El gobierno de José Raúl Mulino impone estado de urgencia, suspende derechos constitucionales y silencia las protestas sociales
Integrantes de las Fuerzas Armadas panameñas vigilan una zona el viernes 20 de junio en la ciudad de Changuinola, una de las principales de la provincia de Bocas del Toro (Panamá). Foto EFE
Una nueva ola represiva sacude Panamá. El gobierno de José Raúl Mulino ha decretado estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro —fronteriza con Costa Rica— entre el 20 y el 25 de junio, dejando un saldo provisional de 192 detenidos, un muerto y decenas de heridos, según denuncias ciudadanas. La medida, justificada oficialmente por “actos de vandalismo”, llega en respuesta a las protestas contra la Ley 462 (reforma de pensiones) y ha despertado una fuerte condena entre defensores de derechos humanos.
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El decreto presidencial suspende garantías fundamentales: derechos de reunión, protesta, libre tránsito, hábeas corpus, inviolabilidad del domicilio y hasta la libertad religiosa. En la práctica, habilita detenciones sin orden judicial ni explicación (art. 21-22), la suspensión del hábeas corpus (art. 23), allanamientos arbitrarios (art. 26-27), control sobre dispositivos electrónicos (art. 29), y censura en redes sociales, incluso de reuniones sociales o religiosas (art. 37-38).
El detonante fue la aprobación de la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones. Aunque los bloqueos en Bocas del Toro se habían detenido, la detención de tres líderes sindicales reactivó la protesta. Desde entonces, se reportan represión violenta, cortes de comunicaciones, desapariciones forzadas y tratos degradantes, especialmente contra población indígena: hay denuncias ciudadanas de hombres desnudados, rapados y exhibidos por las fuerzas de seguridad.
Además del joven de 24 años asesinado por disparos en un punto de control, no hay cifras oficiales sobre heridos o muertos civiles. La información es escasa y está siendo bloqueada: las autoridades han restringido el acceso a internet y telefonía móvil en zonas clave.
El trasfondo histórico no pasa desapercibido: muchos de los manifestantes actuales son hijos y sobrinos de quienes quedaron ciegos durante la represión ejercida por Mulino cuando era ministro de Seguridad. Hoy, como mandatario nacional, vuelve a enfrentarlos con mano aún más dura.
Mulino, quien en el pasado pidió a la izquierda “irse a vivir a dictaduras”, aplica ahora medidas que evocan exactamente eso: un régimen autoritario en pleno siglo XXI.
TeleSUR-EFE-HispanTV