(Washington D. C.) – Las autoridades ecuatorianas han utilizado informes secretos de inteligencia para congelar las cuentas bancarias de organizaciones indígenas y ambientalistas, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde el 19 de septiembre de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), organismo gubernamental encargado de prevenir los delitos financieros, ha ordenado a la entidad reguladora del sector bancario que congele las cuentas bancarias de varias organizaciones indígenas y ambientalistas, así como las de sus líderes y miembros. Las decisiones se tomaron mientras algunas organizaciones indígenas y ambientalistas protestaban contra la decisión del gobierno de eliminar los subsidios al diésel y de dar luz verde a un proyecto minero en la provincia de Azuay. Los jueces revocaron al menos parte de los bloqueos de cuentas luego de que las autoridades no aportaran ante los tribunales las pruebas que respaldaban dichas medidas.
“Las salvaguardias destinadas a prevenir el lavado de dinero nunca deben utilizarse para atacar a organizaciones de la sociedad civil por su trabajo o detener protestas pacíficas”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Estos mecanismos deben utilizarse para combatir al crimen organizado, no a los grupos ambientalistas”.
Human Rights Watch entrevistó a 16 personas, entre ellas miembros de organizaciones y personas cuyas cuentas bancarias fueron congeladas, así como a sus abogados. Los investigadores también revisaron documentos de los procedimientos judiciales que impugnaban las medidas de bloqueo de cuentas contra 21 organizaciones e individuos, y asistieron a dos audiencias en las que los jueces levantaron el bloqueo de las cuentas bancarias después de que las autoridades no presentaran ninguna documentación que justificara las medidas. Human Rights Watch también solicitó comentarios a la UAFE sobre estas decisiones, pero no recibió respuesta.
El presidente Daniel Noboa declaró públicamente que los fondos congelados iban a ser destinados a “desestabilizar” al gobierno con manifestaciones.
La UAFE aplicó una disposición introducida por la nueva Ley de Transparencia Social para congelar las cuentas. La ley, aprobada en agosto, permite a la UAFE congelar cuentas sin una orden judicial cuando identifique “indicios objetivos, graves y verificables” de operaciones sospechosas. La ley establece que los jueces revisarán la decisión a posteriori y que la inmovilización de fondos debe ser “excepcional”, “proporcional al riesgo” y “se limitará exclusivamente al monto equivalente de la transacción [sospechosa]”. Algunas organizaciones de la sociedad civil han demandado la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte Constitucional.
El bloqueo de cuentas bancarias paralizó el trabajo de varias organizaciones, deteniendo programas educativos, de salud y de protección del medio ambiente, según afirmaron los grupos afectados. Sus miembros dijeron que no pudieron pagar salarios ni servicios básicos.
Los miembros de algunas organizaciones dijeron que no se les notificó el bloqueo de sus cuentas bancarias y que solo se enteraron cuando intentaron acceder a los fondos. La Fundación Pueblo Indio, que ha apoyado a las comunidades indígenas durante casi 40 años, descubrió el bloqueo de sus cuentas después de que sus donantes extranjeros no pudieran transferir los fondos del proyecto.
El 5 de octubre, la UAFE citó informes de inteligencia al congelar tres cuentas bancarias de la organización indígena Alianza Ceibo, bloqueando fondos destinados a proyectos financiados por la Unión Europea y donantes estadounidenses. La organización, integrada por los pueblos indígenas Waorani, Siekopai, A'i Cofán y Siona, lleva 10 años defendiendo los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos de los pueblos indígenas.
El 8 de octubre, un juez ratificó la decisión de congelar los fondos, pero Alianza Ceibo no tuvo conocimiento de dicha decisión hasta 10 días después, según una abogada. El 5 de noviembre, un juez ordenó descongelar las cuentas después de que las autoridades no presentaran ninguna prueba que justificara la medida. La entidad reguladora del sector bancario desbloqueó las cuentas el 18 de noviembre.
Varias organizaciones informaron haber solicitado información sobre los bloqueos a diferentes autoridades, pero no recibieron respuesta. Algunos dijeron que inicialmente no sabían qué juez se había asignado a sus casos y que las autoridades no revelaron cuáles eran las transacciones presuntamente sospechosas ni la cuenta bancaria involucrada, lo que dificultó su defensa.
Las autoridades congelaron las 14 cuentas bancarias asociadas a la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), que apoya a las comunidades afectadas por la contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. El 5 de noviembre, un juez ordenó el descongelamiento de las cuentas, después de que la UAFE no revelara ninguna información que justificara la decisión. La entidad reguladora del sector bancario descongeló las cuentas casi dos semanas después, tras repetidas insistencias del juez.
Durante las audiencias judiciales, funcionarios de la UAFE y del Centro Nacional de Inteligencia, la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, citaron la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada el 10 de junio, para negar a los abogados y jueces información sobre presuntas pruebas de irregularidades. Las organizaciones de derechos humanos también han demandado la inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia, alegando que socava las garantías que regulan la obtención de información por parte de agencias de inteligencia.
Las disposiciones que permiten el bloqueo de cuentas bancarias sobre la base de informes de inteligencia deben revisarse urgentemente para garantizar que se ajusten a la Constitución ecuatoriana y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
La UAFE citó una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo mundial de control del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, según la cual los gobiernos deben congelar o incautar sin demora los activos vinculados a actividades delictivas. Sin embargo, el GAFI ha afirmado que las medidas dirigidas a las organizaciones sin fines de lucro deben ser “específicas, proporcionadas y basadas en el riesgo... [y] no deben perturbar ni desalentar indebidamente las actividades legítimas [de las organizaciones sin fines de lucro]”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sostenido que las restricciones al derecho a la propiedad deben ser excepcionales y solo deben imponerse en la medida en que sean necesarias y proporcionales para alcanzar un objetivo legítimo.
Varias personas cuyas cuentas fueron posteriormente descongeladas por orden judicial, también se enfrentan a investigaciones penales por presunto “enriquecimiento privado no justificado” y “financiación del terrorismo”. Las investigaciones comenzaron aproximadamente al mismo tiempo que la decisión de congelar las cuentas.
“Los fiscales y los jueces deben asegurarse de que estas investigaciones penales sigan el debido proceso, se basen en pruebas creíbles y no se utilicen para restringir indebidamente la labor de las organizaciones ambientalistas e indígenas”, afirmó Goebertus.