OPINI脫N de Emilio Cafassi
"La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus cr铆menes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene."
Jos茅 de San Mart铆n, Cuartel General de Mendoza, 4 de septiembre de 1816.
Las particularidades de los senderos pol铆ticos y el tipo de tr谩nsito que cada pa铆s sudamericano realiza para intentar saldar la deuda c铆vica y moral que dej贸 el Estado Terrorista, reconocen una amplia disparidad. No as铆 las cuestiones de principio que atraviesan, aunque los machetes jur铆dicos que abrir谩n las trillas y el oficio de los desmalezadores tendr谩n necesariamente una impronta local, en ocasiones parad贸jica. Tal vez exista cierta sinergia entre las experiencias que permita multiplicar alientos, aunque mucho m谩s seguro es que haya vasos comunicantes que pretendan coordinar la resistencia. Si el crimen se internacionaliz贸 mediante el Plan C贸ndor, ¿c贸mo no va a reorganizarse la estrategia jur铆dica e ideol贸gica que se propone justificarlo y velarlo?
Esta semana las dos orillas del R铆o de la Plata ascendieron unos metros en la dif铆cil escalada sobre la impunidad, cada una en su propia topograf铆a. En una margen, mediante la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En la otra, a trav茅s de la condena a 18 asesinos de la emblem谩tica Escuela de Mec谩nica de la Armada (ESMA). En ambas se dobleg贸 una bater铆a de falacias y chicanas jur铆dicas que, a pesar del buen resultado para desmontarlas, no convendr铆a desestimar en adelante. Tal vez para ello sea 煤til conocerlas y sistematizarlas en cierta tipologizaci贸n que no requiere de arduas b煤squedas en hemerotecas. El n煤cleo duro de la propaganda terrorista puede ser hallado por cualquier ciudadano en p谩ginas web que act煤an como usinas ideol贸gicas alimentando el discurso de la derecha, aunque luego en sus pol铆ticos se presente algo m谩s disimulado o bien alegremente imaginativo, como el de alg煤n vecino dominguero de esta secci贸n del diario. Basta visitar del lado argentino el sitio de la “Asociaci贸n de abogados por la justicia y la concordia” cuya p谩gina es www.justiciayconcordia.org. Y con menos pretensiones jur铆dicas, del lado oriental, el del grupo “Unidos por la Libertad de los Prisioneros Pol铆ticos” en www.envozalta.org. Me adelanto a desechar cualquier posible objeci贸n basada en que esta informaci贸n incremente las visitas y lecturas de los sitios mencionados y con ello la difusi贸n de la apolog铆a criminal. Contrariamente, considero que la visibilizaci贸n de los panegiristas del genocidio y su propaganda, contribuye a debilitarlos y sobre todo a subrayar las fuentes en las que abreva la derecha para intentar la consagraci贸n de la impunidad. Intentemos entonces una desagregaci贸n mitol贸gica:
Uno. El mito de la ilegalidad: se tratar铆a de la instauraci贸n de un r茅gimen de ausencia de “garant铆as b谩sicas” y de “derechos fundamentales”, aunque no generalizado sino selectivo que recae en los militares, las fuerzas de seguridad y civiles que instauraron las dictaduras y actuaron en ellas. Selectivo o no, este mito contrasta con cualquier dato emp铆rico de los procesos judiciales en curso, que se desarrollan bajo todas las garant铆as de defensa en juicio. No hay un s贸lo caso en el que se hayan impedido o salteado garant铆as procesales o ejercido violencia alguna. Tampoco se contabiliza caso alguno de violencia f铆sica por parte de familiares de v铆ctimas, a pesar de la impunidad.
Dos. El mito de la venganza: se trata de la fase superior de la antigua preocupaci贸n por “mirar hacia el futuro” y por la “reconciliaci贸n”, que se funda en 煤ltima instancia en la teor铆a de los dos demonios. Si bien vergonzante, ya que intenta resguardarse en la supuesta igualdad con sus enemigos, intentando arrastrarlos hacia la misma suerte y condena, no puede desembarazarse del peso de la desigualdad que supone por un lado una pr谩ctica garantista y respetuosa de la vida y la dignidad, mientras por el otro de su negaci贸n radical. El poder judicial no llama a secuestrar, torturar, asesinar, quitarles hijos, bienes y desaparecer los restos de los genocidas y torturadores, aunque juzgue a los perpetradores de ese tipo de cr铆menes. La funci贸n de las justicia no es ir juntando porotos en cada platillo de la balanza como si fuera un ejercicio de equilibrios cuantitativos sino investigar y juzgar. En ning煤n caso, vengar.
Tres. El mito de la irretroactividad, seg煤n el cual los imputados por delitos de lesa humanidad deber铆an ser sometidos a principios jur铆dicos como los de “irretroactividad de la ley penal, ley penal m谩s benigna, cosa juzgada y derechos adquiridos”, tal como sostienen los abogados argentinos. Aqu铆 el argumento consiste en considerar que se tratar铆a de delitos comunes contra alg煤n/os tercero/s y no de un ataque sistem谩tico hacia la sociedad civil, que define y circunscribe el car谩cter de los delitos de lesa humanidad, haci茅ndolos estructuralmente imprescriptibles, a trav茅s de tratados internacionales y jurispruedencia al respecto. Pero a煤n sin ellos, en el caso de la constituci贸n argentina, queda clara la inaplicabilidad de estos principios gen茅ricos del derecho penal. “Esta Constituci贸n mantendr谩 su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democr谩tico. Estos actos ser谩n insanablemente nulos. Sus autores ser谩n pasibles de la sanci贸n prevista en el art铆culo 29 (traici贸n a la patria), inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos p煤blicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutaci贸n de penas (…) las acciones respectivas ser谩n imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este art铆culo”. Los juicios no son contrarios a la constituci贸n argentina (ni tampoco a la uruguaya, a juzgar por los pronunciamientos de la Corte respecto a la ley de caducidad) sino que inconstitucionales fueron las leyes de punto final y obediencia debida, dictadas por el parlamento alfonsinista y los indultos de Menem.
Cuatro. El mito del prejuzgamiento y el “activismo judicial”: cualquier intervenci贸n o declaraci贸n del poder judicial, y en particular de las Supremas Cortes, implicar铆a autom谩ticamente prejuzgamiento. Su rol deber铆a ser tan silente como prescindente. A la vez, los jueces act煤an bajo presi贸n del poder pol铆tico y desarrollan sus acciones guiados por 茅l. La independencia de los poderes es una larga y compleja construcci贸n institucional cuya efectividad s贸lo puede verificarse a trav茅s de las intervenciones de la propia justicia. Esas intervenciones, pueden o no coincidir coyunturalmente con interpretaciones de alg煤n otro poder del estado. En Uruguay es la ley 15.848, defendida por los genocidas y sus c贸mplices pol铆ticos, la que le otorga al poder ejecutivo, que es estructuralmente coyuntural, la funci贸n de gatillo de las investigaciones. En otros t茅rminos, es la propia ley de impunidad la que aherroja a la justicia someti茅ndola al poder pol铆tico, cosa que explica por qu茅 la justicia se vio inerme durante los gobiernos de las fracciones pol铆ticas que en esta semana argumentaron y votaron contra la imprescriptibilidad en Uruguay.
Cinco. El mito de los presos pol铆ticos y su calvario infrahumano: el t茅rmino preso pol铆tico se tom贸 prestado de las propias denuncias y autodefiniciones de sus v铆ctimas, que lo fundaban en la ausencia de reconocimiento, tratamiento y garant铆as judiciales. Precisamente aquellas de las que gozan, a diferencia de sus v铆ctimas, los “denunciantes”. El car谩cter infrahumano resulta un 茅nfasis propagand铆stico predominantemente uruguayo apoyado exclusivamente en algunas fotograf铆as del asesino Gavazzo esposado a la cama en el Hospital Militar. Salvo esa desagradable secuencia gr谩fica, que refleja una sujeci贸n aparentemente innecesaria y esperablemente excepcional e irrepetible, en todos los casos de ambas orillas los detenidos disfrutan, bajo el discutible argumento de la seguridad, de condiciones excepcionales, respecto al resto de los presos. Al punto de poder militar en pro de sus propios intereses.
El terrorismo de Estado se ha inscripto de manera indeleble en la historia y ya resulta imposible borrar las firmas de sus autores m谩s prominentes, y de algunos de sus cultores y amanuenses. No es una leyenda. Lo 煤nico prescriptible son sus mitos.
"La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus cr铆menes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene."
Jos茅 de San Mart铆n, Cuartel General de Mendoza, 4 de septiembre de 1816.
Las particularidades de los senderos pol铆ticos y el tipo de tr谩nsito que cada pa铆s sudamericano realiza para intentar saldar la deuda c铆vica y moral que dej贸 el Estado Terrorista, reconocen una amplia disparidad. No as铆 las cuestiones de principio que atraviesan, aunque los machetes jur铆dicos que abrir谩n las trillas y el oficio de los desmalezadores tendr谩n necesariamente una impronta local, en ocasiones parad贸jica. Tal vez exista cierta sinergia entre las experiencias que permita multiplicar alientos, aunque mucho m谩s seguro es que haya vasos comunicantes que pretendan coordinar la resistencia. Si el crimen se internacionaliz贸 mediante el Plan C贸ndor, ¿c贸mo no va a reorganizarse la estrategia jur铆dica e ideol贸gica que se propone justificarlo y velarlo?
Esta semana las dos orillas del R铆o de la Plata ascendieron unos metros en la dif铆cil escalada sobre la impunidad, cada una en su propia topograf铆a. En una margen, mediante la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En la otra, a trav茅s de la condena a 18 asesinos de la emblem谩tica Escuela de Mec谩nica de la Armada (ESMA). En ambas se dobleg贸 una bater铆a de falacias y chicanas jur铆dicas que, a pesar del buen resultado para desmontarlas, no convendr铆a desestimar en adelante. Tal vez para ello sea 煤til conocerlas y sistematizarlas en cierta tipologizaci贸n que no requiere de arduas b煤squedas en hemerotecas. El n煤cleo duro de la propaganda terrorista puede ser hallado por cualquier ciudadano en p谩ginas web que act煤an como usinas ideol贸gicas alimentando el discurso de la derecha, aunque luego en sus pol铆ticos se presente algo m谩s disimulado o bien alegremente imaginativo, como el de alg煤n vecino dominguero de esta secci贸n del diario. Basta visitar del lado argentino el sitio de la “Asociaci贸n de abogados por la justicia y la concordia” cuya p谩gina es www.justiciayconcordia.org. Y con menos pretensiones jur铆dicas, del lado oriental, el del grupo “Unidos por la Libertad de los Prisioneros Pol铆ticos” en www.envozalta.org. Me adelanto a desechar cualquier posible objeci贸n basada en que esta informaci贸n incremente las visitas y lecturas de los sitios mencionados y con ello la difusi贸n de la apolog铆a criminal. Contrariamente, considero que la visibilizaci贸n de los panegiristas del genocidio y su propaganda, contribuye a debilitarlos y sobre todo a subrayar las fuentes en las que abreva la derecha para intentar la consagraci贸n de la impunidad. Intentemos entonces una desagregaci贸n mitol贸gica:
Uno. El mito de la ilegalidad: se tratar铆a de la instauraci贸n de un r茅gimen de ausencia de “garant铆as b谩sicas” y de “derechos fundamentales”, aunque no generalizado sino selectivo que recae en los militares, las fuerzas de seguridad y civiles que instauraron las dictaduras y actuaron en ellas. Selectivo o no, este mito contrasta con cualquier dato emp铆rico de los procesos judiciales en curso, que se desarrollan bajo todas las garant铆as de defensa en juicio. No hay un s贸lo caso en el que se hayan impedido o salteado garant铆as procesales o ejercido violencia alguna. Tampoco se contabiliza caso alguno de violencia f铆sica por parte de familiares de v铆ctimas, a pesar de la impunidad.
Dos. El mito de la venganza: se trata de la fase superior de la antigua preocupaci贸n por “mirar hacia el futuro” y por la “reconciliaci贸n”, que se funda en 煤ltima instancia en la teor铆a de los dos demonios. Si bien vergonzante, ya que intenta resguardarse en la supuesta igualdad con sus enemigos, intentando arrastrarlos hacia la misma suerte y condena, no puede desembarazarse del peso de la desigualdad que supone por un lado una pr谩ctica garantista y respetuosa de la vida y la dignidad, mientras por el otro de su negaci贸n radical. El poder judicial no llama a secuestrar, torturar, asesinar, quitarles hijos, bienes y desaparecer los restos de los genocidas y torturadores, aunque juzgue a los perpetradores de ese tipo de cr铆menes. La funci贸n de las justicia no es ir juntando porotos en cada platillo de la balanza como si fuera un ejercicio de equilibrios cuantitativos sino investigar y juzgar. En ning煤n caso, vengar.
Tres. El mito de la irretroactividad, seg煤n el cual los imputados por delitos de lesa humanidad deber铆an ser sometidos a principios jur铆dicos como los de “irretroactividad de la ley penal, ley penal m谩s benigna, cosa juzgada y derechos adquiridos”, tal como sostienen los abogados argentinos. Aqu铆 el argumento consiste en considerar que se tratar铆a de delitos comunes contra alg煤n/os tercero/s y no de un ataque sistem谩tico hacia la sociedad civil, que define y circunscribe el car谩cter de los delitos de lesa humanidad, haci茅ndolos estructuralmente imprescriptibles, a trav茅s de tratados internacionales y jurispruedencia al respecto. Pero a煤n sin ellos, en el caso de la constituci贸n argentina, queda clara la inaplicabilidad de estos principios gen茅ricos del derecho penal. “Esta Constituci贸n mantendr谩 su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democr谩tico. Estos actos ser谩n insanablemente nulos. Sus autores ser谩n pasibles de la sanci贸n prevista en el art铆culo 29 (traici贸n a la patria), inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos p煤blicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutaci贸n de penas (…) las acciones respectivas ser谩n imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este art铆culo”. Los juicios no son contrarios a la constituci贸n argentina (ni tampoco a la uruguaya, a juzgar por los pronunciamientos de la Corte respecto a la ley de caducidad) sino que inconstitucionales fueron las leyes de punto final y obediencia debida, dictadas por el parlamento alfonsinista y los indultos de Menem.
Cuatro. El mito del prejuzgamiento y el “activismo judicial”: cualquier intervenci贸n o declaraci贸n del poder judicial, y en particular de las Supremas Cortes, implicar铆a autom谩ticamente prejuzgamiento. Su rol deber铆a ser tan silente como prescindente. A la vez, los jueces act煤an bajo presi贸n del poder pol铆tico y desarrollan sus acciones guiados por 茅l. La independencia de los poderes es una larga y compleja construcci贸n institucional cuya efectividad s贸lo puede verificarse a trav茅s de las intervenciones de la propia justicia. Esas intervenciones, pueden o no coincidir coyunturalmente con interpretaciones de alg煤n otro poder del estado. En Uruguay es la ley 15.848, defendida por los genocidas y sus c贸mplices pol铆ticos, la que le otorga al poder ejecutivo, que es estructuralmente coyuntural, la funci贸n de gatillo de las investigaciones. En otros t茅rminos, es la propia ley de impunidad la que aherroja a la justicia someti茅ndola al poder pol铆tico, cosa que explica por qu茅 la justicia se vio inerme durante los gobiernos de las fracciones pol铆ticas que en esta semana argumentaron y votaron contra la imprescriptibilidad en Uruguay.
Cinco. El mito de los presos pol铆ticos y su calvario infrahumano: el t茅rmino preso pol铆tico se tom贸 prestado de las propias denuncias y autodefiniciones de sus v铆ctimas, que lo fundaban en la ausencia de reconocimiento, tratamiento y garant铆as judiciales. Precisamente aquellas de las que gozan, a diferencia de sus v铆ctimas, los “denunciantes”. El car谩cter infrahumano resulta un 茅nfasis propagand铆stico predominantemente uruguayo apoyado exclusivamente en algunas fotograf铆as del asesino Gavazzo esposado a la cama en el Hospital Militar. Salvo esa desagradable secuencia gr谩fica, que refleja una sujeci贸n aparentemente innecesaria y esperablemente excepcional e irrepetible, en todos los casos de ambas orillas los detenidos disfrutan, bajo el discutible argumento de la seguridad, de condiciones excepcionales, respecto al resto de los presos. Al punto de poder militar en pro de sus propios intereses.
El terrorismo de Estado se ha inscripto de manera indeleble en la historia y ya resulta imposible borrar las firmas de sus autores m谩s prominentes, y de algunos de sus cultores y amanuenses. No es una leyenda. Lo 煤nico prescriptible son sus mitos.