OPINI脫N de Pedro Santana Rodr铆guez, Colombia.- El proceso de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han entrado a mi juicio en la recta final. Podr铆amos decir que las negociaciones iniciadas en el mes de febrero de 2012 van por buen camino y en medio de las dificultades propias de un proceso que busca poner fin a un enfrentamiento armado de m谩s de medio siglo. Podr铆amos distinguir hoy en el proceso dos fases marcadas por acuerdos y avances. En la primera que culmin贸 de manera satisfactoria en el mes de Agosto de 2012 con el acuerdo sobre la agenda de negociaciones dej贸 como resultado una agenda acotada alrededor de seis puntos: (1) problem谩tica agraria, (2) reformas pol铆ticas, (3) desmovilizaci贸n y garant铆as para los excombatientes, (4) narcotr谩fico y cultivos de uso il铆cito, (5) v铆ctimas y (6) mecanismos de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
En una segunda fase iniciada en el mes de Octubre de 2012 con la instalaci贸n de la Mesa de Negociaciones en la ciudad de Oslo, comienza la negociaci贸n de la agenda y sobre ella como es de p煤blico conocimiento se ha llegado a acuerdos ya muy avanzados, con algunos temas pendientes, en el tema de reforma agraria integral que podr铆amos resumir en que se ha llegado a un acuerdo para poner en marcha una pol铆tica integral para la econom铆a campesina que tiene como sus aspectos centrales una redistribuci贸n de la propiedad agraria en beneficio de los campesinos sin tierra, sin que se haya publicado la magnitud de dicha redistribuci贸n; al mismo tiempo que se enuncian los contenidos de una pol铆tica integral que comprende la puesta en marcha de la dotaci贸n de infraestructura vial, educativa, de salud, de mercadeo, asistencia t茅cnica y cr茅dito que tiene como destinatarios principales a los sectores campesinos.
Como se sabe tambi茅n estas reivindicaciones estuvieron en el origen de las FARC, herederas de los movimientos campesinos de resistencia puestos en marcha en el llamado per铆odo de la Violencia (1946-1958) que reclamaron un proyecto de reforma agraria que siempre ha estado presente en todas las conferencias de este grupo guerrillero. Tambi茅n sabemos que hay temas puntuales pendientes como el de las formas organizativas, pues, en los documentos presentados en la Mesa de Negociaciones por las FARC, 茅stas plantearon las zonas de reserva campesina como la forma a privilegiar para la explotaci贸n y organizaci贸n de las unidades de producci贸n agr铆cola.
El tema de las reformas pol铆ticas tambi茅n culmin贸 con un acuerdo en donde se destacan reformas que buscan garant铆as para la oposici贸n, que debe materializarse en un estatuto de la oposici贸n, separaci贸n de las personer铆as jur铆dicas de los partidos del sistema de umbrales para la asignaci贸n de las curules en los organismos de representaci贸n, circunscripciones especiales de paz, para ciertas regiones del pa铆s; medidas que buscan equilibrio informativo y financiamiento p煤blico de las campa帽as pol铆ticas al tiempo que se plantean medidas para garantizar la seguridad y vida de los candidatos as铆 mismo una reforma al Consejo Nacional Electoral que busque garant铆as de protecci贸n de los resultados. Quedaron temas pendientes y por la forma de presentaci贸n de los acuerdos no se informa sobre las propuestas presentadas por las FARC en relaci贸n con la justicia, y en concreto de la forma de elecci贸n del Fiscal General de la Naci贸n y los organismos de control y su nominaci贸n y elecci贸n, tales como la Contralor铆a, la Defensor铆a y la Procuradur铆a General de la Naci贸n. En este aspecto crucial, dada la crisis y poca legitimidad de estos organismos, las FARC plantearon en su propuesta a la Mesa de Negociaciones que estos cargos fueran elegidos mediante votaci贸n popular. Como se dijo sobre este tema no ha habido acuerdos.
Un tema adicional que contiene tanto el comunicado como el documento sobre reformas pol铆ticas destaca un segundo 谩mbito y es el de medidas que buscan el fortalecimiento de las organizaciones y de los movimientos sociales. El acuerdo establece que el Gobierno Nacional elaborar谩 un proyecto de Ley de garant铆as y promoci贸n de la participaci贸n ciudadana y otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales. Un aspecto crucial es la eliminaci贸n de las leyes que criminalizan la protesta social. Este proyecto deber铆a contener entre otros aspectos el garantizar el derecho al acceso oportuno y libre a la informaci贸n oficial; reglamentaci贸n del derecho de r茅plica y rectificaci贸n; el registro de organizaciones sociales; el fortalecimiento de mecanismos de financiaci贸n de iniciativas y proyectos propios de las organizaciones sociales; la creaci贸n de una Comisi贸n de di谩logo con voceros de las organizaciones y movimiento sociales as铆 como garantizar marcos amplios y democr谩ticos para la protesta y la movilizaci贸n social. En este punto se inscribe adem谩s el apoyo a los medios de comunicaci贸n comunitarios y el impulso a mecanismos como un Consejo Nacional para la Reconciliaci贸n y la Convivencia cuyo objetivo ser谩 el de asesorar y acompa帽ar al gobierno para la puesta en marcha de mecanismos y acciones que incluyan el dise帽o y puesta en marcha de programas de reconciliaci贸n, convivencia y prevenci贸n de la estigmatizaci贸n, la difusi贸n masiva del acuerdo final para la terminaci贸n del conflicto armado y la creaci贸n de una c谩tedra de cultura pol铆tica para la reconciliaci贸n y la paz.
En torno al acuerdo del punto cuarto de la agenda: soluci贸n al problema de las drogas il铆citas, hay que destacar el compromiso de las FARC de desligarse completamente de las actividades ligadas con el narcotr谩fico y al mismo tiempo destacar que el acuerdo establece la creaci贸n y puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustituci贸n de Cultivos de Uso Il铆cito –PNIS, que se encuentra ligado a la transformaci贸n estructural del campo que busca la reforma rural integral acordado en el primer punto. Este programa se construir谩 desde las veredas que har谩n sus planes de sustituci贸n para luego agrupar esos planes en el plan municipal de sustituci贸n y los planes departamentales y el plan nacional resultar谩n de este proceso de base. El Estado se compromete a garantizar los recursos para la erradicaci贸n manual de los cultivos de uso il铆cito y la asistencia t茅cnica para la puesta en marcha de los cultivos sustitutos. En este marco es que se inscribe el desminado de las zonas que ya se ha puesto en marcha en el departamento de Antioquia y que deber谩 abarcar al conjunto del territorio en el que se pondr谩 en marcha el programa. As铆 mismo, cabe destacar en los contenidos del acuerdo, la puesta en marcha de una pol铆tica de prevenci贸n del consumo de sustancias psicoactivas con un enfoque de salud p煤blica. Ello alrededor de un Programa nacional de Intervenci贸n Integral como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencias en la materia y coordinar un proceso participativo de revisi贸n, ajuste y puesta en marcha de la pol铆tica frente al consumo. El acuerdo incluye el compromiso tanto del Estado como de las FARC de un esfuerzo conjunto en la lucha contra el lavado de activos y de precursores qu铆micos, la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo como de la corrupci贸n asociada al narcotr谩fico. Para destacar el compromiso del Estado y de las FARC de promover una Conferencia Internacional en el marco de las Naciones Unidas para hacer una evaluaci贸n objetiva de la pol铆tica de lucha contra las drogas y la b煤squeda de alternativas con un enfoque de salud p煤blica.
El quinto punto de la Agenda relacionado con las v铆ctimas ha avanzado de manera significativa primero definiendo que ellas est谩n en el centro del acuerdo y estableciendo 10 principios orientadores as铆 como logrando un acuerdo en torno a las funciones de la Comisi贸n de la Verdad as铆 como en su composici贸n y en la forma de elecci贸n de sus integrantes. Esta Comisi贸n tendr谩 car谩cter extrajudicial y abarcar谩 tanto al conjunto de los hechos victimizantes como a los actores que produjeron v铆ctimas en el pa铆s, esto es, a las guerrillas, a los grupos paramilitares y a los agentes del Estado. Este mecanismo es clave para buscar la construcci贸n de una verdad hist贸rica sobre el conflicto as铆 como para determinar las responsabilidades hist贸ricas y las medidas de reparaci贸n a las v铆ctimas. Quedan puntos cruciales a煤n en este tema y quiz谩s los m谩s importantes son los de justicia, reparaci贸n y garant铆as de no repetici贸n.
Los retos y los temas pendientes en la negociaci贸n
En las p谩ginas anteriores dimos cuenta de los acuerdos fundamentales logrados hasta el momento, lo que nos lleva a la conclusi贸n que las negociaciones han entrado en la recta final y salvo acontecimientos inesperados se espera que el proceso pueda terminar con la firma de un acuerdo que permita superar el conflicto armado degradado en que vivimos por m谩s de 50 a帽os. Hay tres temas pendientes de la negociaci贸n que a nuestro juicio son muy significativos. El primero el contenido de justicia que tiene que ver con el marco jur铆dico y hasta d贸nde se logre llegar en el tema de justicia para los cr铆menes de lesa humanidad y de guerra que se cometieron con motivo del conflicto armado por parte de los distintos actores que tomaron parte del mismo, un segundo tema tiene que ver con las garant铆as espec铆ficas para el movimiento pol铆tico que surja del tr谩nsito de las FARC-EP, a la vida pol铆tica legal y ello se relaciona con las garant铆as de seguridad y de favorabilidad pol铆tica para el nuevo movimiento pol铆tico as铆 como con el mecanismo democr谩tico que deber谩 utilizarse para la refrendaci贸n de los acuerdos y finalmente con el tema de los compromisos en torno a los acuerdos y sus mecanismos que garanticen su cumplimiento y evaluaci贸n.
El tema central que ahora ocupa a la Mesa tiene que ver con un problema crucial de la negociaci贸n y es si las guerrillas y sus jefes pagar谩n penas privativas de la libertad y si se les inhabilitar谩 como proponen los opositores al proceso para que puedan participar en la vida pol铆tica del pa铆s una vez dejen las armas y se integren legalmente a la sociedad. Alrededor de este que es ahora el tema central de la negociaci贸n se presentan b谩sicamente tres posiciones: (1) la de los opositores del proceso agrupados principalmente alrededor del Centro Democr谩tico que tiene como su vocero m谩s destacado al expresidente y actual senador, 脕lvaro Uribe V茅lez, que en s铆ntesis plantea que los jefes de la insurgencia armada deben pagar penas de c谩rcel y se les debe inhabilitar para que puedan ser elegidos a cargos de representaci贸n popular, (2) la propuesta que la justicia transicional otorgue amnist铆as e indultos para los jefes guerrilleros puedan participar en la vida pol铆tica y (3) una justicia transicional que pueda conceder penas no privativas de la libertad y que habilite a los jefes guerrilleros a la participaci贸n pol铆tica.
Las dos primeras enarboladas por los f茅rreos opositores al proceso y por las guerrillas, que plantean la segunda alternativa, a nuestro juicio no son viables. La primera porque lo que se encuentra en marcha es un proceso de negociaci贸n con unas guerrillas disminuidas militarmente es cierto, pero, no derrotadas. No es viable ni realista que los jefes negociadores de las FARC una vez firmado el acuerdo acepten ir de la mesa a la c谩rcel. Tampoco es viable lo que las guerrillas han propuesto que es la amnist铆a y el indulto. Nos parece que lo que es viable es encontrar una salida que con base en el esclarecimiento de los hechos y de sus responsables otorgue penas no privativas de la libertad condicionada al compromiso de dejaci贸n de las armas, reparaci贸n a las v铆ctimas, contribuci贸n a la verdad y garant铆as de no repetici贸n. Es perfectamente posible en el marco de la justicia transicional que las penas puedan ser suspendidas si a cambio se logra la verdad y el compromiso de reparaci贸n a las v铆ctimas. A煤n es posible que las investigaciones judiciales terminen con la adopci贸n de penas que sean suspendidas en aras del fin superior de la paz y la reconciliaci贸n. A nuestro juicio es en este marco que el acuerdo puede ser logrado y ello requerir谩 de un esfuerzo de pedagog铆a muy grande tanto hacia el conjunto de la sociedad como al universo de v铆ctimas.
Un segundo aspecto crucial tiene que ver con el desarme, la dejaci贸n y entrega de las armas por parte de las guerrillas. Previo a ello tendr谩 que pactarse un cese al fuego bilateral, la concentraci贸n de las tropas guerrilleras y su reincorporaci贸n a la vida civil y pol铆tica. Aqu铆 se presenta otro reto fundamental y consiste en la desmovilizaci贸n y desmonte efectivo de los grupos paramilitares que tienen una presencia activa en m谩s de 400 municipios del pa铆s. Estas estructuras deben ser desmontadas y nos parece que su desmonte debe contemplar dos medidas que tienen que ser puestas en marcha de forma simult谩nea. Por una parte y en el marco de los acuerdos de paz debe ponerse en marcha una pol铆tica de sometimiento a la justicia como la que ha propuesto la Fiscal铆a General de la Naci贸n que debe establecer plazos y condiciones perentorias para que parte de esas estructuras sean desmovilizadas a cambio de reducci贸n de penas, reparaci贸n a las v铆ctimas, esclarecimiento de la verdad, desmonte del negocio del narcotr谩fico, y una segunda medida debe ser la conformaci贸n de una fuerza 茅lite de la fuerza p煤blica de car谩cter nacional para combatir a las organizaciones paramilitares que no se sometan a la justicia. As铆 mismo la Fiscal铆a deber铆a fortalecer la Unidad de Derechos Humanos para que avance en la investigaci贸n y judicializaci贸n no solo de sus integrantes sino de los sectores del Estado que les brindan apoyo y principalmente de los miembros de la Fuerza P煤blica que mantienen nexos con estas bandas criminales. Solo as铆 se podr铆a marchar hacia una paz duradera.
Un tercer punto que est谩 en el centro de la discusi贸n tiene que ver con el mecanismo de refrendaci贸n de los acuerdos. Aqu铆 son dos principalmente las propuestas. La primera es la que ha planteado el Gobierno Nacional en cabeza del jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle que es la refrendaci贸n mediante la convocatoria de un referendo constitucional. El principal argumento es que lo que se requiere para blindar el proceso a煤n de la justicia internacional es un mecanismo de participaci贸n ciudadana que refrende democr谩ticamente los acuerdos. Una asamblea Constituyente es volver a abrir el debate sobre lo que ya est谩 acordado, ha dicho el jefe negociador del gobierno. Las FARC han propuesto que el mecanismo para la refrendaci贸n de los acuerdos sea la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que dicen, ser铆a el mejor mecanismo para cerrar el conflicto y darle una mayor legitimidad al proceso y a las transformaciones constitucionales y legales que hagan posible las reformas pactadas.
Sobre esta 煤ltima las FARC no han especificado si la Asamblea Constituyente tendr铆a un temario abierto o si solo ser铆a para estudiar la agenda pactada y negociada. Pienso que el mecanismo de refrendaci贸n de los acuerdos es importante puesto que 茅l le dar谩 legitimidad para el cierre democr谩tico de este conflicto degradado que padecemos y ser谩 la ciudadan铆a la que determine con su participaci贸n el cierre de este conflicto. Tambi茅n tiene la ventaja que significar铆a -de salir victorioso como pienso suceder谩- un mandato nacional en contra de quienes se oponen a la salida negociada. Por ello este mecanismo de refrendaci贸n es muy importante.
Ahora bien, sobre las dos propuestas quiero agregar para terminar un par de consideraciones. Una Asamblea Nacional Constituyente podr铆a ser un mecanismo id贸neo para el cierre del conflicto si es limitado en su temario a aquellos aspectos que son centrales y que requieren de modificaciones constitucionales. Pero, ¿qui茅n puede imponer l铆mites en el temario a una Asamblea Constituyente? El 煤nico a mi juicio es el mismo pueblo que podr铆a hacerlo en un referendo constitucional.
Finalmente pienso que urge para que el cierre del conflicto sea efectivo y concluyente avanzar de manera r谩pida en la instalaci贸n de una Mesa de negociaciones con el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional quien deber铆a entender que un proceso exitoso con las FARC les permitir谩 entrar en el nuevo clima de reconciliaci贸n y esperanza que seguramente se abrir谩 paso con la firma de los acuerdos con las FARC. El Gobierno tambi茅n deber铆a entenderlo as铆 y apurar los entendimientos con esta guerrilla.
*Pedro Santana Rodr铆guez es soci贸logo, Investigador Asociado Corporaci贸n Sur. Este art铆culo ser谩 publicado en la Revista Arcanos de Colombia, en su edici贸n del mes de septiembre.
Los retos y los temas pendientes en la negociaci贸n
En las p谩ginas anteriores dimos cuenta de los acuerdos fundamentales logrados hasta el momento, lo que nos lleva a la conclusi贸n que las negociaciones han entrado en la recta final y salvo acontecimientos inesperados se espera que el proceso pueda terminar con la firma de un acuerdo que permita superar el conflicto armado degradado en que vivimos por m谩s de 50 a帽os. Hay tres temas pendientes de la negociaci贸n que a nuestro juicio son muy significativos. El primero el contenido de justicia que tiene que ver con el marco jur铆dico y hasta d贸nde se logre llegar en el tema de justicia para los cr铆menes de lesa humanidad y de guerra que se cometieron con motivo del conflicto armado por parte de los distintos actores que tomaron parte del mismo, un segundo tema tiene que ver con las garant铆as espec铆ficas para el movimiento pol铆tico que surja del tr谩nsito de las FARC-EP, a la vida pol铆tica legal y ello se relaciona con las garant铆as de seguridad y de favorabilidad pol铆tica para el nuevo movimiento pol铆tico as铆 como con el mecanismo democr谩tico que deber谩 utilizarse para la refrendaci贸n de los acuerdos y finalmente con el tema de los compromisos en torno a los acuerdos y sus mecanismos que garanticen su cumplimiento y evaluaci贸n.
El tema central que ahora ocupa a la Mesa tiene que ver con un problema crucial de la negociaci贸n y es si las guerrillas y sus jefes pagar谩n penas privativas de la libertad y si se les inhabilitar谩 como proponen los opositores al proceso para que puedan participar en la vida pol铆tica del pa铆s una vez dejen las armas y se integren legalmente a la sociedad. Alrededor de este que es ahora el tema central de la negociaci贸n se presentan b谩sicamente tres posiciones: (1) la de los opositores del proceso agrupados principalmente alrededor del Centro Democr谩tico que tiene como su vocero m谩s destacado al expresidente y actual senador, 脕lvaro Uribe V茅lez, que en s铆ntesis plantea que los jefes de la insurgencia armada deben pagar penas de c谩rcel y se les debe inhabilitar para que puedan ser elegidos a cargos de representaci贸n popular, (2) la propuesta que la justicia transicional otorgue amnist铆as e indultos para los jefes guerrilleros puedan participar en la vida pol铆tica y (3) una justicia transicional que pueda conceder penas no privativas de la libertad y que habilite a los jefes guerrilleros a la participaci贸n pol铆tica.
Las dos primeras enarboladas por los f茅rreos opositores al proceso y por las guerrillas, que plantean la segunda alternativa, a nuestro juicio no son viables. La primera porque lo que se encuentra en marcha es un proceso de negociaci贸n con unas guerrillas disminuidas militarmente es cierto, pero, no derrotadas. No es viable ni realista que los jefes negociadores de las FARC una vez firmado el acuerdo acepten ir de la mesa a la c谩rcel. Tampoco es viable lo que las guerrillas han propuesto que es la amnist铆a y el indulto. Nos parece que lo que es viable es encontrar una salida que con base en el esclarecimiento de los hechos y de sus responsables otorgue penas no privativas de la libertad condicionada al compromiso de dejaci贸n de las armas, reparaci贸n a las v铆ctimas, contribuci贸n a la verdad y garant铆as de no repetici贸n. Es perfectamente posible en el marco de la justicia transicional que las penas puedan ser suspendidas si a cambio se logra la verdad y el compromiso de reparaci贸n a las v铆ctimas. A煤n es posible que las investigaciones judiciales terminen con la adopci贸n de penas que sean suspendidas en aras del fin superior de la paz y la reconciliaci贸n. A nuestro juicio es en este marco que el acuerdo puede ser logrado y ello requerir谩 de un esfuerzo de pedagog铆a muy grande tanto hacia el conjunto de la sociedad como al universo de v铆ctimas.
Un segundo aspecto crucial tiene que ver con el desarme, la dejaci贸n y entrega de las armas por parte de las guerrillas. Previo a ello tendr谩 que pactarse un cese al fuego bilateral, la concentraci贸n de las tropas guerrilleras y su reincorporaci贸n a la vida civil y pol铆tica. Aqu铆 se presenta otro reto fundamental y consiste en la desmovilizaci贸n y desmonte efectivo de los grupos paramilitares que tienen una presencia activa en m谩s de 400 municipios del pa铆s. Estas estructuras deben ser desmontadas y nos parece que su desmonte debe contemplar dos medidas que tienen que ser puestas en marcha de forma simult谩nea. Por una parte y en el marco de los acuerdos de paz debe ponerse en marcha una pol铆tica de sometimiento a la justicia como la que ha propuesto la Fiscal铆a General de la Naci贸n que debe establecer plazos y condiciones perentorias para que parte de esas estructuras sean desmovilizadas a cambio de reducci贸n de penas, reparaci贸n a las v铆ctimas, esclarecimiento de la verdad, desmonte del negocio del narcotr谩fico, y una segunda medida debe ser la conformaci贸n de una fuerza 茅lite de la fuerza p煤blica de car谩cter nacional para combatir a las organizaciones paramilitares que no se sometan a la justicia. As铆 mismo la Fiscal铆a deber铆a fortalecer la Unidad de Derechos Humanos para que avance en la investigaci贸n y judicializaci贸n no solo de sus integrantes sino de los sectores del Estado que les brindan apoyo y principalmente de los miembros de la Fuerza P煤blica que mantienen nexos con estas bandas criminales. Solo as铆 se podr铆a marchar hacia una paz duradera.
Un tercer punto que est谩 en el centro de la discusi贸n tiene que ver con el mecanismo de refrendaci贸n de los acuerdos. Aqu铆 son dos principalmente las propuestas. La primera es la que ha planteado el Gobierno Nacional en cabeza del jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle que es la refrendaci贸n mediante la convocatoria de un referendo constitucional. El principal argumento es que lo que se requiere para blindar el proceso a煤n de la justicia internacional es un mecanismo de participaci贸n ciudadana que refrende democr谩ticamente los acuerdos. Una asamblea Constituyente es volver a abrir el debate sobre lo que ya est谩 acordado, ha dicho el jefe negociador del gobierno. Las FARC han propuesto que el mecanismo para la refrendaci贸n de los acuerdos sea la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que dicen, ser铆a el mejor mecanismo para cerrar el conflicto y darle una mayor legitimidad al proceso y a las transformaciones constitucionales y legales que hagan posible las reformas pactadas.
Sobre esta 煤ltima las FARC no han especificado si la Asamblea Constituyente tendr铆a un temario abierto o si solo ser铆a para estudiar la agenda pactada y negociada. Pienso que el mecanismo de refrendaci贸n de los acuerdos es importante puesto que 茅l le dar谩 legitimidad para el cierre democr谩tico de este conflicto degradado que padecemos y ser谩 la ciudadan铆a la que determine con su participaci贸n el cierre de este conflicto. Tambi茅n tiene la ventaja que significar铆a -de salir victorioso como pienso suceder谩- un mandato nacional en contra de quienes se oponen a la salida negociada. Por ello este mecanismo de refrendaci贸n es muy importante.
Ahora bien, sobre las dos propuestas quiero agregar para terminar un par de consideraciones. Una Asamblea Nacional Constituyente podr铆a ser un mecanismo id贸neo para el cierre del conflicto si es limitado en su temario a aquellos aspectos que son centrales y que requieren de modificaciones constitucionales. Pero, ¿qui茅n puede imponer l铆mites en el temario a una Asamblea Constituyente? El 煤nico a mi juicio es el mismo pueblo que podr铆a hacerlo en un referendo constitucional.
Finalmente pienso que urge para que el cierre del conflicto sea efectivo y concluyente avanzar de manera r谩pida en la instalaci贸n de una Mesa de negociaciones con el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional quien deber铆a entender que un proceso exitoso con las FARC les permitir谩 entrar en el nuevo clima de reconciliaci贸n y esperanza que seguramente se abrir谩 paso con la firma de los acuerdos con las FARC. El Gobierno tambi茅n deber铆a entenderlo as铆 y apurar los entendimientos con esta guerrilla.
*Pedro Santana Rodr铆guez es soci贸logo, Investigador Asociado Corporaci贸n Sur. Este art铆culo ser谩 publicado en la Revista Arcanos de Colombia, en su edici贸n del mes de septiembre.