OPINI脫N de Emilio Mar铆n.- Por m谩s que al “gran p煤blico” cautivo de Clar铆n y el periodismo amarillo pueda no importarle, es muy grave lo sucedido con la ley de servicios audiovisuales. En los hechos se la est谩 derogando sin ning煤n debate parlamentario.
La ley de servicios audiovisuales fue estigmatizada por Clar铆n como “ley K”. Incluso algunos de los adversarios de H茅ctor Magnetto, como Daniel Vila, del grupo Uno-Am茅rica, dijo en 2012 que “es una p茅sima ley, es de lo peor que he conocido”. En 2009, cuando la aprobaci贸n de la norma ten铆a opiniones peores del gobierno de Cristina Fern谩ndez de Kirchner, al que calificaba como una virtual dictadura. La nonagenaria Mirtha Legrand debe haberlo tenido como fuente pues dijo barbaridades similares.
En cuanto a la g茅nesis de la ley, los sectores monop贸licos afectados estaban ocultando la historia. Ya en 2004 un conjunto de entidades democr谩ticas, gremios, intelectuales y periodistas elaboraron pautas para acometer una deuda pendiente de la democracia: cambiar la vieja ley de radiodifusi贸n de la dictadura.
Y as铆 surgieron los 21 puntos de la Coalici贸n para una Radiodifusi贸n Democr谩tica, como el soporte ideol贸gico de lo que deber铆a ser una ley de la democracia. Fueron 21 puntos porque en 2004 hab铆an transcurrido 21 a帽os desde la recuperaci贸n de la democracia y la maldita herencia del Proceso no hab铆a sido removida.
Con ese programa, la Coalici贸n batall贸 varios a帽os hasta que determinadas circunstancias pol铆ticas (la ruptura entre Clar铆n y el gobierno), generaron una coyuntura favorable para el debate nacional y su tratamiento en el 谩mbito parlamentario. Ya hab铆a pasado el cierto romance entre N茅stor Kirchner y los monopolios del rubro, patentizado en 2005 con la pr贸rroga por diez a帽os de sus licencias audiovisuales.
Con mucho empuje desde abajo y participaci贸n en los foros y audiencias p煤blicas en todo el pa铆s, m谩s el debate en el Congreso, al final la norma fue aprobada el 10 de octubre de 2009. La hab铆an votado 146 diputados y 44 senadores, incluso algunos que militaban en la oposici贸n, como Pino Solanas, Claudio Lozano y los socialistas de Rub茅n Giustiniani.
Fue promulgada como ley 26.522 y comenz贸 entonces un largo proceso de puesta en funciones de sus 贸rganos de aplicaci贸n, como la presidencia y directorio de 7 miembros de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicaci贸n Audiovisuales). La presidencia qued贸 para un aliado del kirchnerismo, Mart铆n Sabbatella, y los asientos de la oposici贸n para Marcelo Stubrin (UCR) y Gerardo Millman (Frente Amplio Progresista).
Tambi茅n se fue completando el Consejo Federal (Confeca), con participaci贸n de las provincias, universidades, medios p煤blicos, privados y cooperativas, y trabajadores del 谩rea audiovisual.
Toque de Clar铆n
La ley significaba un gran avance y as铆 lo reconocieron los especialistas de las Naciones Unidas y la OEA, que vinieron para dar fe de ello. Sus objetivos de limitar los monopolios provocaron las mayores objeciones de Clar铆n, que acudi贸 a la justicia para pedir cautelares, para que no ser alcanzado por la norma y tambi茅n para tacharla de inconstitucional.
Esa t谩ctica de chicanas logr贸 una victoria, al frustrar con una medida judicial a su favor lo que los defensores de la ley, gobierno incluido, pensaban celebrar como la vigencia plena de la 26.522: el 7 de diciembre de 2012. El 7D fue anulado por la corporaci贸n judicial de v铆nculos muy espesos con Clar铆n.
De todos modos la pulseada continu贸 y a fines de agosto de 2013 el Estado y el grupo de Magnetto, fueron citados por la Corte Suprema a exponer sus argumentos y contestar preguntas del tribunal, ante el que hab铆an llegado apelaciones varias por fallos de instancias inferiores.
Los caros abogados de Clar铆n se centraron en atacar cuatro art铆culos de la ley: el 41 que proh铆be la venta de licencias de medios audiovisuales, el 45 que pone l铆mites a la cantidad de licencias, el 48 que no permite argumentar derechos adquiridos sobre licencias obtenidas antes de la sanci贸n de la ley, y el 161, que otorga un a帽o de plazo desde la vigencia de la ley para adecuarse a sus requisitos.
El coraz贸n de la 26.522 era y es ponerle l铆mites al monopolio, para asegurar la pluralidad de voces. Por eso el meollo estaba y est谩 en el art铆culo 45, que fija los l铆mites de cantidad de licencias. En sencillo: hasta 10 licencias de radio o televisi贸n a nivel nacional, por aire; y hasta 24 por cable. Y no se puede tener m谩s del 35 por ciento del total del mercado.
La norma pone un tope de 34 licencias a nivel nacional y era lo que el toque de Clarinete no admit铆a. ¿Por qu茅? Por que estaba largamente excedido. En la audiencia ante la Corte Suprema la AFSCA afirm贸 que ese multimedios ten铆a 237 licencias, frente a 49 de su segundo competidor, en tanto hab铆a 650 licenciatarios con una sola licencia de cable.
Lo positivo de la audiencia fue que el tribunal fall贸 en octubre de 2013 que la ley era constitucional as铆 como los art铆culos impugnados por el 煤nico grupo que se hab铆a negado a presentar un plan de adecuaci贸n voluntaria. Lo hizo al mes siguiente, cuando hab铆a quedado en alevoso offside pues Telef贸nica, Telecentro (Pierri), Am茅rica (Vila-Manzano), Cadena 3 (Mario Pereyra), Grupo Prisa (Radio Continental) y Grupo 脥ndalo (Crist贸bal L贸pez) ya hab铆an presentado los suyos.
Ni voluntaria ni de oficio
El proyecto de Clar铆n de subdividirse en seis grupos supuestamente independientes entre s铆 entr贸 a la AFSCA en noviembre de 2013, tras el fallo de la Corte. Parec铆a que el 2014 ser铆a de aceleramiento en la aplicaci贸n de la ley, pues como gesto positivo el d铆scolo conglomerado empresarial empez贸 a cumplir con su deber de subir a la grilla anal贸gica de canales de Cablevisi贸n a Paka Paka, Incaa y Telesur, y a modificar el orden num茅rico. Todo Negativo pas贸 al canal 7 y la Televisi贸n P煤blica al 14, por ejemplo, pero por el final de la historia podr谩 deducirse que eran meros cambios cosm茅ticos.
Es que Sabbatella descubri贸, ya avanzado el 2014, que el esquema de divisi贸n en seis grupos independientes no era tal. Era falso, seg煤n la AFSCA, que present贸 pruebas de que varios de los sectores compart铆an directores, domicilios, estudios de abogados, etc. Los tent谩culos seguir铆an operando para un mismo pulpo. Dio por ca铆da la adecuaci贸n voluntaria y abri贸 el expediente de la adecuaci贸n forzosa, por el Estado.
Pero ya las condiciones pol铆ticas en 2014 no eran tan buenas ni favorables como lo hab铆an sido antes. La econom铆a daba muestras de estancamiento. Hubo una devaluaci贸n kirchnerista del 22 por ciento. Las internas del FPV empezaban a recalentarse, hacia lo que ser铆an las PASO de agosto de 2015. La justicia corporativa segu铆a m谩s fuerte que antes, teniendo en cuenta el fracaso en que hab铆a terminado el m贸dico proyecto democratizador plasmado en seis leyes de 2013 fulminadas por la Corte de Lorenzetti.
La voltereta de un magistrado que entendi贸 en la causa lo grafica. El juez federal civil y comercial Horacio Alfonso hab铆a sido de los primeros de rechazar una cautelar de Clar铆n pero al final aprob贸 una cautelar de ese grupo, en noviembre 2014, en contra de la adecuaci贸n de oficio de Sabbatella. Esa cautelar tiene vigencia hasta el 14 de enero de 2016 y fue posiblemente el motivo de tanta necesidad y urgencia con la que actuaron Mauricio Macri, Marcos Pe帽a y Oscar Aguad en el atropello contra AFSCA de fin de a帽o. Quer铆an asegurar a Clar铆n que despu茅s de ese 14E no recibir铆a ninguna noticia adversa.
Final anunciado
Se sabe que por decreto de necesidad y urgencia, el 13, la AFSCA y AFTIC fueron privadas de autarqu铆a y colocadas en la 贸rbita del ministerio de Comunicaciones bajo la batuta del “milico” Aguad. Luego otro decreto, el 236, intervino ambas dependencias. Finalmente, con la justicia adicta (fiscal Stornelli y juez Ercolini), allanaron las sedes y pusieron la faja de clausura en Suipacha al 700.
La pel铆cula de Clar铆n versus ley de medios tuvo un final anunciado. En los diarios de ayer esa empresa public贸 la convocatoria a asamblea “con instrucci贸n al Directorio para que analice, proponga y someta a consideraci贸n de la Asamblea, un Plan de Adecuaci贸n modificado, que consultando los mejores intereses de la Sociedad, refleje todos y cada uno de los criterios aplicados por la AFSCA, siempre bajo la expl铆cita reserva de su ulterior modificaci贸n si se alterase el marco legal o se volviera a dar tratamiento m谩s favorable a otro sujeto obligados bajo la Ley 26.522”.
Aclaraciones al lector. Donde dice “mejores intereses de la Sociedad” no se refiere a la argentina sino a la Sociedad An贸nima de Clar铆n. Donde dice “todos y cada uno de los criterios aplicados por la AFSCA” no est谩 rindiendo un postrer homenaje a Sabbatella sino reclamando para s铆 lo que se hubiera dado a 脥ndalo o Telef贸nica, o que se d茅 m谩s adelante a otra firma.
No tiene desperdicio su “expl铆cita reserva de su ulterior modificaci贸n si se alterase el marco legal”. Est谩n advirtiendo que presionan por una alteraci贸n del “marco legal” actual. La ley de servicios audiovisuales nunca fue del agrado del monopolio. Quiere otro marco normativo y con Macri y Alfonso Prat Gay est谩 seguro que va a lograrlo. Ya lo blanque贸 Aguad al poner el epitafio en la ma帽ana del 24 de diciembre: “la ley no se toca, por ahora”. Casi se le escapa “se tocar谩 cuando Magnetto lo disponga”.
Sergio Ortiz
facebook.com/sergio.ortiz.906
twitter: @Sergioortizpl
En cuanto a la g茅nesis de la ley, los sectores monop贸licos afectados estaban ocultando la historia. Ya en 2004 un conjunto de entidades democr谩ticas, gremios, intelectuales y periodistas elaboraron pautas para acometer una deuda pendiente de la democracia: cambiar la vieja ley de radiodifusi贸n de la dictadura.
Y as铆 surgieron los 21 puntos de la Coalici贸n para una Radiodifusi贸n Democr谩tica, como el soporte ideol贸gico de lo que deber铆a ser una ley de la democracia. Fueron 21 puntos porque en 2004 hab铆an transcurrido 21 a帽os desde la recuperaci贸n de la democracia y la maldita herencia del Proceso no hab铆a sido removida.
Con ese programa, la Coalici贸n batall贸 varios a帽os hasta que determinadas circunstancias pol铆ticas (la ruptura entre Clar铆n y el gobierno), generaron una coyuntura favorable para el debate nacional y su tratamiento en el 谩mbito parlamentario. Ya hab铆a pasado el cierto romance entre N茅stor Kirchner y los monopolios del rubro, patentizado en 2005 con la pr贸rroga por diez a帽os de sus licencias audiovisuales.
Con mucho empuje desde abajo y participaci贸n en los foros y audiencias p煤blicas en todo el pa铆s, m谩s el debate en el Congreso, al final la norma fue aprobada el 10 de octubre de 2009. La hab铆an votado 146 diputados y 44 senadores, incluso algunos que militaban en la oposici贸n, como Pino Solanas, Claudio Lozano y los socialistas de Rub茅n Giustiniani.
Fue promulgada como ley 26.522 y comenz贸 entonces un largo proceso de puesta en funciones de sus 贸rganos de aplicaci贸n, como la presidencia y directorio de 7 miembros de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicaci贸n Audiovisuales). La presidencia qued贸 para un aliado del kirchnerismo, Mart铆n Sabbatella, y los asientos de la oposici贸n para Marcelo Stubrin (UCR) y Gerardo Millman (Frente Amplio Progresista).
Tambi茅n se fue completando el Consejo Federal (Confeca), con participaci贸n de las provincias, universidades, medios p煤blicos, privados y cooperativas, y trabajadores del 谩rea audiovisual.
Toque de Clar铆n
La ley significaba un gran avance y as铆 lo reconocieron los especialistas de las Naciones Unidas y la OEA, que vinieron para dar fe de ello. Sus objetivos de limitar los monopolios provocaron las mayores objeciones de Clar铆n, que acudi贸 a la justicia para pedir cautelares, para que no ser alcanzado por la norma y tambi茅n para tacharla de inconstitucional.
Esa t谩ctica de chicanas logr贸 una victoria, al frustrar con una medida judicial a su favor lo que los defensores de la ley, gobierno incluido, pensaban celebrar como la vigencia plena de la 26.522: el 7 de diciembre de 2012. El 7D fue anulado por la corporaci贸n judicial de v铆nculos muy espesos con Clar铆n.
De todos modos la pulseada continu贸 y a fines de agosto de 2013 el Estado y el grupo de Magnetto, fueron citados por la Corte Suprema a exponer sus argumentos y contestar preguntas del tribunal, ante el que hab铆an llegado apelaciones varias por fallos de instancias inferiores.
Los caros abogados de Clar铆n se centraron en atacar cuatro art铆culos de la ley: el 41 que proh铆be la venta de licencias de medios audiovisuales, el 45 que pone l铆mites a la cantidad de licencias, el 48 que no permite argumentar derechos adquiridos sobre licencias obtenidas antes de la sanci贸n de la ley, y el 161, que otorga un a帽o de plazo desde la vigencia de la ley para adecuarse a sus requisitos.
El coraz贸n de la 26.522 era y es ponerle l铆mites al monopolio, para asegurar la pluralidad de voces. Por eso el meollo estaba y est谩 en el art铆culo 45, que fija los l铆mites de cantidad de licencias. En sencillo: hasta 10 licencias de radio o televisi贸n a nivel nacional, por aire; y hasta 24 por cable. Y no se puede tener m谩s del 35 por ciento del total del mercado.
La norma pone un tope de 34 licencias a nivel nacional y era lo que el toque de Clarinete no admit铆a. ¿Por qu茅? Por que estaba largamente excedido. En la audiencia ante la Corte Suprema la AFSCA afirm贸 que ese multimedios ten铆a 237 licencias, frente a 49 de su segundo competidor, en tanto hab铆a 650 licenciatarios con una sola licencia de cable.
Lo positivo de la audiencia fue que el tribunal fall贸 en octubre de 2013 que la ley era constitucional as铆 como los art铆culos impugnados por el 煤nico grupo que se hab铆a negado a presentar un plan de adecuaci贸n voluntaria. Lo hizo al mes siguiente, cuando hab铆a quedado en alevoso offside pues Telef贸nica, Telecentro (Pierri), Am茅rica (Vila-Manzano), Cadena 3 (Mario Pereyra), Grupo Prisa (Radio Continental) y Grupo 脥ndalo (Crist贸bal L贸pez) ya hab铆an presentado los suyos.
Ni voluntaria ni de oficio
El proyecto de Clar铆n de subdividirse en seis grupos supuestamente independientes entre s铆 entr贸 a la AFSCA en noviembre de 2013, tras el fallo de la Corte. Parec铆a que el 2014 ser铆a de aceleramiento en la aplicaci贸n de la ley, pues como gesto positivo el d铆scolo conglomerado empresarial empez贸 a cumplir con su deber de subir a la grilla anal贸gica de canales de Cablevisi贸n a Paka Paka, Incaa y Telesur, y a modificar el orden num茅rico. Todo Negativo pas贸 al canal 7 y la Televisi贸n P煤blica al 14, por ejemplo, pero por el final de la historia podr谩 deducirse que eran meros cambios cosm茅ticos.
Es que Sabbatella descubri贸, ya avanzado el 2014, que el esquema de divisi贸n en seis grupos independientes no era tal. Era falso, seg煤n la AFSCA, que present贸 pruebas de que varios de los sectores compart铆an directores, domicilios, estudios de abogados, etc. Los tent谩culos seguir铆an operando para un mismo pulpo. Dio por ca铆da la adecuaci贸n voluntaria y abri贸 el expediente de la adecuaci贸n forzosa, por el Estado.
Pero ya las condiciones pol铆ticas en 2014 no eran tan buenas ni favorables como lo hab铆an sido antes. La econom铆a daba muestras de estancamiento. Hubo una devaluaci贸n kirchnerista del 22 por ciento. Las internas del FPV empezaban a recalentarse, hacia lo que ser铆an las PASO de agosto de 2015. La justicia corporativa segu铆a m谩s fuerte que antes, teniendo en cuenta el fracaso en que hab铆a terminado el m贸dico proyecto democratizador plasmado en seis leyes de 2013 fulminadas por la Corte de Lorenzetti.
La voltereta de un magistrado que entendi贸 en la causa lo grafica. El juez federal civil y comercial Horacio Alfonso hab铆a sido de los primeros de rechazar una cautelar de Clar铆n pero al final aprob贸 una cautelar de ese grupo, en noviembre 2014, en contra de la adecuaci贸n de oficio de Sabbatella. Esa cautelar tiene vigencia hasta el 14 de enero de 2016 y fue posiblemente el motivo de tanta necesidad y urgencia con la que actuaron Mauricio Macri, Marcos Pe帽a y Oscar Aguad en el atropello contra AFSCA de fin de a帽o. Quer铆an asegurar a Clar铆n que despu茅s de ese 14E no recibir铆a ninguna noticia adversa.
Final anunciado
Se sabe que por decreto de necesidad y urgencia, el 13, la AFSCA y AFTIC fueron privadas de autarqu铆a y colocadas en la 贸rbita del ministerio de Comunicaciones bajo la batuta del “milico” Aguad. Luego otro decreto, el 236, intervino ambas dependencias. Finalmente, con la justicia adicta (fiscal Stornelli y juez Ercolini), allanaron las sedes y pusieron la faja de clausura en Suipacha al 700.
La pel铆cula de Clar铆n versus ley de medios tuvo un final anunciado. En los diarios de ayer esa empresa public贸 la convocatoria a asamblea “con instrucci贸n al Directorio para que analice, proponga y someta a consideraci贸n de la Asamblea, un Plan de Adecuaci贸n modificado, que consultando los mejores intereses de la Sociedad, refleje todos y cada uno de los criterios aplicados por la AFSCA, siempre bajo la expl铆cita reserva de su ulterior modificaci贸n si se alterase el marco legal o se volviera a dar tratamiento m谩s favorable a otro sujeto obligados bajo la Ley 26.522”.
Aclaraciones al lector. Donde dice “mejores intereses de la Sociedad” no se refiere a la argentina sino a la Sociedad An贸nima de Clar铆n. Donde dice “todos y cada uno de los criterios aplicados por la AFSCA” no est谩 rindiendo un postrer homenaje a Sabbatella sino reclamando para s铆 lo que se hubiera dado a 脥ndalo o Telef贸nica, o que se d茅 m谩s adelante a otra firma.
No tiene desperdicio su “expl铆cita reserva de su ulterior modificaci贸n si se alterase el marco legal”. Est谩n advirtiendo que presionan por una alteraci贸n del “marco legal” actual. La ley de servicios audiovisuales nunca fue del agrado del monopolio. Quiere otro marco normativo y con Macri y Alfonso Prat Gay est谩 seguro que va a lograrlo. Ya lo blanque贸 Aguad al poner el epitafio en la ma帽ana del 24 de diciembre: “la ley no se toca, por ahora”. Casi se le escapa “se tocar谩 cuando Magnetto lo disponga”.
Sergio Ortiz
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