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Muchos de los 1.429 hogares que fueron desplazados a nuevos asentamientos para dar paso a la instalación de operaciones internacionales de extracción de carbón de las empresas Vale y Rio Tinto en la provincia de Tete, en Mozambique, enfrentan graves interrupciones en el acceso a alimentos, agua y trabajo, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. La premura con que el gobierno de Mozambique aprobó licencias de minería y atrajo inversiones por miles de millones de dólares ha propasado la creación de garantías adecuadas para proteger a la población directamente afectada.
El informe de 122 páginas, “‘What is a House without Food?’ Mozambique’s Coal Mining Boom and Resettlements”(“¿De qué sirve una casa si no hay comida?” Auge de la minería de carbón y reasentamientos en Mozambique), examina cómo los graves desatinos en las políticas del gobierno y su ejecución por parte de las empresas de minería obligaron a desplazarse a comunidades rurales que eran en su mayoría autosuficientes, y a reubicarse en tierras áridas situadas a gran distancia de ríos y mercados. Estas comunidades han sufrido períodos de inseguridad alimentaria o, cuando en los periodos disponibles, dependencia de la asistencia alimentaria ofrecida por Vale y Rio Tinto.
“Estas inversiones de miles de millones de dólares deberían favorecer el desarrollo en uno de los países más pobres del mundo, pero en vez de ello han deteriorado las condiciones de vida de numerosas personas”, observó Nisha Varia, investigadora de Human Rights Watch. “El gobierno de Mozambique debería trabajar con Vale y Rio Tinto para asegurar que los agricultores que fueron trasladados adquieran tierras fértiles para la próxima estación de cultivo y reciban una indemnización adecuada y oportuna por las falencias en el proceso de reubicación”.
Se estima que en la provincia de Tete hay 23.000 millones de toneladas de carbón que aún no han sido extraídas, lo que ha dado comienzo a una incipiente actividad que promete transformarse en una explotación de los recursos naturales de magnitud sin precedentes. Según datos difundidos por el gobierno en 2012, las concesiones de minería y las licencias de explotación aprobadas afectan cerca de 3,4 millones de hectáreas, lo que equivale al 34 por ciento del territorio de la provincia de Tete. La extracción de carbón representa aproximadamente un tercio de este territorio.
A su vez, esta cifra asciende a casi seis millones de hectáreas, aproximadamente el 60 por ciento del territorio de la provincia de Tete, si se toman en cuenta las licencias que aún no han sido aprobadas. Si bien no todas las actividades de exploración generan posteriormente proyectos de minería, la gran cantidad de territorios designados para licencias de exploración minera contribuye a que se produzcan conflictos por el uso de las tierras.
“La concentración extraordinaria de tierras asignadas para actividades mineras ha limitado drásticamente la disponibilidad de predios aptos para agricultura y de zonas viables donde puedan reasentarse las comunidades desplazadas”, comentó Varia. “El gobierno debería considerar la posibilidad de frenar el otorgamiento de nuevas licencias hasta que se establezcan garantías adecuadas”.
Durante 2009 y 2010, Vale reubicó a 1.365 familias en Cateme, una nueva población construida para ese fin, y en el suburbio 25 de Setembro, en la capital de distrito Moatize. En 2011, Rio Tinto adquirió la empresa minera australiana Riversdale y sus propiedades en Mozambique. Riversdale y Rio Tinto provocaron en 2011 el reasentamiento de 71 y 13 hogares, respectivamente, en una nueva población construida poco tiempo antes, Mwaladzi.
Rio Tinto estaría reubicando otros 388 hogares durante este año. Jindal Steel and Power Limited también tiene operaciones de extracción de carbón en la provincia de Tete y prevé trasladar 484 familias a un nuevo sitio.
Human Rights Watch entrevistó a 79 residentes de Cateme, 25 de Setembro, Mwaladzi, Capanga y Cassoca, algunos ya fueron reasentados y otros que deben desplazarse próximamente para abrir paso a estos proyectos de minería, así como a 50 funcionarios gubernamentales, activistas de la sociedad civil y donantes internacionales.
“Nosotros les expresamos cuáles son los derechos y las necesidades de estas personas, y luego ellos se van y nunca regresan con una respuesta”, dijo Malosa C., una mujer que fue desplazada a un nuevo territorio. “No tenemos alimentos, ni tampoco dinero para comprar comida, nuestra situación sigue siendo la misma”.
Human Rights Watch también ha mantenido una intensa comunicación con representantes de Vale, Rio Tinto, y Jindal Steel and Power sobre estos temas, incluidas más de 35 reuniones, conversaciones telefónicas y comunicaciones por escrito.
Representantes de Vale han reconocido que las tierras en las zonas donde se reinstalaron los nuevos asentamientos son áridas y necesitan irrigación para mejorar su producción. En un comunicado enviada por Rio Tinto a Human Rights Watch se señaló que la empresa “tiene conocimiento de que la capacidad de recepción de las tierras en Mwaladzi es sumamente marginal si no se implementan estrategias de irrigación”. Sin embargo, hasta abril de 2013 no se habían establecido sistemas de irrigación de amplio acceso. Dado que los reasentamientos se encuentran a gran distancia de mercados y las alternativas de transporte de los residentes son limitadas, esto ha menoscabado la posibilidad de las comunidades de obtener ingresos que no provengan de la agricultura.
Los agricultores que fueron reubicados en la localidad de Cateme, creada por Vale, han sufrido demoras en la obtención de la totalidad de la indemnización prometida. A principios de mayo, todos los hogares que habían sido reubicados en Cateme aún esperaban que el gobierno provincial les asignara una segunda hectárea de tierras para agricultura, como les habían prometido en el acuerdo de indemnización original de 2009.
Al menos 83 familias en Cateme no han tenido acceso a tierras aptas para agricultura debido a que las parcelas que recibieron contenían piedras o fueron reclamadas por quienes las utilizaban anteriormente. En abril, Vale señaló que aún no había brindado asistencia adicional a estos hogares frente a las dificultades adicionales que habían tenido que enfrentar en los tres años desde que fueron reubicados.
Si bien los reasentamientos fueron realizados por Vale y Rio Tinto, corresponde en última instancia al gobierno de Mozambique la responsabilidad de aprobar y asignar tierras para reasentamientos, y también efectuar un seguimiento de los resultados del proceso.
Human Rights Watch comprobó además que no hubo una comunicación adecuada entre el gobierno y las compañías mineras con las comunidades desplazadas. Ni las empresas ni el gobierno han ofrecido mecanismos suficientemente accesibles y receptivos a través de los cuales los residentes puedan participar en las decisiones, presentar quejas e intentar obtener una reparación por sus reclamos.
Frustrados ante la falta de respuestas a su situación, cerca de 500 residentes de Cateme, la aldea de reasentamiento instituida por Vale, organizaron una protesta el 10 de enero de 2012, y bloquearon las vías del ferrocarril que conectan la mina de carbón de Vale con el puerto en Beira. Los residentes que se dedican a la fabricación de ladrillos, muchos de los cuales no se han desplazado pero su medio de sustento se ha visto menoscabado por la mina de carbón de Vale, iniciaron nuevas protestas en abril y mayo de 2013 para reclamar su indemnización.
Tanto Vale como Rio Tinto se han comprometido en forma pública y en privado a mejorar las condiciones de vida de las comunidades que se reubicaron en nuevos territorios. A comienzos de 2013, ambas empresas habían llevado a cabo proyectos para mejorar el suministro y almacenamiento de agua para uso doméstico, y analizan estrategias para ampliar la disponibilidad del agua destinada al riego de las parcelas de agricultura. También han puesto en marcha proyectos de subsistencia como cooperativas de productores de pollos y capacitación sobre nuevas técnicas de agricultura. Sin embargo, algunas de estas iniciativas pueden demorar varios años hasta dar resultados concretos.
El gobierno de Mozambique ha adoptado diversas medidas para fortalecer su marco jurídico, incluido un decreto dictado en agosto de 2012 que regula los reasentamientos efectuados debido a proyectos económicos. El decreto contribuye a suplir una falencia sustancial y establece requisitos básicos sobre vivienda e infraestructura de los servicios sociales. Sin embargo, no contempla garantías fundamentadas vinculadas, entre otras cosas, con la calidad de la tierra, los medios de subsistencia, el acceso a servicios de salud y los mecanismos de reclamo. El gobierno de Mozambique debería revisar el decreto sobre reasentamiento realizando consultas en las que participen todas las personas afectadas por los proyectos de minería, la sociedad civil, las empresas mineras y los donantes, señaló Human Rights Watch.
Los gobiernos de países como Australia, Brasil, India y el Reino Unido deberían supervisar las gestiones de las empresas de minería que operan en Mozambique, entre otras cosas, exigiendo a estas compañías que informen públicamente sobre las consecuencias que su actividades suponen para los derechos humanos. Las empresas privadas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluso a través de inspecciones destinadas a prevenir que se comentan violaciones de derechos humanos como resultado de sus actividades, o de mitigación cuando estos abusos se presenten.
“Los proyectos de Vale y Rio Tinto en la provincia de Tete son los primeros de una serie de numerosas iniciativas y reasentamientos de envergadura que posiblemente se produzcan durante las próximas décadas en Mozambique, de modo que las enseñanzas que puedan extraerse serán sumamente relevantes”, observó Varia. “El gobierno debería implementar medidas de protección efectivas con carácter prioritario, a fin de que las personas afectadas por nuevos proyectos no sufran las mismas dificultados que afrontaron quienes ya fueron desplazados a nuevas poblaciones hasta ahora. Los nuevos reasentamientos, incluidos aquellos planificados por Jindal Steel and Power Limited y por Rio Tinto, servirán de prueba para verificar la efectividad de las medidas de protección que se adopten gradualmente”.
Selección de testimonios del informe “What is a House without Food?”
“Antes cultivaba sorgo, y me alcanzaba para llenar el depósito, con cerca de cinco o seis bolsas. Teníamos la cocina repleta de maíz. Cuando había algún problema comprábamos comida, pero en general no necesitábamos hacerlo. La tierra que recibimos para agricultura [al ser reubicados] es rojiza, y no negra como donde estábamos antes. Intenté cultivar maíz y no prosperó. El sorgo tampoco. La nueva casa es simplemente una casa. No estoy muy satisfecha. Lo que digo es lo siguiente: ¿De qué sirve una casa si no hay comida? No puedo comerme mi casa”. – María C., agricultora desplazada a un nuevo territorio, Mwaladzi, reasentamiento de Rio Tinto, 5 de octubre de 2012
“A veces dicen que se rompió la tubería. Otras que hay un problema con los tanques. Entonces tenemos que ir con cacharros a otros barrios a buscar agua. Donde vivíamos anteriormente, no había problemas con el agua. Si no salía agua por la bomba, íbamos hasta el río. Aquí puedes estar dos o tres días sin bañarte porque no hay suficiente agua”. – Senolia S., agricultora que debió trasladarse a un nuevo territorio, Cateme, 17 de mayo de 2012
“Nosotros les expresamos cuáles son los derechos y las necesidades de estas personas, y luego ellos se van y nunca regresan con una respuesta. El mes pasado nos reunimos.... simplemente toman nota de nuestras quejas... pero nunca regresan con una solución para nuestros reclamos. Es decir, seguimos sufriendo los mismos problemas. No tenemos alimentos, ni tampoco dinero para comprar comida, nuestra situación sigue siendo la misma”. – Malosa C., mujer que debió trasladarse a un asentamiento en un nuevo territorio, Mwaladzi, 3 de octubre de 2012
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