"El hecho de que la empresa qu铆mica Dow, con sede en Estados Unidos, no haya proporcionado reparaci贸n a las v铆ctimas de un mortal escape de gas en una f谩brica de pesticidas en India que caus贸 la muerte de m谩s de 22.000 personas ha creado una “zona de sacrificio” en la que otras 500.000 personas siguen sufriendo", ha manifestado Amnist铆a Internacional en un nuevo informe, en el periodo previo al 40 aniversario de uno de los peores desastres industriales del mundo.
Publicado antes de la junta general de accionistas de Dow que tendr谩 lugar el 11 de abril, Bhopal: 40 years of Injustice (Bhopal: 40 a帽os de injusticia) muestra que los argumentos de derechos humanos en favor de la justicia y la reparaci贸n a quienes sobrevivieron al desastre son m谩s fuertes que nunca. Amnist铆a Internacional pide a las empresas y los Estados que consideren dejar de hacer negocios con Dow a menos que 茅sta reconozca sus responsabilidades en materia de derechos humanos y emprenda acciones significativas y r谩pidas para reparar estos da帽os.
“El informe de Amnist铆a Internacional, publicado casi 40 a帽os despu茅s del devastador escape de gas de Bhopal, muestra c贸mo Dow, junto con las acciones de las autoridades estadounidenses e indias, ha creado una zona de sacrificio en la que sufre m谩s de medio mill贸n de personas de m煤ltiples generaciones. Esta cat谩strofe sigue siendo inmediata y urgente para las personas cuya salud se ha visto arruinada, o cuyos hijos e hijas nacieron con discapacidades o que est谩n siendo envenenadas por la contaminaci贸n del suelo y el agua”, ha manifestado Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnist铆a Internacional.
Amnist铆a Internacional pide a las empresas y los Estados que consideren dejar de hacer negocios con Dow a menos que 茅sta reconozca sus responsabilidades en materia de derechos humanos y emprenda acciones significativas y r谩pidas para reparar estos da帽os.
Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnist铆a Internacional
“La resiliencia y la determinaci贸n de quienes sobrevivieron al desastre de Bhopal y de quienes llevan d茅cadas luchando por la justicia son realmente notables e inspiradoras, pero hoy d铆a los derechos humanos siguen neg谩ndose o siendo objeto de abusos. Entre quienes murieron inicialmente hab铆a muchos ni帽os y ni帽as, pero algunos de los que sobrevivieron tuvieron que abandonar la escuela y ponerse a trabajar para ayudar a cuidar de sus progenitores envenenados por el gas, lo que ha dejado un legado de pobreza y miseria.”
“El racismo ambiental permiti贸 esta cat谩strofe, y permiti贸 tambi茅n la respuesta despreciativa y c铆nica de quienes han tratado de retrasar la justicia a sus v铆ctimas y, de forma vergonzosa, siguen eludiendo sus claras responsabilidades en materia de derechos humanos.”
El racismo ambiental permiti贸 esta cat谩strofe, y permiti贸 tambi茅n la respuesta despreciativa y c铆nica de quienes han tratado de retrasar la justicia a sus v铆ctimas y, de forma vergonzosa, siguen eludiendo sus claras responsabilidades en materia de derechos humanos.
Mark Dummett
En el momento del desastre, la f谩brica era propiedad final de Union Carbide Corporation (UCC), empresa con sede en Estados Unidos. UCC fue adquirida posteriormente por Dow, que tambi茅n est谩 domiciliada en Estados Unidos, y que niega toda responsabilidad. Las respuestas de las empresas pueden consultarse en el anexo del informe.
El informe concluye que la zona que rodea la f谩brica est谩 tan contaminada, y las consecuencias para la salud del agua envenenada y el suelo t贸xico son tan graves, que se ha convertido en una zona de sacrificio, caracterizada habitualmente por da帽os catastr贸ficos y duraderos a la salud de comunidades marginadas causados por la contaminaci贸n de las empresas.
El informe a帽ade que el racismo ambiental, que puede ser resultado de la discriminaci贸n por motivos de raza, casta y/o religi贸n, ya sea intencionada o no, sustenta el desastre y sus consecuencias. Esto incluye tener en marcha una f谩brica de pesticidas que almacenaba y procesaba productos qu铆micos sumamente venenosos —y que se manten铆a y supervisaba con normas inferiores a las empresas de UCC equivalentes en Estados Unidos— junto a zonas densamente pobladas por comunidades predominantemente musulmanas y de casta baja que viv铆an mayoritariamente en la pobreza y en viviendas informales.
Cuando un tanque de almacenamiento se rompi贸 cerca de la medianoche del 2 de diciembre de 1984, enviando toneladas de mort铆fero gas de isocianato de metilo (MIC) a las comunidades cercanas, unas 10.000 personas murieron r谩pidamente. Muchas de las personas que sobrevivieron inicialmente sufrieron terribles problemas de salud, que hasta la fecha han causado la muerte prematura de unas 22.000 personas y han causado da帽os permanente a una cifra muchas veces superior a esa.
Un porcentaje desproporcionado de los ni帽os y ni帽as cuyos progenitores estuvieron expuestos al gas han nacido con discapacidades o sufren trastorno cong茅nitos, y la incidencia de abortos espont谩neos y beb茅s nacidos muertos en las comunidades afectadas sigue siendo mucho m谩s alta de lo normal.
En 1994, UCC abandon贸 las instalaciones sin llevar a cabo una limpieza ni encargarse del gran n煤mero de sustancias qu铆micas almacenadas, lo que provoc贸 una grave contaminaci贸n de las fuentes de agua locales y del suelo. Esto ha causado un da帽o devastador y duradero a la salud de la poblaci贸n local, y se ha vinculado a anormalidades cromos贸micas similares a las diagnosticadas a las personas que estuvieron expuestas al escape inicial de gas.
Amnist铆a Internacional ha mostrado anteriormente lo absolutamente injusto, inadecuado y deficientemente administrado que fue el acuerdo alcanzado entre UCC y el gobierno indio en 1989, que supon铆a una media de unos 500 d贸lares estadounidenses por v铆ctima. El informe se帽ala que, cuando le pidieron que comentara este acuerdo tras su compra de UCC en 2001, un portavoz de Dow dijo: “500 d贸lares es bastante dinero para un indio”.
Para que se desestimara la demanda interpuesta contra la empresa en la jurisdicci贸n estadounidense, UCC aleg贸 que a los tribunales y jueces de Estados Unidos, embebidos de los valores culturales y expectativas estadounidenses, les resultaba imposible comprender el nivel de vida de las personas que habitaban en las viviendas informales en torno a la f谩brica.
El informe destaca c贸mo el gobierno estadounidense, mediante una captaci贸n de apoyos en ocasiones encubierta, presion贸 al gobierno indio para que permitiera a las personas con ciudadan铆a estadounidense escapar de la justicia penal, y ayud贸 en los esfuerzos por frustrar y demorar las peticiones de extradici贸n y las comparecencias de Dow ante los tribunales. El gobierno ayud贸 a proteger a las empresas de los intentos de hacerlas rendir cuentas y reforz贸 la desigual din谩mica de poder.
El informe sugiere que es inconcebible que una empresa india que actuara en territorio estadounidense pudiera matar a 22.000 estadounidenses y luego escapar de la justicia de Estados Unidos con la ayuda del gobierno indio.
Entre sus recomendaciones, el informe insta a Dow a responder de sus responsabilidades sobre Bhopal bas谩ndose en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que Dow afirma p煤blicamente cumplir, y a revelar sin demora y de forma p煤blica sus conclusiones. Tambi茅n insta al grupo y al gobierno estadounidense a ayudar con todos los procedimientos judiciales, incluido el litigio penal en curso en India.
Amnist铆a Internacional pide a Dow y UCC que indemnicen adecuadamente a todas las personas que sobrevivieron y remedien los da帽os multigeneracionales. Asimismo, pide a las empresas que contribuyan con una cantidad adecuada a una evaluaci贸n de la contaminaci贸n y a labores de limpieza, as铆 como a la provisi贸n de atenci贸n m茅dica gratuita de alta calidad a quienes sufren da帽os, y a una supervisi贸n futura de la salud y el medioambiente.
El informe dice que las autoridades tanto estatales como locales indias deben garantizar el suministro fiable de agua no contaminada a las comunidades afectadas, facilitar la distribuci贸n justa, inmediata y transparente de todas las indemnizaciones pendientes que a煤n est谩n en manos del gobierno, y compensar cualquier carencia de quienes siguen sufriendo o de quienes han visto denegada injustamente la reparaci贸n. Amnist铆a Internacional pide al gobierno indio que siga pidiendo reparaci贸n legal de Dow en nombre de las v铆ctimas, y que los programas de los partidos pol铆ticos que se presentar谩n a elecciones en India en los pr贸ximos dos meses incluyan el compromiso de indemnizaci贸n.
Bas谩ndose en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos que Dow afirma acatar, la empresa deber铆a cumplir con sus responsabilidades y ayudar r谩pidamente a abordar los abusos que tanto sufrimiento siguen causando.
Mark Dummett
Mark Dummett ha afirmado: “El 40 aniversario de este desastre evitable se aproxima y, pese a las garant铆as p煤blicas de su compromiso y su cumplimiento de las normas internacionales empresariales y de derechos humanos, Dow sigue mostrando un cruel desprecio hacia las v铆ctimas. Bas谩ndose en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos que Dow afirma acatar, la empresa deber铆a cumplir con sus responsabilidades y ayudar r谩pidamente a abordar los abusos que tanto sufrimiento siguen causando”.
Una zona de sacrificio es un 谩rea contaminada a tal extremo que tiene efectos palpables y devastadores para la salud de la poblaci贸n local. Las zonas de sacrificio suelen afectar a comunidades que viven en zonas aleda帽as a instalaciones de industrias pesadas, f谩bricas de productos qu铆micos o lugares de extracci贸n o procesamiento de combustibles f贸siles, y que est谩n expuestas regularmente a contaminantes t贸xicos. Las zonas de sacrificio se caracterizan a menudo por el bajo valor de la propiedad y la desinversi贸n, y suelen ser el hogar de grupos de bajos ingresos, marginados y muchas veces racializados. En 2022, el relator especial de la ONU afirm贸 que por lo general las personas que viven en zonas de sacrificio son “explotadas, traumatizadas y estigmatizadas” y se las trata “como si fueran desechables, se ignora su voz, se excluye su presencia de los procesos de toma de decisiones y se pisotean su dignidad y sus derechos humanos”.
Amnist铆a Internacional define el racismo ambiental como toda pol铆tica, pr谩ctica, ley o normativa ambiental que afecte de forma discriminatoria o desfavorezca (intencionadamente o no) a personas, grupos o comunidades por motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional y 茅tnico, y minor铆as. El racismo ambiental se traduce a menudo en que los grupos racializados se ven desproporcionadamente afectados por la contaminaci贸n, la degradaci贸n del medioambiente y el cambio clim谩tico. A escala mundial, el antiguo relator especial de la ONU sobre el racismo se帽ala que: “la discriminaci贸n por motivos de raza, color, ascendencia y origen nacional y 茅tnico sigue siendo un factor determinante de los da帽os clim谩ticos y ambientales que sufren las personas y las comunidades”. El informe sobre la cat谩strofe de Bhopal afirma que el racismo ambiental describe numerosas violaciones interconectadas de los derechos humanos, como son los efectos adversos de la degradaci贸n ambiental sobre los derechos a la vida, la salud, un nivel de vida adecuado, la educaci贸n y otros derechos sustanciales, la usurpaci贸n del derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible, y la violaci贸n del derecho a no sufrir discriminaci贸n. La indiferencia y el desprecio con que se ha tratado a las personas supervivientes y a sus descendientes desde el escape de gas, la falta de una rendici贸n de cuentas adecuada y efectiva tanto por parte del Estado como de las empresas por el escape de gas y por la contaminaci贸n que a煤n persiste, as铆 como el fracaso a la hora de garantizar un programa de reparaciones que aborde adecuadamente todos los da帽os pasados y presentes son consecuencia del arraigado racismo ambiental.