•elmercuriodigital ▫ Alianza por la Solidaridad, junto a otras 62 organizaciones denuncian los impactos de la p茅rdida de la universalidad en la sanidad y el incumplimiento por parte del Gobierno Espa帽ol de la legislaci贸n internacional de derechos humanos.
En Abril de 2012 el Gobierno aprob贸 el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (en adelante RDL). Con este RDL la asistencia sanitaria dej贸 de ser un derecho de todas las personas, y pas贸 a ser una prestaci贸n vinculada a la condici贸n administrativa de asegurado. Adem谩s se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga econ贸mica directa para las personas. Dos a帽os despu茅s el balance no puede ser m谩s negativo:
- Tras la aplicaci贸n del RDL, al menos 873000 personas en Espa帽a perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, seg煤n cifras del propio Gobierno. Hablamos de una poblaci贸n especialmente vulnerable y que deber铆a gozar de medidas de protecci贸n sociosanitarias. Hay que apuntar adem谩s, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiaci贸n mediante los impuestos.
-La diferente aplicaci贸n del RDL por las Comunidades Aut贸nomas (CCAA) y la disparidad de criterios en la aplicaci贸n de la normativa por parte de los centros sanitarios ha deteriorado a煤n m谩s la cohesi贸n territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atenci贸n sanitaria en un aut茅ntico laberinto administrativo.
-Incluso en aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atenci贸n (embarazadas, menores, atenci贸n de urgencias…) se han originado numerosos casos de desatenci贸n, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos.
-El desplazar la atenci贸n a las urgencias (si 茅sta se logra) genera retraso diagn贸stico y agravamiento de las patolog铆as, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atenci贸n. Estudios en otros pa铆ses han demostrado que medidas de exclusi贸n sanitaria similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que costar铆a con una atenci贸n inclusiva.
-La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturaci贸n indebida de la atenci贸n en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que est谩 poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltr谩n en Toledo.
- A pesar de que algunas CCAA emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para toda la poblaci贸n en los supuestos de salud p煤blica, el citado RDL sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevenci贸n, vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Las dificultades de acceso de sectores de poblaci贸n a las medidas propuestas para evitar la aparici贸n de nuevos casos y/o el control de brotes epid茅micos (vacunaci贸n, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagn贸stico o tratamiento), tiene repercusiones no s贸lo en el 谩mbito individual sino tambi茅n en la salud colectiva.
- En un contexto de incremento de la desigualdad econ贸mica (en los cuatro a帽os iniciales de la crisis, la desigualdad en los ingresos creci贸 en la misma medida que se hab铆a logrado reducir en los veintid贸s a帽os previos) el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusi贸n sanitaria de las personas m谩s vulnerables, provocados por la promulgaci贸n del RDL, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Est谩 demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento.
- Resulta preocupante el posible impacto de g茅nero del RDL, dados los crecientes obst谩culos que est谩n encontrando las mujeres migrantes a quienes se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta la detecci贸n de casos de violencia de g茅nero, as铆 como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las v铆ctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexi贸n, mientras que a la mayor铆a no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera, conviene recordar que son las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado por la desigualdad econ贸mica.
-Varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado que esta reforma contraviene est谩ndares internacionales de derechos humanos. Han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno espa帽ol inst谩ndole a garantizar el acceso a la atenci贸n sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situaci贸n administrativa. Asimismo, le han pedido que eval煤e el impacto de la reforma sanitaria en t茅rminos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas recomendaciones.
-Por su parte, el Tribunal Constitucional en dos autos afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad f铆sica de las personas afectadas…, as铆 como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideraci贸n de un eventual ahorro econ贸mico que no ha podido ser concretado”. Efectivamente, antes de implantar el RDL no se analiz贸 ni comunic贸 con claridad el ahorro que iba a suponer y hasta la fecha no se ha publicado ning煤n c谩lculo al respecto.
Ante esta situaci贸n instamos al Gobierno de Espa帽a a derogar el RDL 16/2012, y elaborar una nueva Ley de Sanidad:
Que nazca de un amplio consenso con las diversas fuerzas pol铆ticas, organizaciones sociales y sociedades cient铆ficas
Que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gesti贸n eficiente, eficaz y transparente.
Que garantice el derecho a la protecci贸n y promoci贸n de la salud establecido en la Constituci贸n Espa帽ola, y el derecho de toda persona al disfrute del m谩s alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la Organizaci贸n Mundial de la Salud: completo estado de bienestar f铆sico, ps铆quico y social y no solo la ausencia de enfermedad, como marco de las pol铆ticas, planes y estrategias de salud y base del modelo integrador bio-psico-social de atenci贸n a la persona enferma, derecho tambi茅n recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Econ贸micos y Culturales ratificado por Espa帽a.
