COMUNICADO de Anticapitalistas El pasado 20 de noviembre, el Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de “revelación de secretos”. Finalmente, el fiscal ha dimitido. Esta decisión ignora deliberadamente los testimonios de varios periodistas que, durante el juicio, afirmaron con claridad que el Fiscal General no fue en ningún momento la fuente primaria de la filtración que se le atribuye; es decir, se le ha condenado sin pruebas. El fondo del asunto es claro. Estamos ante un caso de lawfare que busca represaliar la investigación que recae sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y defraudador fiscal confeso. Esta condena solo puede entenderse en el marco de una ofensiva judicial reaccionaria, impulsada por un aparato judicial conservador al servicio de los intereses del Partido Popular y Vox. Una nueva muestra de cómo determinados sectores del poder judicial actúan como un dique contra cualquier mínima rendici...
