OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- La crisis catalana se manifiesta con crudeza estos días en Madrid, concretamente en el Tribunal Supremo, donde bajo la presidencia del juez Marchena un grupo de ex altos cargos del gobierno de la Generalitat catalana y dos ex responsables de entidades cívicas [Omniun Cultural y Assemblea Nacional Catalana, ANC] están jugándose muchos años de prisión bajo dos acusaciones principales: la de rebelión y la de sedición.
Estamos conociendo muchas cosas a este juicio. Tanto en cuanto a lo que explican en los acusados, como por lo que están haciendo y diciendo desde la Fiscalía. Todo ello, las preguntas de los unos, las respuestas de los otros, los silencios, las omisiones, las ignorancias y los olvidos voluntarios de todos, está generando una impresión bastante tangible de que estamos ante un juicio en el que, rememorando aquella célebre intervención de Mariano Rajoy, podríamos llegar a concluir que todo [lo que hasta ahora sabíamos] es falso... menos alguna cosa.
La Fiscalía no está preguntando, prácticamente, por nada que tenga que ver con las dos acusaciones más duras, la de rebelión y la de sedición. Las razones de esto, más allá de los sofocos que cada dos por tres acusa la fiscal Madrigal, tienen dos explicaciones por parte de los expertos: la más que deficiente instrucción procesal realizada por el juez Llarena y la de que no hay forma jurídica de argumentar para que a los procesados se les pueda probar que lideraron ninguna rebeldía, ni ninguna sedición. Es por eso que los fiscales están centrándose en las otras dos acusaciones, la de malversación y la de desobediencia.
De cualquier modo, es evidente, al menos por ahora, que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado preguntan por ninguna acción violenta o ninguna amenaza de violencia que demuestre que, efectivamente, desde el gobierno catalán se pretendía una insurrección convencional contra el orden establecido. Y si no preguntan es, lógicamente, porque no quieren verse superados argumentalmente por los acusados y sus abogados. Conclusión provisional, entonces: tanto golpe de pecho, tanto rasgarse las vestiduras, y va a resultar, parece, que todo el montaje político que ha habido detrás del juicio, tanta soflama patriótica españolista, no tiene apoyo legal, ni jurídico, ni judicial. Es ésta una sospecha que habrá que confirmar.
Claro que los excesos verbales y el agitar virulento de las banderas se produjeron por los dos lados. Explican la mayor parte de los que se sientan en el banquillo de los acusados, salvo Junqueras y Romeva, por cierto, que lo que se hizo, aquella proclamación de la república catalana, aquel referéndum, aquella política de gestos insolentes hacia el Estado por parte de los soberanistas, no eran sino actuaciones teatrales para atemorizar al gobierno de Madrid y obligarle a negociar.
Según la ex consejera de trabajo, Dolors Bassa, el 1-O [el remedo de referéndum] no fue "el instrumento para hacer efectiva la voluntad popular", contradiciendo lo que antes que ella había declarado Oriol Junqueras. Para Bassa fue "un acto para llegar al diálogo y a la negociación" con el Gobierno [de Madrid] ". Es decir que "El 1-O nunca se planteó como un acto concluyente para la independencia, siempre se intentó el pacto". Claro que en esa puesta en escena actuaron muchos miles de figurantes que, ajenos a lo que realmente estaba pasando, creían a pies juntillas que lo que los dirigentes secesionistas les contaban de la Declaración Unilateral de Independencia [DUI] y demás era la verdad verdadera. Ahora sabemos que no era exactamente así, ni mucho menos.
De hecho, todos los acusados, incluyendo Oriol Junqueras y Raül Romeva, han coincidido en que la DUI fue fundamentalmente una "expresión de voluntad política". El ex consejero Josep Rull fue más explícito al afirmar que el Gobierno no desarrolló la declaración, que "se teorizó" sobre la independencia, pero que nunca la implementaron. Incluso a preguntas de la fiscalía, Rull declaró que el gobierno de Puigdemont en ningún caso impulsó la agencia nacional de inteligencia catalana como tampoco intentó poner en marcha un nuevo sistema judicial catalán.
El gran público, catalanes y ciudadanos del resto de España, hemos vivido muy engañados al parecer. Por los responsables políticos de todo signo y, también, por una campaña sistemática de desinformación desarrollada desde determinadas y conocidas cabeceras de periódicos, y también desde varias cadenas de televisión, incluyendo las públicas, como TVE [en manos del PP] y la TV3 [en manos del independentismo].
El ex consejero Santi Vila ha declarado ante el Tribunal Supremo que "había mucha más moderación en los dos Gobiernos [el español y el catalán] de lo que se relata en los medios", y ha añadido dos informaciones de gran relevancia. Que el Gobierno de Rajoy mantuvo las líneas de diálogo abiertas con el de Puigdemont hasta el último momento, añadiendo que el ejecutivo de Rajoy tuvo "gran interés en evitar el choque" con el Gobierno después del 1-O. Además, por si había dudas en la Sala, aclaró que dentro del mismo Gobierno de la Generalitat había serias discrepancias entre sus miembros sobre reconocer o no el 1-O como un referéndum asumible del cual debían derivarse resultados tangibles, mientras que otros como él entendían que la votación de ese día no pasaba de ser una mera "movilización y exhibición política sin ningún otro valor".
Para dar consistencia a esta tesis de la falta de efectividad real de la DUI, así como de las actuaciones anteriores y posteriores del gobierno catalán, hay que prestar atención a la información que ofrecía días atrás el periodista Ernesto Ekáizer en el diario El País.
Según Ekáizer, un hombre siempre bien informado en los asuntos jurídicos y judiciales, a petición de la letrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, María Antonia Cao, el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, respondió el pasado 13 de febrero remitiendo un certificado según el cual, revisadas las actas de las reuniones del Consejo de Ministros, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no declaró el estado de sitio con motivo del proceso soberanista catalán. Una declaración que habría sido obligada en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Estados de Alarma, de Excepción y de Sitio. ¿Si tan evidente era la rebelión y la sedición, como es que el Gobierno no actuó de acuerdo a lo previsto legalmente?
Es decir que ahora, cuando el juicio sólo lleva una semana en marcha, hemos sido informados de varias cuestiones trascendentales. Recapitulemos.
Sabemos que desde ambos gobiernos se hizo lo posible para evitar el choque de trenes, y que en Madrid y en Barcelona se trabajó hasta el último momento en este sentido. Sabemos que el Gobierno de la Generalitat catalana nunca desarrolló ninguna instrucción que diera contenido efectivo a la DUI, y que buena parte de sus miembros no creyeron que aquella tuviera otro objetivo que utilizar las movilizaciones como herramienta de presión sobre el gobierno de Madrid. También hemos conocido que el gobierno Rajoy nunca creyó que hubiera un verdadero peligro de secesión en Cataluña, dado que no activó el estado de excepción, tal como la ley exige en caso de peligro real. Finalmente, tenemos sospechas fundadas de que la Fiscalía no cree poder demostrar que los acusados puedan ser objeto de condena por rebelión ni por sedición, unos cargos en los que los fiscales parecen no creer en absoluto.
Mucha falsedad, pero también un par de cosas ciertas. Sabemos que una docena de personas han pasado un año de prisión preventiva y aún están bajo una tremenda acusación. También sabemos, para concluir, que este encarcelamiento continuado e injustificable en opinión de una amplia mayoría de juristas expertos ha provocado unos daños quién sabe si irreparables en la sociedad catalana; paralelos a los que el soberanismo ultra ha provocado en la sociedad española.
Mientras tanto, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox continúan con la matraca de la unidad de España amenazada, de la traición de los socialistas de Pedro Sánchez y de cómo éste se ha vendido a los independentistas catalanes. Del otro lado, el soberanismo manifiesta un discurso público que se contradice con lo que estamos conociendo en Madrid; un relato que controlan los sectores más radicales y que prioriza el supuesto mandamiento del 1-O incluso por encima del marco legal del sistema democrático.
Son los partidarios del cuanto que peor, mejor de las dos orillas del Ebro quienes tienen la sartén por el mango, y no vacilan en mentir y en manipular a todo el mundo en su beneficio. Algún día hará falta que la parte mayoritaria de la sociedad -española y catalana- reaccione y, además, pida responsabilidades por tanto daño como han causado y quieren continuar provocando.
Estamos conociendo muchas cosas a este juicio. Tanto en cuanto a lo que explican en los acusados, como por lo que están haciendo y diciendo desde la Fiscalía. Todo ello, las preguntas de los unos, las respuestas de los otros, los silencios, las omisiones, las ignorancias y los olvidos voluntarios de todos, está generando una impresión bastante tangible de que estamos ante un juicio en el que, rememorando aquella célebre intervención de Mariano Rajoy, podríamos llegar a concluir que todo [lo que hasta ahora sabíamos] es falso... menos alguna cosa.
La Fiscalía no está preguntando, prácticamente, por nada que tenga que ver con las dos acusaciones más duras, la de rebelión y la de sedición. Las razones de esto, más allá de los sofocos que cada dos por tres acusa la fiscal Madrigal, tienen dos explicaciones por parte de los expertos: la más que deficiente instrucción procesal realizada por el juez Llarena y la de que no hay forma jurídica de argumentar para que a los procesados se les pueda probar que lideraron ninguna rebeldía, ni ninguna sedición. Es por eso que los fiscales están centrándose en las otras dos acusaciones, la de malversación y la de desobediencia.
De cualquier modo, es evidente, al menos por ahora, que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado preguntan por ninguna acción violenta o ninguna amenaza de violencia que demuestre que, efectivamente, desde el gobierno catalán se pretendía una insurrección convencional contra el orden establecido. Y si no preguntan es, lógicamente, porque no quieren verse superados argumentalmente por los acusados y sus abogados. Conclusión provisional, entonces: tanto golpe de pecho, tanto rasgarse las vestiduras, y va a resultar, parece, que todo el montaje político que ha habido detrás del juicio, tanta soflama patriótica españolista, no tiene apoyo legal, ni jurídico, ni judicial. Es ésta una sospecha que habrá que confirmar.
Claro que los excesos verbales y el agitar virulento de las banderas se produjeron por los dos lados. Explican la mayor parte de los que se sientan en el banquillo de los acusados, salvo Junqueras y Romeva, por cierto, que lo que se hizo, aquella proclamación de la república catalana, aquel referéndum, aquella política de gestos insolentes hacia el Estado por parte de los soberanistas, no eran sino actuaciones teatrales para atemorizar al gobierno de Madrid y obligarle a negociar.
Según la ex consejera de trabajo, Dolors Bassa, el 1-O [el remedo de referéndum] no fue "el instrumento para hacer efectiva la voluntad popular", contradiciendo lo que antes que ella había declarado Oriol Junqueras. Para Bassa fue "un acto para llegar al diálogo y a la negociación" con el Gobierno [de Madrid] ". Es decir que "El 1-O nunca se planteó como un acto concluyente para la independencia, siempre se intentó el pacto". Claro que en esa puesta en escena actuaron muchos miles de figurantes que, ajenos a lo que realmente estaba pasando, creían a pies juntillas que lo que los dirigentes secesionistas les contaban de la Declaración Unilateral de Independencia [DUI] y demás era la verdad verdadera. Ahora sabemos que no era exactamente así, ni mucho menos.
De hecho, todos los acusados, incluyendo Oriol Junqueras y Raül Romeva, han coincidido en que la DUI fue fundamentalmente una "expresión de voluntad política". El ex consejero Josep Rull fue más explícito al afirmar que el Gobierno no desarrolló la declaración, que "se teorizó" sobre la independencia, pero que nunca la implementaron. Incluso a preguntas de la fiscalía, Rull declaró que el gobierno de Puigdemont en ningún caso impulsó la agencia nacional de inteligencia catalana como tampoco intentó poner en marcha un nuevo sistema judicial catalán.
El gran público, catalanes y ciudadanos del resto de España, hemos vivido muy engañados al parecer. Por los responsables políticos de todo signo y, también, por una campaña sistemática de desinformación desarrollada desde determinadas y conocidas cabeceras de periódicos, y también desde varias cadenas de televisión, incluyendo las públicas, como TVE [en manos del PP] y la TV3 [en manos del independentismo].
El ex consejero Santi Vila ha declarado ante el Tribunal Supremo que "había mucha más moderación en los dos Gobiernos [el español y el catalán] de lo que se relata en los medios", y ha añadido dos informaciones de gran relevancia. Que el Gobierno de Rajoy mantuvo las líneas de diálogo abiertas con el de Puigdemont hasta el último momento, añadiendo que el ejecutivo de Rajoy tuvo "gran interés en evitar el choque" con el Gobierno después del 1-O. Además, por si había dudas en la Sala, aclaró que dentro del mismo Gobierno de la Generalitat había serias discrepancias entre sus miembros sobre reconocer o no el 1-O como un referéndum asumible del cual debían derivarse resultados tangibles, mientras que otros como él entendían que la votación de ese día no pasaba de ser una mera "movilización y exhibición política sin ningún otro valor".
Para dar consistencia a esta tesis de la falta de efectividad real de la DUI, así como de las actuaciones anteriores y posteriores del gobierno catalán, hay que prestar atención a la información que ofrecía días atrás el periodista Ernesto Ekáizer en el diario El País.
Según Ekáizer, un hombre siempre bien informado en los asuntos jurídicos y judiciales, a petición de la letrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, María Antonia Cao, el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, respondió el pasado 13 de febrero remitiendo un certificado según el cual, revisadas las actas de las reuniones del Consejo de Ministros, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no declaró el estado de sitio con motivo del proceso soberanista catalán. Una declaración que habría sido obligada en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Estados de Alarma, de Excepción y de Sitio. ¿Si tan evidente era la rebelión y la sedición, como es que el Gobierno no actuó de acuerdo a lo previsto legalmente?
Es decir que ahora, cuando el juicio sólo lleva una semana en marcha, hemos sido informados de varias cuestiones trascendentales. Recapitulemos.
Sabemos que desde ambos gobiernos se hizo lo posible para evitar el choque de trenes, y que en Madrid y en Barcelona se trabajó hasta el último momento en este sentido. Sabemos que el Gobierno de la Generalitat catalana nunca desarrolló ninguna instrucción que diera contenido efectivo a la DUI, y que buena parte de sus miembros no creyeron que aquella tuviera otro objetivo que utilizar las movilizaciones como herramienta de presión sobre el gobierno de Madrid. También hemos conocido que el gobierno Rajoy nunca creyó que hubiera un verdadero peligro de secesión en Cataluña, dado que no activó el estado de excepción, tal como la ley exige en caso de peligro real. Finalmente, tenemos sospechas fundadas de que la Fiscalía no cree poder demostrar que los acusados puedan ser objeto de condena por rebelión ni por sedición, unos cargos en los que los fiscales parecen no creer en absoluto.
Mucha falsedad, pero también un par de cosas ciertas. Sabemos que una docena de personas han pasado un año de prisión preventiva y aún están bajo una tremenda acusación. También sabemos, para concluir, que este encarcelamiento continuado e injustificable en opinión de una amplia mayoría de juristas expertos ha provocado unos daños quién sabe si irreparables en la sociedad catalana; paralelos a los que el soberanismo ultra ha provocado en la sociedad española.
Mientras tanto, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox continúan con la matraca de la unidad de España amenazada, de la traición de los socialistas de Pedro Sánchez y de cómo éste se ha vendido a los independentistas catalanes. Del otro lado, el soberanismo manifiesta un discurso público que se contradice con lo que estamos conociendo en Madrid; un relato que controlan los sectores más radicales y que prioriza el supuesto mandamiento del 1-O incluso por encima del marco legal del sistema democrático.
Son los partidarios del cuanto que peor, mejor de las dos orillas del Ebro quienes tienen la sartén por el mango, y no vacilan en mentir y en manipular a todo el mundo en su beneficio. Algún día hará falta que la parte mayoritaria de la sociedad -española y catalana- reaccione y, además, pida responsabilidades por tanto daño como han causado y quieren continuar provocando.
