 100 por ciento de inflación. Ese es el problema de fondo y no tendrá arreglo pues el gobierno no toma a los monopolios por las astas.

Aquellos son formadores de precios y han embolsado fortunas en dólares en 2022, incluso más que lo que ganaban en tiempos macristas. El Centro de Economía Política Argentina indicó que en lo que va del año nueve grupos monopólicos aumentaron sus ventas 79,5 por ciento en dólares; desagregando a 4 del rubro alimentos la suba fue 92.

En vez de ajustar tuercas a esos formadores de precios la administración Massa (perdón, Fernández) sigue apostando a los pactos con ese poder económico impiadoso. Entre tanto siguen aumentando los precios de alimentos, servicios y tarifas; esta semana subió por séptima vez la nafta y el gasoil. Será como combustible para realimentar el fuego de la inflación. Las malas de la película no son sólo Shell y Axion pues YPF también juega en ese equipo, aunque su propaganda llene las pantallas con la camiseta de Messi.

La inflación no es el único problema sino uno de los más conocidos. Algunos ojos se nublan con la propaganda de Clarinete-TN y Página/12-C5N, aunque parezca paradojal: les cuesta distinguir que el nudo gordiano que nos somete es el de la dependencia, la deuda externa, el cogobierno con el FMI y el ajuste que se viene aplicando desde 2021.

A Washington fueron una semana Gabriel Rubinstein y el resto del equipo económico a rendir examen ante el staff del FMI, para cumplir con los deberes del tercer trimestre y rogar que en semanas el bureau de Georgieva lo apruebe. El staff dio el okey a los números hasta septiembre y habría un desembolso de 5.800 millones de dólares a fin de año, que irán casi íntegramente a pagar la deuda con ese acreedor.

Es un círculo vicioso. Si eso es letal, imaginemos cómo será a partir de 2024, cuando haya que pagar no sólo intereses de esa deuda fraudulenta sino también el capital al Fondo y también a BlackRock y demás fondos privados, a quienes nos entregó Martín Guzmán con el aplauso de las tres jefaturas del FDT.

EL SEGUNDO 6

El segundo número 6 es el “Grupo de los 6”, (G6), integrado por los titulares de la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, las Cámaras de Comercio y la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Argentinos.

Estas entidades de monopolios se coordinan, siempre en onda Washington, por medio del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP). Su directiva tiene los mismos personajes del G6, como Marcos Pereda, de la Suciedad Rural (titular de CICYP), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio) y otros apellidos conocidos como Cabrales, Bulgheroni, Born y Dietrich.

Este es el club de los poderosos que hizo su reunión nacional el 24 de noviembre en el Alvear Palace Hotel, adonde concurrieron Massa y Wado de Pedro, entre otros ministros. De allí proceden las cien empresas que supuestamente se han comprometido a mantener 1.700 precios hasta marzo. Claro que en el mes precedente, y los anteriores, esos monopolios habían aumentado todo. Y al inicio del programa pudieron subir otro 4 por ciento más; por fuera de los precios incluidos podrán aumentar también un 4 por ciento mensual.

Eso no está atado con alambre sino con un débil hilo, pues el Estado dejará en manos de los consumidores y de algunos intendentes el controlar precios, y sus multas no serán importantes. Si esos grupos concentrados consideran que el Estado no les entrega divisas a precio oficial para sus importaciones, también podrían correrse de lo acordado.

Con esos CEOs se reunirá Massa el domingo 4 a comer un asado en la residencia de Weiss y ahí tomará nota de sus reclamos. Son sus amigos y aliados de muchos años de carrera política. Son sus contertulios en la Embassy y los encuentros de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham). Allí estuvo esta semana el canciller Santiago Cafiero franeleando con Marc Stanley y reforzando la dependencia con EE UU.

De esos cónclaves surgen los programas gubernamentales para promover las exportaciones y juntar dólares para esos grupos y para pagar la deuda externa nunca investigada. Hay negocios para los 6, en Vaca Muerta, dólar soja 1 y 2 (por 250.000 millones de pesos la primera y 210.000 millones la segunda), exportaciones mineras y automotrices, blanqueos de dólares fugados y no declarados, obra pública y un largo etcétera.

Después de ese asado dominical habrá que tener la guardia más alta, por parte de los sectores populares, muy afectados por el ajuste que lleva adelante el gobierno para beneplácito de los monopolistas. Éstos festejan la decisión de la concheta Tolosa Paz y Alberto Fernández, de pedir el levantamiento del secreto fiscal sobre 250.000 personas que cobran el Potenciar Trabajo y que supuestamente habrían cometido irregularidades como comprar 200 dólares o tener una moto usada de 50 de cilindrada. Frente a la reacción justa e indignada de los movimientos sociales, ese Ministerio acotó a un 0,3 por ciento los casos de posibles irregularidades, sobre 1.3 millón de beneficiarios, pero luego volvió a la carga con los números anteriores. Además de congelar la planta del Potenciar quieren desenganchar sus aumentos de los del Salario Mínimo, bien mínimo.

Esa es una gran injusticia. Como dijo Juan Grabois, siempre investigan a los pobres y los de abajo, nunca a los empresarios, funcionarios y magistrados.

Esta aparece como una gran provocación política que mina las bases sociales y electorales del mismo gobierno. Será un diciembre muy caliente y no sólo por los 40 grados del termómetro, sino por la lucha de calles. Quizás por ese grave riesgo Fernández y Tolosa Paz den algún paso atrás, con la idea de dar dos adelante en cuanto puedan o el Fondo se los exija.

EL TERCER NÚMERO 6

El tercer número 6 es porque el martes 6 se dictaría sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner y varios ex funcionarios, como Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez, en la llamada causa Vialidad, donde fueron acusados de integrar una asociación ilícita y supuesta corrupción con la obra pública en Santa Cruz.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron para Cristina una pena de 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, y estuvieron alegando durante varios días. El juicio duró más de tres años y está llegando a su fin, cuando se presume -por las dos partes - que habrá condenas.

Para la acusación, y su prensa adicta, en fila con Juntos por el Cambio y la derecha en todos sus matices, hay “varias toneladas” de pruebas que avalarían esas condenas.

Sin embargo el abogado de Cristina, Carlos Berardi, y el de De Vido, Maximiliano Rusconi, demolieron aquellas habladurías. Y eso mismo, pero en el plano político, hizo la vicepresidente las dos veces que habló desde su despacho en el Senado. La última fue el miércoles 30, cuando dijo que estaba frente a “un pelotón de fusilamiento”.

Para quienes se atienen a los hechos y pruebas, se trata de una típica persecución política y judicial, lawfare o guerra jurídica. Las obras se hicieron y fueron incluidas en los presupuestos nacionales, los precios fueron normales y Báez tenía las ventajas de ser empresario de Santa Cruz, con máquinas y personal en el lugar.

“Venimos diciendo que la persecución sobre Cristina no tiene que ver con delitos del Código Penal sino que es una persecución que tiene que ver con el código electoral”, afirmó el ministro del Interior. Todo está pensado en onda electoral. Ahora la sentencia y luego las apelaciones, con lo que el tema será la comidilla en la campaña de 2023, para desprestigiar a la principal figura del gobierno, aún cuando no se sabe si será candidata o no.

¿La van a condenar? En los últimos días Clarín dice que sería penada pero no por liderar una asociación ilícita sino por los supuestos delitos de corrupción, a una pena de entre 3 y 6 años (otra vez el 6).

El martes habrá sentencia en Inodoro Py, por el TOF 2 integrado por magistrados del palo macrista, del Liverpool trucho, bonaerense.

Si condenan, será la crónica de una pena largamente anunciada e injusta. La víctima debería reflexionar sobre el gravísimo error que cometieron ella y la cúpula del gobierno al no llevar a cabo una profunda reforma judicial como prometieron al electorado. En ese y otros asuntos el gobierno asumido el 10 de diciembre de 2019 defraudó al pueblo y se pegó un tiro, en el caso de CFK, en los ovarios. Ahora es muy tarde para lágrimas. Luchar tiene sus costos y peligros, pero abandonar las calles y las promesas a la gente tiene estos amargos resultados personales y colectivos.





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