OPINIÓN de Javier Madrazo Lavín .- El derecho a la vivienda, entendido como un derecho humano fundamental, ha recuperado vigencia en el debate político y social, en gran medida como respuesta a la ola de desahucios, consecuencia directa del austericidio y el empobrecimiento de una parte importante de la llamada clase media, que se ve imposibilitada para hacer frente a los créditos contraídos al perder su puesto de trabajo. Es obvio que todas las personas necesitamos un hogar en el que poder desarrollar, de un modo autónomo, nuestro proyecto de vida. Sin una vivienda digna nadie puede tener una vida digna. Hablamos de una demanda ciudadana legítima, consagrada en la Constitución española del año 1978, que las Administraciones Públicas competentes siempre han incumplido. En este sentido, constituye una buena noticia que PSE, Bildu y UPD hayan alcanzado un acuerdo para impulsar en Euskadi una Ley de Vivienda, que reconozca, por fin, el derecho subjetivo a un lugar en el que poder vivir.