Miles de personas muertas violentamente y cientos de víctimas de desaparición forzada en dos años en Nigeria
- 1.844 personas muertas de forma violenta entre enero de 2021 y junio de 2023
- Hombres armados mataron a más de 400 personas en el estado de Imo entre 2019 y 2021
- Cientos de personas detenidas arbitrariamente y víctimas de desaparición forzada
“La persistente inacción de las autoridades nigerianas a la hora de abordar la crisis de seguridad en la región sudoriental del país ha creado un reino de impunidad de todos contra todos en el que numerosos actores estatales y no estatales han cometido violaciones graves de derechos humanos y causado la muerte de al menos a 1.844 personas entre enero de 2021 y junio de 2023”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El informe, titulado A Decade of Impunity: Attacks and Unlawful Killings in Southeast Nigeria, documenta homicidios ilícitos, torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y desplazamientos a manos de hombres armados descontrolados, grupos paramilitares respaldados por el Estado, agentes parapoliciales, bandas delictivas y sectas en la región sudoriental entre enero de 2021 y diciembre de 2024.
“La brutal represión por las autoridades nigerianas de las protestas pro-Biafra desde agosto de 2015 sumió a la región sudoriental en un ciclo sin fin de matanzas que ha creado un clima de temor y ha dejado a muchas comunidades en situación vulnerable. Los asesinatos de personalidades destacadas y los ataques en carreteras y contra personal e instalaciones de seguridad son terribles recordatorios de la inseguridad de la región”, ha declarado Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria.
“El gobierno debe dejar de hacer caso omiso de los homicidios ilegítimos, los arrestos y detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y la destrucción de bienes en la región sudoriental. Las autoridades deben cumplir sus obligaciones constitucionales y en materia de derechos humanos internacionales, lo que incluye garantizar que todos los presuntos perpetradores responden ante la justicia en juicios justos, con independencia de quienes sean, y que las víctimas y sus familias tienen acceso a la justicia y a un recurso efectivo”.
El informe se basa en entrevistas a cien personas entre sobrevivientes, familiares de víctimas, miembros de la sociedad civil, profesionales de la abogacía, dirigentes tradicionales y líderes religiosos. Amnistía Internacional también hizo visitas de investigación a Owerri, en el estado de Imo; Asaba, en el estado de Delta; Obosi, en el estado de Anambra, y Enugu, en el estado del mismo nombre entre abril de 2023 y noviembre del mismo año.
Los hombres armados han matado a más de 400 personas en el estado de Imo entre enero de 2019 y diciembre de 2021, a menudo saliendo de sus campamentos con el rostro descubierto para efectuar ataques contra residentes, comisarías de policía y oficinas de grupos parapoliciales. Los asaltos han desencadenado ataques de represalia que han causado la muerte y heridas a miles de residentes.
Las víctimas relatan que los hombres aparecen, normalmente exigiendo dinero de las comunidades durante ceremonias de entierro y de boda. Quien se resiste corre el riesgo de sufrir un ataque violento durante la noche y el incendio de su casa.
Ebulle, que sobrevivió a un ataque de hombres armados en Ihiala, contó a Amnistía Internacional: “Los ‘hombres armados desconocidos’ van armados; algunos vienen con armas de fuego, sables y machetes. Si vienen para un ataque, matarán a cualquiera que les bloquee el paso. Es una situación terrible, la gente está asustada…”.
Las autoridades nigerianas siguen culpando a la organización pro-Biafra IPOB (Pueblo Indígena de Biafra) y a su brazo armado, la Red de Seguridad Oriental (ESN), de la mayoría de los ataques mortales de la región. IPOB/ESN niega su implicación en las actividades de los “hombres armados desconocidos” y sus campamentos.
Sin embargo, la aplicación de una orden de quedarse en casa impuesta por IPOB/ESN en toda la región sudoriental el 9 de agosto de 2021 ha dado lugar a violaciones de derechos humanos con palizas o incluso muertes por desobedecerla. Se han clausurado las escuelas e interrumpido los exámenes, lo que impide ir a clase a niños y niñas. También se han cerrado mercados, lo que ha tenido duras consecuencias económicas para comunidades de los estados de Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu e Imo.
La inseguridad en el sudeste de Nigeria ha afectado a los derechos de la población relativos a la vida, la integridad física, la seguridad, la libertad y la libertad de circulación. Muchas personas llevan varios años sin viajar a sus poblaciones de procedencia por temor a los ataques y secuestros. Las ceremonias tradicionales de boda y entierro que se hacían normalmente en los hogares ancestrales de la población se celebran ahora en su mayoría en otras comunidades fuera del sudeste por temor a los ataques de los hombres armados.
Los hombres armados han convertido algunas comunidades en “espacios sin gobierno” al echar a los gobernantes tradicionales, desplazar a residentes y tomar el control total de las comunidades, como las de Agwa e Izombe, en la zona de gobierno local (LGA) de Oguta, en el estado de Imo, y Lilu, en la LGA de Ihiala, en el estado de Anambra.
El informe de Amnistía Internacional documenta también abusos y homicidios cometidos por varios grupos pertenecientes a sectas que actúan sin control en el contexto de un floreciente narcotráfico en varias localidades del estado de Anambra, como Obosi, Awka, Onitsha, Ogidi y Umuoji.
El informe revela que la fuerza paramilitar Ebube Agu, que cuenta con el apoyo del Estado, establecida por los gobernadores del sudeste el 11 de abril de 2021, es utilizada como instrumento para hostigar e intimidar a quienes se oponen a los gobiernos estatales o los critican. También es responsable de arrestos y detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y destrucción de casas.
Durante las operaciones militares en el sudeste, las agencias de seguridad nigerianas, incluidos el ejército y la policía, cometieron homicidios ilegítimos, arrestos y detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y destrucción de bienes.
Pese a la escala de las atrocidades cometidas contra la población, las víctimas de la violencia no han obtenido justicia ni una reparación adecuada.
“Nadie sabe exactamente el número de personas que han muerto en el sudeste desde agosto de 2015. Muchas personas han sido declaradas en paradero desconocido o víctimas de desaparición forzada. El número de homicidios de gran repercusión y el temor constante a posibles ataques en cualquier lugar y en cualquier momento muestran hasta qué punto las autoridades no protegen vidas y bienes, ni garantizan el orden público. La impunidad por estos crímenes contra los derechos humanos sigue teniendo un efecto intimidatorio en el disfrute de otros derechos humanos”, concluyó Isa Sanusi.
“Las autoridades nigerianas deben cumplir sus obligaciones constitucionales y relativas al derecho internacional de los derechos humanos garantizando, protegiendo y asegurando los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad y la seguridad de las personas, y frenando la galopante ola de inseguridad en la región sudoriental. Las autoridades deben realizar investigaciones sin demora, exhaustivas, independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre todas las denuncias de violaciones y abusos cometidos por actores estatales y no estatales en la región”.
Amnistía Internacional documenta violaciones de derechos humanos a manos del Estado, grupos no estatales, bandas delictivas y grupos paramilitares respaldados por el Estado en el sur desde agosto de 2015. Este informe amplía la investigación publicada el 24 de noviembre de 2016 en la que se detalla la brutal represión del activismo pro-Biafra por parte de las fuerzas de seguridad nigerianas. Las conclusiones de este informe se entregaron a los gobernadores de los estados del sudeste y a las agencias de seguridad nigerianas. No se ha recibido respuesta.