OPINI脫N de Sara Mosleh Moreno.- Cada vez son m谩s los gobiernos que, en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, dan carta blanca al espionaje de sus ciudadanos. Pa铆ses como Francia, Reino Unido, Rusia o Hungr铆a han introducido, en los 煤ltimos meses, legislaciones que apoyan la vigilancia masiva en todo el mundo. Estas leyes permiten la interceptaci贸n “no individualizada” de todas las comunicaciones electr贸nicas, ampl铆an el periodo de tiempo para retener la informaci贸n almacenada y otorgan un mayor poder al ejecutivo, al eliminar la necesidad de una autorizaci贸n judicial previa.
Que estas legislaciones hayan sido aprobadas preocupa, y mucho. Sobre todo, cuando hace tan solo tres a帽os salieron a la luz documentos que probaban la existencia de programas de vigilancia sobre las comunicaciones privadas de millones de personas en todo el mundo. Los informes filtrados por el ex analista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, revelaron que decenas de agencias de varios pa铆ses colaboraban entre ellas para expandir y consolidar una vigilancia globalizada. Con este objetivo, las agencias emplearon m茅todos muy diversos. Desde la introducci贸n de software esp铆as en aplicaciones m贸viles, pasando por la interceptaci贸n de llamadas, correos electr贸nicos y transacciones financieras, hasta la colaboraci贸n con compa帽铆as tecnol贸gicas tan populares como Google, Facebook o Microsoft, entre otras, quienes de forma voluntaria o a cambio de millones de d贸lares, entregaron datos de sus clientes, adem谩s del acceso a sus servidores. Todo esto les permiti贸 crear perfiles de pr谩cticamente cualquier persona, pues gracias a estos datos se pudo deducir su modo de vida, pa铆s de origen, edad, sexo o ingresos.
A pesar del gran esc谩ndalo que causaron estos informes, y las promesas de diversos pa铆ses de revisar las agencias de inteligencia, no se hizo nada. Es m谩s, ahora la vigilancia masiva est谩 siendo institucionalizada con la complicidad de gobiernos y tribunales, a trav茅s de leyes que son incompatibles con el respeto a la privacidad y que carecen de las m谩s m铆nimas garant铆as legales.
Hablamos de una cuesti贸n de derechos humanos que puede tener un impacto devastador en nuestra sociedad. Primero porque estas nuevas leyes atacan directamente nuestro derecho a la intimidad, recogido tanto en la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos como en casi todas las constituciones y tratados internacionales. Y segundo, porque limitan el ejercicio de otras libertades, como la libre expresi贸n. Nada en estas leyes proh铆be a los estados compartir los datos privados con gobiernos que no respetan 茅ste derecho, lo que podr铆a hacer mucho m谩s f谩cil la persecuci贸n de activistas, periodistas o disidentes en todo el mundo.
El statu quo es inaceptable. Es necesario un debate, tanto parlamentario como p煤blico, que sea claro y exhaustivo y que pare los pies a este “Gran Hermano” que nos vigila a todos. Solo as铆 recuperaremos, como dice Edward Snowden, “no solamente una cuota de legalidad para los gobiernos, sino una cuota de libertad para nuestras vidas digitales”.
Sara Mosleh Moreno
Periodista
Que estas legislaciones hayan sido aprobadas preocupa, y mucho. Sobre todo, cuando hace tan solo tres a帽os salieron a la luz documentos que probaban la existencia de programas de vigilancia sobre las comunicaciones privadas de millones de personas en todo el mundo. Los informes filtrados por el ex analista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, revelaron que decenas de agencias de varios pa铆ses colaboraban entre ellas para expandir y consolidar una vigilancia globalizada. Con este objetivo, las agencias emplearon m茅todos muy diversos. Desde la introducci贸n de software esp铆as en aplicaciones m贸viles, pasando por la interceptaci贸n de llamadas, correos electr贸nicos y transacciones financieras, hasta la colaboraci贸n con compa帽铆as tecnol贸gicas tan populares como Google, Facebook o Microsoft, entre otras, quienes de forma voluntaria o a cambio de millones de d贸lares, entregaron datos de sus clientes, adem谩s del acceso a sus servidores. Todo esto les permiti贸 crear perfiles de pr谩cticamente cualquier persona, pues gracias a estos datos se pudo deducir su modo de vida, pa铆s de origen, edad, sexo o ingresos.
A pesar del gran esc谩ndalo que causaron estos informes, y las promesas de diversos pa铆ses de revisar las agencias de inteligencia, no se hizo nada. Es m谩s, ahora la vigilancia masiva est谩 siendo institucionalizada con la complicidad de gobiernos y tribunales, a trav茅s de leyes que son incompatibles con el respeto a la privacidad y que carecen de las m谩s m铆nimas garant铆as legales.
Hablamos de una cuesti贸n de derechos humanos que puede tener un impacto devastador en nuestra sociedad. Primero porque estas nuevas leyes atacan directamente nuestro derecho a la intimidad, recogido tanto en la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos como en casi todas las constituciones y tratados internacionales. Y segundo, porque limitan el ejercicio de otras libertades, como la libre expresi贸n. Nada en estas leyes proh铆be a los estados compartir los datos privados con gobiernos que no respetan 茅ste derecho, lo que podr铆a hacer mucho m谩s f谩cil la persecuci贸n de activistas, periodistas o disidentes en todo el mundo.
El statu quo es inaceptable. Es necesario un debate, tanto parlamentario como p煤blico, que sea claro y exhaustivo y que pare los pies a este “Gran Hermano” que nos vigila a todos. Solo as铆 recuperaremos, como dice Edward Snowden, “no solamente una cuota de legalidad para los gobiernos, sino una cuota de libertad para nuestras vidas digitales”.
Sara Mosleh Moreno
Periodista