CAS Estatal Cinco años después de la hecatombe de las residencias, con más de 35.000 ancianos fallecidos, asistimos ahora a una nueva pérdida de derechos de las personas residenciadas dependientes. Es cierto que los y las personas que viven en residencias mantienen formalmente los mismos derechos sanitarios que las personas que viven en sus domicilios, y por lo tanto el acceso a atención primaria, a la hospitalaria, a las urgencias y al sistema de farmacia. Sin embargo, las Comunidades Autónomas (CCAA) han ido legislando durante estos años la obligatoriedad de que las residencias dispongan de recursos médicos y sanitarios complementarios a la asistencia pública, debido a la tipología de los internos, sus patologías, y sus grados de dependencia, que las convierten en centros especiales en los que son necesarios sanitarios de forma continuada. Sin embargo, esas normas son incumplidas por las propias administraciones en todas las CCAA. Somos conscientes de que, en la sit...
