Desaparecidos, secuestrados, explotados o simplemente
humillados. Este parece ser el destino de miles de ni帽os, ni帽as, adolescentes y
mujeres j贸venes cuando han ca铆do en las redes de tratantes y traficantes de
personas. La esclavitud del siglo XXI tiene una expresi贸n clara: la crisis
estatal y la imposibilidad institucional para enfrentar este problema dentro de
las actuales democracias. Si bien la defensa de los derechos humanos al
interior de un sistema democr谩tico representa un hecho elemental, hoy d铆a esto
puede parecer ilusorio al haberse desarrollado una serie de amenazas que
destruyen casi por completo la seguridad de los ciudadanos. En algunos casos,
se atenta contra la integridad f铆sica de cualquier individuo debido a la
creciente ola de criminalidad en todo el pa铆s y, en otras situaciones,
sencillamente la administraci贸n de la justicia se muestra incapaz en el momento
de hacer respetar las leyes. 脡ste es uno de los factores m谩s preocupantes al
evidenciarse que el Estado boliviano en su conjunto, atraviesa por una crisis
estructural donde las relaciones entre la aplicaci贸n de las normas, el
funcionamiento de la polic铆a, la corrupci贸n y los obst谩culos institucionales
que retardan la justicia en Bolivia, se encuentran en decadencia.
Si bien el ordenamiento jur铆dico intenta adaptarse
constantemente a una realidad cambiante y ha tratado de modernizarse en
diferentes momentos a lo largo de la historia del sistema democr谩tico entre
1982 y 2013, las brechas entre lo establecido por la ley y diversas formas que
impiden su obediencia son sumamente grandes. Una cosa es lo que est谩 prescrito
en el derecho y otra, muy diferente, es lo que el Estado puede hacer desde sus
instituciones en materia de ejercicio del poder pol铆tico para castigar una
serie de delitos. En Bolivia persiste un vac铆o de autoridad estatal al tratar
de imponer el orden del Estado de Derecho;
adem谩s, la sociedad civil se acomod贸, de una manera muy lamentable a la
vejaci贸n de sus derechos humanos y a la ausencia de eficacia estatal para
preservar el orden social. Es como si cualquier ciudadano estuviera
acostumbrado a pensar que la injusticia predomine, adem谩s de actuar con total
indiferencia cuando es testigo de diferentes hechos delincuenciales.
Una de las expresiones m谩s claras de violaci贸n a los
derechos humanos dentro de la democracia en Bolivia es la trata y tr谩fico de personas. Es por esto que llama la atenci贸n y,
al mismo tiempo, indigna la difusi贸n de fotograf铆as de ni帽os y j贸venes
desaparecidos a trav茅s de los diferentes medios de comunicaci贸n y las mismas
calles en toda Bolivia. Estas fotos marcan una crisis de los derechos humanos
en el pa铆s, junto con la aparici贸n de diversas situaciones de violencia
estructural en los 谩mbitos urbanos. El tr谩fico con fines de explotaci贸n sexual
es lo que determina al crimen organizado en el siglo XXI a lo largo de las
Am茅ricas y Europa occidental, cre谩ndose de esta manera un nuevo tipo de
aceptaci贸n social muy proclive a la legitimaci贸n de la prostituci贸n como
negocio global.
Muchos de los casos de trata tienen como origen
algunos conflictos dentro del seno familiar pero gran parte de las denuncias
sobre j贸venes desparecidos, permanecen en la incertidumbre y a la espera de una
intervenci贸n efectiva por parte de la polic铆a que, en varias circunstancias,
posterga e inclusive obstaculiza las investigaciones judiciales. El aumento de
la prostituci贸n como negocio urbano floreciente, junto con la persistencia de
una serie de secuestros y abusos para la explotaci贸n laboral, indica la
urgencia de responder eficazmente a la trata de personas. En el terreno
internacional, la trata es parte de algunas redes continentales del crimen
organizado, lo cual dificulta todav铆a m谩s las investigaciones transnacionales,
as铆 como la formulaci贸n de pol铆ticas p煤blicas eficaces para ejecutar un control
m谩s dr谩stico entre diferentes pa铆ses.
La trata de personas fue convirti茅ndose en un s铆mbolo
que representa el deterioro cosificado de los derechos humanos en Bolivia. Esto
significa que cualquier delincuente relacionado con la venta de personas, el
ejercicio del proxenetismo o los hombres que buscan su satisfacci贸n sexual
aprovech谩ndose de la trata, han reducido toda consideraci贸n humana al estatus
de una cosa u objeto que puede ser comerciado en el mercado, no solamente como
una mercanc铆a m谩s, sino con el aditamento de evitar que la ley y el accionar
del Estado protejan los derechos de las v铆ctimas de este delito. La trata de
personas es un delito de discriminaci贸n y contiene varios aspectos pero,
b谩sicamente, se refiere a la comercializaci贸n de los seres humanos, ya sean
hombres, mujeres o ni帽os donde se evidencia una sistem谩tica crueldad con
diferentes tipos de violencia. En varias situaciones, dicha comercializaci贸n
abre el paso para tratar de desbaratar diferentes mecanismos de trata, desde la
captaci贸n de personas hasta el transporte, acogida o recepci贸n de las v铆ctimas.
Pr谩cticamente todos los fen贸menos de trata y tr谩fico
humano afectan particularmente a los ni帽os, ni帽as, adolescentes y mujeres
j贸venes, aproximadamente entre los ocho y veinticinco a帽os de edad,
transform谩ndolos en objetos de lo indigno. La degradaci贸n sexual a la que son
sometidas las v铆ctimas es, de hecho, una cosificaci贸n
y los enga帽os para la esclavitud laboral les quita todo valor como personas con
un derecho m铆nimo a condiciones de vida favorables, sujetas a un salario que
sea el reconocimiento del valor de su trabajo. Estas condiciones verifican la
violaci贸n sistem谩tica de los derechos humanos, junto con el mantenimiento de
diversas formas de servidumbre.
La trata de personas expresa, simult谩neamente, una
profunda crisis institucional y
problemas de credibilidad existentes en organismos representativos como el
Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
(APDHB), que tampoco act煤an clara y oportunamente para responder a los casos de
desapariciones, las cuales van multiplic谩ndose de manera incesante. La trata y
tr谩fico cosifica a cualquier ser humano,
perdi茅ndose de vista o destruy茅ndose el reconocimiento previo de su calidad
como personas. La cosificaci贸n de los
ciudadanos significa la negaci贸n misma de su situaci贸n como seres humanos.
El
nudo central del problema para comprender la trata y tr谩fico de personas en
Bolivia, reside en la incapacidad
institucional del Estado al efectivizar el cumplimiento de la ley, lo cual
reproduce actividades delincuenciales que operan con violencia estructural; 茅sta es causada por un
conjunto de estructuras, tanto f铆sicas como organizativas, que no satisfacen
las necesidades individuales para el ejercicio de derechos y responsabilidades. Si
bien existe una ley integral aprobada
en julio del a帽o 2012, con antecedentes que se remiten a 2006, ni la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ni el Ministerio P煤blico pueden llevar
adelante investigaciones constantes que aseguren la recuperaci贸n de las
v铆ctimas, la reparaci贸n de da帽os en caso de procesar a los delincuentes, ni
tampoco prever futuras acciones para evitar el surgimiento de otros casos que
conectan la trata de personas con la explotaci贸n sexual y diferentes trabajos
forzosos.
Los graves problemas estatales en Bolivia,
caracterizados por una desinstitucionalizaci贸n
que estimula la comisi贸n de varios delitos, apuntan principalmente a la p茅rdida de autoridad pol铆tica e ideol贸gica
para conducir adecuadamente la defensa de los derechos humanos fundamentales,
como por ejemplo, el derecho a la vida y las libertades de los ciudadanos. La desinstitucionalizaci贸n, en el asunto de
esta investigaci贸n, representa una completa incapacidad para regular el orden
social-legal mediante la interpretaci贸n y uso efectivo de las leyes, de manera
que irrumpen m煤ltiples procesos de indefensi贸n, terminando por destruirse
diferentes estructuras de integraci贸n social y confianza en el derecho positivo.
El hecho de que prosigan varias formas de linchamiento en Bolivia, abusando
inclusive de algunas personas inocentes que fueron confundidas con ladrones o
malhechores, da p谩bulo a que los ciudadanos desconf铆en de cualquier patr贸n de
justicia.
De manera directa, entendemos por desinstitucionalizaci贸n la acelerada p茅rdida de respeto por las normas
b谩sicas que est谩n establecidas en el derecho vigente de un pa铆s y la
descomposici贸n de las reglas de funcionamiento interno para cualquier instituci贸n. Si se pierde el respeto por las
normas, entonces la violaci贸n de 茅stas es un rasgo permanente que termina por
instaurar la arbitrariedad como c贸digo de conducta en la vida cotidiana. Todos
se aprovechan y alteran las reglas de convivencia, se atacan mutuamente y
resuelven cualquier conflicto de intereses o agresiones de manera unilateral,
sesgada y directa, sin la participaci贸n de las autoridades policiales, judiciales o estatales en general. La desinstitucionalizaci贸n es la prueba m谩s
clara de desorden e injusticias constantes que cualquier persona puede cometer en contra de otra, o ser tambi茅n afectada por la misma arbitrariedad de aquellos que son m谩s
fuertes, influyentes o avezados. En s铆ntesis, la desinstitucionalizaci贸n sirve para sacar ventaja del incumplimiento
de las normas, practicar la llamada viveza criolla,
al intentar resolver una serie de problemas y
manipular las instituciones para fines estrictamente particulares. Es, adem谩s,
la consecuencia inmediata del Estado an贸mico.
Asimismo,
los hechos de violencia contra las mujeres quedan constantemente impunes. A pesar de existir una ley para evitar la violencia hacia las mujeres, en
Bolivia todo cambio es demasiado lento porque a煤n persisten formas extremas de
feminicidio. La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz son las metr贸polis m谩s
agresivas contra las mujeres por parte de sus c贸nyuges o concubinos; por lo
tanto, la ley no hizo m谩s que poner en marcha publicidad pol铆tica, sin
profundizar en c贸mo incidir en las estructuras profundas de una cultura
patriarcal que menosprecia constantemente a la mujer como ser humano. En
Bolivia, tiene lugar un feminicidio cada tres d铆as, una de las cifras m谩s altas
en Am茅rica Latina. Estos delitos violentos son pruebas evidentes sobre
la ineficacia estatal para hacer respetar el conjunto de los derechos
fundamentales reconocidos en la Constituci贸n Pol铆tica. En consecuencia, la
sociedad es v铆ctima de la anomia, es
decir, de una casi completa ausencia de reglas claras de conducta, orientaci贸n
y esquemas de integraci贸n que dan como resultado una explosi贸n de conductas
desviadas, las cuales ponen en vilo la seguridad personal de los ciudadanos,
a煤n cuando exista un r茅gimen democr谩tico donde se pregone la preponderancia del
Estado de Derecho.
De
manera central, la trata y tr谩fico hacen que la desinstitucionalizaci贸n adquiera un perfil especial porque el
negocio ilegal de servidumbre humana y vejaci贸n de derechos, ha impulsado una
l贸gica mercantil donde la prostituci贸n en las principales capitales de Bolivia
como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, est谩 ampliamente difundida y aceptada en
la conciencia colectiva de la sociedad civil. Al legitimarse la prostituci贸n,
se genera un caldo de cultivo ideal para la trata de personas que funciona sin
muchas limitaciones, adem谩s de aprovechar la indiferencia existente por parte
de las autoridades judiciales y policiales.
La
trata y tr谩fico de personas es una de las representaciones m谩s claras de
distintas disfunciones en el sistema democr谩tico. La defensa de los derechos
humanos de aquellos ciudadanos sometidos a la explotaci贸n sexual y laboral se
torna en un esfuerzo d茅bil, ambiguo y contradictorio. Por una parte, se
diseminan diferentes estereotipos, como por ejemplo, los ideales de 茅xito
inmediato y dinero f谩cil que los tratantes difunden para enga帽ar a sus
v铆ctimas, sobre todo menores de edad. De esta manera, la prostituci贸n de ni帽as
y ni帽os en el pa铆s tiene connotaciones que se identifica con actividades de sobrevivencia, pero que cuando se
vincula con la trata de personas, los ni帽os o menores son reducidos a objetos
de placer, manipulaci贸n y burla que la misma sociedad no puede contrarrestar.
En entrevistas con familiares de ni帽os desparecidos, se recalcaba
constantemente que la pobreza y falta de ingresos, aparentemente habr铆a impulsado
a las v铆ctimas a recurrir a cualquier estrategia que, probablemente, atrajo la
atenci贸n de tratantes.
Por
otra parte, el aprovecharse de las condiciones de pobreza, destrucci贸n familiar
y marginalidad, hace que los contactos entre los clientes y las menores
prostituidas tengan la forma de relaciones
de mercado, de lo cual las ni帽as son las v铆ctimas. La trata de seres
humanos, en consecuencia, es una miserable actividad de supervivencia que
refuerza la exclusi贸n, discriminaci贸n y des贸rdenes sociales mayores. Los
menores son prostituidos como un juego de la calle que en Bolivia empieza a ser
considerado inevitable o de baja cala帽a,
dadas las condiciones de crisis econ贸mica, moral y familiar.
La desinstitucionalizaci贸n tambi茅n marca el
nacimiento de un modelo de comportamiento inestable y socialmente amenazador
que se halla imposibilitado de poner en funcionamiento la legalidad y la fuerza
pol铆tica del Estado como conjunto de instituciones organizadas. La fuente
b谩sica de dicha inestabilidad es la imposibilidad de generar compromisos
sociales. En la trata y tr谩fico de seres humanos, algunas v铆ctimas que
escaparon al suplicio de la prostituci贸n y otros familiares cuyas hijas o hijos
a煤n est谩n perdidos, afirman de manera contundente que ni el Defensor del Pueblo,
ni la Fiscal铆a, las Defensor铆as de la Ni帽ez, u otras organizaciones pro
derechos humanos, han manifestado un compromiso abierto y real para solucionar
punitivamente el delito.
Si bien la mayor铆a de lo que hacemos en la vida
cotidiana deber铆a estar regulado por las leyes, cuando las conductas colectivas
se enfrentan a la violencia y el tr谩fico de personas, las instituciones que por
mandato est谩n obligadas a defender los derechos humanos dejan de trabajar como
redes de protecci贸n y previsi贸n. Esto destroza la protecci贸n estatal y la
ciudadan铆a no se siente resguardada.
En Bolivia, la protecci贸n de los
derechos humanos est谩 desinstitucionaliz谩ndose aceleradamente y se ha
distorsionado al mismo tiempo todo objetivo de respeto b谩sico a las garant铆as
fundamentales de libertad y reproducci贸n de la vida; por lo tanto, la trata y
tr谩fico de personas arruina el normal funcionamiento de los patrones
predecibles de administraci贸n de justicia, especialmente en la defensa de los
derechos de los ni帽os, ni帽as, adolescentes y mujeres entre ocho y veinticinco
a帽os de edad.
La caracter铆stica principal de dicha
distorsi贸n se concentra en las pautas de comportamiento de parte de la Polic铆a
Boliviana y el Ministerio P煤blico, instituciones encargadas de sancionar
dr谩sticamente los delitos de trata de personas. Tanto el accionar de los
polic铆as como de los jueces responsables de aplicar la ley, dan lugar a
conductas an贸malas y abusivas que amplifican la inseguridad de las v铆ctimas de
la trata y tr谩fico. Si bien la institucionalidad democr谩tica supone el
ejercicio pleno de las garant铆as constitucionales, en la
desinstitucionalizaci贸n dominan las normas ileg铆timas y autoritarias,
posibilit谩ndose la declinaci贸n, degradaci贸n y posterior desaparici贸n de los
Derechos Humanos.
Actualmente se constata un grupo de problemas institucionales, resaltando la
politizaci贸n surgida al interior del Defensor del Pueblo y la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Si bien estas instituciones
tienen un largo trabajo, 茅ste no siempre se caracteriz贸 por la calidad pues
existen indicios donde el activismo a favor de los derechos humanos ha sido
suplantado por rasgos clientelares, con el objetivo de ganar un espacio de
trabajo en el Estado o expresar posiciones ideol贸gicas alineadas alrededor de
partidos pol铆ticos y ciertos liderazgos, juzgados como la expresi贸n de una
opci贸n revolucionaria o progresista.
El
fen贸meno de la trata en las ciudades del eje central de Bolivia: La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, presenta un conjunto de fronteras movibles que mezclan
el comercio de los seres humanos con la prostituci贸n
como nueva legitimidad social, admitiendo el ejercicio de la ilegalidad,
junto a la delincuencia ligada a los abusos sexuales abiertamente consentidos.
Esto hace muy dif铆cil toda campa帽a o acciones para salvaguardar los derechos
humanos desde las organizaciones p煤blicas y civiles que tratan de combatir la
discriminaci贸n y las injusticias cometidas por el tr谩fico de mujeres j贸venes,
ni帽os y ni帽as.
En
Bolivia deben replantearse algunas propuestas concretas de pol铆tica p煤blica
para mitigar los problemas de trata de personas que ahondan constantemente los
lados m谩s oscuros y endebles de la democracia. Se necesita identificar las
mejores formas que hagan posible devolver credibilidad y efectividad, tanto al
Ministerio de Justicia, la Polic铆a Boliviana, el Defensor del Pueblo, como a la
APDHB. El hecho de persistir un mal funcionamiento institucional que
obstaculiza el cumplimiento de los objetivos centrales para los cuales fueron
fundadas aquellas instituciones, genera una serie de incentivos negativos que prolongan la impunidad al surgir nuevas
formas de esclavitud sexual y explotaci贸n infantil.
En la
medida en que la Polic铆a Boliviana contin煤a siendo calificada como una
instituci贸n ineficiente, cargada de esc谩ndalos de corrupci贸n, entonces la
delincuencia vinculada a la trata y tr谩fico de personas encuentra un aliciente
para operar con seguridad, mediante amenazas a las v铆ctimas y la captura de
nuevas personas que convierten el negocio en una actividad muy lucrativa al
encontrar pocos l铆mites policiales y judiciales.
Al
mismo tiempo, el funcionamiento aparentemente incompetente del Ministerio
P煤blico hace que se produzcan otros incentivos negativos porque la justicia no
interviene oportunamente para proteger a las v铆ctimas o prever los delitos. La
excesiva burocracia e indiferencia en la mayor parte de los casos, se
transforman en est铆mulos para que la Polic铆a Nacional siga actuando de forma
improductiva, sent谩ndose las bases para legitimar el delito de trata de
personas en todo el pa铆s.
Las
condiciones de pobreza y carest铆as materiales nublan las percepciones de
algunos grupos sociales que consideran que el
negocio de la trata es pragm谩tica, econ贸mica, social y moralmente leg铆timo.
La investigaci贸n comprob贸 que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) apenas puede esclarecer entre el dos y cinco por ciento de los casos
denunciados y, por lo tanto, este fen贸meno queda injustamente operando junto
con la deslegitimaci贸n de los derechos
humanos y la desinstitucionalizaci贸n que est谩 sujeta a una violencia, abierta o
soterrada, pero permanente en Bolivia.
Los Gobiernos Municipales, en general, no tienen instrumentos legales y
penales para el control de una serie de lenocinios donde se ejerce la
prostituci贸n. En algunos casos, una serie de prost铆bulos cuentan con la
autorizaci贸n de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) y en otras
situaciones, las alcald铆as son contradichas por resoluciones judiciales y
acciones que inhiben una regulaci贸n m谩s eficiente. Lo peor radica en que no se
sabe claramente en cu谩ntos lenocinios se cometen abiertamente los delitos de
trata y tr谩fico de personas.
Asimismo y durante alg煤n tiempo, la defensa de los
derechos humanos en el pa铆s se caracteriz贸 por un conjunto de labores
espec铆ficas para la recuperaci贸n del sistema democr谩tico, debido a la lucha
contra los reg铆menes dictatoriales cuya violencia constitu铆a la destrucci贸n
completa de todo el Estado de Derecho. Poco a poco, el panorama del activismo a
favor de los derechos humanos fue ampli谩ndose hasta incorporar otras
dimensiones relacionadas con la superaci贸n de la pobreza, la erradicaci贸n de la
discriminaci贸n racial y otro tipo de pol铆ticas que impulsen la inclusi贸n
social, la ampliaci贸n de m谩s derechos y el fomento de la igualdad entre los
ciudadanos.
En la
teor铆a de los derechos humanos, son f谩cilmente perceptibles las perspectivas
propicias para la expansi贸n de los sistemas democr谩ticos luego de la
desaparici贸n del comunismo, as铆 como las posibilidades de intervenci贸n en el
terreno internacional por razones humanitarias. En estos casos, el objetivo
final es evitar cr铆menes contra la humanidad como los genocidios o la explosi贸n
de guerras civiles donde ciertas minor铆as 茅tnicas y religiosas son sometidas a
una serie de vej谩menes. Simult谩neamente, los derechos humanos agregaron una
nueva mirada a todo lo que significa el crimen organizado dentro de los
sistemas democr谩ticos, lo cual afecta el ordenamiento jur铆dico en los 谩mbitos
dom茅sticos de varios pa铆ses. Es aqu铆 donde emerge la trata de personas y las migraciones internacionales, involucrando
problemas econ贸micos y otros aspectos como la seguridad en diferentes Estados.
Estos problemas condujeron, sin embargo, al descuido
de los derechos b谩sicos de las personas porque se incorporaron factores de
riesgo y desconfianza: muchos extranjeros son equiparados a un tipo de enemigo,
y justamente por esta raz贸n el tr谩fico humano est谩 siendo entendido como un
negocio altamente provechoso que tambi茅n abusa de las expectativas por una
mejor situaci贸n de vida para muchos j贸venes y ni帽os de aquellas familias con
problemas de desempleo y b煤squeda de oportunidades.
La crisis de los derechos humanos en Bolivia tiende a agigantarse con la trata de personas. A pesar
del reconocimiento de m煤ltiples derechos de car谩cter econ贸mico, pol铆tico y
social presentes en la Constituci贸n del Estado Plurinacional (2009), la protecci贸n
de los mismos choca con la negligencia institucional que hoy caracteriza a la
Polic铆a, al Ministerio de Justicia, al Defensor del Pueblo y la APDHB. Estos
organismos tienen graves problemas de capacidad de gesti贸n en la pr谩ctica,
adem谩s de estar influenciados por una sobrepolitizaci贸n,
partidizaci贸n y sesgos de car谩cter ideol贸gico que perjudican una
comprensi贸n m谩s abarcadora de los derechos humanos, as铆 como un nuevo activismo
para la defensa de 茅stos. El Defensor del Pueblo y la APDHB han sido cooptados
como agencias de empleo e identificaci贸n con el partido de gobierno, el
Movimiento Al Socialismo (MAS), hipotecando, por lo tanto, varias de sus
acciones como instituciones imparciales que tendr铆an que privilegiar la defensa
de la sociedad civil, que hoy est谩 abandonada en la humillaci贸n sutil de los
derechos humanos. La trata de personas se transfigura en un indicador de baja
calidad de la democracia fomentando
la existencia de una doble moral para
enfrentar el problema: por un lado, la polic铆a y la sociedad en general aceptan
la prostituci贸n en los hechos aunque la condenen por medio de un discurso
moralista; por otro lado, la repetici贸n de los delitos de trata hace que las
propias v铆ctimas sean vistas, en un principio, como culpables.
Por crisis de los derechos humanos se tiene
que identificar al conjunto de procesos reiterativos de violencia y amenazas a
la seguridad personal de los ciudadanos, quienes se ven imposibilitados de
confiar en el sistema judicial para llevar adelante una serie de debidos
procesos en la b煤squeda de justicia, ejercicio pleno de sus derechos
reconocidos en la Constituci贸n y protecci贸n de parte de los 贸rganos policiales.
En la trata y tr谩fico de personas existe un factor
adicional de dicha crisis porque la explotaci贸n sexual y laboral, muchas veces
es pensada como una aceptaci贸n voluntaria, cuando en el fondo brota una
indefensi贸n por parte de las mujeres j贸venes, ni帽os, ni帽as y adolescentes que
son v铆ctimas la manipulaci贸n y la arbitrariedad. Frente a estas circunstancias,
el miedo a denunciar los hechos, junto con la retardaci贸n de justicia, hace que
se refuercen los prejuicios hacia los seres humanos traficados y explotados, al
consider谩rselos como malvivientes o lacra social (especialmente para los
ni帽os y j贸venes de la calle), cuando en realidad son solamente el resultado de
una sociedad y Estado an贸micos.
El Mercurio Digital