Con motivo del 25 de noviembre, “D铆a Internacional de la Eliminaci贸n de la Violencia contra la Mujer”, los organismos firmantes expresamos nuestra profunda preocupaci贸n por las distintas formas de violencia institucional y discriminaci贸n por motivos de g茅nero que se despliegan durante la persecuci贸n penal y la privaci贸n de la libertad a trav茅s de distintos dispositivos del poder punitivo.
En especial, CUESTIONAMOS: 1- La criminalizaci贸n de mujeres por aborto/ 2- La criminalizaci贸n de mujeres en prostituci贸n3- La desproporcionada criminalizaci贸n de mujeres por delitos de drogas/ 4- La desproporcionada criminalizaci贸n de mujeres en la persecuci贸n de la trata de personas/ 5- La criminalizaci贸n de mujeres en contextos de violencia de g茅nero/ 6- La criminalizaci贸n de mujeres por da帽os ejercidos por sus parejas contra sus hijos/as/7- La falta de aplicaci贸n de medidas alternativas a la privaci贸n de la libertad/ 8- Los obst谩culos para acceder y mantener el arresto domiciliario/ 9- La violencia en el encierro carcelario/ 9- La violencia en el encierro carcelario/ 10- La falta de acceso a pol铆ticas de salud, trabajo y educaci贸n en las c谩rceles. (M谩s abajo ver recomendaciones)
Mujeres
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1- La criminalizaci贸n de mujeres por aborto
La criminalizaci贸n del aborto impacta en especial en las mujeres m谩s vulnerables, que son las que se exponen a pr谩cticas inseguras y pueden presentar complicaciones post aborto. Estas mujeres en ocasiones son denunciadas por los profesionales que las atienden en violaci贸n al secreto m茅dico, lo que desalienta la b煤squeda de asistencia sanitaria y genera severos riesgos para su seguridad, salud y vida. En muchos casos, se trata de abortos no punibles, pero las mujeres acuden a pr谩cticas clandestinas por los obst谩culos que persisten para acceder a ellos. El aborto inseguro en el pa铆s constituye una de las principales causas de muerte materna y un enorme problema de salud p煤blica y de derechos humanos.
2- La criminalizaci贸n de mujeres en prostituci贸n
En las provincias del pa铆s y en la CABA, los c贸digos contravencionales y de faltas operan como herramientas de criminalizaci贸n de mujeres y trans en prostituci贸n. Estas normas permiten el ejercicio de formas de violencia institucional y policial contra ellas, incluida la violencia f铆sica, sexual y econ贸mica. Por otra parte, generan intervenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad, que habilitan la imputaci贸n de delitos de mayor entidad, como la resistencia a la autoridad o la tenencia y comercializaci贸n de estupefacientes.
3- La desproporcionada criminalizaci贸n de mujeres por delitos de drogas
De manera frecuente, las mujeres constituyen los eslabones m谩s expuestos y vulnerables dentro de las estructuras de criminalidad econ贸mica. La aplicaci贸n de pol铆ticas antidrogas gener贸 una importante tasa de encarcelamiento y la imposici贸n de severas sanciones que afectaron desproporcionadamente a las mujeres. En Argentina, el 37 % de las mujeres encarceladas est谩n detenidas por delitos de drogas, mientras que en la poblaci贸n penitenciaria masculina, esos delitos representan el 10 %. Asimismo, estas pol铆ticas tienen un enorme impacto en las personas trans, en especial en las extranjeras. En general, se les imputa acciones de menor entidad y suelen ser f谩cilmente reemplazables en la estructura criminal. En consecuencia, esas pol铆ticas, adem谩s de discriminatorias, son altamente ineficientes para combatir el narcotr谩fico.
4- La desproporcionada criminalizaci贸n de mujeres en la persecuci贸n de la trata de personas
El da帽o agravado que genera la trata de personas a nivel trasnacional impuls贸 diferentes reformas legales para prevenirla, investigarla y sancionarla. En su enorme mayor铆a, las v铆ctimas de este delito son mujeres. Parad贸jicamente, cerca del 40% del total de personas condenadas por trata de personas tambi茅n son mujeres. En ocasiones, esta criminalizaci贸n se basa en la incapacidad del Estado para identificar correctamente a las v铆ctimas cuando son arrestadas e imputadas. En contrapartida, es insignificante el n煤mero de condenas a los mayores responsables de las redes de trata y de explotaci贸n.
5- La criminalizaci贸n de mujeres en contextos de violencia de g茅nero
Si bien el C贸digo Penal incorpora causales generales de justificaci贸n o eximici贸n de pena por el ejercicio de la leg铆tima defensa, las interpretaciones legales androc茅ntricas suelen excluir de sus alcances a las mujeres que, en defensa propia o de sus hijos, resisten los ataques de sus agresores. La criminalizaci贸n de estos casos, adem谩s de configurar un tratamiento discriminatorio, env铆a un mensaje a la sociedad de que no es leg铆timo defenderse de la violencia de g茅nero, y coloca a las mujeres en el dilema entre preservar su vida y su integridad, o la c谩rcel.
6- La criminalizaci贸n de mujeres por da帽os ejercidos por sus parejas contra sus hijos/as
Es usual que se impute o se investigue a las mujeres por los delitos que sus parejas o ex parejas cometieron sobre sus hijos/as, por considerar que omitieron prestar deberes de cuidado “propios de su condici贸n de madres”, incluso cuando ellas mismas tambi茅n son o han sido v铆ctimas de la violencia intrafamiliar. Muchas veces estas imputaciones revelan distintos estereotipos de g茅nero, que afectan el derecho de las mujeres a un juicio justo e imparcial.
7- La falta de aplicaci贸n de medidas alternativas a la privaci贸n de la libertad
Si bien las “Reglas de Bangkok” de las Naciones Unidas llaman a los Estados a disponer medidas alternativas a la privaci贸n de la libertad en caso de mujeres en conflicto con la ley penal, en la pr谩ctica esta herramienta se subutiliza. Por el contrario, la tendencia al encarcelamiento de las mujeres es cada vez mayor.
8- Los obst谩culos para acceder y mantener el arresto domiciliario
En nuestro pa铆s, la ley 26.472 habilita el acceso al arresto domiciliario para las mujeres embarazadas o con hijos/as menores de cinco a帽os o personas con discapacidad a su cargo. Sin embargo, su aplicaci贸n enfrenta numerosos obst谩culos, como las interpretaciones restrictivas de la norma, los estereotipos respecto de la capacidad parental de las mujeres en conflicto con la ley penal o la falta de condiciones materiales necesarias para acceder al derecho. Asimismo, la falta de pol铆ticas p煤blicas para posibilitar o mantener el arresto domiciliario, hace que la medida solo sea viable para quienes cuentan con recursos econ贸micos y sociales para satisfacer sus necesidades y las de su grupo familiar.
9- La violencia en el encierro carcelario
El marcado crecimiento de la poblaci贸n penitenciaria femenina no fue acompa帽ado de una revisi贸n de las estructuras carcelarias que, como regla, se presentan hostiles a las necesidades propias del g茅nero, al desempe帽o de los roles de cuidado y al mantenimiento de los lazos familiares. En el caso de las mujeres y de las personas trans, se advierte una fuerte desproporci贸n entre el da帽o social que provocan las conductas que en general se les imputan y el castigo formal e informal que reciben dentro de los establecimientos penitenciarios. Por otra parte, prevalecen pr谩cticas como los registros corporales vejatorios, las sanciones disciplinarias que derivan en aislamientos y la privaci贸n de contacto con familiares, que impactan con especial crudeza en estos colectivos. En el caso de las personas trans, se verifican asimismo pol铆ticas de alojamiento inapropiadas y una afectaci贸n general al derecho a ser consultadas al respecto y a que su opini贸n sea valorada.
10- La falta de acceso a pol铆ticas de salud, trabajo y educaci贸n en las c谩rceles
En las unidades penitenciarias tambi茅n se encuentran m煤ltiples obst谩culos de acceso a la salud en general, y a la salud sexual y reproductiva en particular, en especial en la prevenci贸n y tratamiento de enfermedades que afectan principalmente a las mujeres, o en la atenci贸n de la salud integral de personas trans. Asimismo, un porcentaje 铆nfimo de la poblaci贸n carcelaria accede a actividades educativas y laborales, la oferta educativa es deficiente, la propuesta laboral reproduce los estereotipos sociales de g茅nero y constituye una alternativa inapropiada para el desarrollo personal y la obtenci贸n de recursos.
En atenci贸n a los cuestionamientos se帽alados, los organismos firmantes llamamos a eliminar las pr谩cticas de violencia institucional y a garantizar el acceso a la justicia sin discriminaci贸n. Para ello, RECOMENDAMOS:
1. La producci贸n de informaci贸n estad铆stica clara, veraz, actualizada, sistematizada y de publicaci贸n regular, atenta a la variable de sexo-g茅nero en materia de persecuci贸n penal y de poblaci贸n carcelaria.
2. La revisi贸n de los marcos normativos sancionatorios y procesales que impactan negativa y desproporcionadamente en las mujeres y en las personas trans.
3. La sustanciaci贸n de procesos justos, con enfoque interseccional y libre de estereotipos de g茅nero, sexualidad, clase, nacionalidad, condici贸n migratoria y edad, entre otras variables relevantes.
4. La interpretaci贸n y aplicaci贸n del derecho vigente desde una perspectiva de g茅nero, que repare en el historial de vulnerabilidad de las personas imputadas, en la posible existencia de una situaci贸n de coerci贸n, en sus responsabilidades de cuidado y en todo otro dato biogr谩fico o contextual que resulte pertinente para determinar los alcances de la autor铆a y el reproche.
5. La utilizaci贸n prioritaria de medidas alternativas a la privaci贸n de la libertad.
6. El cumplimiento de la ley sobre arresto domiciliario para mujeres embarazadas y/o con hijos a cargo, junto con la obligaci贸n estatal de garantizar los recursos econ贸micos y sociales necesarios a las titulares del derecho y a su grupo familiar.
7. La satisfacci贸n de los est谩ndares b谩sicos de derechos humanos en materia de encierro carcelario, junto con la eliminaci贸n de toda pr谩ctica violenta y discriminatoria contra las mujeres y personas trans en ese contexto.
8. La transversalidad de la perspectiva de g茅nero en el dise帽o de las pol铆ticas penitenciarias, en particular en las pol铆ticas p煤blicas de salud, trabajo, educaci贸n y para el ejercicio de roles parentales.
Adhieren:
Ministerio P煤blico de la Defensa de la Naci贸n/ Procuraci贸n Penitenciaria de la Naci贸n/ Amnist铆a Internacional/ Equipo Latinoamericano de Justicia y G茅nero / Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS/ Yo no fui/ Asociaci贸n de Mujeres Jueces de Argentina – AMJA/ Asociaci贸n de Mujeres Penalistas de Argentina – AMPA/ Observatorio de G茅nero en la Justicia de la CABA/ Observatorio de Violencia de G茅nero de la Defensor铆a del Pueblo de la provincia de Buenos Aires/ Asociaci贸n Pensamiento Penal – APP/ Asociaci贸n de Abogados de Buenos Aires -AABA
En especial, CUESTIONAMOS: 1- La criminalizaci贸n de mujeres por aborto/ 2- La criminalizaci贸n de mujeres en prostituci贸n3- La desproporcionada criminalizaci贸n de mujeres por delitos de drogas/ 4- La desproporcionada criminalizaci贸n de mujeres en la persecuci贸n de la trata de personas/ 5- La criminalizaci贸n de mujeres en contextos de violencia de g茅nero/ 6- La criminalizaci贸n de mujeres por da帽os ejercidos por sus parejas contra sus hijos/as/7- La falta de aplicaci贸n de medidas alternativas a la privaci贸n de la libertad/ 8- Los obst谩culos para acceder y mantener el arresto domiciliario/ 9- La violencia en el encierro carcelario/ 9- La violencia en el encierro carcelario/ 10- La falta de acceso a pol铆ticas de salud, trabajo y educaci贸n en las c谩rceles. (M谩s abajo ver recomendaciones)
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1- La criminalizaci贸n de mujeres por aborto
La criminalizaci贸n del aborto impacta en especial en las mujeres m谩s vulnerables, que son las que se exponen a pr谩cticas inseguras y pueden presentar complicaciones post aborto. Estas mujeres en ocasiones son denunciadas por los profesionales que las atienden en violaci贸n al secreto m茅dico, lo que desalienta la b煤squeda de asistencia sanitaria y genera severos riesgos para su seguridad, salud y vida. En muchos casos, se trata de abortos no punibles, pero las mujeres acuden a pr谩cticas clandestinas por los obst谩culos que persisten para acceder a ellos. El aborto inseguro en el pa铆s constituye una de las principales causas de muerte materna y un enorme problema de salud p煤blica y de derechos humanos.
2- La criminalizaci贸n de mujeres en prostituci贸n
En las provincias del pa铆s y en la CABA, los c贸digos contravencionales y de faltas operan como herramientas de criminalizaci贸n de mujeres y trans en prostituci贸n. Estas normas permiten el ejercicio de formas de violencia institucional y policial contra ellas, incluida la violencia f铆sica, sexual y econ贸mica. Por otra parte, generan intervenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad, que habilitan la imputaci贸n de delitos de mayor entidad, como la resistencia a la autoridad o la tenencia y comercializaci贸n de estupefacientes.
3- La desproporcionada criminalizaci贸n de mujeres por delitos de drogas
De manera frecuente, las mujeres constituyen los eslabones m谩s expuestos y vulnerables dentro de las estructuras de criminalidad econ贸mica. La aplicaci贸n de pol铆ticas antidrogas gener贸 una importante tasa de encarcelamiento y la imposici贸n de severas sanciones que afectaron desproporcionadamente a las mujeres. En Argentina, el 37 % de las mujeres encarceladas est谩n detenidas por delitos de drogas, mientras que en la poblaci贸n penitenciaria masculina, esos delitos representan el 10 %. Asimismo, estas pol铆ticas tienen un enorme impacto en las personas trans, en especial en las extranjeras. En general, se les imputa acciones de menor entidad y suelen ser f谩cilmente reemplazables en la estructura criminal. En consecuencia, esas pol铆ticas, adem谩s de discriminatorias, son altamente ineficientes para combatir el narcotr谩fico.
4- La desproporcionada criminalizaci贸n de mujeres en la persecuci贸n de la trata de personas
El da帽o agravado que genera la trata de personas a nivel trasnacional impuls贸 diferentes reformas legales para prevenirla, investigarla y sancionarla. En su enorme mayor铆a, las v铆ctimas de este delito son mujeres. Parad贸jicamente, cerca del 40% del total de personas condenadas por trata de personas tambi茅n son mujeres. En ocasiones, esta criminalizaci贸n se basa en la incapacidad del Estado para identificar correctamente a las v铆ctimas cuando son arrestadas e imputadas. En contrapartida, es insignificante el n煤mero de condenas a los mayores responsables de las redes de trata y de explotaci贸n.
5- La criminalizaci贸n de mujeres en contextos de violencia de g茅nero
Si bien el C贸digo Penal incorpora causales generales de justificaci贸n o eximici贸n de pena por el ejercicio de la leg铆tima defensa, las interpretaciones legales androc茅ntricas suelen excluir de sus alcances a las mujeres que, en defensa propia o de sus hijos, resisten los ataques de sus agresores. La criminalizaci贸n de estos casos, adem谩s de configurar un tratamiento discriminatorio, env铆a un mensaje a la sociedad de que no es leg铆timo defenderse de la violencia de g茅nero, y coloca a las mujeres en el dilema entre preservar su vida y su integridad, o la c谩rcel.
6- La criminalizaci贸n de mujeres por da帽os ejercidos por sus parejas contra sus hijos/as
Es usual que se impute o se investigue a las mujeres por los delitos que sus parejas o ex parejas cometieron sobre sus hijos/as, por considerar que omitieron prestar deberes de cuidado “propios de su condici贸n de madres”, incluso cuando ellas mismas tambi茅n son o han sido v铆ctimas de la violencia intrafamiliar. Muchas veces estas imputaciones revelan distintos estereotipos de g茅nero, que afectan el derecho de las mujeres a un juicio justo e imparcial.
7- La falta de aplicaci贸n de medidas alternativas a la privaci贸n de la libertad
Si bien las “Reglas de Bangkok” de las Naciones Unidas llaman a los Estados a disponer medidas alternativas a la privaci贸n de la libertad en caso de mujeres en conflicto con la ley penal, en la pr谩ctica esta herramienta se subutiliza. Por el contrario, la tendencia al encarcelamiento de las mujeres es cada vez mayor.
8- Los obst谩culos para acceder y mantener el arresto domiciliario
En nuestro pa铆s, la ley 26.472 habilita el acceso al arresto domiciliario para las mujeres embarazadas o con hijos/as menores de cinco a帽os o personas con discapacidad a su cargo. Sin embargo, su aplicaci贸n enfrenta numerosos obst谩culos, como las interpretaciones restrictivas de la norma, los estereotipos respecto de la capacidad parental de las mujeres en conflicto con la ley penal o la falta de condiciones materiales necesarias para acceder al derecho. Asimismo, la falta de pol铆ticas p煤blicas para posibilitar o mantener el arresto domiciliario, hace que la medida solo sea viable para quienes cuentan con recursos econ贸micos y sociales para satisfacer sus necesidades y las de su grupo familiar.
9- La violencia en el encierro carcelario
El marcado crecimiento de la poblaci贸n penitenciaria femenina no fue acompa帽ado de una revisi贸n de las estructuras carcelarias que, como regla, se presentan hostiles a las necesidades propias del g茅nero, al desempe帽o de los roles de cuidado y al mantenimiento de los lazos familiares. En el caso de las mujeres y de las personas trans, se advierte una fuerte desproporci贸n entre el da帽o social que provocan las conductas que en general se les imputan y el castigo formal e informal que reciben dentro de los establecimientos penitenciarios. Por otra parte, prevalecen pr谩cticas como los registros corporales vejatorios, las sanciones disciplinarias que derivan en aislamientos y la privaci贸n de contacto con familiares, que impactan con especial crudeza en estos colectivos. En el caso de las personas trans, se verifican asimismo pol铆ticas de alojamiento inapropiadas y una afectaci贸n general al derecho a ser consultadas al respecto y a que su opini贸n sea valorada.
10- La falta de acceso a pol铆ticas de salud, trabajo y educaci贸n en las c谩rceles
En las unidades penitenciarias tambi茅n se encuentran m煤ltiples obst谩culos de acceso a la salud en general, y a la salud sexual y reproductiva en particular, en especial en la prevenci贸n y tratamiento de enfermedades que afectan principalmente a las mujeres, o en la atenci贸n de la salud integral de personas trans. Asimismo, un porcentaje 铆nfimo de la poblaci贸n carcelaria accede a actividades educativas y laborales, la oferta educativa es deficiente, la propuesta laboral reproduce los estereotipos sociales de g茅nero y constituye una alternativa inapropiada para el desarrollo personal y la obtenci贸n de recursos.
En atenci贸n a los cuestionamientos se帽alados, los organismos firmantes llamamos a eliminar las pr谩cticas de violencia institucional y a garantizar el acceso a la justicia sin discriminaci贸n. Para ello, RECOMENDAMOS:
1. La producci贸n de informaci贸n estad铆stica clara, veraz, actualizada, sistematizada y de publicaci贸n regular, atenta a la variable de sexo-g茅nero en materia de persecuci贸n penal y de poblaci贸n carcelaria.
2. La revisi贸n de los marcos normativos sancionatorios y procesales que impactan negativa y desproporcionadamente en las mujeres y en las personas trans.
3. La sustanciaci贸n de procesos justos, con enfoque interseccional y libre de estereotipos de g茅nero, sexualidad, clase, nacionalidad, condici贸n migratoria y edad, entre otras variables relevantes.
4. La interpretaci贸n y aplicaci贸n del derecho vigente desde una perspectiva de g茅nero, que repare en el historial de vulnerabilidad de las personas imputadas, en la posible existencia de una situaci贸n de coerci贸n, en sus responsabilidades de cuidado y en todo otro dato biogr谩fico o contextual que resulte pertinente para determinar los alcances de la autor铆a y el reproche.
5. La utilizaci贸n prioritaria de medidas alternativas a la privaci贸n de la libertad.
6. El cumplimiento de la ley sobre arresto domiciliario para mujeres embarazadas y/o con hijos a cargo, junto con la obligaci贸n estatal de garantizar los recursos econ贸micos y sociales necesarios a las titulares del derecho y a su grupo familiar.
7. La satisfacci贸n de los est谩ndares b谩sicos de derechos humanos en materia de encierro carcelario, junto con la eliminaci贸n de toda pr谩ctica violenta y discriminatoria contra las mujeres y personas trans en ese contexto.
8. La transversalidad de la perspectiva de g茅nero en el dise帽o de las pol铆ticas penitenciarias, en particular en las pol铆ticas p煤blicas de salud, trabajo, educaci贸n y para el ejercicio de roles parentales.
Adhieren:
Ministerio P煤blico de la Defensa de la Naci贸n/ Procuraci贸n Penitenciaria de la Naci贸n/ Amnist铆a Internacional/ Equipo Latinoamericano de Justicia y G茅nero / Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS/ Yo no fui/ Asociaci贸n de Mujeres Jueces de Argentina – AMJA/ Asociaci贸n de Mujeres Penalistas de Argentina – AMPA/ Observatorio de G茅nero en la Justicia de la CABA/ Observatorio de Violencia de G茅nero de la Defensor铆a del Pueblo de la provincia de Buenos Aires/ Asociaci贸n Pensamiento Penal – APP/ Asociaci贸n de Abogados de Buenos Aires -AABA