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Sobre el abandono sanitario de los mayores en las residencias

CAS Estatal
 

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Cinco a帽os despu茅s de la hecatombe de las residencias, con m谩s de 35.000 ancianos fallecidos, asistimos ahora a una nueva p茅rdida de derechos de las personas residenciadas dependientes.

  • Es cierto que los y las personas que viven en residencias mantienen formalmente los mismos derechos sanitarios que las personas que viven en sus domicilios, y por lo tanto el acceso a atenci贸n primaria, a la hospitalaria, a las urgencias y al sistema de farmacia. Sin embargo, las Comunidades Aut贸nomas (CCAA) han ido legislando durante estos a帽os la obligatoriedad de que las residencias dispongan de recursos m茅dicos y sanitarios complementarios a la asistencia p煤blica, debido a la tipolog铆a de los internos, sus patolog铆as, y sus grados de dependencia, que las convierten en centros especiales en los que son necesarios sanitarios de forma continuada. Sin embargo, esas normas son incumplidas por las propias administraciones en todas las CCAA.
  • Somos conscientes de que, en la situaci贸n actual de deterioro continuo de la atenci贸n primaria, cuando se est谩n produciendo cierres de consultorios en zonas rurales y urbanas, pretender que la Atenci贸n Primaria asuma en exclusiva la atenci贸n de los miles de residentes dependientes (en la actualidad cerca de 400.000 personas residen en centros de mayores) es irreal. Sin un incremento muy importante de recursos en la Atenci贸n Primaria, no es posible asumir dicha asistencia, de forma que excepto honrosas excepciones, la realidad es la ausencia de un servicio asistencial de calidad y de seguimiento de patolog铆as cr贸nicas, lo que est谩 produciendo una desatenci贸n continua de los residentes m谩s dependientes.
  • Esta falta de cobertura no se debe a que no existan profesionales (se est谩n formando m谩s m茅dicos que nunca) sino a los bajos salarios y las penosas condiciones que las residencias ofrecen. Las diferencias retributivas mensuales respecto a cualquier servicio auton贸mico de salud pueden ir desde 400 a 700 euros al mes, lo que explica la falta de disponibilidad de los profesionales sanitarios para trabajar en residencias.
  • Esta situaci贸n ratifica vergonzosamente la ley de Cuidados Inversos, ya que la desasistencia sanitaria y la falta de una buena atenci贸n m茅dica se corresponde inversamente con las necesidades de la poblaci贸n asistida. Actualmente en Atenci贸n Primaria se prioriza la asistencia a colectivos con muchas menos necesidades, desde el “programa del ni帽o sano”, hasta “urgencias inconsistentes”, burocracias de diferentes tipos, o programas de detecci贸n precoz de dudosa eficacia sanitaria y social. El modelo actual privilegia por tanto a sectores sin necesidades relevantes, mientras que margina a los que la sociedad invisibiliza, desde los residentes dependientes, hasta los inmigrantes excluidos.
  • Hace unos meses, el Ministerio de Derechos Sociales present贸 el primer censo de centros residenciales en el Estado, censo que seg煤n sus palabras «representa un paso m谩s para mejorar las pol铆ticas p煤blicas en el 谩mbito de los servicios sociales«. Sin embargo, echamos en falta la m谩s m铆nima referencia a la situaci贸n de la atenci贸n sanitaria en dichos centros, cuando se reconoce que “el 75% de los residentes en centros de personas mayores tiene 80 o m谩s a帽os” (alrededor de 300.000 personas), as铆 como a la inexistencia de mecanismos de participaci贸n de los internos y sus familiares en la gesti贸n de los centros.

Ante esta conculcaci贸n del derecho a la salud, ni el gobierno central, ni los auton贸micos est谩n haciendo absolutamente nada. Incluso, hay CCAA que, ante las multas propuestas por sus propios Servicios de Inspecci贸n, por el incumplimiento de sus propias normativas en materia de cobertura de personal sanitario (insistimos, debido a las deficientes condiciones laborales y los escasos salarios), han anunciado la supresi贸n de las penalizaciones por los citados incumplimientos. Otras, han ido m谩s all谩, aprobando normas que eximen en la pr谩ctica a las residencias de la obligatoriedad de disponer de recursos m茅dicos y sanitarios propios (traspasando en exclusiva la responsabilidad de la atenci贸n de los internos a los servicios p煤blicos de salud), y derogando sus propias normas previas, que aunque incumpl铆an, establec铆an ciertas ratios de profesionales m茅dicos y sanitarios. Propuesta similar a la de un reconocido estadista para acabar con los incendios: talar los bosques.

En definitiva, hoy, cinco a帽os despu茅s de la pandemia Covid y de la aprobaci贸n por el Parlamento del Plan de Reconstrucci贸n del SNS, los sistemas sanitarios p煤blicos contin煤an su camino hacia modelos de beneficencia, con cifras r茅cord de listas de espera, abandono de profesionales, cierre de servicios y centros, mientras la patronal privada abre nuevos centros, los seguros privados escalan y las personas m谩s dependientes en esta sociedad, quiz谩s las que m谩s han aportado con su trabajo para la construcci贸n de los sistemas de protecci贸n social, est谩n siendo excluidas de lo que m谩s necesitan: el acceso a una asistencia sanitaria b谩sica.

Es necesario reivindicar un espacio sociosanitario digno que atienda las necesidades de salud de las personas que precisen vivir en residencias y establecer est谩ndares y ratios asistenciales eficientes y equitativos. Es imprescindible planificar las necesidades sanitarias de un sector de poblaci贸n con cada vez m谩s peso demogr谩fico para el que si no se establecen medidas urgentes, la desatenci贸n y la negligencia supondr谩n una nueva masacre, esta vez totalmente previsible.

A 14 de marzo de 2025

Firmado por diferentes personas y los siguientes colectivos:

  • Asociaci贸n El Defensor del Paciente
  • Ateneo Libertario Al Margen
  • CAS Estatal – Coordinadora Antiprivatizaci贸n de la Sanidad
  • CGT – Confederaci贸n General del Trabajo
  • CNT CIT – Confederaci贸n Nacional del Trabajo
  • Corriente Sindical de Izquierda – Asturias
  • Colectivo Unitario de Trabajadores de Arag贸n
  • Intersindical Alternativa de Catalunya
  • Pensionistas Complutenses

Esta carta ha sido enviada hoy, 14 de marzo de 2025, al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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