OPINI脫N de Ra煤l Wiener, Per煤.- El Callao es, fuera de toda duda, la zona m谩s violenta del pa铆s, donde se cometen los mayores cr铆menes y los lazos entre las autoridades y los trasgresores y delincuentes est谩n m谩s a la vista. El lunes 9, en el Congreso, hubo una audiencia p煤blica para escuchar la voz de la poblaci贸n sobre la violencia y la corrupci贸n en el primer puerto. Convoc贸 el congresista Mes铆as Guevara y estuvo presente el contralor Fuad Khoury qui茅n supuestamente debe cautelar los bienes y recursos p煤blicos que la Regi贸n y los municipios tienen a su cargo, y de los que muchas veces se sirven arbitrariamente.
Precisamente a Khoury lo emplazaron durante la audiencia para que explicara las dos resoluciones de la Contralor铆a que tratan el tema de los terrenos del exfundo Oquendo que el gobierno regional del Callao vendi贸 sin tener posesi贸n de ellos, acogi茅ndose a una “donaci贸n” de los a帽os 80, que la familia Mujica, expropietaria de esas tierras, hizo mucho despu茅s de que las tierras ya estuviesen distribuidas por reforma agraria y se encontraran en posesi贸n pac铆fica de los agricultores. Pero a煤n en el supuesto que la “donaci贸n” tuviese alg煤n valor, el gobierno regional estaba obligado a usar los terrenos para la construcci贸n de un mercado y respetar el valor de real de los mismos.
Nada de eso se hizo, se vendi贸 la propiedad a un particular, en realidad un traficante de tierras, a un precio arbitrario, y dado que no estaba bajo control del gobierno regional se permiti贸 que los “compradores” organicen un desalojo violento de los ocupantes, con el apoyo de la polic铆a de homicidios, para lo cual se fragu贸 una historia en el sentido de que los posesionarios eran extorsionadores. As铆 se detuvo al campesino V铆ctor Takayosi, al empresario V铆ctor Huaranca y a seis vigilantes, en una operaci贸n policial fraudulenta (legalmente tipificada como secuestro) y se apropiaron de 3 mil metros cuadrados y m谩s tarde 40 mil metros m谩s por el mismo procedimiento.
¿Qu茅 hizo el Contralor cuando supo de todo esto? Mand贸 al archivo el caso como lo hizo con las denuncias sobre Ancash. Un a帽o despu茅s, con una denuncia fiscal de por medio, en la que saltaba a la vista el descontrol del sistema de control, Khoury se intent贸 justificar por su actuaci贸n encubridora, con el argumento de que el caso pod铆a verse todav铆a porque hab铆a una investigaci贸n m谩s general sobre el gobierno regional. En la audiencia, el contralor no pudo mostrar ning煤n avance de investigaci贸n a pesar de que el traficante Pe帽a Aparicio y sus principales socios ya han sido condenados por usurpaci贸n agravada en perjuicio de los ocupantes originales de los terrenos.
Algo semejante pasa con el Tribunal Disciplinario de la Polic铆a, presidido por el abogado Luis Vargas Valdivia que le da largas al fallo que debe recaer en los oficiales y suboficiales de la Polic铆a, que protegieron el desalojo violento y la usurpaci贸n, fabricaron cargos falsos contra las v铆ctimas y que habiendo sido plenamente identificados a煤n siguen en sus puestos, como si no hubiera pasado nada.
Precisamente a Khoury lo emplazaron durante la audiencia para que explicara las dos resoluciones de la Contralor铆a que tratan el tema de los terrenos del exfundo Oquendo que el gobierno regional del Callao vendi贸 sin tener posesi贸n de ellos, acogi茅ndose a una “donaci贸n” de los a帽os 80, que la familia Mujica, expropietaria de esas tierras, hizo mucho despu茅s de que las tierras ya estuviesen distribuidas por reforma agraria y se encontraran en posesi贸n pac铆fica de los agricultores. Pero a煤n en el supuesto que la “donaci贸n” tuviese alg煤n valor, el gobierno regional estaba obligado a usar los terrenos para la construcci贸n de un mercado y respetar el valor de real de los mismos.
Nada de eso se hizo, se vendi贸 la propiedad a un particular, en realidad un traficante de tierras, a un precio arbitrario, y dado que no estaba bajo control del gobierno regional se permiti贸 que los “compradores” organicen un desalojo violento de los ocupantes, con el apoyo de la polic铆a de homicidios, para lo cual se fragu贸 una historia en el sentido de que los posesionarios eran extorsionadores. As铆 se detuvo al campesino V铆ctor Takayosi, al empresario V铆ctor Huaranca y a seis vigilantes, en una operaci贸n policial fraudulenta (legalmente tipificada como secuestro) y se apropiaron de 3 mil metros cuadrados y m谩s tarde 40 mil metros m谩s por el mismo procedimiento.
¿Qu茅 hizo el Contralor cuando supo de todo esto? Mand贸 al archivo el caso como lo hizo con las denuncias sobre Ancash. Un a帽o despu茅s, con una denuncia fiscal de por medio, en la que saltaba a la vista el descontrol del sistema de control, Khoury se intent贸 justificar por su actuaci贸n encubridora, con el argumento de que el caso pod铆a verse todav铆a porque hab铆a una investigaci贸n m谩s general sobre el gobierno regional. En la audiencia, el contralor no pudo mostrar ning煤n avance de investigaci贸n a pesar de que el traficante Pe帽a Aparicio y sus principales socios ya han sido condenados por usurpaci贸n agravada en perjuicio de los ocupantes originales de los terrenos.
Algo semejante pasa con el Tribunal Disciplinario de la Polic铆a, presidido por el abogado Luis Vargas Valdivia que le da largas al fallo que debe recaer en los oficiales y suboficiales de la Polic铆a, que protegieron el desalojo violento y la usurpaci贸n, fabricaron cargos falsos contra las v铆ctimas y que habiendo sido plenamente identificados a煤n siguen en sus puestos, como si no hubiera pasado nada.